ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN A COOPERATIVAS NO AGROPECUARIAS EN CUBA

Resumen.
El presente artículo, aborda un tema novedoso para el Derecho en nuestro país, contiene un estudio somero acerca de las licitaciones en el proceso experimental de cooperativas no agropecuarias, sus implicancias y alcances.
En efecto, nuestras administraciones cada vez más caracterizadas por contratar con terceros los bienes y servicios, reduciendo aquellos que son proveídos directamente por el Estado, por lo que pretendo traer al debate las fases del mismo en la legislación, debido a la importancia y aplicación a la realidad nacional.
Palabras claves: cooperativas no agropecuarias, licitación, bienes, contrato, capacidad.

A manera de introducción

¿Cómo marcha el experimento de las Cooperativas no Agropecuarias? “Cuba promueve cooperativas de servicios”, “Nuevas cooperativas en Cuba”, titulares que invaden la prensa escrita, digital, mesas redondas informativas u otros, la iniciativa completamente novedosa en los últimos 50 años, que sólo permitió el cooperativismo agrícola, y que ahora intenta reestructurar su sistema económico con un plan de reformas.

El cooperativismo es una noción estrechamente ligada a la vida humana, que surge como respuesta a la insuficiencia del hombre para solucionar aisladamente sus necesidades y que encuentra en la unión de esfuerzos, nació desde los orígenes del hombre[1]. La especie humana surge, en esencia, producto del trabajo, con el devenir histórico, el trabajo cooperativo se consolida, lejos de desaparecer, pues continúa siendo una alternativa ampliamente aceptada, por las ventajas que estas refieren; muchas garantizan el acceso a menor costo a bienes y servicios de primera necesidad, no solo para sus asociados, sino también para los miembros de una comunidad.

El modelo cooperativo e incluso el que se proyecta en nuestro país está estructurado sobre valores esenciales tales como la ayuda mutua, la colaboración, solidaridad, la responsabilidad y la unión de esfuerzos, con miras a la satisfacción de las necesidades de sus socios, sus familias y la comunidad en general [2].

Cada vez más en los Estados modernos la provisión de bienes y servicios públicos se realiza acudiendo al sector privado, sin que estén las administraciones obligadas en proveerlos directamente. No significa ello que los bienes o servicios hayan perdido el carácter de públicos. Por el contrario, en la actualidad existe una mayor preocupación por parte de las distintas administraciones por reconocer ciertos derechos de uso y utilización de bienes y servicios.

Por consiguiente las obligaciones de los Estados consisten en regular dichos bienes y servicios, subsidiar al sector privado en determinados casos en que la provisión privada no es posible o no tiene rentabilidad suficiente y fiscalizar que efectivamente se cumplan las finalidades públicas.

En todos estos casos, privatizaciones, concesiones, compra de insumos, selección de la empresa a la que se va a subsidiar para que ofrezca un servicio no rentable desde el punto de vista privado, etc. el Estado tiene siempre que resolver el dilema de SELECCIONAR AL PRIVADO MAS IDÓNEO para celebrar el contrato de forma que resulte EN LAS MEJORES CONDICIONES para el Estado que selecciona. Dichas condiciones tienen que ver fundamentalmente con condiciones económicas, pero también con condiciones técnicas.

Aunque existen varias formas y procedimientos de selección, no cabe duda que la licitación debido a la competencia que genera, es la que obtengan las mejores condiciones para el Estado y en definitiva para la comunidad.

1.1  Licitación y legislación.

Licitación se deriva de la voz latina licitationem,que es ablativo de licitatio, Licitatio-Onis, que significa “el ofrecimiento de precio en cualquier venta” o mejor “venta por lanzas”, “por oferta” o “venta en subasta”; y de acuerdo con lo segundo, consiste en la acción de licitar, palabra que es un verbo transitivo que quiere decir “Ofrecer precio por una cosa vendida en subasta”.

