LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA NIÑA: INSTRUMENTO POR EXCELENCIA PARA EL RECONOCIMIENTO SOCIAL Y LEGAL DE UNA INFANCIA CON DERECHOS

Resumen:
El artículo se refiere a la importancia social de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña como instrumento jurídicamente vinculante para la construcción de un mundo apropiado para los niños, las niñas y los adolescentes.
La autora ofrece un análisis reflexivo y crítico sobre el contenido de los derechos de la infancia, aunque reconoce la inexistencia de un consenso universal sobre lo que implica cada uno de ellos.
Se enfatiza en la necesidad de conocer y reconocer cada derecho, destacando la importancia de decretar leyes que legalicen estas prerrogativas, unido al empleo de diferentes mecanismos sociales para la internalización acertada de estos derechos.
Además, se demuestra la urgencia de repensar el contenido de este texto jurídico, referencia de gran valor social, para orientar los modos de actuación de los Estados Partes con respecto a la situación actual de la infancia en las naciones.
Se concluye exhortando a la legitimación de los derechos de la infancia en la cotidianidad, y no meramente en las leyes.

Palabras claves: Convención de los Derechos del Niño y la Niña, infancia, derechos.

Introducción a la Convención de los Derechos del Niño y la Niña

La Convención de los Derechos del Niño y la Niña (CDN) es el instrumento de derechos humanos más ratificado por los diferentes Estados del mundo, erigido como la primera herramienta jurídicamente vinculante que recoge todos los derechos: políticos, sociales, económicos, culturales y civiles, que posee la infancia, sin importar religión, sexo, raza, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, posición económica, impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño/a, de sus padres o de sus representantes legales. (1)

La CDN, aprobada el 20 de noviembre de 1989, define en 54 artículos los derechos de los niños, las niñas, y los/as adolescentes. Estos derechos se han fortalecido con la aprobación de dos Protocolos Facultativos que condenan la crítica situación de la infancia en la participación de conflictos armados y en su utilización ilícita para la prostitución y la pornografía.

Los principales derechos que promueve son:

  • el derecho a la vida;
  • el derecho a la libertad;
  • el derecho a la dignidad;
  • el derecho al desarrollo pleno;
  • el derecho a no ser discriminado;
  • a la plena participación en la vida familiar, cultural y social; y
  • el derecho a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación.

Este instrumento con fuerza legal instauró un nuevo paradigma para comprender al niño/a y a los/as adolescentes, y enfrentar la realidad infantil. Defiende básicamente una novedosa perspectiva, que constituye, a su vez, un cambio cualitativo fundamental en la percepción jurídica y social de la infancia. Devela a los niños, niñas y adolescentes como grupo social con características y necesidades diferentes a las de los adultos; y como sujetos sociales acreedores de derechos, con la capacidad de participar activamente en la toma de decisiones sobre temas relacionados directamente con su vida.

Dicha percepción de la infancia establece una transformación en la jerarquía de relaciones sociales, legitimadas hasta el momento, entre los adultos y los niños, las niñas y los/as adolescentes. Por lo que, invita a la construcción de relaciones sociales equitativas entre la infancia y el mundo adulto; instaurándose el respeto al otro y a su espacio social.

Ante la invitación de las Naciones Unidas a los países del mundo para ratificar o adherirse a dicho instrumento, se constató una respuesta positiva a escala internacional que revela un consenso poco usual entre países cultural, socioeconómica y jurídicamente diversos. (2)

De esta forma, la ratificación y adhesión a la CDN por cada uno de los Estados implica el permanente compromiso legal ante el derecho internacional de realizar las acciones y actividades necesarias para que cada niño, niña y adolescente disfrute de sus derechos y pueda desarrollar al máximo su potencial.

Sin embargo, es conocido el paulatino proceso de transformación legal y social que conllevaba dicha ratificación o adhesión por parte de los Estados a este instrumento. Pues, su comunión con el mismo no significa la automática construcción de un país donde las relaciones sociales develen un pleno reconocimiento y respeto a los derechos de la infancia.

En el marco de la Convención, la mayoría de los países reconocieron la pertinencia de readecuar el  contenido de las disposiciones legales referentes a las distintas áreas de la vida que involucraban a los/as niños/as y adolescentes. Contenidas en códigos, decretos o leyes nacionales que no concebían a la población infantil como meritoria de derechos. Por lo que, debía comenzarse un período de creación y modificación de nuevas leyes que tributaran a una mayor calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes; demostrando la eficacia de las mismas en los diferentes escenarios sociales.

Además, constituía de suma importancia el aterrizaje del contenido de la Convención al contexto histórico social particular de cada país, no solo desde el dictamen de normas jurídicas, producto de que el Derecho no consigue por sí solo la igualdad para aquellos a quienes la sociedad define como diferentes.

La elaboración y promulgación de normas de igualdad es políticamente importante dado que permiten combatir la discriminación, afirmar la individualidad y poner límites al poder; sin embargo, son insuficientes para resolver por sí solas la variedad de formas que adquiere la desigualdad en la realidad social. Desconocer lo anterior, conlleva el riesgo de una formalización excesiva de los derechos, aislándolos de las estructuras sociales en que existen y cobran sentido, dificultando el pasaje desde lo universal hacia lo social, histórico y contingente. (3)

Por lo que, el reconocimiento a los derechos de los niños, las niñas y adolescentes no debe ser reducido exclusivamente a decretar leyes que legitimen estas prerrogativas; sino que deben ser empleados, al unísono, diferentes mecanismos sociales para la difusión acertada de estos derechos, de modo que lleguen a ser aceptados y construidos socialmente.

Sin embargo, luego de dos décadas de ser promulgada la CDN, podemos afirmar que la infancia continúa, en una gran cantidad de países, siendo una utopía para muchos niños, niñas y adolescentes; mientras en otros países, como en Cuba, ha empezado a ser una realidad alcanzable.

Una necesidad urgente emerge: repensar el contenido de la CDN como instrumento por excelencia para el reconocimiento social y legal de una infancia con derechos; y asumir que las generaciones adultas podemos brindarle un mundo apropiado a los niños, niñas y adolescentes; siempre que ellos y ellas participen activamente en la creación del mismo.

