CUBA: UNA TEMPRANA ARQUITECTURA CONSTITUCIONAL PARA LA INDEPENDENCIA

Resumen: El proyecto de Constitución redactado por el abogado bayamés Joaquín Infante para la conspiración independentista de Román de La Luz, constituye un documento particularmente interesante en la historia constitucional cubana. Una de las características más señaladas en este sentido ha sido, precisamente, su singular opción independentista en un entorno político marcado por la vocación asimilista de la generalidad de la élite criolla. Sin embargo, uno de los elementos más sobresalientes del mismo reside en la particular combinación de herramientas y principios constitucionales típicos de la época, en una arquitectura constitucional particularmente atípica. El análisis de la interpretación y sentido conferidos en la misma al modelo de separación de los poderes, así como al lenguaje de los derechos individuales empleados por su autor, conforman el núcleo del presente artículo.
Palabras clave: Joaquín Infante, Constitución, independencia, esclavitud, liberalismo.

La apertura de las Cortes constituyentes en España durante el primer liberalismo supuso el rumbo de la isla de Cuba hacia una nueva tendencia política: el asimilismo, como parte de la identificación con la nación española que se gestaba en Cádiz. En pos de ella se lanzaron los representantes del liberalismo criollo que pretendían legitimar en el proceso constitucional su fisonomía de clase política, a través del reconocimiento de sus derechos individuales y de ciertos resortes autonómicos que garantizaran su presencia en el gobierno de la colonia.

Aunque por esos años comenzaba a gestarse el movimiento independentista en la América hispana, para estos hombres la independencia no constituía una opción viable entre los derroteros inmediatos de sus aspiraciones políticas. Si bien la tarea de ahondar en las causas de tal postura supera los objetivos trazados en estas páginas, no puede dejarse de lado la importancia que para nuestra historia del constitucionalismo revistió el Proyecto de Constitución redactado por el abogado bayamés Joaquín Infante, en el marco de la conspiración separatista encabezada por Román de la Luz en 1810. Dentro del movimiento liberal criollo del período representaría una nota discordante en varios sentidos, mucho más allá de su propuesta de independencia frente a España.

Todavía en los inicios del siglo XX, el Proyecto de Constitución redactado por Joaquín Infante era desconocido en los archivos cubanos. De hecho, las informaciones acerca de la documentación relativa a la conspiración de Román de la Luz y a sus propósitos eran –para el momento- ciertamente muy vagos. En cuanto al Proyecto en sí mismo, la única referencia acerca de su existencia aparecía en la obra de M. Torres Campos Bibliografía del Derecho español, publicada en Madrid en 1883 (1). Otros, como el propio Vidal Morales y Morales, afirmaban tajantemente en 1901 que: “No debió ser de mucha importancia la conspiración, puesto que no hemos tenido noticias de que se halla publicado cosa alguna respecto de ella…” (2)

El hallazgo del Proyecto tuvo lugar merced gestiones personales de Carlos M. Trelles, y mediante el trabajo del investigador venezolano Santiago Key Ayala, quien lo localizó en el Archivo de la Nación en 1928. Un año después era publicado en Caracas por este último junto al Dr. Emeterio Santovenia (3), quien lo publicó en La Habana al año siguiente, en 1930 (4). Sin embargo, aún hoy la documentación relativa a la conspiración –y al propio Proyecto- se reporta como escasa en los archivos españoles y cubanos (5), lo cual contribuye a entorpecer análisis y caracterizaciones de mayor profundidad.