Variadas son las denominaciones que la doctrina y la legislación le han conferido a esta institución. En Italia se le llama asta pubblica;[3]en España subasta pública, subasta y concurso subasta,[4]en Francia l’adjudication;y en Brasil licitação.[5]

Lo cierto es que el procedimiento de la licitación pública, como medio de celebrar los contratos en que interviene el Estado, fue conocido en el derecho romano.[6]Desde las primeras épocas los bienes adquiridos por el Estado, ya sea por conquista (el botín de guerra), ya en virtud de la condenación criminal de un ciudadano, ya en fin por el derecho de herencia, se vendían públicamente, a los mejores ofertantes. A este tipo de ventas se les conocía como Bonorum sectio o venditio. Llevaba también el nombre de subhastatio, de la lanza (hasta), símbolo de la propiedad de los quirites.

Lucía Valle señala:[7]“licitación es el procedimiento administrativo por medio del cual la administración selecciona sus proveedores, sus contratistas para obras o servicios, o finalmente enajena bienes”; “constituye el medio más idóneo para la contratación administrativa y se fundamenta en el doble propósito de lograr las mejores condiciones técnicas y económicas para la administración pública” Serrano.[8]

La licitación, desde el punto de vista del derecho administrativo, es considerada como un procedimiento administrativo por el cual la administración pública elige como co-contratante a la persona, física o jurídica, que le ofrece las condiciones más convenientes para el Estado.

Pudiéramos decir entonces, que licitación es un procedimiento formal y competitivo de adquisiciones, mediante el cual se solicitan, reciben y evalúan ofertas para la adquisición de bienes, obras o servicios y se adjudica el contrato correspondiente al licitador que ofrezca la propuesta más ventajosa; de las que existes varios tipos: pública o privada, internacional o restringida, atendiendo al ámbito local.

La licitación se inicia en el momento en que la administración pública manifiesta expresa y abiertamente su intención de encontrar a un particular, que pretenda junto con ella, celebrar un contrato para la prestación de diversos servicios y en determinadas condiciones; las que no deben establecer barreras a la entrada. Ello significa que, en virtud de la competencia, no se debe limitar la posibilidad de incorporar licitantes estableciendo condiciones o requisitos que les impidan presentar sus ofertas. Implica diseñar la licitación de manera que puedan participar en ella el máximo número posible de competidores, sin establecerse restricciones que podrían llevar a exclusiones y corrupción en la adjudicación.

Esta convocatoria reviste forma jurídica de acto administrativo, por cuanto interesa una declaración unilateral, dictada en ejercicio de la función administrativa, productora de efectos jurídicos individuales  y directos.

Los cambios que se efectúan bajo los principios de la actualización del Modelo Económico Cubano, hacen presumir desde una perspectiva realista, el interés de diversos sectores de la economía y los efectos que dicha asociación puede causar, los articulados del Decreto-Ley 309 “Reglamento de las cooperativas no agropecuarias de Primer Grado”[9] de fecha 28 de noviembre de 2012, establece la convocatoria a la licitación pública como invitación general e indeterminada que se formula a todos los posibles interesados en contratar con la administración pública, la forma por medio de la cual se logra la indeterminación del destinatario de esa invitación a través de la publicación de dicha convocatoria.

Si bien la convocatoria a licitación es para un público “indeterminado” Resolución No. 570/2012 del Ministro de Economía y Planificación, en sus artículos 2 y 8[10], nos muestra que están determinados e individualizados los oferentes e interesados, que por convocatoria pueden preparar ya sus ofertas, realizar los estudios técnicos, financieros y económicos necesarios para observar la prestación solicitada, planos, proyectos, etcétera, que la misma requiera Decreto 309 en su artículos 6 y 10 apartado 3[11].

El acto de la convocatoria a licitar, en principio, obliga a la administración a declarar en los términos de la publicación, el pliego de licitación, (constituye un conjunto de cláusulas preparadas unilateralmente por la administración, destinadas tanto a la formalización del contrato a celebrar como a su ejecución) que debe contener como mínimo la el objeto de la licitación, identificación del licitante, el plazo de duración de la licitación, las condiciones específicas de la licitación, debe incluir los derechos y obligación esenciales que se asumirán por ambas partes, lugar y fecha de entrega de las ofertas y el lugar, fecha y hora en la que se realizará la apertura de los sobres sellados contentivos de las ofertas;  todo ello porque tiene el implícito deber de mantenerla y de continuar el procedimiento.

