UN ACERCAMIENTO A LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR EN LA LEGISLACIÓN CUBANA

Resumen

Partiendo de las violaciones que pueden sufrir los titulares sobre su Derecho de Autor, se valoran las alterativas de defensa que ofrece la legislación cubana, identificándose las principales ventajas y desventajas del proceso administrativo y judicial. Se hace referencia a las medidas cautelares y las medidas provisionales en frontera que puede ser dispuesta por la Aduana General de la República, concluyéndose que la jurisdicción judicial resulta menos gravosa y más garantista.

Palabras claves:

Protección, Derecho de autor, protección jurídica, legislación cubana, violaciones derecho autor.

Introducción

El Derecho de autor, una de las dos especialidades que, hasta el momento[1], comprenden la Propiedad Intelectual, ha sido definido[2] como: ¨la rama del Derecho que regula los derechos subjetivos  del autor sobre sus creaciones que presentan individualidad, resultantes de su actividad intelectual, que habitualmente son enunciadas como obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas y audiovisuales.¨

 

En el Convenio de Berna para la protección de las obras Literarias y artísticas, instrumento internacional del que Cuba es parte[3], se reconocen como creaciones:

… “todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como: los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático – musicales; las coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra, las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimientos análogos a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía, las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimientos análogo a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a la ciencia.[4]

Así también se protegen como obras literarias los programas de ordenador y las compilaciones de datos (bases de datos), que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual.[5]

 

Con la informatización de la mayoría de los procesos en las actividades productivas, comerciales y de servicios,  la creación de software y multimedias, resulta en extremo usual, aún en aquellas entidades  cuyo objeto empresarial no es ese.

 

La  legislación cubana las incorpora totalmente, como objeto de protección, en los artículos 2, 7 y 8 de la Ley 14 de 28 de diciembre de 1977, Ley de Derecho de Autor[6] y en el  artículo 6 del Reglamento del Registro Facultativo de obras Protegidas y de actos y contratos referidos al Derecho de Autor, (en lo adelante: el Reglamento), puesto en vigor mediante la Resolución 13 de 2003 del Ministerio de Cultura[7].

 

El conjunto de facultades exclusivas, oponibles erga omnes,  que concede el Derecho de  Autor están divididas en:

1.- Facultades morales, destinadas a proteger la individualidad  del autor, reflejada en su obra, que comprenden las facultades inembargables e inalienables de:

a)     divulgar su obra o mantenerla reservada en la esfera de la intimidad: Potestad del titular de dar a conocer su obra o no. Reconocida en la Ley de Autor cubana, artículo 4c).

b)    exigir el reconocimiento de la paternidad: Potestad de exigir que donde quiera que se mencione la obra o parte de ella, se reconozca la autoría, en la forma en que el autor la dispuso, que puede ser de manera anónima o mediante  seudónimo. Reconocida en la Ley de Autor cubana, artículo  4 a)  y en el Reglamento artículo 8.

c)     exigir el respeto y la integridad de la obra: Facultad de impedir que la obra sea denigrada, utilizada en un contexto diferente para el que fue creada, oponerse a cualquier deformación, mutilación, u ora modificación, o atentado que cause perjuicio a su honor o reputación[8]. Reconocida en la Ley de Autor cubana, artículos 4b) y 9.

d)    retracto o arrepentimiento: Es la facultad del autor para retirar su obra del  comercio, cuando no se corresponda ya con sus criterios, convicciones. Puede hacerlo incluso, después de haber contratado su divulgación, lo que obligará a la correspondiente indemnización. La legislación cubana no la reconoce taxativamente, no obstante, al ser signataria del Convenio de Berna y dado el carácter supletorio del Código Civil cubano, podría invocarse el artículo 20 de ese cuerpo legal[9], como amparo en la protección de dicha facultad.

2.- Facultades patrimoniales, destinadas a garantizar la obtención de un beneficio económico a partir de la explotación de la obra, que el titular puede realizar por sí o autorizar a otros  y que comprenden las facultades de:

a)     Reproducción: Facultad de autorizar la realización de ejemplares de la obra, o partes de ella. Reconocida en la Ley de Autor cubana, artículo 4.c).

b)    Comunicación pública: Facultad de poner la obra  en conocimiento del público, de cualquier forma que no sea la realización de ejemplares. Ejemplo: informaciones por radio, televisión, posters, fotografías. Reconocida en la Ley de Autor cubana, artículo 4.c).

c)     Transformación: Facultad de autorizar  la conversión de la obra en otro tipo de creación intelectual, como las traducciones, arreglos, compilaciones, audiovisuales de obras literarias, que se convierten así en obras derivadas.  Reconocida en la Ley de Autor cubana, artículos 4ch)  y 8 .

d)    Participación, reconocido en pocos países como Bélgica, Francia, Hungría, Alemania, España. Es la facultad del autor de recibir una remuneración por cada venta sucesiva de la obra artística o los manuscritos de obras gráficas, siempre que esas ventas se haya realizado en subasta pública o con la intervención de un comerciante o  agente[10].