 

Repensando el contenido de la CDN                      

Los derechos de la infancia son aquellas facultades o prerrogativas que poseen los niños, las niñas y adolescentes. Estos derechos son inherentes a la infancia, cada niño, niña y adolescente por el mero hecho de serlo es titular de los mismos; universales, cada niño, niña o adolescente disfruta de los mismos derechos independientemente de cualquier condición diferenciadora entre ellos; interdependientes, cada uno de los derechos debe ser respetado de igual forma, pues no hay una jerarquización entre los mismos; inalienables, cada niño, niña o adolescente posee estos derechos y no puede desprenderse o separarse de estos; irreversibles, una vez reconocidos nacional e internacionalmente por el ordenamiento jurídico no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser eliminados; progresivos, se encuentran en constante evolución, por lo que pueden ser perfeccionados con vistas a mejorar las condiciones de vida de los niños, las niñas y adolescentes; y transnacionales, cada niño, niña y adolescente detenta estos derechos sin importar su nacionalidad o territorio donde se encuentre.

El reconocimiento social y legal de estas facultades tiende progresivamente a la construcción de un mundo apropiado para la infancia en el Planeta Tierra, si los Estados Partes asumen su compromiso político, social y personal de ejecutar todas las acciones pertinentes para hacer de los escenarios sociales donde conviven los niños, niñas y adolescentes de su país ese espacio ideal que nos propone la CDN.

Un mundo apropiado para los niños, las niñas y adolescentes es aquél en que todos/as adquieren la mejor base posible para su vida futura, tienen acceso a una enseñanza básica de calidad, incluida una educación primaria obligatoria y gratuita. Además, disfrutan de numerosas oportunidades para desarrollar su capacidad individual en un entorno seguro y propicio; fomentándose el desarrollo físico, psicológico, espiritual, social, emocional, cognitivo y cultural de los niños, las niñas y adolescentes. (4)

Poseer conocimiento sobre el contenido de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña constituye la principal arma para la creación de un mundo donde la infancia goce de sus derechos; paralelo a la importancia vital que posee el compromiso social, en dicha construcción, de la familia, el Estado, la sociedad civil, entre otras instituciones sociales y jurídicas.

Pero, ¿qué entiende por niño y niña la CDN? Los primeros dos artículos recogen quiénes serán los beneficiarios de este instrumento jurídico; al ser establecido en el artículo 1 la concepción de niño o niña que social y legalmente debe ser compartida por las naciones que ratifiquen o se adhieran a la misma. Se concibe por niña o niño a todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

Con esta herramienta, cada niño y niña menor o con dieciocho años de edad se hace acreedor de todos los derechos que disfruta la infancia. Legitimado con el apoyo jurídico de cada país para protegerlos contra cualquier forma de discriminación o castigo por determinadas características sociales que puedan tener el niño, la niña, el adolescente o sus padres, o tutores legales; según lo estipulado en el artículo 2. De esta manera, se promueve la inclusión social, se fortalece la dignidad individual y colectiva de este grupo social y se reconoce la igualdad de todos/as.

No obstante, considero que el concepto de niño o niña como construcción social trasciende los límites etarios, resultando necesario introducir en dicha definición elementos medulares de la infancia como son el estado, las condiciones de vida de los niños, las niñas y adolescentes, o sea, la calidad con que se viva esta etapa.

Mejorar la calidad de vida de los niños, las niñas y los adolescentes debe ser la tarea principal de cada Estado Parte de la CDN, ya que este es el propósito fundamental del surgimiento de dicha herramienta.

Saber cuál es la concepción social de niño y niña que defiende la CDN es de suma importancia, pues así se conoce la situación social en la que viven los destinatarios de las leyes, que contribuirán a mejorar su calidad de vida; guiadas por aquellas situaciones que deben ser erradicadas o modificadas.

Es importante recordar que todas las personas, en nuestros primeros años de la vida, somos niños o niñas; sin embargo no todos/as han podido y pueden disfrutar de su infancia.

El interés superior del niño y la niña debe ser el eje rector de cada decisión relacionada con la situación social, personal y legal de los mismos que tomen todas las instituciones vinculadas con las diferentes esferas de la vida de este grupo social. Alcanzar el máximo grado de bienestar de los niños, las niñas y adolescentes es el compromiso de cada país que ratificó o se adhirió a dicho instrumento. Por lo que, velar para que todas las instancias cumplan este cometido es una de las principales tareas para la construcción de una infancia feliz.

Sin embargo, para alcanzar este ansiado bienestar para los niños, las niñas y adolescentes es de suma importancia que los Estados Partes dominen el contenido de los derechos de los mismos; de manera que puedan difundir acertadamente estos derechos en los espacios sociales donde diferentes sujetos se encargan de acompañar y guiar el desarrollo biológico, psicológico, educativo, social, e individual del niño, la niña o adolescente.

Actualmente, presenciamos la inexistencia de un consenso sobre el contenido de los derechos que establece la CDN para la infancia a nivel mundial. Lo anterior, conlleva al solapamiento de muchas situaciones irregulares donde el niño, la niña o el adolescente se convierten en objeto de inequidades, discriminación, injusticias, abusos; minimizándoles su dignidad como seres humanos.

En determinadas ocasiones, estas situaciones se arraigan con demasía en nuestras sociedades, convirtiéndose en acciones sociales compartidas y asumidas en la cotidianidad con una familiaridad acrítica, ya que responden a lógicas retrógradas instauradas en el imaginario social que conciben al niño, la niña o al adolescente como “mero receptor” u “objeto de”. Por lo que, es importante conocer los derechos de los niños, las niñas, y adolescentes y escudriñar el contenido de cada uno.

 

Conociendo los derechos de los niños, las niñas y adolescentes

Derecho a la vida

Cada niño y niña tiene derecho intrínseco a la vida. La CDN establece que los niños y las niñas menores o con dieciocho años de edad deben disfrutar del derecho a la vida, por lo que nadie está facultado para arrebatarle, recortar o esclavizar esa vida. Este derecho está relacionado con el respeto a la integridad física y mental de los niños y niñas.

Cualquier persona que atente contra el normal desarrollo de la vida de un niño, niña o adolescente deberá ser juzgado. Cada Estado Parte deberá dictar leyes que protejan a los niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia. Los perpetradores deberán cumplir una sanción en correspondencia con la acción realizada contra los niños, niñas o adolescentes; sin que medien actitudes benévolas para aquellos que posean una relación de consanguineidad o de cualquier otro tipo con la víctima.  De esta forma, el reconocimiento legal del derecho a la vida les brindará a los niños, niñas y adolescentes determinadas garantías de protección y seguridad.