Por consiguiente, esta invitación induce a los particulares a contratar con el Estado. Además, conlleva envuelta su responsabilidad, tanto para quien hace la invitación a través de la convocatoria como para quien la acepta, o sea, tiene efecto declarativo y contenido vinculatorio[12].

Si bien las primeras cincos fases, del paquete legislativo dictado al respecto, específicamente la Resolución No. 570/2012 del Ministro de Economía y Planificación, no conducen a duda alguna, todo lo contrario ocurre con  las tres últimas[13].

¿Hasta dónde las bases de licitación, entendidas como la ley del contrato, producen efectos jurídicos propios?, en cuanto que la administración no puede modificarlas después de haber efectuado el llamado a la licitación, bajo ninguna circunstancia, una vez iniciado el proceso. ¿Qué garantías tendrá la administración con respecto a las ofertas? ¿Cómo proceder cuando la adjudicación no se puede realizar  por no haber presentado ofertas, es decir, cuando la licitación ha quedado desierta o cuando todas las ofertas, por ser defectuosas o irregulares?- deban ser rechazadas de manera fundada- ¿o cuando las posturas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación?

De lo anterior, consideramos que son cláusulas, aceptadas por el “oferente”, al cual se adjudica el contrato, lo integran junto con la “oferta” hecha, el pliego de condiciones da al contrato administrativo un típico carácter de contrato de adhesión.

Evidentemente la legislación aprobada, para la puesta en marcha de las cooperativas no agropecuarias, no previo las llamadas garantías de participación, de seriedad de la propuesta o simplemente mantenimiento de la oferta, que tiene como objetivo respaldar el mantenimiento y la seriedad de la oferta hasta la sumisión y formalización por escrito del contrato.

En lugares como España se les llama fianza provisional, la cual tiene un carácter de garantía sancionadora, si no se mantiene la oferta, aunque los daños y perjuicios sean menores que su importe[14]. Lo cierto es que esta garantía trata de cubrir lo relativo a la intención seria, responsable y firme de contratar de parte de un potencial y posible oferente o participante en una licitación pública, elemento importante para el estado cubano, sobre todo si tenemos en cuenta que muchas de estas formas de gestión se han creado para revertir la ineficacia de actividades tradicionalmente a cargo del Estado (venta de productos agrícolas, labores de construcción, o servicios de transporte), sectores carentes y problemáticos de Cuba, y lograr mejorar la economía.

1.1.1 Examen,  evaluación  y  decisión  de  la  licitación.

El criterio para seleccionar o adjudicar al contratante es claro en el artículo 14 de la Resolución No. 570/2012 del Ministro de Economía y Planificación, dicha apreciación, aunque discrecional e ilimitada; porque que entender por mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, condiciones técnicas, entre otros aspectos.

Consideramos oportuno reflexionar sobre el enfoque, indicado en el referido artículo, teniendo en cuenta que en nuestro caso, el legislador no prevé en las bases de licitación o pliegos cuáles serán los factores de evaluación y cómo serán evaluados los oferentes.

Coincido con Correa, en que aunque la evaluación de forma colegiada[15], por una comisión, aunque cada uno de los miembros evalúa independientemente es conveniente preparar formularios o guías que permitan a los evaluadores explicitar y fundamentar por escrito las decisiones que tomen acerca de las ofertas presentadas; ello reducirá la arbitrariedad. Además los evaluadores han de ser controlados periódicamente para asegurar que cumplen correctamente esta función. La transparencia y la publicidad en las resoluciones, contribuyen enormemente al éxito de esta etapa y a la legitimidad de la misma.

1.1.2 Adjudicación  de  la  licitación.

La adjudicación constituye un acto de la administración pública que contiene la decisión unilateral del órgano convocante, que determina cuál es la propuesta más ventajosa y, en consecuencia, la declara aceptada, a cuyo efecto debe disponer de asesores técnicos que la ilustren para decidir- al menos, ese es el criterio de esta autora.