El Derecho de autor, como toda rama de Derecho,  está compuesto por normas, principios, categorías, teorías, y los derechos subjetivos antes mencionados comprenden el conjunto de facultades que conceden esas normas al sujeto activo de la relación jurídica que regula, imponiendo siempre  un deber correlativo a esa facultad[11]. El titular de un derecho,  es el beneficiario del derecho subjetivo y éste sólo existe en tanto se encuentre refrendado en una norma jurídica[12]. Es la norma quien otorga este  derecho subjetivo.

 

Claro, esta última afirmación  no resulta aplicable a los derechos inherentes a la personalidad,  pero es criterio de las que suscriben que el Derecho de Autor no lo es, en tanto no se adquiere por el simple hecho de nacer, sino que resulta necesario crear una obra, que presente individualidad, para luego gozar de ello.  No cumplen así, los derechos subjetivos del derecho de autor, con el requisito de ser originario o innato,  propio de los derechos inherentes a la personalidad[13].

 

La determinación  del sujeto activo de la relación jurídica que se trata aquí,  es decir el titular del Derecho de autor, requiere de cierto análisis.

 

La calificación de autor corresponde a la persona que crea la obra y ello resulta lógico: sólo el ser humano tiene la capacidad de pensar, crear, sentir. La consecuencia de ello, es que la titularidad originaria de la obra corresponde a la persona física que la crea, y ello también resulta lógico. Las facultades morales y patrimoniales nacen, a la par, del mismo acto creativo, como componentes de un todo, que es el Derecho de autor y que se separan al momento del alumbramiento. Sólo después de nacer se pueden ceder, de manera convencional o por disposición de Ley a otras personas.

 

Se ceden sólo los derechos patrimoniales, no los morales, por tanto a la relación jurídica, que inicialmente tenía un solo sujeto activo: el autor, se le incorpora  el nuevo titular de los derechos patrimoniales: el adquirente, entonces no resulta correcto que se identifique habitualmente  a este último con el término de: Titular y al primero con el término de: Autor. Ambos son titulares de derechos subjetivos diferentes dentro de una misma relación jurídica[14], aunque ciertamente el último es, además, el autor.

 

Esta disquisición teórica resulta necesaria en este trabajo, en tanto el razonamiento se ajusta a las disposiciones de los artículos 19 y 20[15] de la Ley 14/77, permitiendo, en consecuencia, el libre ejercicio de las facultades morales del autor de la obra creada en el marco del empleo.

 

Por tal razón, toda vez que se mencionan en este trabajo a los titulares, se hace referencia al autor y a la persona jurídica que ostenta los derechos patrimoniales, en virtud de haberse creado la obra en el marco de un empleo o en virtud de un contrato.

 

En atención a las facultades que gozan los titulares, las  violaciones a esos derechos, suelen dividirse en tres clases:

  • Lesiones a las facultades morales
  • Lesiones a las facultades patrimoniales.
  • Lesiones mixtas: acciones que infringen tanto las facultades morales, como las patrimoniales.

1.- Lesiones a las facultades morales: Son todos aquellos actos  en que la persona, debidamente autorizada,  para utilizar la obra, lo hace sin respetar las decisiones del  autor acerca de la paternidad y  la integridad de la obra.

 

El derecho de paternidad se viola cuando se omite el nombre del autor si éste no quiso permanecer anónimo o cuando se lo cambia.

El derecho al respeto y a la integridad de la obra se viola cuando se realizan transformaciones no autorizadas o cuando se exceden los límites de ésta.

 

2.- Lesiones a las facultades patrimoniales: Ocurren cuando se infringen en todo, o en parte, los derechos de distribución, transformación, reproducción o participación, en aquellos países que lo reconocen. Pueden consistir en:

a)   La piratería,  es una conducta lesiva a la facultad exclusiva del titular  exclusivo de reproducción y consiste en la fabricación o preparación de copias a escala comercial, sin la autorización del titular de esa facultad. Abarca también el embalaje,  la exportación,  la importación,  el tránsito, la oferta en venta, alquiler o préstamo o cualquier otra forma de distribución; la posesión con el objetivo de realizar alguna de las acciones mencionadas.

b)   Sobrepasar los límites de la autorización concedida para utilizar una obra.

c)   Falsear circunstancias de las que dependen la remuneración del autor: los datos sobre el número de ejemplares vendidos, concurrencia de público, clase, precio y números de entradas vendidas para un espectáculo y la cantidad de estas distribuidas gratuitamente.

d)   Suspender una representación pública, sin ser autor, editor, causahabiente, o representante de alguno de ellos.

 

3. Lesiones mixtas: acciones que infringen tanto las facultades morales, como las patrimoniales. Comprenden acciones como:

a)   el plagio consistente en el apoderamiento ideal de todos o algunos de  los elementos originales contenidos en la obra de otro autor, presentándolos como propios. Puede ser “burdo o servil”, en el cual la apropiación es total o cuasi total; o “inteligente”, en el cual el plagiario disimula el plagio o se apodera de algunos elementos sustanciales y originales[16].

b)   la publicación no autorizada de una obra inédita o respecto de la cual se ha  ejercido el derecho de retracto o arrepentimiento.

c)   Usurpación del nombre, seudónimo, o sigla de un autor.

d)   Utilización del título de una obra ajena.