De modo que al momento de su aparición en la Caracas de 1812, en Cuba resultó completamente desconocido. Si tal desconocimiento se debió a la censura de las autoridades españolas, a su rápida acción de aprehensión contra Infante, o al deseo personal de este, constituyen elementos que rayan en lo especulativo. En una carta privada dirigida al capitán Francisco de Paula Vázquez, quien llevaba su proceso, Infante se refería al mismo en los siguientes términos:

“Un papel privado, dado a la luz en Caracas, cuando su gobierno excitaba a todos a manifestar su opinión y que seguramente no fue hecho para circular en La Habana estuvo muy distante de producir allí efecto alguno.” (6)

Esta opinión, no obstante, podría ser intencionalmente exculpatoria, dado que en la época de su publicación Infante ocupaba el cargo de auditor de guerra y marina por recomendación de Francisco de Miranda, en la plaza de Puerto Cabello, hecho que contrasta con la aparente ingenuidad que baña la explicación. Con respecto a la última afirmación, la misma es realmente cierta: los efectos de la publicación del Proyecto en Cuba fueron ciertamente nulos, por el desconocimiento acerca de la existencia del mismo, tal como demuestra el hecho de que en la literatura del siglo XIX se le menciona sólo una vez.

En la Isla los historiadores no hablarán de él hasta el año 1930 en que el Dr. Emeterio Santovenia lo publicó y, desde entonces, ha sido referenciado con la profundidad que permite la escasa información que le rodea. La historiografía constitucional cubana, por su parte, lo mencionó por primera vez en el texto de Ramón Infiesta Historia constitucional de Cuba de 1942, donde el autor insertara sus comentarios acerca del mismo. En 1960 fue reseñado por Enrique Hernández Corujo para su Historia Constitucional de Cuba, en buena parte sobre la base de los comentarios hechos por Infiesta 22 años atrás. Sucesivamente sería abordado por Julio Carreras Collado y Julio Fernández Bulté en sus textos de Historia del Estado y el Derecho en Cuba, publicados en 1982 y 2002, respectivamente, sobre la base de la reseña y comentarios marginales acerca de sus tópicos más sobresalientes. Los comentarios más recientes al mismo han venido de la mano de la historiadora María del Carmen Barcia Zequeira en su libro Cuba: acciones populares en tiempos de la independencia americana, publicado en Matanzas en 2011, y en cuyos anexos se reproduce íntegramente el contenido de este.

El texto sería editado en Venezuela el 8 de junio de 1813, y su elaboración tuvo lugar entre 1811 y 1812; aunque en el juicio que se le hizo en Caracas el propio Infante reconoció que el mismo había sido confeccionado después del 19 de abril de 1810 (7). Este hecho le había permitido al profesor Ramón Infiesta criticarle al Proyecto, “su absoluta desconexión del momento político cubano”, a la vez de calificar a su autor de “expresivo vocero de las preocupaciones de su época”. (8) ¿A qué se debió esta contradictoria valoración hecha por Infiesta en su Historia Constitucional?

Aunque redactado en lenguaje normativo, la función primaria del Proyecto fue la de divulgar el programa político de un movimiento conspirativo independentista ya fracasado (9). De ahí que Infiesta aludiese a su desconexión con la política del momento, pues tal opción constituyó una expresión minoritaria dentro de la élite criolla, que a la sazón se mostró franca partidaria de la Nación española. Las preocupaciones sociales que asediaron a su autor fueron, no obstante, similares a las de los partidarios del autonomismo.

El Proyecto contó con cien artículos, organizados en una Introducción -a manera de exposición de motivos-, diez títulos, y una Advertencia final. La Introducción resulta un vivo ejemplo de cómo la crisis de soberanía producida por la ausencia del Rey, sirvió a la línea independentista para legitimar la ruptura con la dependencia política metropolitana. La emancipación, por tanto, resultaba de la acefalía de un Imperio que hasta ese momento no había sido capaz de reconocerle personalidad jurídica a los territorios bajo su dominio. Así se expresaba la Introducción:

“Emancipada la América por la separación de la dinastía de Borbón del trono de España y ocupación de este por otra dinastía, respecto de la cual no hay vínculos que obliguen a la continuación de una sujeción, (…), es consiguiente haber adquirido el poder de establecer la forma de gobierno que ajuste mejor a su felicidad,…” (10)

En la proyección política de Infante influía más el camino seguido por las posesiones españolas de América, que el elegido por la oligarquía de su Isla. De ahí que la idea de Patria, así como el concepto de Nación que se desprendían del cuerpo del Proyecto, fueran identificados únicamente con el espacio cubano.