Efectos y fallo.

Decía, ya en el siglo XIX, el ilustre Colmeiroque “la adjudicación obliga en el acto al licitador en quien se remata la obra, dentro de los límites del contrato… tiene que celebrarse con toda la fuerza que el derecho común imprime a las convenciones legalmente celebradas. Por esta misma causa, si la adjudicación no se hiciese de una manera legal o conforme lo prescriben las leyes y reglamentos, podría la administración en cualquier tiempo anular el acto, porque no existe un derecho de tercero que se oponga a su voluntad”.

Este acto, se debe considerar que constituye la última fase del procedimiento licitatorio, que se efectúa para la preparación de la voluntad contractual administrativa y que produce cuatro efectos legales, que son los siguientes:

  1. Libera a los licitadores, dando lugar a retirar sus documentos y garantías.
  2. Notificada la adjudicación al beneficiario, da lugar a que quede concertada la contratación, con libertad de su formalización en el contrato respectivo.
  3.  Establece el punto de partida conforme al cual comienzan a generarse los derechos obligaciones de las partes contratantes.
  4. Obliga a la administración pública a mantener inalterables las bases de la licitación.

Surge aquí dos grandes interrogante, las que constituyen, desde mi punto de vista, conflictos entre normas ¿Cómo exigir a las cooperativas en formación suscribir el contrato correspondiente?, ¿podrán estas establecer recursos ante la decisión de la administración en caso de desacuerdo[16]?

 

1.1.2.1 Legalidad e igualdad y recursos contra las decisiones administrativas.

El  tradicionalmente conocido principio de legalidad, se traduce en que la Administración en su actuar debe estar sustentada en normas jurídicas, entendidas estas en un sentido amplio; cualquiera fuera su fuente: constitucional, legislativa o administrativa (lo que se denomina bloque de legalidad). Tal sujeción a las normas tiende no sólo a la protección del recurrente o a la determinación de sus derechos, sino también a la defensa de la norma jurídica objetiva, con el fin de mantener el imperio de la legalidad y justicia en el funcionamiento administrativo.

La celebración del contrato precedido de una fase preparatoria previa, puede dar lugar a la responsabilidad de las partes, produce la ruptura de las tratativas entre la Administración y los participantes de los procedimientos de selección, está solo exigible, a partir de la adquisición de la capacidad, la cual tiene dos aspectos: capacidad para ser parte y capacidad procesal[17].

Existen reglas y principios en materias de contratos que deben ser expresamente reconocidos de manera que pueda ser exigida su observancia, para que surta efectos jurídicos, considerado en  su aspecto estructural y en su modo de formación. El contrato como negocio jurídico se integra por un conjunto de elementos o circunstancias necesarias para su existencia y producción de efectos jurídicos. Algunos de esos elementos son fundamentalmente para su nacimiento, otros se relacionan con su plena validez, de ahí la tradicional clasificación de los mismos en elementos esenciales[18], accidentales y naturales.

En principio la inscripción previa en un registro determinado, como condición para poder participar en un proceso licitatorio, es una medida que tiene la administración para asegurar el correcto cumplimiento del contrato, en función de haber acreditado los requisitos de idoneidad jurídica, técnica, económica y otros que considera necesarios para la correcta provisión de un bien o servicio. En cierta medida es una forma de precalificación, para poder ejecutar la prestación objeto del futuro contrato, y es por ello que se le denomina también, habilitación de los licitadores o calificación de los oferentes.

En total contradicción con los principios de las personas jurídicas (autonomía y sustentabilidad económica), -que en definitiva son las cooperativas no agropecuarias- se limita a estas a la previa aprobación de la autoridad que emitió la autorización de constitución, para participar en el procedimiento licitatorio[19], cuando debieran ser las cooperativas en formación las limitadas a participar.