Establece el Convenio de Berna, que los titulares de los derechos violados cuentan con los medios procesales establecidos en la legislación nacional para la defensa de sus derechos[17], en tanto  pueden constituir delitos o ilícitos civiles, en dependencia del país que se trate.

En Cuba, el artículo 50 de la Ley 14/77, Ley de Derecho de  Autor, remite a la legislación penal, el castigo ante las violaciones de estos derechos, sin embargo las acciones fueron despenalizadas con la promulgación de la Ley 62 de 29 de diciembre de 1987, Código Penal, que derogó la Ley 21 de fecha 15 de febrero de 1979[18].  En consecuencia, los autores cubanos ante las violaciones de sus derechos pueden optar por la:

a)   Vía administrativa ante el Director del Centro Nacional de Derecho de Autor, (CENDA), quien tiene la facultad de resolver los litigios que se presenten en los procesos por violaciones o incumplimientos de la Ley 14/77, otorgada en virtud de la Resolución 156 de 7 de diciembre de 2002, emitida por el Ministro de Cultura.

b)   Vía judicial ante la jurisdicción competente  de los Tribunales Populares.

El objetivo del presente trabajo consiste en valorar ambas vías de solución de conflictos.

 

Desarrollo:

La decisión de optar por la vía administrativa o la judicial, para  la protección de los Derechos de Autor, compete totalmente a los titulares.

Siguiendo los  razonamientos antes expuestos y la legislación cubana,  se reconocen como  titulares:

a) Los autores de las obras creadas fuera del marco del empleo[19].

b) Los autores y las personas jurídicas en las que se crearon la obra. Correspondiendo a los primeros las facultades morales y a las segundas, las patrimoniales[20].

 

1.- Vía administrativa

Se rige por el ¨Procedimiento para la Presentación, el análisis y la solución de las reclamaciones por incumplimiento o violación de la legislación vigente sobre Derecho de Autor y para la Tramitación de solicitudes de aclaración o interpretación¨,  puesto en vigor mediante la  Resolución 162 de fecha 15 de noviembre de 2002, emitida por el Ministro de Cultura[21].

 

El procedimiento es muy sencillo. Se presenta la reclamación, por escrito, sin formalidad alguna, ante el Director General del CENDA, quien recibe el documento, en el que deben constar: las generales del que reclama, los hechos en los que funda su reclamación, los medios de prueba de los que intenta valerse y sus pretensiones concretas.

 

El Director puede:

1.- Denegar, por escrito, la reclamación, por considerarla improcedente, al  carecer de los elementos antes expuesto o no constituir objeto de reclamación, según la legislación vigente.

2.- Radicar el expediente de reclamación  y dar curso a las investigaciones, en cuyo caso da traslado al presunto infractor para que presente sus descargos por escrito. De no hacerlo, se tendrán como válidas las alegaciones del reclamante y, si se ajustan a derecho, se decidirá en consecuencia.

Se designa un especialista del CENDA, quien puede:

a)    Solicitar la creación de un grupo de expertos en la materia de que se trate, lo que se realizará por intermedio del Director del CENDA y los Institutos  correspondientes. El cumplimiento de la designación será obligatoria.

b)    Lograr un acuerdo entre las partes, cuyos términos precisos se consignarán en un Acta, firmada por las partes y el especialista.

c)   Lograr el cumplimiento de la pretensión por parte del reclamado, lo que también se consignará en Acta.

 

El reclamante puede retirar la solicitud en cualquier momento y ello cierra el expediente.

 

El especialista designado debe proponer la solución al Director del CENDA, transcurridos 45 días hábiles posteriores a la radicación, excepto que la índole o la complejidad del asunto, justifiquen una prórroga de hasta 60 días hábiles más.

 

El Director debe emitir su Resolución en el término de 5 días, contra la que se puede establecer demanda en proceso administrativo ante la Sala de lo Civil del Tribunal Provincial Popular de Ciudad Habana, en el término de 30 días hábiles.

No obstante a ello, el titular puede ejercitar la acción civil correspondiente[22].

 

Este procedimiento cuenta con varias ventajas:

  • La celeridad, en tanto los términos  establecidos para cada trámite son cortos.
  • La especialización en materia de derechos autorales de las personas que intervienen en la solución del conflicto, lo que determina que, en muchas ocasiones las partes pretendan la Resolución del CENDA como una especie de ¨prueba pericial¨, de gran valor como prueba documental en el futuro  proceso ante la jurisdicción judicial civil que  prevén establecer.

 

Sin embargo, adolece de varias desventajas:

  • El CENDA radica en la ciudad de La Habana y no cuenta con oficinas territoriales en las provincias, por tanto los reclamantes necesitan trasladarse hasta allí, desde cualquier parte del país, con las consecuentes afectaciones económicas que ello implica.
  • La decisión del asunto no está en manos de un órgano colegiado: un sólo especialista, propone al Director. El nombramiento del grupo de expertos no es obligatorio, e incluso, en el supuesto que el referido especialista considere oportuno crearlo, no se exige un número impar para ellos.
  • La presentación, debate y práctica de las pruebas presentadas no está sujeto a regulación, por tanto, depende de la sapiencia y sentido común del especialista y Director.
  • El CENDA no cuenta con los medios coactivos para hacer efectiva la decisión emitida.
  • En el supuesto de infringirse el Acuerdo entre las partes, comenzaría todo el proceso de nuevo.

