IMPORTANCIA DEL DERECHO URBANÍSTICO PARA EL RESCATE DE LA DISCIPLINA TERRITORIAL Y URBANA EN SANCTI SPÍRITUS

“La ciudad de uno es algo que se lleva dentro.
Ella no se pierde en ausencias,
pues habita en la memoria”

RESUMEN
Durante años las indisciplinas sociales, la falta de autoridad, fiscalización y control de las instituciones encargadas de dirigir y controlar las nuevas construcciones, la remodelación de antiguos inmuebles en nuestras ciudades motivado por el deterioro causado por la carencia de un plan para su conservación y rehabilitación, así como de los materiales de construcción adecuados a nuestras realidades, han motivado que se violen regulaciones urbanas, ordenanzas de construcción y otras normas relacionadas con el ordenamiento territorial y urbanístico, además la ausencia de juristas en la confección de las Regulaciones Urbanísticas en Sancti-Spíritus propicia que estas no sean toda lo abarcadoras posibles, que tengan contradicciones de carácter civil en su contenido y no posean el lenguaje técnico jurídico necesario para su cabal aplicación.

PALABRAS CLAVES: Derecho urbanístico, ordenanzas de construcción, restricciones urbanas, ordenamiento territorial, catastro.

ABSTRACT
During years the social indisciplines, the lack of authority, inspection and control of the in charge institutions of to direct and to control the new constructions, the remodeling of old immovableses in our cities motivated by the deterioration caused by the lack of a plan for their conservation and rehabilitation as well as of the appropriate building supplies to our realities have motivated that urban regulations, construction ordinances and other norms related with the territorial and city-planning classification are violated, as well as the absence of jurists in the making of the City-planning Regulations in favorable Sancti-Spíritus that these they are not all the comprehensive ones possible that they have contradictions of civil character in their contained one and don’t possess the necessary juridical technical parlance for their exact application.

KEY WORDS: City-planning Right, construction ordinances, urban restrictions, territorial classification, cadaster.

INTRODUCCION

La evolución social e histórica ha determinado la consagración de nuevos valores que impactan en las instituciones jurídicas operando mutaciones en sus estructuras básicas. La ordenación del territorio o el urbanismo y la protección del medio ambiente han impactado en el contenido esencial del derecho de propiedad.

La sociedad progresa sin poder definir claramente el sentido de las nuevas tendencias en el desarrollo social, lo que obliga a utilizar antiguas figuras jurídicas que deben perfeccionarse. El fortalecimiento del papel científico para alcanzar un mundo próspero y sostenible requiere un compromiso a largo plazo de todas las partes interesadas, aumentando las inversiones y revisando sus consecuencias

La política de rehabilitación de centros y barrios centrada en las personas y que utiliza el instrumental constructivo sólo como herramienta de intervención social y mejora colectiva es la única que asegura la calidad de vida de quienes allí residen. La identidad social ligada a un territorio y sus recursos es base fundamental para que el sistema urbano funcione. Cuando consideramos propio el espacio donde vivimos y conocemos sus fortalezas y debilidades podemos desarrollar comportamientos individuales y colectivos con una visión a largo plazo.

La sostenibilidad es una responsabilidad compartida que requiere un progresivo aprendizaje para que todos los ciudadanos participen en su adecuada gestión. Esto supone sensibilizarlos para cambiar inercias en sus comportamientos, fomentar la recuperación de la ciudad, la protección del patrimonio natural y cultural, así como la mejor accesibilidad dentro de un enfoque integrado.

La planificación urbana está relacionada con la arquitectura y la ingeniería civil en la medida en que ordena espacios, precisa de un buen conocimiento del medio físico, social y económico que se obtiene a través de análisis según los métodos de la sociología, la demografía, la geografía, la economía y otras disciplinas. Sin embargo, urbanizar no es sólo planeamiento sino que implica gestión, lo que conlleva organización político-administrativa. Al planificar se toman decisiones que guardan relación con varias ramas del Derecho, por lo que es necesario conocer sus principios para determinar cuál puede ser el impacto y la viabilidad de los planes.