Para que exista una competencia efectiva, los participantes deben ser considerados en pie de igualdad. Este principio implica evitar todo tipo de preferencia o discriminación que favorezca o perjudique a unos en detrimento o beneficio de otros.

Otra arista del tema lo constituye el recurso, que desde el punto de vista conceptual, “recurso” es todo medio de defensa del licitador frente a la administración pública. Como tal, puede ser tanto administrativo como jurisdiccional.

Por la vía administrativa se controla la igualdad de la forma de obrar del Estado, mediante la revocación, modificación o sustitución de sus actos o decisiones, dispuesta por la administración a petición de los oferentes que hayan interpuesto el recurso, la reclamación o la denuncia administrativa.

El obstáculo al progreso formal de la demanda discurre -en primer lugar- en cuanto a la capacidad o personalidad del oferente que ha sido desplazado de un procedimiento de selección, y por el otro, el término, para acudir a la vía judicial contra la decisión final de la comisión, representativa de la voluntad de la administración.

Requisitos

Los presupuestos procesales condicionan la admisibilidad o válida emisión de la sentencia que ha de resolver el conflicto jurídico material planteado, pero han de concurrir en el momento del acceso de las partes al proceso.

Desde un punto de vista subjetivo, pueden ser sistematizados en presupuestos del órgano jurisdiccional, de las partes y del objeto procesal. Los presupuestos del juez son la jurisdicción y la competencia en cada una de sus manifestaciones (objetiva, territorial y funcional); los de las partes la capacidad para ser parte y de actuación procesal, la postulación y el derecho o capacidad de conducción procesal, y los del objeto procesal el procedimiento adecuado, la litispendencia y la cosa juzgada. Yuxtapuesto a tales presupuestos genéricos pueden ser exigibles otros especiales, tales como la caducidad (en el ejercicio de pretensiones constitutivas), el recurso ordinario, la comunicación y reclamación previa en el proceso administrativo, etc.

En un proceso moderno es siempre recomendable que el tratamiento de tales presupuestos se conciba a limine litis,  esto es, al inicio del proceso y no al final de la fase declarativa o al término de alguna de sus instancias, ya que, si así aconteciera, el actor habrá perdido el tiempo y su dinero, pues el contenido de tales resoluciones se circunscribe a declarar la ausencia del presupuesto procesal, dejando imprejuzgada la relación jurídico material debatida, de tal suerte que tendrá el demandante que cumplir con el presupuesto procesal inobservado y cuya ausencia se ha constatado y volver de nuevo a empezar el proceso[20].

En la práctica no es necesario cuestionar,  ante que sala se presenta el recurso, ni el procedimiento, puesto que ambos tópicos están claramente definidos, en el procedimiento administrativo, cosa distinta, ocurre con la capacidad para ejercitan la acción ante el órgano jurisdiccional.

La doctrina, legislación y práctica judicial en cubana, plantean la necesidad que los sujetos tengan capacidad.[21].

Es necesario que ambas se conserven a todo lo largo del proceso. Su defecto originario o sucesivo, invalida no solo los actos procesales del propio incapaz, sino las soluciones judiciales a cuya obtención se destinan. En materia de capacidad procesal, la capacidad es la regla general y su falta (las incapacidades) constituye excepciones.

La Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico LPCALE, Título II DE LAS PARTES, DE SUS REPRESENTANTE Y DEFENSORES Capítulo I DE LA CAPACIDAD PROCESAL, artículo 64, regula la actuación de las personas jurídicas en procesos judiciales, “actuarán quienes las representen conforme a las disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias por las cuales se rijan. A los efectos de la comparecencia en el proceso, se presume que el presidente, gerente, director general o funcionario que ejerza la máxima autoridad está facultado para representarlas”.

Indiscutiblemente el desconocimiento o poca experiencia en esta forma de gestión, conllevo al legislador a cometer errores, pues al remitirnos al Decreto Ley 305 de fecha 15 de noviembre de 2012, las cooperativas en formación[22] no cumplen con el requisito exigido conforme a lo legalmente establecido, al menos, debió quedar reglamentado la condición de que se constituyan antes de la adjudicación. No se previó un procedimiento que posibilitaran, una amplia y efectiva discusión de las impugnaciones frente a los actos de la administración.