Además, se hace necesario no solo el dictamen de leyes que reafirmen el derecho a la vida de estas personas; sino la creación de instituciones gubernamentales, cuya misión sea velar por el cumplimiento de todos los derechos de los niños, las niñas y adolescentes en los diferentes escenarios sociales donde conviven.

Dicha institución deberá contar con especialistas, dígase psicólogos, abogados, trabajadores sociales; que posean la fuerza jurídica y el reconocimiento social para actuar cuando considere que dichas prerrogativas están siendo vulneradas. Además, debe contar con los recursos necesarios y apropiados para transformar la vida de los niños, las niñas y adolescentes en esta situación de irregularidad.

Se considera de importancia vital que los especialistas sean sensibles ante el dolor infantil, sientan un radical compromiso con el futuro de los niños, niñas y adolescentes; y que realicen decisiones objetivas encaminadas a transformar positivamente sus vidas.

Por otra parte, el derecho a la vida de los niños y niñas implica una discusión muy controversial que la CDN evade, en mi particular opinión, al concebir el surgimiento de la vida con el momento del nacimiento.

Este instrumento jurídico no le otorga importancia al período vital de formación y desarrollo del embrión en feto que devendrá en la futura existencia de un niño o niña. De esta forma, la fase intrauterina de vida del niño o niña, ya que todo feto es un niño o niña en potencia, carece de significación.

Esta concepción de vida le concede, a la madre o a las leyes nacionales, el poder de decidir acerca del futuro del niño o niña que está en gestación. Por lo que, se considera que la CDN no toma una postura coherente con relación al respeto a la vida de los niños y las niñas en la etapa prenatal.

La Convención de los Derechos del Niño y la Niña como instrumento jurídico vinculante hubiese sido el colofón ideal para legitimar la afirmación a la vida desde la etapa prenatal como  período y fundamento imprescindible para el desarrollo de la infancia. A nivel mundial, se conoce que durante el período de gestación, el futuro niño o niña pasa por un proceso paulatino de formación necesario hasta que se encuentra apto para vivir en el mundo. Este período es vital para cada niño o niña; por lo que el vientre materno se convierte en el espacio exclusivo y obligatorio donde debe habitar por este tiempo determinado.

Por lo que, la CDN tiene su principal compromiso con la calidad de vida de los niños, las niñas y adolescentes, siendo su meta alcanzar su máximo bienestar biológico, psicológico, y social. Dictaminar derroteros que permitan la construcción de un mundo apropiado para los niños y niñas implica ineludiblemente la misión de defender los principios de vida de los niños y niñas; incluso cuando éstos se desdibujan con los derechos de otros seres humanos, como en este caso, el de las futuras madres.

No obstante, se comulga con la preocupación de asegurarles a las madres la debida atención sanitaria prenatal y postnatal, la educación requerida sobre la debida alimentación y hábitos durante el embarazo, y la orientación especializada en materia de planificación familiar. Exigencias necesarias para que los niños y las niñas nazcan saludablemente.

Derecho a un nombre y a una nacionalidad

Al nacer, cada niño y niña tiene derecho a un nombre que lo distinguirá del resto de las personas, el cual sus padres tienen la obligación de escoger para inscribir legalmente a ese niño o niña que acaba de nacer y que desde ese momento se convierte en el hijo o hija de ellos y en un miembro más del Planeta Tierra.

Además, los niños y las niñas tienen derecho a adquirir una nacionalidad, o sea, ser considerado como hijo del país donde nació y disfrutar por ello de todos los derechos y deberes, unido a las características sociales que le identificarán como nacional de ese territorio. Ambos derechos son de suma importancia para la construcción de la identidad.

Derecho a conocer y vivir con sus padres

Conocer a sus padres y ser cuidados por ellos es un derecho que tiene cada niño y niña al nacer, siempre que estos estén vivos y se encuentren aptos para el ejercicio de estas funciones; pues ningún niño o niña debe ser separado de sus padres contra la voluntad de estos.

En lo que respecta a la crianza y desarrollo del niño y la niña, ambos padres tienen obligaciones comunes y su responsabilidad primordial es cumplirlas en función del interés superior del niño y la niña.

Este instrumento jurídico reconoce que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. (5)

No obstante, cuando determinadas circunstancias sociales opacan la realización de estas tareas, el Estado debe proporcionar la protección necesaria para el niño y la niña, y a quienes cuidan de ellos. Además, debe ser capaz de identificar las causas que hacen que los padres no puedan cumplir adecuadamente sus funciones, y en caso, de ser estos ejecutores de malos tratos deben separar al niño o la niña de su ambiente familiar, mediante la intervención judicial y tomar las medidas pertinentes en función de la obtención de la mejor calidad de vida posible para el niño o la niña.

La separación del niño, la niña o el adolescente de su ambiente familiar es una realidad social de difícil tratamiento por las instancias especializadas en el tema. Dicha separación puede estar mediada por diferentes factores; no obstante cada uno de estos deberá estar atentando contra el normal desarrollo del niño, la niña y el adolescente.

Ante la presencia de una familia disfuncional, las instancias encargadas de intervenir a favor del niño, la niña o el adolescente deberán promover un trabajo social orientado a rehabilitar, en primera instancia, la familia de origen. Esta premisa de trabajo parte del hecho de que cada niño, niña y adolescente debe vivir con sus progenitores en un ambiente armónico; por lo que se tratará inicialmente de lograr que la familia modifique sus antiguos estilos de vida en función de su bienestar y el de los niños, niñas o adolescentes.

La CDN reconoce que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. (6)

Mas, si los progenitores, apoyados estatalmente, y en plenas facultades mentales se rehúsan a transformar su ambiente familiar en un período de tiempo que oscile entre los seis meses y un año, deberán asumir la pérdida total de la patria potestad de sus hijos/as; extinguiéndose los deberes y derechos que dicha figura jurídica establecía entre ambas partes.

De esta manera, el niño, la niña o el adolescente queda desprovisto de su ambiente familiar, legalmente se rompen los vínculos con la familia de origen, y por ende, es necesario optar por alternativas que le ayuden a alcanzar su máximo bienestar.