 

2.- Vía judicial

La vía judicial amparará a los titulares mediante la jurisdicción administrativa ya mencionada, la civil y la  económica, en virtud de la nueva competencia asignada a esas Salas.

 

a)     La jurisdicción judicial administrativa:

Está concedida, únicamente,  a la Sala de lo Civil, Administrativo y Laboral del Tribunal Provincial Popular de la ciudad de La Habana, en virtud del artículo 663 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, (Lpcale),  tal como se reconoce en la Resolución 162/2002  del Ministro de Cultura.

 

A esta Sala acudirá la parte inconforme con la Resolución que solucionó el conflicto, emitida por el Director General del CENDA, en virtud del procedimiento administrativo antes mencionado.

 

Esta vía extiende los gastos y molestias sufridos por el reclamante no residente en la ciudad de La Habana durante el procedimiento ante el CENDA, no sólo por el tiempo que dure el procedimiento administrativo, también durante el proceso ejecutivo  correspondiente.

 

b)    La jurisdicción judicial económica:

Con la nueva competencia de las Salas de lo Económico de los Tribunales Provinciales Populares, se conocerán allí los litigios de carácter extracontractual que surjan con motivo de los daños o perjuicios originados a terceros en su actividad económica por persona natural o jurídica, cubana o extranjera, en el desarrollo de su actividad productiva, comercial o de servicios en territorio nacional[23].

 

Podrá ser invocada, por tanto, en todos los supuestos de violaciones antes mencionadas, siempre que los actos se produzcan en el ejercicio de la actividad productiva de la persona natural o jurídica.

 

Los nuevos trabajadores por cuenta propia, que se dedican  a piratear discos de obras musicales y audiovisuales, pueden ser demandados bajo esta jurisdicción.

 

El mencionado artículo 742 de la Lpcale  autoriza a la Sala  a resolver sobre los daños y perjuicios, garantizando así la protección de los derechos patrimoniales y  morales.

 

Las facultades de exigir el respeto, la integridad y la paternidad de la obra son  facultades morales, que constituyen las garantías de la permanencia de la individualidad del autor en ella. No excluyen, ni están en contradicción,  con el ejercicio de los derechos patrimoniales. Sin lugar a  dudas el creador necesita garantizar su sustento con la labor realizada, pero también necesita respeto y reconocimiento por ello; ambos son trascendentales.

 

La indemnización económica, devenida de los ingresos o beneficios dejados de percibir[24], es la garantía de protección de las facultades patrimoniales violentadas.

 

La reparación del daño moral establecida en el artículo 83.ch) del Código Civil cubano, que trae por consecuencia la satisfacción al ofendido, mediante la retractación pública del ofensor[25], institución apenas utilizada en la práctica judicial cubana, es la vía  para resarcir el daño infringido a las facultades morales.

 

Y nada obsta para que pueda solicitarse ante las Salas de los Tribunales Populares, en tanto la hipótesis de la norma los incluye; basta entonces  romper la inercia y hacer uso de la autoridad, que por Ley está conferida.

 

Los supuestos de hecho que no abarca la hipótesis de la norma,  son aquellos en que:

  • la propia empresa en la que el autor creó su obra, viola derechos morales de éste
  • el autor violenta las facultades patrimoniales de la entidad.

 

La precisión: ¨… los daños o perjuicios originados a terceros en su actividad económica…¨ excluye ambos supuestos de la competencia de la Sala Económica.

 

a)   La jurisdicción judicial laboral

Especial análisis requiere la posibilidad de dirimir el conflicto en la jurisdicción laboral. Sin lugar a dudas, la obra se crea dentro de la relación jurídica laboral, entendida ésta como las relaciones sociales que surgen y mantienen los hombres entre sí en el ámbito de la actividad productiva o de la prestación de servicios.[26]

 

Sin embargo, no es la legislación laboral quien otorga al autor la titularidad y reconoce los derechos sobre su obra, porque no es el Derecho de autor, un derecho laboral. Sin constituir un derecho inherente a la personalidad, es un derecho que defiende la individualidad del autor proyectada en su obra, va más allá de la relación jurídica laboral; responde, además al ¨ interés supremo de la sociedad por el desarrollo y la       difusión científica, técnica, educacional y cultural en general, que constituye un principio de nuestra Revolución¨[27]

 

Por otra parte, el contenido de los conflictos laborales admitidos por el Sistema de Justicia Laboral son aquellos suscitados con motivo a:

  • la imposición de medidas disciplinarias,
  • el reconocimiento, concesión y reclamación de las obligaciones y derechos emanados de la legislación laboral[28].

 

Por tanto,  no encuentra  amparo legal en la legislación laboral, el titular de los derechos morales violentados.