En orden a las posibilidades que la Ley brinda, la primera de las posiciones  positivas que el demandado puede adoptar es, precisamente, aquella que está relacionada con el cuestionamiento de los elementos que integran la relación jurídico-procesal, en su condición de presupuestos para la validez del proceso.

Se entiende que estamos en presencia de una actuación referida a la forma, en  esta actuación es lo que, con mucha polémica incorporada, se denomina como excepciones dilatorias[23], y a las que el derecho clásico español denominó como “alongaderas” o “artículos de no contestar”.

A un astuto asesor jurídico, le sería fácil, antes de comenzar el proceso tendría las herramientas necesarias en caso que fuere admitido por el Tribunal para destruirlo[24], que analizaremos a continuación por lo que representa en  la práctica.

Falta de personalidad  “la falta de personalidad  de las partes por carecer de la capacidad procesal para comparecer, o por no tener el carácter o representación con que reclama o se le demanda según se trate del actor o del demandado, o por no acreditar debidamente su representación en el proceso”.

El significado que da la excepción que comentamos al término personalidad[25] tiene una connotación distinta, eminentemente procesal, integrada por tres situaciones diferentes, que son:

  • capacidad procesal[26]
  • carácter o representación con que se comparece
  • y representación procesal

A todos estos criterios, perfectamente atendibles, solo agrego que para participar en un proceso de licitación, es necesario, que la persona jurídica cuente con la capacidad general para obligarse contractualmente, establecidas en el Código Civil, de Comercio y leyes de procedimientos, que al amparo del artículo 14 del Decreto Ley 305, no tienen las cooperativas en formación, toda vez que el procedimiento de selección termina con la suscripción de un contrato. No se trata de buscar fisuras en la Ley, que nos ayuden a ganar procesos judiciales o administrativos, sino de cumplir con principios básicos del derecho, proclamado inclusive en la Carta Magna de cada país.

1.1.3 Informe de los resultados a los oferentes.

En esta fase del procedimiento, la comisión de licitación confecciona un informe público, el cual se dará a conocer a todos los oferentes en el mismo momento, citados previamente, considero loable eliminar del artículo preceptivo de esta la facultad el último inciso,[27] en cuanto este, no es vital.

De lo anterior interpretamos, que el voto particular de algún miembro si lo hubiere, se refiere, en aquellos supuestos de voto en contrario al oferente seleccionado, por algún miembro de la comisión, lo que constituye un derecho de cada miembro de la comisión, teniendo en cuenta los criterios de selección utilizados y la capacitación, especialización y actualizado del tema.

Toda investigación relacionada con los actos jurídicos en beneficio de la población es insuficiente, el análisis de la información recopilada y las ideas de esta autora sirvan de perseverancia para futuras investigaciones y la solución, es mi sentir.

Bibliografía

1.    Comadira, Julio  Rodolfo: La Licitación Pública (Nociones, principios, cuestiones), Buenos Aires, Depalma, 2000.

2.    Correa Isabel: Manual de Litaciones Publicas. Dirección de Proyectos y Programación de Inversiones. Santiago de Chile, Diciembre de 2002

3.    Gambier, Beltrán: “El principio de igualdad en la Licitación Pública y la Potestad Modificatoria en los contratos administrativos”, Cassagne, Juan Carlos. Derecho Administrativo: Obra Colectiva en homenaje al Profesor Miguel S.

4.    López Elías José Pedro. La Licitación Pública en México.

5.     Rotondo Felipe: Procedimientos de contratación. Licitación pública: noción, procedencia, etapa preparatoria.

Sitios Web: 

- http:/:/licita/ Etapas de la Licitación.

- http:/:/licita/Licitación – Wikipedia, la enciclopedia libre.



[1] El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, en C Max y F Engels: Obras Escogidas. Editorial Progreso, Moscú. Pág 66-79.