No obstante, otra situación de separación de padres e hijos ocurre ante la presencia de enfermedades psiquiátricas en los padres. En varios países, incluyendo a Cuba, cuando los padres no están en sus plenas facultades mentales, los niños, las niñas y los/as adolescentes se encuentran en una situación legal y social penosa. Los padres por sus limitaciones psicológicas no pierden legalmente la patria potestad, por lo que los niños, las niñas y los/as adolescentes deben vivir en hogares de guarda o con determinados familiares; ya que sus padres por sus limitaciones no pueden proporcionarle los cuidados necesarios.

Sin embargo, la triste realidad de estos niños, niñas y adolescentes se agudiza cuando no hay familiares que se ocupen de ellos; realidad compartida por la mayoría, debiendo vivir institucionalizados toda su infancia sin la posibilidad legal y social de conocer qué es una familia.

Por lo que, la ley debe establecer ciertas regulaciones que permitan que dichos niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar de la adopción como figura jurídica, cuando se conozca que las limitaciones psicológicas de sus padres son irreversibles.

No obstante, es necesario indagar a través de métodos científicos probados en la realidad psicológica y social de los niños, las niñas y el adolescente con el propósito de conocer qué medida sería la más adecuada ante su situación de vida actual. En determinados casos, se podrá indagar en la opinión de los mismos, teniendo en cuenta, su madurez y edad.

Muchos son los matices que adquieren la separación temporal o definitiva de un niño, niña o adolescente de su familia de origen. Sin embargo, es tarea principal del Estado no dejar desprovisto de protección a los niños, las niñas y al adolescente que se haya en una situación de abandono.

Derecho a la protección del Estado

La CDN establece que cuando un niño y una niña se encuentran, temporal o permanentemente privados de su medio familiar o su superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado garantizando legalmente otros tipos de cuidados, tales como: la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la colocación en instituciones adecuadas para la protección de menores y la adopción.

Derecho a la adopción

Sin embargo, de todas estas alternativas de protección para el logro de un mayor bienestar a estos niños y niñas se considera a la adopción como la vía y el derecho por excelencia para que el niño o niña, desprovisto definitivamente de familia o luego de varios meses de abandono familiar, pueda vivir con personas sin lazos consanguíneos que cumplirán adecuadamente las funciones paternas.

De esta forma, se constituye una nueva familia que permitirá que los niños, las niñas y los/as adolescentes vivan en un ambiente armónico donde la educación se base en el amor y la comprensión, desarrollando lazos de cooperación y afecto; donde en un hogar de guarda u otra institución de cuidados no hubiesen podido experimentar.

No obstante, es importante señalar que la adopción para su realización debe tener como consideración primordial el interés superior del niño y ser aprobada por las autoridades competentes de manera legal y con la plena participación y consentimiento del niño o la niña, apoyándose en el trabajo de especialistas en infancia.

Pues, cada niño y niña tiene derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez.

Derecho a decidir y participar

De esta forma, se le proporciona al niño y la niña el derecho a decidir sobre aquellas situaciones que le afectan y a que sus criterios sean escuchados y materializados; otorgándole la facultad de ser sujetos autónomos y activos en la construcción de sus relaciones sociales.

Derecho a la adopción internacional

Además, de considerarse a la adopción internacional como la vía subsidiaria para proporcionarle una familia al niño, la niña y adolescente, sustentándose en la imposibilidad de que el mismo sea adoptado en su país de origen o de su permanencia en una institución de guarda; gozando de todas las salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto a la adopción en el país de origen.

Muchas veces, la adopción internacional se prostituye con intereses mezquinos, tales como la explotación infantil, la trata de niños, niñas y adolescentes, y el abuso sexual. Sin embargo, la realización de dicha figura jurídica según regulaciones estatales que se orienten al logro del mayor bienestar de los niños, niñas y adolescentes es una necesidad y debe constituirse como una prerrogativa para aquellos/as que han quedado en estado de abandono y sus características sociales le impiden disfrutar de una familia en su país de origen.

 

 

Derecho a viajar y residir en cualquier país

Al mismo tiempo, los niños, las niñas y los adolescentes gozan de otros derechos, tal como el derecho a salir del país de origen para reunirse con sus padres en otro país y salir con sus padres para establecerse en otro país sin más dificultad legal que la impuesta por la ley migratoria de cada territorio.

Además, tienen derecho a viajar a otros países con fines turísticos, educativos, religiosos, entre otros; siempre bajo la supervisión de sus padres u otro adulto.

Derecho a la libertad de expresión, religión, y asociación  

También, cada niño, niña y adolescente tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo; derecho a reunirse con quienes quiera, a elegir a sus amigos, compañeros de juegos y fiestas, a realizar reuniones pacíficas; y a profesar la religión transmitida por sus padres o elegida por ellos. Siempre que el cumplimiento de estos derechos no dañe los derechos y la reputación de los demás, y no atente contra la seguridad nacional de su país.

También, los medios de comunicación masiva tendrán como misión difundir información y materiales de interés social y cultural para el niño y la niña, atendiendo a las necesidades particulares de cada grupo y proporcionando materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales; contribuyendo al bienestar social, espiritual y moral, y a la salud física y mental del niño, la niña y el adolescente.

Además, de ser la radio, la televisión, el cine, los libros, los periódicos, medios importantes en la educación de los derechos de los niños, las niñas y el adolescente a través de disímiles mecanismos que puedan tributar a la construcción de una infancia feliz.

Derecho a la educación

Además, cada niño, niña y adolescente tiene el derecho a ser educado e instruido, permitiendo el desarrollo de su personalidad, sus aptitudes y su capacidad mental y física hasta el máximo de sus potencialidades; la formación de valores para potenciar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el respeto a sus padres, el respeto por el medio ambiente, el amor a su Patria y el respeto a aquellas civilizaciones diferentes a la suya. Esta educación permitirá preparar al niño, la niña y el adolescente para una vida responsable en una sociedad libre.

Por lo que, los Estados Partes deberán asegurar el acceso a los distintos servicios de enseñanza  de manera gratuita y obligatoria, en los casos de la primaria y secundaria, y hacer la enseñanza superior accesible a todos sobre la base de las capacidades. Además, cada niño y niña tiene derecho a disponer y acceder a la información y orientación educativa y profesional que necesita.