Lo primero que asalta a los ojos del lector del Proyecto, es el diseño de Estado propuesto en su Título primero. En este la doctrina de la separación de poderes encontró una reformulación sustancialmente distorsionada, al añadirse un cuarto poder: el militar (11). La separación –también llamada tripartición- de poderes, constituyó una fórmula teórica elaborada por el pensamiento racionalista ilustrado para fundamentar un nuevo diseño de Estado frente al poder centralizado de las monarquías absolutas. Al separar las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales –fundidas hasta ese momento en la figura del Monarca-, se alcanzaba una democratización sustancial de las decisiones políticas, y un mejor control de la actividad estatal. La conjunción de este orden de las funciones públicas, con los principios de elección y renovación de los cargos políticos, conformaron la esencia orgánica de las primeras constituciones (12).

El modelo fue concebido –desde un número impar- para la articulación de tres funciones esenciales en la existencia estatal: legislar, ejecutar lo legislado, y juzgar las transgresiones a la ley (13). Las demás atribuciones correspondientes al Estado quedaban bajo las prerrogativas de los “tres poderes”, entre ellas, la función defensiva. En el caso de Infante, su opción por la inclusión de un poder militar parece ser una innovación personal. Este criterio lo sustentamos en el hecho de que los tres textos constitucionales que debieron servirle de referente para su Proyecto (14), no contemplaban a los cuerpos armados como un poder independiente junto a los demás, sino subordinado al legislativo o al ejecutivo.

Sirva de ejemplo para ello lo dispuesto en el texto constitucional norteamericano, donde la subordinación de las fuerzas armadas se encuentra compartida entre el Legislativo (Congreso de la Unión) y el Ejecutivo (Presidente) (15). Por otra parte, la constitución venezolana de 1811, establecía en su preámbulo que “El Poder Supremo debe estar dividido en Legislativo, Executivo, y Judicial,…”. En relación con el modelo norteamericano, este texto constitucional también dividía el control sobre las fuerzas armadas entre las funciones del cuerpo legislativo y el ejecutivo. Estas referencias comparadas, unidas a las propias explicaciones de Infante, refuerzan el criterio de que su propuesta para un modelo alzado sobre cuatro poderes, fuera fruto de un criterio totalmente personal. En este sentido, apuntaba en la Advertencia:

“Aunque los políticos sujetan la fuerza armada al Poder Ejecutivo, me ha parecido conveniente hacer de ella un poder distinto en una Isla, que pudiendo ser invadida por muchos puntos excéntricos en una pequeña latitud y agitada en los de fortificación, concurrencia o agricultura, es preciso dedicarse constantemente a su defensa exterior,…” (16)

Como crítica al propio Infante, debe decirse que su poder militar no constituía en puridad, “un poder distinto”. Su modelo de separación de poderes incumplía con dos de los requisitos que la teoría constitucional y las constituciones del momento contemplaban para su funcionalidad: la independencia e interrelación de funciones. Esto se desprende del contraste entre el modo de formación de sus cuatro poderes y las relaciones de subordinación que las acompañaban. De ellos, sólo el Poder Legislativo (Consejo de seis Diputados) se integraba por elección popular, lo cual lo convertía en el depositario directo de la soberanía. Según lo expuesto en el Artículo 6, los miembros de los demás poderes (Militar, Ejecutivo y Judicial) eran nombrados por este Consejo, y se encontraban funcionalmente subordinados al mismo:

“6.  Al Consejo pertenece el nombramiento de los que deben Ejercer los Poderes Ejecutivo, Judicial y Militar de ejército y Marina, (…), declarar la guerra, mantener, ó expedir ejércitos, y armadas, despachar patentes de corso, ordenar represalias, hacer tratados de paz, alianza amistad, neutralidad.” (17)