[2] La Alianza Cooperativa Internacional (ACI), fundada en 1895, es la mayor organización no gubernamental en el seno de la ONU, el número de afiliados a esta alianza da una idea de la importancia del movimiento cooperativo en la actualidad; entre las cooperativas asociadas a la ACI las hay de consumidores, agricultores, pescadores, productores y artesanos, constructores y cooperativas de vivienda y de crédito.

[3] Tabarrini, Agostino, La Gara dell’Appalto Concorso, San Marino, Maggieli Editore, 1987, p. 14

[4] García de Enterría, Eduardo y Tomás Ramón Fernández, Curso de derecho administrativo, 4a. ed., Madrid, Editorial Civitas, 1988, t. I, p. 655.

[5]  Rondina, Homero, Contrato de obra pública y privada, Santa Fe, Argentina, Universidad Nacional del Eitoral, 1993, p. 171

[6] Maynz, Carlos, Curso de derecho romano, trad. José Pou, Barcelona, Jaime Molinas Editor, 1887, t. I, p. 756.

[7] Abella, Fermín, Tratado de derecho administrativo español, Madrid, El Consultor de los Ayuntamientos, 1866, t. II, p. 1208.

[8] Serrano Rodríguez, Carlos Eduardo, La contratación administrativa San José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1991, p. 38

[9] adoptada la decisión por el Consejo de Ministros sobre el inicio del proceso de constitución experimental de la Cooperativa los órganos municipales del Poder Popular correspondientes informarán a los aspirantes a socios; quedando obligada  la entidad que administra la instalación o establecimiento de realizar la convocatoria de la licitación  estatal

[10] Las licitaciones serán como regla, abiertas, es decir que se invitará a presentar ofertas a un número indeterminado de posibles oferentes. En cada licitación se realizará una convocatoria en la cual se anuncie el interés de la entidad de licitar los bienes. Asimismo se conformará un pliego de licitación.

Las personas naturales para ser socios de una cooperativa deben reunir los requisitos siguientes:

a) Tener 18 años de edad;

b) ser residente permanente en Cuba; y

c) estar apto para realizar labores productivas o de servicios de las que constituyen su actividad.

2. Cuando la forma de la cooperativa sea la prevista en el inciso c) del artículo 6 del presente Decreto-Ley, tendrán preferencia para ser socios fundadores los trabajadores de esas entidades.

[11] las cooperativas de primer grado pueden formarse c) a partir de medios de producción del patrimonio estatal, tales como inmuebles y otros, que se decida gestionar de forma cooperativa y para ello puedan cederse estos, por medio del arrendamiento, usufructo u otras formas legales que no impliquen la transmisión de la propiedad.

[12] Mazzone, Mateo y Loria, Cèsare, Le Gare di Appalto, Milán, Jandi Sapi Editori, 1990, p. 106

[13] Fases de la Licitación.

  • ØCreación de la Comisión.
  • ØConvocatoria y conformación del pliego de condiciones.
  • ØInformación Pública.
  • ØRecepción de las solicitudes.
  • ØApertura de solicitudes.
  • ØExamen,  evaluación  y  decisión  de  la  licitación.
  • ØAdjudicación  de  la  licitación.
  • ØInforme de los resultados a los oferentes.

[14] Álvarez Gendín, Sabino, Tratado General de Derecho Administrativo, Barcelona, Bosch Casa Editorial, 1973, t. III, p. 144

[15] artículo 6 de la resolución No. 570/2012, para la realización de estas licitaciones, cada entidad constituirá una comisión integrada por un número impar de miembros, en la que estarán representadas las áreas técnicas, económico-financieras y jurídicas. La comisión será la encargada de ejecutar el proceso de licitación y de tomar la decisión final en cuanto a la adjudicación.

[16] Véase el artículo 18 Resolución 570/2012.

[17] dos personas tienen entre ellas un conflicto, serán tan solo dos personas que tienen un diferendo, pero si someten su resolución a una autoridad, dejan de ser personas en disputa para convertirse en partes  de un proceso.