 

En el análisis de la exigencia de responsabilidad del autor que infringe los derechos patrimoniales de la entidad, resulta interesante detenerse en el procedimiento establecido en el Decreto/Ley 249/07, De la Responsabilidad material, en tanto dicha conducta ocasiona daños a los recursos económicos y financieros de la entidad laboral[29], pero exige la disposición normativa  como requisito sine cua nom  que:

  • la acción u omisión que provoca el daño, sea cometida por el trabajador en el desempeño de sus funciones[30],
  • se hubieran incluido las creaciones inmateriales en  el área de responsabilidad material del trabajador, en el acuerdo al respecto incorporado al Convenio Colectivo de trabajo.[31]

 

Ambos supuestos son de muy difícil ocurrencia en la práctica. El segundo porque las  áreas de responsabilidad siempre se determinan por áreas físicas, en tanto los bienes sobre los que se realizan los acuerdos sobre responsabilidad material, son siempre tangibles.

 

El primero, sólo se produciría en aquellas entidades cuyo objeto empresarial fuese la producción de obras susceptibles de protección por el Derecho de autor, por ejemplo, la producción de software[32], en cuyo caso el trabajador infringe las obligaciones pactadas en el contrato de trabajo y  podría valorarse, salvando los cuestionamientos acerca del término propiedad, la ocurrencia de la indisciplina prevista en el inciso 9 del artículo 11 del  Decreto- Ley  No. 176/97, Sistema de Justicia laboral:

  • la pérdida, sustracción o desvío y la apropiación, mediante engaño, de bienes o valores propiedad del centro de trabajo o de terceros[33].

 

Con ello se sometería la solución del conflicto, al Órgano de Justicia Laboral de Base, y llegaría el conocimiento  de la Sección laboral del Tribunal Municipal competente, sólo cuando la medida consista en el traslado a otra plaza de menor remuneración o calificación o de condiciones laborales distintas, con pérdida de la que ocupaba el trabajador, o la separación definitiva de la entidad.[34]

 

Desestimada la posibilidad del trabajador de encontrar amparo en la legislación laboral ante la violación de sus derechos morales por la entidad y  expuestas las dificultades de esta última para exigir responsabilidad al autor por la violación de sus derechos patrimoniales, el análisis del asunto resultaría competencia, entonces, de la jurisdicción civil, en tanto constituyen actos ilícitos, al causar daño o perjuicio a otro[35].

 

 

b)   La jurisdicción judicial civil:

La jurisdicción civil, a través de las Salas correspondientes  de los Tribunales Provinciales Populares[36], conocerán los  supuestos antes mencionados y todos aquellos en que la violación:

-provoque un daño  o perjuicio a la persona natural o jurídica, pero no en su actividad económica. Por ejemplo, un escritor podría plagiar y contratar la edición de  un libro, cuyo titular es una persona jurídica, cuyo objeto empresarial no es la redacción y venta de libros.

- provoque un daño  o perjuicio a la persona natural o jurídica en su actividad económica, pero no fue cometida por el infractor en el desarrollo de su actividad productiva, comercial o de servicios en el territorio nacional. Por ejemplo, el visitante casual, que acude a una empresa dedicada a la producción de software, que en un descuido, lo copia y luego vende. En muchos países esta acción constituye una figura delictiva.

 

También podría valorarse esta misma acción cometida por el trabajador por  cuenta propia, que es contratado para realizar una actividad muy concreta en la entidad, por ejemplo, reparar los techos. En criterio de las autoras, también  sería competencia de la Sala Civil, en tanto el acto fue cometido en el desarrollo de la actividad  productiva, pero los daños y perjuicios  no se producirán como consecuencia del ejercicio de ésta.

- provoque un daño  o perjuicio a la persona natural o jurídica en su actividad económica, cometida en el desarrollo de la actividad productiva, comercial o de servicios en el extranjero.

En todas las jurisdicciones judiciales puede solicitase la adopción de medidas cautelares.

 

Medidas cautelares.

La medida cautelar es un mecanismo netamente procesal,  utilizado por la parte para garantizar la efectividad de la sentencia en sede judicial. Constituye un incidente dentro del proceso principal, de naturaleza puramente instrumental, concebida para garantizar el éxito de la pretensión principal, ya sea de conocimiento o ejecutiva[37].

 

El Decreto Ley 241/06 incorporó al proceso económico cubano una serie de medidas cautelares, que luego fueron extendidas al proceso civil, por la Instrucción No. Del Tribunal Supremo Popular. Ellas son:

1.   el embargo preventivo de bienes;

2.   el secuestro de bienes en litigio;

3.   la anotación preventiva en registro público;

4.   el depósito temporal de bienes;

5.   el aseguramiento de medios probatorios;

6.   la suspensión o abstención de actividad o conducta determinada;

7.   cualquier otra medida orientada a garantizar la eficacia del proceso[38].

 

Las medidas cautelares revisten especiales características en el caso de litigios sobre bienes inmateriales, objeto de protección del Derecho de Autor, en tanto la obra estará fijada en un soporte material: disco compacto, libro, folleto, cuyo propietario o poseedor, puede o no ser el demandado del proceso y cuyas facultades habrá que limitar, en tanto pongan en peligro el resultado de aquel.

 

Protección en frontera de los Derechos de Propiedad Intelectual.