Asimismo, el Estado deberá tomar medidas para fomentar la asistencia a las escuelas, unido a la creación de instituciones educativas abiertas para todos los/as niños/as sin ninguna distinción y los maestros deberán guiar la instrucción a partir del trabajo colectivo e individualizado, según las necesidades percibidas y sentidas. De esta forma, se reducirían las tasas de deserción escolar; apoyando a aquellas familias con escasos recursos que requieran las ayudas monetarias para enviar a sus hijos/as a adquirir una buena educación.

Derecho a la protección frente al trabajo infantil

Lo anterior, conlleva a la prohibición del trabajo infantil en sectores privados y estatales, erradicando las consecuencias negativas del mismo para la vida de los niños y niñas. De ahí la importancia, además de establecer una edad o edades mínimas para trabajar, la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo y la estipulación, por parte del Estado, de penalidades severas u otras sanciones apropiadas que aseguren el cumplimiento legítimo de este derecho.

No obstante, actualmente este derecho es vulnerado en muchos países latinoamericanos, donde los niños, niñas y adolescentes deben ir a las calles a buscar, en muchas ocasiones, el sustento de sus hogares; reflejo de sistemas que han colocado a la infancia fuera de sus prioridades urgentes y donde las políticas sociales que rigen la vida de los mismos conllevan a la minimización de su bienestar psicológico, físico y social.

Derecho a beneficiarse de la seguridad social

Hay niños, niñas y adolescentes que por su situación social depauperada necesitan con premura trabajar para subsistir ellos y sus familias, no concibiendo como una necesidad real para sus vidas la educación. Además, muchas veces los padres no tienen otra salida que permitir que sus hijos/as a edades muy tempranas salgan a trabajar en condiciones desfavorables, aún cuando reconocen los efectos nocivos de estas prácticas.

Por lo que, el Estado deberá cumplir eficazmente el derecho del niño, la niña y adolescente a beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro social, adoptando las medidas pertinentes para que la solicitud de cualquier niño, niña y adolescente en situación de desventaja social sea atendida prontamente de manera que pueda disfrutar de un nivel de vida adecuado.

Derecho a un nivel de vida adecuado

Cada Estado Parte de la CDN debe reconocer que los niños, niñas y adolescentes a nivel mundial tienen derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

En una primera instancia, son los padres o los tutores legales quienes tienen la responsabilidad primordial de proporcionarles, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean apropiadas para el desarrollo del niño. No obstante, el Estado adoptará medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables del niño, la niña y el adolescente.

Si estos derechos fueran respetados cabalmente, ningún niño, niña y adolescente se vería obligado a abandonar los estudios, las tasas de trabajo infantil descenderían abismalmente y todos/as disfrutarían de una calidad de vida que les permitiría vivir bajo condiciones sociales adecuadas para su desarrollo.

Derecho a la salud y acceso a los servicios sanitarios

Cada niño y niña posee el derecho de disfrutar del más alto nivel posible de salud accediendo a servicios de tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Además, de fortalecer la educación de los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las niñas y los/as adolescentes a los padres y a todos aquellos profesionales vinculados directamente con el cuidado de los mismos.

No obstante, cada Estado Parte deberá proporcionar la tecnología disponible para la sanación de cualquier enfermedad y suministrar los alimentos nutritivos adecuados junto al acceso del agua potable.

Por lo que, la escasez de recursos no implicará una causa para que los niños, niñas y adolescentes no puedan acceder a los servicios de salud y beneficiarse de los mismos, siempre que su estado físico y mental lo requiera.

Derecho a cuidados especiales ante discapacidades

Además, los niños, niñas y adolescentes que por determinada razón se encuentren limitados física y mentalmente tienen derecho a disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan alcanzar autonomía y faciliten la participación activa en la comunidad.

Por lo que, los impedimentos físicos y/o mentales que puedan tener los niños, niñas y adolescentes, bajo ninguna circunstancia, será motivo de discriminación, ni minimización de sus aptitudes y potencialidades; gozando de los mismos derechos y deberes que los demás niños, niñas y adolescentes, y de los cuidados especiales, de forma gratuita, que le permitan mejorar su calidad de vida.

De esta forma, el Estado deberá asegurar un conjunto de ayudas a las familias con niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales o con limitaciones físicas, de modo que puedan cuidar adecuadamente a los mismos en un escenario propicio para su mayor bienestar y estos puedan desarrollar al máximo todas sus potencialidades.

Derecho a la diversión y el esparcimiento

Un elemento importante para alcanzar una buena calidad de vida en la niñez son los juegos, el descanso, el esparcimiento, la diversión, las actividades recreativas y culturales propias y adecuadas para la edad.

Cada niño, niña y adolescente tiene derecho a la diversión y al esparcimiento, ya que estos son vehículos imprescindibles para el desarrollo adecuado de los mismos; contribuyendo al aprendizaje y socialización de normas y  valores compartidos socialmente.

Por lo que, cada Estado Parte deberá propiciar espacios y oportunidades apropiadas para la vida cultural, deportiva y artística de los niños, niñas y adolescentes, en condiciones de igualdad para el acceso y disfrute de las mismas.

Derecho a la protección frente a los conflictos armados

Por otra parte, resulta sumamente curioso que las pistolas, espadas, soldados, granadas y otros aparatos utilizados en los conflictos armados sean juguetes comercializados por las cadenas nacionales e internacionales de jugueterías. De hecho, estos son los juguetes que la mayoría de los padres les compran a sus hijos, especialmente a los varones. Sin embargo, ¿qué sucede cuando estos juguetes se convierten en armas reales?

Los Estados Partes tienen el compromiso de adoptar medidas que aseguren que los niños menores de 15 años de edad no participen directamente de las hostilidades. Sin embargo, existe una postura tibia con respecto a la protección de los adolescentes menores de 18 años en la participación de conflictos armados, pues se permite la reclusión y envío a eventos bélicos de aquellos niños entre 15 y 18 años; estableciendo diferencias etarias para la concepción de la infancia dada por la CDN, con respecto a la participación en la guerra.