Por tanto, su Proyecto no se basaba realmente en un modelo de separación de poderes, sino en la delegación de funciones por parte de un órgano superior –a la sazón depositario directo de la soberanía-, en otros subordinados (18). Puede resultar muy ilustrativa en este sentido la afirmación del Artículo 8, relativa a establecer las funciones del Poder Ejecutivo: “A cada uno de los ministros toca en la extensión de sus atribuciones cumplir cuanto le comunique el Consejo,…” (19)

Esta interpretación de la separación de los poderes le hizo enrumbar hacia un diseño centralista, no muy diferente del existente en la Isla. En una obra como El espíritu de las leyes, llamada a influir directamente en la fundamentación doctrinal de este modelo, había expresado Montesquieu:

“Todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes: el de dictar las leyes; el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos…” (20)

La afirmación de que el Proyecto de Infante entrañaba una visión distorsionada de lo que se entendía en su momento como separación de los poderes, es posible desprenderla del contraste con dos de los textos constitucionales que le sirvieron de referente.  La Constitución venezolana de 1811 establecía en su Preliminar, el principio de independencia funcional de los tres poderes, y tanto el Poder Legislativo –compuesto por un Senado y una Cámara de Representantes- como el Ejecutivo, se constituían por elección, lo cual los convertía en depositarios de la soberanía y reafirmaba la independencia del uno respecto al otro (21). De modo similar, la Constitución norteamericana preveía la conformación de sus poderes legislativo y ejecutivo, también por procedimientos de elección (22), y no por el nombramiento de un órgano específico como proponía Infante.

En cuanto a la amplitud conferida para la regulación de los derechos, el proyecto del Bayamés superó en gran medida a los proyectos autonomistas criollos, y también al contenido reservado a estos en la Constitución de 1812. El autonomismo en Cuba careció de cartas o declaraciones de derechos, así mismo la Constitución de Cádiz, salvo en su Artículo 4, no los mencionó en puridad. Infante reservó para la regulación de los derechos de los individuos el Título X de su Proyecto, si bien la denominación utilizada –Disposiciones Generales- fue técnicamente deficiente para un apartado de esta clase. En este punto, una de sus principales características radicó en la falta de universalidad para su reconocimiento y ejercicio en la sociedad criolla.

El Artículo 83 protegió de modo general los derechos de igualdad, libertad, propiedad, y seguridad; y los artículos subsiguientes estuvieron orientados en su mayoría a la articulación particular de los mismos. Los limitados alcances jurídicos del contenido de los derechos fueron visibles desde el Artículo 84, el que distinguía dos clases de igualdad: civil y de derecho. Tal distinción reafirmaba la división racial existente en la sociedad hasta el momento, y legitimaba constitucionalmente la hegemonía de los criollos blancos. Esta concepción de la igualdad también se basó en las prerrogativas políticas y sociales que el liberalismo del momento hacía derivar de la diferencia entre individuos propietarios y no propietarios. Tal relación fue explicada en la Advertencia por el propio Infante:

“Los propietarios son sin duda el apoyo de un Estado, los que se interesan preferentemente en su felicidad, y por tanto los más distantes del engaño y corrupción en la elección de Mandatarios.” (23)

Semejantes argumentos le permitían reconocer el ejercicio de los derechos políticos únicamente a los blancos con determinada fortuna, según postulaban los Artículos 4 y 5 del Proyecto. El Artículo 86 abolía la ilegitimidad del nacimiento y el 88 derogaba la tradición nobiliaria, sustituyéndola por los méritos y privilegios obtenidos mediante el esfuerzo propio.