Medidas provisionales para la protección de la Propiedad Intelectual en frontera, dispone, con carácter especial, la Resolución 25/2001 emitida por el Jefe de la Aduana General de la República: ¨Normas para la retención de mercancías por infracción de los Derechos de Propiedad Intelectual¨.

 

En ella se regula el procedimiento para la protección en frontera de los Derechos de Propiedad Intelectual y los trámites de las demandas de  retención de mercancías que infrinjan dichos derechos[39].

 

La Aduana puede actuar de oficio, a instancia de parte y de la autoridad administrativa o judicial competente.

 

El objeto de la acción ejercitada ante esta autoridad es la suspensión del Despacho de Aduana de las mercancías infractoras, por tanto esa institución no se pronunciará nunca sobre el fondo del asunto; mantendrá las mercancías retenidas durante el tiempo que disponga la autoridad administrativa o judicial correspondiente.

 

En el supuesto que la retención haya sido dispuesta de oficio por la Aduana, el titular tiene 48 horas, una vez notificado, para acreditar que ha presentado la reclamación ante la autoridad administrativa o judicial correspondiente[40]. Este término coloca en desventajas a estos titulares, en tanto el resto cuenta con una retención de 10 hábiles para  comunicar a esa instancia:

a)     La presentación de la demanda ante la autoridad judicial o administrativa competente para que resuelva sobre el fondo del asunto

b)    La decisión del Tribunal competente de prolongar la retención[41],

 

En casos debidamente justificados ese plazo podría ser prorrogable por 10 días  hábiles más, por tanto, la retención en Aduana podrá tener un plazo máximo de 20 días hábiles, sin que exista declaración judicial o administrativa alguna.

 

a)    La presentación de la reclamación ante la autoridad judicial o administrativa  competente para que resuelva sobre el fondo del asunto.

 

No resulta clara la intención de esta disposición.  Debe estar encaminada a aquellos excepcionales  supuestos en que el titular del derecho infringido no solicitó medida cautelar o que la autoridad judicial o administrativa no respondió a esa solicitud en los primeros 10 días hábiles, y en correspondencia el solicitante necesita hacer  uso de la prórroga establecida para casos debidamente justificados.

 

La autoridad administrativa en el caso en estudio, sólo puede ser el CENDA. Nada obsta para que se presente dicha solicitud ante ese Centro, en virtud del procedimiento supra comentado, establecido en virtud de la Resolución 162/03 del Ministerio de Cultura, máxime cuando las Normas aquí examinadas disponen, expresamente,  su comunicación al Centro Nacional de Derecho de Autor.

 

La solicitud de mantener la retención se formularía por el reclamante, como parte de las pretensiones concretas invocadas ante esa instancia. Sin embargo existen muchas lagunas en su aplicación:

I. El término por el cual el Director del CENDA podría extender la retención de las mercancías,

II. El procedimiento y formalidades de la notificación a la Aduana de esa decisión.

III. El procedimiento en la ejecución de la fianza o garantía,  que la Aduana podrá exigir al solicitante de la retención, para proteger al demandado y que resultará  responsabilidad del CENDA[42].

 

Sin embargo, si la decisión del referido Centro  fuese la destrucción de las mercancías o su destino  a un fin socialmente útil, sí contará  con la fuerza coactiva necesaria para hacerla efectiva, en tanto corresponde a la Aduana su ejecución[43].

 

b)     La decisión del Tribunal competente de prolongar la retención,

Este es el supuesto más común, en tanto el órgano jurisdiccional, a través del procedimiento establecido para  los Incidentes[44], concede la tutela cautelar solicitada.

 

En atención a lo hasta aquí analizado puede afirmarse que ofrece el procedimiento judicial cuenta con las siguientes ventajas respecto al administrativo:

  • Órgano colegiado para el análisis y toma de decisiones.
  • Existencia en cada provincia y municipio del país.
  • Procedimiento preestablecido para la presentación, admisión, debate y práctica de pruebas.
  • Medios coactivos para hacer efectivas las disposiciones.

 

La desventaja está en la poca especialización en el tema por parte de los jueces profesionales y legos, que puede solucionarse con los cursos de capacitación y planes  de superación que forma parte de  la estrategia de perfeccionamiento que se lleva a cabo en el Sistema de Tribunales del país.

 

Conclusiones:

1.-El procedimiento administrativo para la solución de conflictos en materia de Derecho de Autor, ante el Centro Nacional de Derecho de Autor, si bien resulta ágil y  sus valoraciones técnicas  en extremo confiables, adolece de varias dificultades que provocan que el procedimiento judicial resulte menos gravoso y más garantista.

 

2.- Las medidas cautelares incorporadas a la Ley de Procedimiento Civil, administrativo, laboral y económico, a través del Decreto Ley 241 de 26 de septiembre del 2006 y las medidas provisionales para la protección de la Propiedad Intelectual en frontera, establecidas en las ¨Normas para la retención de mercancías por infracción de los Derechos de Propiedad Intelectual¨ autorizadas por la Resolución 25/2001 emitida por el  Jefe de la Aduana General de la República constituye un importante instrumento para lograr la ejecución de la decisión,  que sobre el fondo del asunto, sea dispuesta por la autoridad competente.