Al Derecho no le es inherente el estudio de tales factores pero al tener como fin ordenar las relaciones sociales que definen la convivencia social, debemos tomarlos como puntos de referencia porque constituyen el presupuesto de orden social de las relaciones de vecindad. De ahí el principio de la necesidad de una convivencia social ordenada, que impone un nivel general de corrección y dependencia según las variadas circunstancias de la vida, que representan el orden normal de la sociedad.

Con el presente trabajo pretendemos abordar un tema muy poco tratado doctrinalmente referido al Derecho Urbanístico visto como una rama del Derecho y no del urbanismo. Dada su importancia en el adecuado desempeño de nuestras funciones enfocaremos algunas aristas de esta temática, vistas desde la perspectiva de la ciudad de Sancti Spíritus, que clama por una mayor observancia de la ordenación de su territorio en aras de rescatar sus tradiciones, sin olvidar la necesaria adecuación de sus regulaciones urbanas en función de armonizar con una mejor convivencia social en el contexto de los cambios que presupone la actualización del modelo económico cubano. 

Problema Científico

-¿Cómo destacar la importancia del Derecho Urbanístico para el rescate de la disciplina territorial y urbana en Sancti Spíritus?

Hipótesis

- Si se fundamenta la necesidad de utilización del conocimiento de conceptos, normas y principios del Derecho Urbanístico en función del ordenamiento territorial, se posibilita mayor coherencia en el asesoramiento y control de la disciplina urbana que presenta la ciudad de Sancti Spíritus.

En relación con el problema e hipótesis planteados, se enuncian los siguientes objetivos:

 

Objetivo general

  •    Fundamentar la necesidad de utilización de conocimiento de conceptos, normas y principios del Derecho Urbanístico.

Objetivos específicos

  • Establecer los antecedentes y los conceptos relacionados con el Derecho Urbanístico.
  • Destacar las tendencias actuales en Cuba para el rescate de la disciplina territorial y urbana.

·                 Especificar los instrumentos legales que se utilizan en Sancti Spíritus, para mantener su patrimonio inmobiliario y urbanístico.

Métodos:

Fueron utilizados métodos teóricos que incluyen el histórico-lógico y el de análisis y síntesis, así como métodos empíricos, especialmente, la revisión de literatura actualizada, que estuvo dirigida a las Ordenanzas de Construcción y las Regulaciones Urbanas vigentes para el municipio de Sancti Spíritus, recientemente modificadas. 

DESARROLLO

1. El Derecho Urbanístico. Antecedentes.

El Derecho urbanístico es una rama del Derecho formada por el conjunto de normas jurídicas que regulan el urbanismo, la ordenación del territorio y el uso del suelo. También se define como Derecho sobre planeamiento y uso del suelo urbano. En esencia el Derecho Urbanístico se ocupa de numerosos problemas relacionados con el ordenamiento urbano, entre los que se señalan, la delimitación entre los espacios públicos y privados urbanos; los instrumentos del ordenamiento como las leyes, decretos y otras normas; la clasificación y calificación del suelo urbano y su régimen de uso; las limitaciones a la propiedad como las servidumbres y expropiaciones urbanísticas, también el valor del suelo urbano.

Tiene marcado carácter interdisciplinario con otras ramas del Derecho sin enmarcarse dentro de ninguna de ellas, considerándose junto al Derecho Ambiental una rama muy novedosa: Se relaciona especialmente con el Derecho Civil, Derecho Administrativo, Derecho sobre Bienes, Derecho Económico, Derecho Inmobiliario y Registral e incluso, con el Derecho Penal.

Los antecedentes más remotos en esta materia aparecen en los albores de la civilización. Con el Código Hammurabi en Babilonia, en el año 1750 a. n. e, se estableció la primera ordenanza de construcción urbana. En el Antiguo Testamento de la Biblia se establecieron disposiciones sobre los asentamientos de población en Judea e Israel; las formas de las ciudades, ciudades de refugio y hasta la estructura urbana, dimensiones de las murallas, cantidad de puertas a establecer en las mismas en la ciudad de Jerusalén, así como la obligación de construir muros de protección en las azoteas de las viviendas.