De esta forma, se resiente la tesis de que todos los niños, niñas y adolescentes, sin ningún tipo de exclusión, son destinatarios de estos derechos; ya que algunos antes de los 18 años de edad podrán asistir a dichos conflictos. Estableciéndose, a su vez, una homologación de sus derechos con los derechos de los adultos, elementos que el mismo instrumento jurídico denuncia.

Aunque, el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados, además de establecer líneas de protección a la niñez en los escenarios bélicos, afirma que la edad mínima para el reclutamiento obligatorio es de 18 años; aún se permiten que los individuos menores  de esa edad participen directamente en las hostilidades, en caso de ser necesario.

Por lo que, cada Estado Parte debería adoptar todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños, las niñas y adolescentes, con el propósito de que no tengan posibilidades reales de acceder como soldados a la guerra.

Además, deberán asumir todas las medidas necesarias para resarcir los efectos provocados a los niños, niñas y adolescentes debido a su presencia inminente como civiles en escenarios sociales donde se desatan conflictos armados.

Derecho a la dignidad y el valor, cuando haya infringido la ley

En algunas ocasiones, los niños, las niñas y los/as adolescentes se convierten en infractores de la ley por diferentes razones. No obstante, estos gozan del derecho inviolable de ser tratados de manera acorde con la dignidad y el valor, fortaleciendo el respeto a los derechos humanos, y ateniendo la edad del niño, la niña o el adolescente, y la importancia de su reinserción social.

Durante la infancia, el niño, la niña y adolescente comienzan a formar su personalidad, por lo que, cada enseñanza positiva aprehendida en este período puede ser un recurso valioso para su futura adultez y cualquier situación de desviación social que viva, sino es encausada a tiempo, puede ser un recurso potencial para que se convierta en un futuro adulto “desajustado socialmente”.

De ahí, la importancia de ofrecer un tratamiento especializado a los niños, niñas y adolescentes infractores, respetando su valor y dignidad; pero fundamentalmente buscando crear espacios de diálogo que permitan conocer las reales causas de su actuación, para trabajar en la erradicación de aquellos factores que inciden en la aparición de comportamientos anómicos.

Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para proporcionar dicho tratamiento; así  como para asegurar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes infractores, y que la sanción establecida guarde correspondencia con sus circunstancias como con la infracción.

Por lo que, cada niño, niña y adolescente infractor debe enmendar la acción incorrecta que perpetró y resarcir los daños causados a terceros; sin embargo lo más importante es la educación que reciba para que no vuelva a incurrir en actos semejantes.

Derecho a la protección frente a la explotación sexual

Por otra parte, en ocasiones muy repetidas, muchos niños, niñas y adolescentes a nivel mundial son explotados sexualmente; por lo que la CDN establece que cada Estado Parte asume el compromiso de proteger al niño, la niña y al adolescente contra todas las formas de explotación y abusos sexuales, debiendo tomar las medidas necesarias para impedir cualquier actitud de incitación o coacción que conduzca al niño, la niña o a los/as adolescentes a participar en una actividad sexual ilegal y  la utilización de los mismos en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales unido a la exposición de estos en materiales pornográficos.

No obstante, se hace urgente el establecimiento de medidas que incluyan el cumplimiento de sanciones severas o penalidades a las personas que sean culpables de propiciar estas situaciones donde se flagela la dignidad e integridad física y mental de los niños, niñas y adolescentes.

Además, se debe educar a los niños, niñas y adolescentes desde edades muy tempranas en el respeto a su cuerpo, como un espacio privado que ninguna persona tiene derecho a ocupar. Por lo que, deben aprender que no deben permitir que desconocidos o familiares toquen, acaricien o golpeen su cuerpo, en ninguna circunstancia, y mucho menos, si ellos/as no están de acuerdo con esa situación.

Podría parecer una aseveración muy extrema, no obstante se conoce que en la mayoría de los casos los perpetradores de abusos sexuales son personas cercanas a la víctima, tales como familiares, vecinos o maestros.

Las Naciones Unidas, ante una realidad de irregularidades con respecto a la sexualidad de los niños, las niñas y los adolescentes, elaboró un Protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, a la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. En dicho instrumento se llama especialmente la atención hacia la criminalización de estas graves violaciones de los derechos de la infancia y se hace hincapié en la importancia que tiene fomentar una mayor concienciación pública y cooperación internacional en las actividades para combatirlas.

Herramienta sumamente imprescindible en un contexto mundial matizado diariamente por una creciente trata internacional de niños/as con fines de venta, para actividades de compra-venta de órganos, y su utilización como fuentes de riquezas con su introducción en la prostitución y en la pornografía.

Derecho a la protección frente abusos y tratos negligentes

Además, todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a disfrutar de la protección del Estado de su país frente a cualquier forma de explotación, malos tratos, venta ilícita o secuestro que dañe su integridad física y mental, así como los Estados Partes deben adoptar las medidas necesarias para sancionar a las personas ejecutoras de los mismos.

Durante muchos siglos, los niños, las niñas y los/as adolescentes fueron objeto de malos tratos, prácticas institucionalizadas socialmente y no condenables en dichas épocas. No fue hasta finales del siglo XVII, que la visión de la infancia como construcción social comienza a emerger con la introducción de la escuela, institución que contribuyó decisivamente a su consolidación y reproducción ampliada. Por lo que, destruir una larga historia de maltratos es una tarea difícil, que puede lograrse a partir de la reproducción de comportamientos de cuidado y respeto a los niños, niñas y adolescentes, como sujetos sociales acreedores de derechos.

Por lo que, cada país deberá fomentar instituciones estatales que velen por el bienestar de la infancia, estimulen las buenas practicas hacia este grupo social y sancionen las conductas violentas hacia los niños, niñas y adolescentes, amparadas en leyes protectoras que tengan un peso socialmente fuerte.

En resumen, la CDN está estructurada por 54 artículos, ubicados en tres partes. La primera de ellas contiene los artículos del número 1 al 41, a los cuales hemos hecho referencia anteriormente repensando su contenido. Estos se centran en cuatro grandes áreas de acción: supervivencia, participación, protección y desarrollo.

Los derechos de supervivencia garantizan que niños, niñas y adolescentes, tengan cubiertas las necesidades básicas para su existencia, permitiéndoles vivir adecuadamente. Aquí encontramos los artículos que se relacionan con la vida, la salud y la seguridad social.