 

3.- Resulta necesario incorporar a los cursos de capacitación y planes  de superación de los jueces, temas referidos a los Derechos de Autor.

 

Bibliografía.

  1. Cuba. Asamblea Nacional del Poder Popular. Ley 59 Código Civil.  —La Habana, 1977.– [s.p.].
  1. 2.     Cuba. Asamblea Nacional del Poder Popular. Ley 14 de de Derecho de Autor de 28 de diciembre de 1977. —La Habana, 1977.– [s.p.]
  2. 3.     Cuba. Asamblea Nacional del Poder Popular. Ley 7 de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico de 19 de agosto de 1977. —La Habana, 1977.– [s.p.]
  3. 5.     Cuba. Consejo de Estado. Decreto Ley 241 Modificativo de la Ley 7 de Procedimiento Civil, Administrativo y  Laboral de 26 de septiembre de 2006. — La Habana, 2006 [s.p.].
  4. 9.     Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas. — Academia de la OMPI: CD-ROM EEPI, Elementos Esenciales de Propiedad Intelectual, 1999.
  1. Cuba. Asamblea Nacional del Poder Popular. Ley 62 Código Penal. —La Habana, 1987.– [s.p.].
  1. Cuba. Aduana General de la República. Resolución 25/ 2001: Normas para la retención de mercancías por infracción de los derechos de Propiedad  Intelectual. — La Habana, 2006 [s.p.].
  2. Cuba. Ministerio de Cultura. Resolución 162 de 15 de noviembre de 2002: Procedimiento para la presentación, el análisis y la solución de las reclamaciones por incumplimiento o violación de la legislación vigente sobre Derecho de Autor y para la tramitación de solicitudes de aclaración o interpretación. —La Habana, 2002.– [s.p.].
  3. Cuba. Ministerio de Cultura. Resolución 13 de 20 de febrero 2003: Reglamento del Registro Facultativo de obras Protegidas y de Actos y Contratos referidos al Derecho de Autor. —La Habana, 2003.– [s.p.].
  1. Diego Cañizares, Fernando. Teoría del Estado. —La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1979.
  2. Lipszyc, Delia. Derecho de Autor y Derechos Conexos. — La Habana: Editorial Félix Varela,  Tomo I y II 2005.
  3. Mendoza,  Juan. Un acercamiento al régimen cautelar del proceso económico cubano.
  4. OMPI. Cuadro Recapitulativo de las Partes Contratantes de los Tratados administrados por la OMPI, Disponible en http://www.wipo.int/treaties/es/ , Consultado: 22/9/2011.

Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor. — Academia de la OMPI: CD-ROM EEPI, Elementos Esenciales de Propiedad Intelectual, 1999.



[1] El Convenio de Estocolmo, instrumento jurídico que instituyó, en 1967,  la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI,  no ofrece una definición de esta materia; se limita a enumerar su contenido en el artículo 2. (VIII), comenzando con las creaciones intelectuales susceptibles de protección por las normas de Derechos de autor y Derechos Conexos, continúa con aquellas reconocidas como objeto de protección  en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial  y concluye con una frase abierta:… todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.¨, demostrativa del carácter no limitativo de la norma, previendo  la aparición de nuevas creaciones intelectuales,  cuya protección por la Propiedad Industrial o el Derecho de Autor no resultara idónea.

[2] Lipszyc, Delia. Derecho de Autor y Derechos Conexos. — La Habana: Editorial Félix Varela,  Tomo I, 2005. — p. 11.

[3]OMPI. Cuadro Recapitulativo de las Partes Contratantes de los Tratados administrados por la OMPI, Disponible en http://www.wipo.int/treaties/es/ , Consultado: 22/9/2011.

[4] Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas. — Academia de la OMPI: CD-ROM EEPI, Elementos Esenciales de Propiedad Intelectual, 1999 —. Art. 2.1.

[5]Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor. — Academia de la OMPI: CD-ROM EEPI, Elementos Esenciales de Propiedad Intelectual, 1999.  Cuba no es signataria del Tratado.  No obstante ofrece  protección a esta creaciones intelectuales, al permitir su Registro en el artículo 6.1 del ¨Reglamento del Registro Facultativo de obras Protegidas y de Actos y Contratos referidos al Derecho de Autor¨, puesto en vigor mediante la Resolución 13 de 2003 del Ministerio de Cultura.

[6] Cuba. Asamblea Nacional del Poder Popular. Ley 14 de de Derecho de Autor de 28 de diciembre de 1977. —La Habana, 1977.– [s.p.]

[7] Cuba. Ministerio de Cultura. Resolución 13 de 20 de febrero 2003: Reglamento del Registro Facultativo de obras Protegidas y de Actos y Contratos referidos al Derecho de Autor. —La Habana, 2003.– [s.p.].

[8] Convenio de Berna. Ídem. Art 6bis.

[9] Artículo 20: Si un acuerdo o un tratado internacional del que Cuba sea parte establece reglas diferentes a las expresadas en los artículos anteriores o no contenidos en ellos, se aplicarán las reglas de dicho acuerdo o tratado. Cuba. Asamblea Nacional del Poder Popular. Ley 59 Código Civil.  —La Habana, 1977.– [s.p.].