En la India, el Tratado Manas-Ara estableció ocho modelos de estructuras urbanas para la fundación de ciudades. En China similares propósitos tenía el Tratado Kjao-Kung-Chi. En las ciudades-estado de Grecia el ordenamiento urbano se regía por las Ordenanzas de Hipodamo.

El Derecho Romano, estableció en las Leyes de las XII Tablas, las separaciones mínimas entre las edificaciones y las dimensiones de las vías. Después se promulgó la Lex de urbe augenda, con instrucciones precisas para las áreas de desarrollo urbano de Roma hacia el Campo de Marte; y mas tarde la Lex Julia, con servidumbres de medianería, en distintas variantes, para la reordenación urbana de Roma y otras ciudades. También se establecieron algunos conceptos aún de actualidad en el desempeño del Derecho en la legislación urbana, tales como la división entre los bienes muebles e inmuebles y servidumbres.

La necesidad de regular el crecimiento de las ciudades o sus edificaciones aparece en la Edad Media, se refleja en los fueros tradicionales y en las ordenanzas municipales. Se trataban de mínimas regulaciones para evitar molestias entre vecinos y para garantizar el uso de vías y espacios comunes.

En la época medieval, el Derecho Urbanístico estuvo presente en la fundación de las Bastidas o villas y ciudades feudales; así como en el denominado Derecho Estatutario, que otorgó amplios poderes a las ciudades.

A inicios de la era moderna, el más complejo cuerpo de disposiciones jurídico-administrativas sobre el ordenamiento urbano fue las Leyes de Indias, que permitieron a España la fundación y establecimiento de cientos de ciudades integrantes de su sistema colonial en América Latina. Dichas Leyes contenían ordenanzas o disposiciones detalladas sobre el establecimiento de poblaciones, la cuadrícula urbana, las dimensiones y orientaciones de las plazas públicas, las alineaciones, así como las secciones y trazado de las vías. De igual forma entre los siglos XVII y XIX, con la gran expansión de las ciudades por la revolución industrial, fue necesaria la promulgación de legislaciones más adecuadas sobre el ordenamiento urbano en muchos países apareciendo normativas en Londres, Inglaterra y muchos otros países

En Europa, Italia estableció la Ley Urbanística, de agosto de 1947 y la Ley General de Planificación Urbanística en 1961. España promulgó en 1956 su Ley de Suelo y
Ordenación Urbana y en la actualidad cuenta con uno de los más completos sistemas jurídicos sobre ordenamiento urbano, con la promulgación, en 1975 de la Ley Sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y sus disposiciones complementarias, tales como el Reglamento de Planeamiento, el Reglamento de Gestión Urbanística, la Ley Sobre Medidas de Disciplina Urbanística de 1984, y más reciente la Ley No. 8 sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo, de 25 de julio de 1990. Francia estableció desde 1978 su Código de Urbanismo.

En América Latina también se establecieron las normativas jurídicas para el ordenamiento urbano. México cuenta con la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, de 1975 y con la Ley General de Asentamientos Humanos, de 1976; mientras que Venezuela aprobó su Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, en 1987. Colombia cuenta con el Código de Urbanismo y Reglamentos Urbanísticos y de Construcción en distintas ciudades. Ecuador posee el Reglamento Urbano de Quito, así como el Código de Arquitectura y Urbanismo.

La importancia del Derecho Urbanístico ha sido reconocida, fundamentalmente, a partir de las Conferencias Generales de la UNESCO, de 1972 en París y de 1976 en Nairobi, sobre la preservación de los centros urbanos y conjuntos históricos; la Conferencia Mundial de la Organización de las Naciones Unidas HABITAT 1, de 1976 y su Programa de Gestión Urbana para ofrecer asesoramiento en administración y gestión urbana -incluidos los aspectos jurídicos y de la legislación- a los diferentes países; también la Conferencia Internacional de la ONU, de 1980, en Japón, sobre planeamiento y Administración de Regiones Metropolitanas, el Seminario Internacional de la ONU, de 1980, en Suecia, sobre expertos en Códigos y Reglamentos de Edificación y la Reunión Intergubernamental de la ONU de 1990, en Holanda sobre los asentamientos humanos y desarrollo sustentable. Por su parte, la Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, de 1992, en Brasil, conocida como «Cumbre de la Tierra», alertó contra el vertiginoso crecimiento urbano actual.