El Artículo 89, sin embargo, guardó una estrecha relación con una de las demandas y preocupaciones más hondas de la sacarocracia insular: la esclavitud. El liberalismo de Infante no se pronunció en contra de la institución, y los argumentos propuestos por él mismo en su defensa, llevaron el asunto más allá de la mera polémica acerca de su legitimidad como derecho de propiedad. Su mantenimiento era, para el Bayamés, una cuestión de Estado. Así lo señalaba en la Advertencia:

“Las producciones agrícolas son las que hacen la riqueza de la América, especialmente en las islas. Sin brazos no puede haberlas, y es constante que los blancos no bastan ni son tan a propósito como los negros, (…), de manera que aboliéndose la esclavitud no sólo serían perjudicados los propietarios, sino el Estado mismo con la falta de este manantial de prosperidad pública,…” (24)

El Artículo 90 reconocía la libertad de opinión y prensa, con la prohibición expresa de que no se atacara al Gobierno; y el Artículo 95 recogía los derechos de petición y queja. Los artículos 96 al 98, reconocían algunos principios de tipo procesal, como la no imposición de pena alguna sin previo delito; la correspondencia entre el hecho cometido y la sanción; así como la abolición de las penas crueles e infamantes, respectivamente.

Finalmente otra de las cuestiones más relevantes del texto de Infante -que le valió un detractor adicional- fue la referida a la religión. En franca adaptación del modelo de tolerancia religiosa norteamericano, su Artículo 35 expresaba:

“La religión Católica será dominante; pero se tolerarán las demás, por el fomento y prosperidad que proporciona a la Isla la concurrencia de hombres de todos los países, y opiniones.” (25)

En busca de un incentivo para fomentar la emigración hacia Cuba, Infante erraba en el medio propuesto. El liberalismo criollo contemporáneo a él no puso en duda el carácter supremo y único del catolicismo, que en España se usaba como bandera de lucha contra el ocupante francés, portador del “ateísmo” de la Revolución. Como colofón a este espíritu católico, la Constitución de Cádiz en su Artículo 12 reconocía la religión católica como la única y verdadera en toda la Nación, y prohibía expresamente el ejercicio de cualquier otra (26). La falta de correspondencia de esta propuesta del Bayamés respecto a una tradición donde lo religioso y lo político se daban la mano, se pone de manifiesto al contrastar sus ideas de tolerancia religiosa, con lo que disponía la constitución venezolana de 1811, referenciada por él. El Artículo 1 de este texto expresaba:

“La Religión, Católica, Apostólica, Romana, es también la del Estado, y la única, y exclusiva de los habitantes de Venezuela. Su protección,  conservación, pureza, é inviolabilidad será uno de los primeros deberes de la Representación nacional, que no permitirá jamás en todo el territorio de la Confederación, ningún otro culto público, ni privado, ni doctrina contraria á la de Jesu-Christo.” (27)

El hecho de no seguir los pasos liberales del resto de la oligarquía criolla de la Isla, no le impidió al Proyecto de Joaquín Infante presentar ciertas soluciones a las problemáticas insulares desde la perspectiva constitucional. Por encima de los cuestionamientos acerca de sus posibilidades de viabilidad formal, representa para nosotros la expresión de un pensamiento que buscaba construir un imaginario político original, por su posición frente a las necesidades particulares de un territorio como la isla de Cuba a inicios del XIX. En este sentido, los fundamentos doctrinales de muchos de sus criterios, evidencian hasta qué punto los representantes intelectuales de las élites criollas se encontraban al día respecto a las bases filosóficas y jurídicas del constitucionalismo de su época. Sin embargo, al margen de la relevancia que supone este documento para el historiador constitucional, sus efectos sobre el liberalismo criollo contemporáneo fueron casi nulos. Este último representó la tendencia mayoritaria en la Isla, y ese rumbo había indicado a la Nación española como horizonte político.

Notas

1)     María del Carmen Barcia: Cuba. Acciones populares en tiempos de la independencia americana, Ediciones Matanzas, 2011, p. 116.

2)     Vidal Morales y Morales: Iniciadores y primeros mártires de la Revolución Cubana, t. I, Editora del Consejo Nacional de Cultura, La Habana, 1963, p. 30.