[18] Constituyen elementos esenciales la personalidad y capacidad jurídica, aspecto no presente en las cooperativas en formación en virtud del artículo 14 del Decreto Ley 309 La constitución de la cooperativa se formaliza mediante escritura pública ante Notario, como requisito esencial para su validez, y adquiere personalidad jurídica a partir de su inscripción en el Registro Mercantil

[19] artículo 13 Decreto 305; las Cooperativas ya constituidas interesadas en participar en esta licitación requieren la aprobación previa de la autoridad competente que emitió la autorización de constitución y serán representadas por su Presidente.

[20]Víctor Moreno Catena, Valentín Cortés Domínguezy Vicente Gimeno Sendra. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL, 4ª EDICIÓN 2003

[21] Capacidad para ser Parte.

La capacidad para ser parte es equivalente a capacidad jurídica. Puede definirse como la capacidad para ser sujeto (demandante o demandado) de una relación jurídica procesal. Toda persona, por el hecho de serlo, tiene capacidad para ser parte en un proceso, tiene capacidad para ser parte toda persona que tenga capacidad jurídica.

Capacidad Procesal.

Es la equivalente a la capacidad de obrar del Derecho Civil. Puede definirse como la capacidad para actuar en el proceso en nombre propio o en representación de otro, es la capacidad para realizar eficazmente los actos procesales que a las partes están atribuidos. Es la facultad de intervenir activamente en el proceso. Todo capaz para ser parte tiene capacidad procesal, si no se haya comprendido en alguna causa de incapacidad establecida en la ley.

[22] Idem18.

[23]excepciones que tienden a normalizar el procedimiento. Atacan el modo en que la acción se hizo valer.

[24] Véase artículo 233 de La Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico.

[25] GOMEZ ORBANEJA es del criterio de que la personalidad, desde el punto de vista procesal, es sinónimo de capacidad para ser parte, en tal sentido para este autor la personalidad jurídica es la capacidad para ser sujeto (como demandante o demandado), de una relación jurídico-procesal, la cual se corresponde plenamente con la capacidad jurídica o personalidad del Derecho Civil, tanto para las personas naturales como para las jurídicas.

La personalidad es, por tanto, cosa distinta de la capacidad procesal o capacidad de obrar o de ejercicio, aunque es bueno destacar que el propio GOMEZ ORBANEJA reconoce que al momento de ser tratado el término como causal de excepción, se identifica con la capacidad procesal, o sea, con la capacidad de obrar, e incluso se hace extensivo a la representación, no haciendo mención expresa la Ley a la capacidad para ser parte, la cual se da por sobreentendida.

GOMEZ ORBANEJA, E. , op cit, p. 125 y 133

[26] Con relación a las personas jurídicas, cuya personalidad está asociada al acto constitutivo o disposición normativa que le dio origen, comparecen en el proceso a través de las personas naturales que en virtud con lo estipulado en las disposiciones legales o normas estatutarias, ostenten la representación (artículo 64 de la LPCAL). En el caso de las personas jurídicas no es posible hablar de incapacidades o restricciones a la capacidad; las personas jurídicas existen, y en consecuencia son plenamente capaces, o no existen para el Derecho.

Actitudes del demandado en el Proceso Ordinario pág. 54

[27] artículo 15.- La comisión de licitación confecciona un informe público en el que deben constar como mínimo:

a) los nombres de los miembros de la comisión;

b) el objeto de la licitación;

c) la identificación de los diferentes oferentes;

d) las razones técnicas, económicas, financieras, jurídicas entre otras, que motivaron la

selección;

e) lugar, fecha y hora del informe;

f) la firma de los miembros de la comisión, y;

g) el voto particular de algún miembro si lo hubiere.

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Adams Colas, Yindra: "Algunas reflexiones en torno al procedimiento de licitación a cooperativas no agropecuarias en Cuba" en Revista Caribeña de Ciencias Sociales, octubre 2014, en http://caribeña.eumed.net/cooperativas-agropecuarias/

Revista Caribeña de Ciencias Sociales es una revista académica, editada y mantenida por el Grupo eumednet de la Universidad de Málaga.