En diciembre de 1995, en México, se creó el Grupo Internacional de Investigaciones sobre Derecho y Espacio Urbano En  1996, se celebró la II Conferencia Mundial HABITAT II, de la Organización de las Naciones Unidas, en Turquía, denominada Cumbre de las Ciudades, y en la cual se caracterizó al siglo XXI como el Siglo de las Ciudades.
Cuba estuvo también entre los países que contaron con las primeras experiencias de la legislación sobre ordenamiento urbano. En distintas épocas se han establecido diversas disposiciones vinculadas con el ordenamiento urbano. En la etapa colonial, a partir del establecimiento de asentamientos constituido por las primeras siete villas de Baracoa, Santiago de Cuba, Bayamo, Puerto Príncipe, Trinidad, Sancti Spíritus y La Habana, se inició la creación de las primeras legislaciones por parte de la administración colonial española. Entre las más antiguas se encuentran el Acta del Cabildo de La Habana de 1556, según la cual fue establecido que los vecinos de la Villa serían multados si el domingo no limpiaban sus calles, además los Acuerdos del Cabildo de La Habana, de 25 de febrero y de 3 de marzo de 1559, para la localización definitiva de la Plaza de Armas. Asimismo las mencionadas Leyes de Indias, promulgadas por España se hicieron válidas para todas sus colonias en América.

Entre las normativas más relevantes se destacan las Ordenanzas Municipales de Alonso de Cáceres, primeras de su tipo para Cuba, siendo las primeras que establecieron la obligatoriedad de la licencia de obra y las alineaciones en las construcciones además de tratar de poner orden en la forma de concesión de la tierra. De gran relevancia fueron también las Ordenanzas del 9 de Octubre de 1861, Ordenanzas de Construcción para la Ciudad de La Habana y los Pueblos de su Término, que llegaron a establecer de forma obligatoria el trazado urbano de calles a 45 grados noroeste y 45 grados suroeste para favorecer el régimen de brisas y disminuir la irradiación solar. Aunque estas Ordenanzas fueron establecidas para La Habana se emplearon en las restantes ciudades y poblados del país. También el Reglamento del 1ro de Febrero de 1861 conocido por Reglamento de los Arquitectos Municipales del Excelentísimo Ayuntamiento de La Habana, las Ordenanzas Municipales del 24 de mayo de 1881, que eran las Ordenanzas Municipales y de Policía Urbana y Rural del Término Municipal de La Habana.

En la etapa republicana en Cuba, esas normativas y disposiciones aunque de inestimable valor técnico y jurídico, se hacían obsoletas en las nuevas condiciones del desarrollo urbano, con la introducción de vehículos automotores, nuevas técnicas de acueducto, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial y tecnologías más novedosas para la construcción de edificaciones. En 1925, la Ley de Obras Públicas estableció el Plan de Engrandecimiento, Embellecimiento y Ensanche para La Habana, suprimido mediante el Decreto 1731 del 10 de diciembre de 1930, por la aguda crisis económico-social que atravesaba la isla.

El Código Civil Español vigente en esa época y criticado por su excesivo casuismo, daba en alguna medida respuesta a la solución de la mayor parte de los conflictos urbanos. En la Constitución de 1940, se dispuso la creación de comisiones municipales de urbanización, nunca puestas en vigor; la creación de un Distrito Metropolitano de La Habana, puesto en práctica con la creación de la provincia Ciudad Habana, después de la promulgación de la División Político-Administrativa en 1976. Posteriormente la declaración de La Habana Vieja como Monumento Nacional, en 1979; Patrimonio de la Humanidad, por la UNESCO, en 1982, y del más reciente Decreto-Ley No. 143, de 1993.