3)     Emeterio Santovenia y Santiago Key Ayala: Joaquín Infante. Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba, Sesquicentenario de la Independencia, Caracas, Venezuela, 1929

4)     Emeterio Santovenia: Joaquín Infante. Homenaje a este ilustre bayamés, autor del primer proyecto de constitución para la Isla de Cuba, Academia de la Historia, La Habana, 1930.

5)     María del Carmen Barcia: Ob. Cit. p. 59.

6)     Cit en Idem. p. 77.

7)     Idem. pp. 99 -101.

8)     Ramón Infiesta: Historia Constitucional de Cuba, Cultural S. A., La Habana, 1951, p. 33.

9)     “Malogrando el conato que dio motivo a este Proyecto, a lo menos me lisonjeo de haber procurado la regeneración de mi Patria,…”. Joaquín Infante: “Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba”, reproducido en María del Carmen Barcia: Ob. Cit., p. 163.

10)  Idem. p. 162.

11)  “El Estado de la Isla de Cuba se compondrá de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Militar,…” Idem. p. 164.

12)  Este fue un aspecto en el cual la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, sentó un importante precedente con visos de universalidad. En su Artículo 16 se expresaba: “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni determinada la separación de los poderes carece de constitución.” Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, en Ramón Infiesta: Derecho Constitucional, Imprenta de P. Fernández y Cía., La Habana, 1950, p. 328.

13)  Montesquieu: El espíritu de las leyes, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1976, p. 191.

14)  Los textos constitucionales citados por Infante en la Advertencia de su Proyecto fueron, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787, la Constitución Francesa del Año 8, y la Constitución  de los Estados Unidos de Venezuela de 1811.

15)  Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, Artículo I, Sección 8, y Artículo II, Sección 2.

16)  Joaquín Infante: “Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba”, en Ob. Cit. pp. 205 – 206. La cuestión acerca de la defensa de la Isla era de suma importancia para el liberalismo criollo. Empero, las soluciones propuestas fueron distintas. A diferencia del Poder Militar de Infante, José Agustín Caballero proponía en su Exposición que esta facultad se encontrara reservada al Gobierno Provincial que debía crease en Cuba, “que con toda seguridad y casi sin gastos, pudiera atender a la defensa efectiva de la Isla en cuasi cualquier punto de sus dilatadas costas,…”. José Agustín Caballero: Obras, Editorial Imagen Contemporánea, La Habana, 1999, p. 227.

17)  Idem. p. 168.

18)  Tal es el caso del Poder Militar, cuyas funciones, como puede verse en el Artículo 6, eran originarias del Consejo. El Artículo 9, por su parte, sometía a la aprobación del Consejo, los reglamentos aprobados para la regulación de las cuestiones militares.

19)  Joaquín Infante: “Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba”, en Ob. Cit. p. 169.

20)  Montesquieu: Ob. Cit. p. 191.

21)  Véase en este sentido la Constitución Federal para los Estados de Venezuela de 1811, Artículos 14; 48; 72; y 76.

22)  Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, Artículo I, Sección 2 y Sección 3, y Artículo II, Sección 1 respectivamente.

23)  Joaquín Infante: “Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba”, en Ob. Cit. p. 207.

24)  Idem. pp. 212 – 213.

25)  Idem. p. 180.

26)  Constitución Política de la Monarquía española de 1812, Artículo 12.

27)  Constitución Federal para los Estados de Venezuela de 1811, Artículo 1.

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Fernández Viciedo, Yuri: "Cuba: una temprana arquitectura constitucional para la independencia" en Revista Caribeña de Ciencias Sociales, febrero 2013, en http://caribeña.eumed.net/cuba-temprana-arquitectura-constitucional-independencia/

Revista Caribeña de Ciencias Sociales es una revista académica, editada y mantenida por el Grupo eumednet de la Universidad de Málaga.