Los derechos al desarrollo incluyen todos los elementos necesarios para que niños, niñas y adolescentes vivan con calidad y alcancen su mayor potencial. Contiene los artículos que tienen que ver con la libertad, la familia, la educación y la integración social.

Los derechos a la participación permiten la posibilidad real de que niños, niñas y adolescentes tengan un papel activo en sus comunidades y naciones. Aquí se hallan los artículos relacionados con la expresión y la identidad.

Los derechos a la protección exigen que niños, niñas y adolescentes sean protegidos contra todas las formas de abuso, abandono y explotación. Se centran en los artículos vinculados con la responsabilidad del Estado, la seguridad personal, las guerras y la publicidad.

La segunda parte del texto jurídico contempla, entre los artículos 42 y 45, las medidas generales para su aplicación. Mientras, la tercera y última parte (artículos del 46 al 54) está referida a las normas y procedimientos para la adhesión o ratificación de los Estados a la CDN; además establece los derechos y obligaciones de los Estados Parte.

Los Estados Partes se han comprometido en la adopción de medidas que favorezcan la construcción de un mundo apropiado para la infancia. Entre las que se destacan: poner en práctica, según proceda, leyes, políticas y planes de acción nacionales eficaces y asignar recursos para realizar y proteger los derechos de los niños y asegurar su bienestar; establecer o fortalecer órganos nacionales, como mediadores independientes que defiendan los derechos de los niños, cuando proceda, u otras instituciones para promover y proteger los derechos de los niños; elaborar sistemas nacionales de vigilancia y evaluación para valorar los efectos de las medidas que hayan adoptado en relación con los niños; y fomentar la conciencia y la comprensión generalizadas de los derechos del niño. (7)

Si cada Estado Parte asumiera como política nacional dicho compromiso, actualmente no estaríamos distantes de un mundo equitativo para todos/as. Sin embargo, es una necesidad urgente que cada país repiense el contenido de la CDN y comience a tomar como referencia este texto jurídico, de gran valor social, para orientar sus modos de actuación con respecto a la situación actual de la infancia; apostando por un espacio de equidad, justicia y libertad para todos/as, donde los niños, las niñas y los adolescentes sean parte y se sientan parte.

 

Mecanismos sociales para una infancia con derechos

Una infancia con derechos reconocidos social y legalmente es la antesala para un mundo apropiado para todos. En una ocasión, cierta persona dijo que “si educamos a los niños en derechos humanos, obtendríamos mejores adultos.” (8)

Pero, ¿cómo fomentar una cultura de respeto a los derechos de los niños y las niñas? Un primer camino a transitar es el conocer el contenido que encierra cada uno de sus derechos. Sin embargo, múltiples son las alternativas posibles si comprendemos que el respeto a los derechos humanos no está garantizado por la norma jurídica que los protege, sino ante todo, por la medida en que estos derechos son internalizados y practicados. (9)

Por lo que, cada persona puede ser transmisora de esta cultura a través del testimonio cotidiano en su relación con los niños y las niñas y los adultos; estableciendo relaciones sociales equitativas y de respeto al otro.

No obstante, diferentes agencias socializadoras pueden ser vías eficaces para promover una cultura de derechos en los diferentes escenarios sociales donde se desenvuelven los/as niños/as.

La familia es el medio por excelencia para lograr que el niño o la niña desde sus primeros años de vida internalice determinados valores como la solidaridad, la justicia, y la igualdad. Además, que reconozca un conjunto de derechos que a veces pasan desapercibidos por ser considerados como “algo dado de modo natural” o por estar a “millones de kilómetros de su realidad”; y es que muchas veces los niños, las niñas y los adolescentes no se saben como sujetos de derechos.

La no auto-percepción de los/as niños/as como sujetos de derechos conlleva a la no defensa de los mismos, al desconocer que como niño/a o adolescente goza de un conjunto de privilegios. Esto provoca que los adultos atropellen, a su vez, estos derechos sin que ellos tengan conocimiento de lo que sucede; y es que tampoco conocen los medios que social y jurídicamente pueden utilizar para hacer valer los mismos.

Por lo que, la principal tarea es de los adultos, padres y familiares, como los encargados de la educación de los niños y niñas en los primeros años. La familia como primer espacio de socialización del niño y la niña debe proporcionar una educación basada en el respeto a los derechos del niño y la niña, formando valores, inculcando deberes, distribuyendo obligaciones y otorgándole las prerrogativas que posee cada niño y niña a nivel mundial.

Por lo que, cada miembro de la familia, y en especial, los padres deben conocer y reconocer cuáles son los derechos de los niños y las niñas, para así adoptar estilos de vida que contribuyan al desarrollo armónico del niño y la niña en un adulto feliz.

La escuela como segundo espacio de socialización más importante en la vida de los niños y las niñas juega, también, un papel de importancia en la transmisión y reconocimiento de sus derechos. Los profesores, dirigentes y demás trabajadores deben conocer, reconocer y respetar los derechos de la infancia. Los maestros deben estar preparados para enseñar los derechos que poseen sus estudiantes por ser niños, niñas o adolescentes, fomentar valores y modificar actitudes que develen una apropiación adecuada de sus derechos y del respeto de los derechos de los demás niños, niñas o adolescentes, basándose en una pedagogía experiencial y testimonial, particular y colectiva, en cada espacio de vida.

Por lo que, se pueden estructurar herramientas pedagógicas que tributen a la aprehensión social de sus derechos por los niños y niñas, y a la importancia de promover el respeto a los derechos propios y ajenos.

El juego puede ser un vehículo eficaz para la internalización de prácticas que conlleven al aparición y ratificación de una cultura de respeto al otro y sus derechos, ya que en este los/as niños/as asumen roles que los colocan en determinadas situaciones que vivirán de adultos, ejemplo de ellos es el juego de las casitas (mamá, papá e hijos), la escuela (maestro y alumnos), médicos (doctor, paciente, enfermero). Conducir adecuadamente sus comportamientos desde edades tempranas en estos roles contribuye paulatinamente a la formación de una conciencia de valorar al otro y ayudarlo en su contexto social determinado.

Los medios de difusión masiva poseen un papel fundamental en la divulgación de los derechos que posee la infancia y la necesidad social de respetarlos. Valiosos serán los aportes que puedan realizar, en cuanto a la sensibilización y proyección social, si los mensajes transmitidos se adecuan coherentemente a las características sociales de los destinatarios.