Con la promulgación de las Leyes de Solares Yermos y de Reforma Urbana de 1959 y 1960, la creación en 1960 de la Planificación Física, se establecieron las bases para el estudio y el planeamiento del desarrollo regional y urbano. Más tarde la Ley No. 2 de 1977, De los Monumentos Nacionales y Localidades; el Decreto 21 de 1978, Reglamento sobre la Planificación Física, la primera y segunda Ley General de la Vivienda, así como el establecimiento de algunas regulaciones urbanísticas y constructivas por parte de algunos organismos han permitido enfrentar y frenar grandes y complejos problemas, creando otros que no cuentan con adecuado respaldo legal por lo que subvalorar la legislación sobre ordenamiento urbano, las ordenanzas de construcción y las regulaciones urbanísticas, estimándolos elementos anticuados, ha provocado lamentables resultados urbanísticos y jurídicos. En tal sentido, las disposiciones jurídicas lejos de establecer un adecuado ordenamiento urbano, han promovido un vertiginoso y desorganizado desarrollo urbano.

Esta situación se agudiza en la actualidad al enfrentar ciertas realidades que no encuentran en el Derecho las normas que den una respuesta adecuada a la conciliación de los intereses de quienes en el ejercicio de sus derechos perturban a los demás, y ello puede ocurrir con motivo del envejecimiento de las normas que regulan esta materia o porque técnicamente no han sido bien elaboradas provocando entonces un grado de insatisfacción desfavorable en aquellas personas que no ven la solución de sus conflictos en el instrumento creado a tales efectos.

 

2. Conceptos relacionados con el Derecho Urbanístico.

El urbanismo, procede de la palabra latina URBIS, que significa ciudad, como disciplina autónoma, surge de las contradicciones que ofrece la realidad urbana y social en correspondencia con el espacio urbano que en definitivas es un concepto de gran interés para diversas ciencias, dentro de las que se encuentran el Derecho,

El origen del urbanismo moderno se sitúa en las leyes del “urbanismo sanitario” tendentes, tanto a proteger a la población urbana de pestes y enfermedades, como a implantar los servicios de abastecimientos de agua potable, saneamiento, normas sobre alineación de calles, ventilación de viviendas, entre otras

El urbanismo, según la Real Academia Española, es el conjunto de conocimientos que se refieren al estudio de la creación, desarrollo, reforma y progreso de los poblados, en orden a las necesidades materiales de la vida humana.

Desde una perspectiva jurídico urbanística por espacio urbano debe entenderse la porción del territorio que integra la ciudad, y por extensión los asentamientos humanos, debidamente delimitados y que comprenden las áreas públicas y privadas, los inmuebles propiedad tanto de personas naturales como jurídicas, los espacios no edificados, los espacios libres y las zonas verdes y son fiel reflejo de la interacción entre factores naturales y humanos, y del conjunto de relaciones sociales que sobre él se producen.

Cuando el urbanismo se convierte en técnicas para la distribución de los espacios y de los usos o actividades que en ellos pueden desarrollarse, obviamente, debe tener un contenido jurídico para poder ser impuestas dichas técnicas, así su evolución dio lugar al Derecho Urbanístico actual, compuesto de normas jurídicas y figuras de planeamiento que regulan el ejercicio del derecho de propiedad y disciplinan la actividad urbanizadora y edificatoria sobre el suelo.

La dimensión jurídica del urbanismo es muy importante, especialmente en su actividad de planificación urbana, ya que su ámbito de actuación incluye objetos con diferente status jurídico. De esta forma, los planes urbanísticos quedan normalmente supeditados a un marco legislativo específico sobre la propiedad del suelo y los derechos de uso asociados a los distintos regímenes de propiedad. En cualquier caso, el plan urbanístico siempre tiene un contenido que va más allá de lo jurídico, pues incorpora los elementos técnicos, políticos, económicos, sociales y ambientales que definen un proyecto de ciudad.

Por su parte el Catastro es un inventario de la totalidad de los bienes inmuebles de un país o región de éste, permanente y metódicamente actualizado mediante cartografiado de los límites de las parcelas y de los datos asociados a ésta en todos sus ámbitos. Entre sus elementos esenciales podemos señalar que es un inventario o registro público; al servicio no sólo de las administraciones sino del ciudadano y de la sociedad en general; permite la consulta y certificación de los datos; es un registro global de todos los bienes inmuebles de un determinado ámbito territorial; actualizado el catastro tiene como objeto material la realidad física y contiene información relativa a esos bienes inmuebles:

Asimismo estos términos guardan relación con la gestión ambiental como conjunto de diligencias conducentes al manejo integral del sistema ambiental. Dicho de otro modo, es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades que afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo los problemas ambientales.