[10] Lipszyc, Delia. Ibídem. pp. 212- 214.

[11] Diego Cañizares, Fernando. Teoría del Estado. —La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1979. — p.317

[12] Diego Cañizares, Fernando. Ídem.p.315

[13] Valdés Díaz, Caridad del Carmen. Derecho Civil Parte General. —La Habana: Editorial Félix Varela. — p.136.

[14] Se elude el análisis del bien inmaterial como objeto de la  relación jurídica, según las disposiciones de los artículos 45 y 46  del Código Civil cubano, en tanto se aleja del tema en estudio.

[15] Ley 14/77. Ídem. Artículo 19 – Se reconoce el derecho de autor sobre las obras creadas en el desempeño de un empleo dentro de cualquier organismo, institución, entidad, empresa estatal, u organización social o de masas. La forma en que los autores pueden ejercer ese derecho se determina por disposiciones reglamentarias dictadas por el Consejo de Ministros.

Artículo 20 – La remuneración sobre una obra creada en el ejercicio de las  funciones y deberes correspondientes a un empleo dentro de cualquier organismo, institución, entidad, empresa estatal u organización social o de masas, se considera incluida dentro del salario que el autor devengue.

[16] Lipszyc, Delia. Ibídem Tomo 2.p. 567.

[17] Convenio de Berna Ibídem. Art 6bis .3)

[18]El artículo 400 de la Ley 21/79, Código Penal,  sancionaba las conductas infractoras de los derechos  de autor. Esta Ley fue derogada por la  Disposición final segunda de la Ley 62 de 29 de diciembre de 1987. Cuba. Asamblea Nacional del Poder Popular. Ley 62 Código Penal. —La Habana, 1987.– [s.p.].

[19] Ley 14/77. Ibídem. Art. 11 en relación con el 19 y 20.

[20] Ley 14/77.Ibídem Art. 19 y 20 y artículo 13 Reglamento.

[21] Cuba. Ministerio de Cultura Resolución 162 de 15 de noviembre de 2002: Procedimiento para la presentación, el análisis y la solución de las reclamaciones por incumplimiento o violación de la legislación vigente sobre Derecho de Autor y para la tramitación de solicitudes de aclaración o interpretación. —La Habana, 2002.– [s.p.].

[22] Resolución 162/03. Ibídem. Art. 8.

[23] Cuba. Asamblea Nacional del Poder Popular. Ley 7 de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico de 19 de agosto de 1977. —La Habana, 1977.– [s.p.] Art. 742, tal como quedó modificado por el Consejo de Estado. Decreto Ley 241 Modificativo de la Ley 7 de Procedimiento Civil, Administrativo y  Laboral de 26 de septiembre de 2006. — La Habana, 2006 [s.p.].

[24] Código Civil. Ídem.  Art. 86. d).

[25] Ibídem. Art 88

[26] Viamontes, Eulalia. Derecho Laboral cubano. Teoría y Legislación. —La Habana: Editorial Félix Varela, 2005. — p.28.

[27] Ley 14/77. Ibídem. POR CUANTO  número quinto.

[28] Cuba. Consejo de Estado. Decreto- Ley  No. 176: Sistema de Justicia laboral. — Gaceta Oficial  de 15 de agosto de 1997.– [s.p.]. Art.1.

[29] Cuba. Consejo de Estado. Decreto- Ley  No. 249: De la responsabilidad material. — Gaceta Oficial No. 036 Extraordinaria de 24 de julio de 2007.– [s.p.]. Art.1.

[30] Decreto- Ley  No. 249/07, Ídem. Art. 1.

[31] Ibídem. Arts. 18-20.

[32]En el caso de la producción de obras literarias, artísticas y musicales se contrata directamente con el creador, en cumplimiento de las Resoluciones

[33]Decreto- Ley  No. 176/97, Ibídem. Art. 11.

[34] Decreto- Ley  No. 176/97, Ibídem. Art. 22

[35] Ibídem.  Art. 81

[36] Ley 7/99. Ídem. Art. 6. 7.

[37]Mendoza,  Juan. Un acercamiento al régimen cautelar del proceso económico cubano. Ponencia presentada en el I Encuentro Científico sobre procedimiento económico, organizado por la Unión de Juristas de Cuba, 10 de noviembre de 2007.

[38] Ley 7/99. Ibídem. Art.803

[39] Cuba. Aduana General de la República. Resolución 25/ 2001: Normas para la retención de mercancías por infracción de los derechos de Propiedad  Intelectual. — La Habana, 2006 [s.p.]. Art. 1.

[40] Normas. Ídem. Art.14.

[41] Ibídem. Art. 17.

[42]Ibídem. Art. 19.

[43] Ibídem. Art. 22.

[44] Ley 7/99. Ibídem. Art 454 – 459.

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Borges Iznaga, Dianelys y Morejón Grillo, Ailed: "Un acercamiento a la protección del Derecho de Autor en la legislación cubana" en Revista Caribeña de Ciencias Sociales, marzo 2015, en http://caribeña.eumed.net/derecho-autor-2/

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