La utilización de palabras en los diálogos establecidos en la familia, la escuela, y demás relaciones sociales, que reafirmen la inclusión social y situaciones equitativas entre las personas puede hacer del lenguaje un recurso valioso para la transmisión del contenido de la CDN.

Además, la religión es una agencia socializadora de gran importancia. La iglesia es un espacio socio-religioso compartido por niños, niñas, adolescentes y adultos. Muchos niños, niñas y adolescentes asisten a la iglesia o lugares de culto por profesar una fe transmitida por sus padres o por decisión propia. La religión es una vía adecuada para formar valores, fomentar la libertad y crear una conciencia de respeto y amor al otro, basada en el mensaje de ese ser superior, sea llamado como sea.

No obstante, no serán suficientes los mecanismos a utilizar para disfrutar de una infancia con derechos, si no educamos y somos educados para respetar los derechos de todos los seres humanos, y aprehendemos de manera consciente dichas enseñanzas. Por lo que, valores como la libertad, la justicia, la solidaridad, la dignidad, y la gratitud, se deben erigir como verdaderos principios, guías para la vida de las personas en comunidad.

Muchas serán los mecanismos a través de los cuales podremos crear una cultura de respeto a los derechos de la infancia; sin embargo de suma importancia es el acercamiento reflexivo y crítico que debe hacerse a la Convención de los Derechos del Niño y la Niña para este propósito. Pues, la CDN se nos presenta como el instrumento jurídico por excelencia para el reconocimiento de una infancia con derechos y el primer intento universal de legitimar la necesidad de construir un mundo apropiado para los niños y las niñas.

No obstante, muchos son los receptores del texto de la Convención. ¿Qué persona no se relaciona de alguna forma con un niño, una niña o un adolescente? Tanto, adultos como niños, niñas y adolescentes deben comprender los derechos inherentes a la infancia, y ser capaces de comprometerse en el respeto y disfrute de los mismos.

Por lo que, cada país debe propiciar la existencia de diferentes vías de difusión de estos derechos, atendiendo cuidadosamente al contenido de los mensajes y la correspondencia de los mismos con las características psicosociales de las personas a quienes están dirigidos.

Examinar el contenido de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña a la luz de los condicionamientos históricos de cada territorio y época siempre será un ejercicio obligatorio para aquellas personas comprometidas con la realidad social de la infancia.

Nunca olvidando que el reconocimiento de los derechos de la infancia radica en la aplicación de cada derecho en todos los escenarios sociales compartidos, y no en el mero conocimiento de aquellos derechos que sabemos que ostentan nuestros niños y niñas, y que las leyes legitiman.

Seamos las adultas generaciones, quienes en nuestras relaciones sociales con los niños, niñas y adolescentes legitimemos sus derechos, ahí donde realmente se hacen imprescindibles: en su cotidianidad.

 

Referencias bibliográficas:

1 La Convención de los derechos del Niño, www.unicef.com, consultada en mayo de 2012.

2 Véase, Pilotti Francisco (2001) Globalización y Convención de los Derechos del Niño: el contexto del texto, Serie de Políticas Sociales, División de Desarrollo Social, Santiago de Chile, p 10.

3 Ibídem, p 10.

4 Un mundo apropiado para los niños y las niñas, 3 United Nations Plaza, New York, NY 10017, Estados Unidos, p 22.

5 Preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, p 2.

6 Ibídem, p 2.

7 Un mundo apropiado para los niños y las niñas, p 28.

8 Julie Kon Kam King (Equitas).

9 Yudkin Suliveres, Anita, Nellie Zambrana Ortiz y Pascual Morán, Anaida (2002) Educación en derechos humanos y derechos de la niñez: Herramientas en la construcción de una cultura de paz, Facultad de Educación, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

 

Bibliografía

  • Alzate Piedrahita, María Victoria (2004) El descubrimiento de la Infancia (I): Historia de un Sentimiento, Revista Electrónica de Educación y psicología, No 1, Julio de 2004, p 11, www.revistaelectronica.itp.cu, consultada en mayo de 2013.
  • Asamblea General de las Naciones Unidas (2000) Protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a venta de niños, a la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, Asamblea General-Resolución A/RES/54/263 del 25 de mayo del 2000, www.unicef.com, consultada en mayo de 2013.
  • Asamblea General de las Naciones Unidas (2000) Protocolo facultativo dela Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados, Asamblea General-Resolución A/RES/54/263 del 25 de mayo del 2000, www.unicef.com, consultada en mayo de 2013.
    • Cillero Bruñol, Miguel (s/f) El interés superior del niño en el marco de la Convención internacional sobre los derechos del niño, p 16.
    • Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2006) Hojas informativas sobre la protección de la infancia, Mayo, p 28, www.unicef.org/spanish, consultada en mayo de 2013.
    • García Méndez, Emilio (s/f)Derecho de la infancia/adolescencia en América Latina: de la situación irregular a la protección integral, p 12.
    • La Convención de los Derechos del Niño, www.unicef.com, consultada en mayo de 2012.
    • Pilotti Francisco (2001) Globalización y Convención de los Derechos del Niño: el contexto del texto, Serie de Políticas Sociales, División de Desarrollo Social, Santiago de Chile, p 79.
    • Un mundo apropiado para los niños y las niñas, 3 United Nations Plaza, New York, NY 10017, Estados Unidos, p 122.
    • Yudkin Suliveres, Anita, Nellie Zambrana Ortiz y Pascual Morán, Anaida (2002) Educación en derechos humanos y derechos de la niñez: Herramientas en la construcción de una cultura de paz, Facultad de Educación, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
    • Vicente Salazar, Rodolfo (2008) Antecedente nacional e internacional sobre la percepción y los derechos de los niños, las niñas y los y las adolescentes,  Revista Educare Volumen XII, No 1.

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Díaz Ugalde, Any Laura: "La convención de los derechos del niño y la niña: instrumento por excelencia para el reconocimiento social y legal de una infancia con derechos" en Revista Caribeña de Ciencias Sociales, abril 2014, en http://caribeña.eumed.net/derechos-nino/

Revista Caribeña de Ciencias Sociales es una revista académica, editada y mantenida por el Grupo eumednet de la Universidad de Málaga.