La gestión ambiental responde al “cómo hay que hacer” para conseguir lo planteado por el desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un equilibrio adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de la población, uso racional de los recursos y protección y conservación del ambiente. Abarca un concepto integrador superior al del manejo ambiental. De esta forma no sólo están las acciones a ejecutarse por la parte operativa, sino también las directrices, lineamientos y políticas formuladas desde los entes rectores, que terminan mediando la implementación.

Las áreas normativas y legales que involucran la gestión ambiental son la política ambiental: relacionada con los asuntos ambientales internacionales, regionales, nacionales y locales; el ordenamiento territorial: entendido como la distribución de los usos del territorio de acuerdo con sus características, la evaluación del impacto ambiental: conjunto de acciones que permiten establecer los efectos de proyectos, planes o programas sobre el medio ambiente y elaborar medidas correctivas, compensatorias y protectoras de los potenciales efectos adversos; la contaminación entendida como el estudio, control, y tratamiento de los efectos provocados por la adición de sustancias y formas de energía al medio ambiente, la vida silvestre que es el estudio y conservación de los seres vivos en su medio y de sus relaciones, con el objeto de conservar la biodiversidad.; la educación ambiental, vista como el cambio de las actitudes del hombre frente a su medio biofísico, y hacia una mejor comprensión y solución de los problemas ambientales y el paisaje: interrelación de los factores bióticos, estéticos y culturales sobre el medio ambiente.

El ordenamiento territorial es además una normativa, con fuerza de ley, que regula la utilización del territorio, definiendo los usos posibles para las diversas áreas en que se ha dividido el mismo, ya sea: el país como un todo, o una división administrativa. Si estuviera orientado a un área urbanizada o en proceso de urbanización, se puede denominar ordenamiento urbano.

El planeamiento urbanístico o planificación urbana es el conjunto de instrumentos técnicos y normativos que se redactan para ordenar el uso del suelo y regular las condiciones para su transformación o, en su caso, conservación. Comprende un conjunto de prácticas de carácter esencialmente proyectivo con las que se establece un modelo de ordenación para un ámbito espacial, que generalmente se refiere a un municipio, a un área urbana o a una zona de escala de barrio. Se diferencia del urbanismo en que este último no es sólo planeamiento sino que precisa gestión, lo que conlleva organización político-administrativa.

La sostenibilidad urbana es la búsqueda de un desarrollo urbano que no degrade el entorno y proporcione calidad de vida a los ciudadanos. Implica un desarrollo sostenible  que permite satisfacer las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

La biodiversidad es la riqueza de formas de vida de un territorio que se genera a través de un proceso histórico de deriva genética, interacción evolutiva, cambio ambiental y perturbaciones. En las áreas urbanas, el territorio no urbanizado se considera improductivo desde el punto de vista económico por lo que todo él puede llegar a urbanizarse a no ser que sea objeto de un procedimiento concreto de protección. Las necesidades metabólicas del medio urbano requieren de redes de suministro, carreteras, líneas de ferrocarril, tendidos eléctricos. Estas redes, junto con la aparición de núcleos dispersos de población, tienen un significativo impacto sobre el medio en el territorio no urbanizado.

En la actualidad el término urbanismo se aplica a la ordenación urbana; a todos los conocimientos relacionados con la construcción de ciudades o núcleos urbanos, y se distingue del término “urbanización”, el cual está, hoy en día, directamente relacionado con los procesos constructivos, pero no con la ordenación urbana. El término ordenación del territorio se utiliza, en cambio, para designar la actividad urbanística orientada a la planificación del suelo ínter local, desde una óptica más amplia de ordenación espacial, abarcando ámbitos de carácter rural.

La urbanización ha intensificado sus efectos al plantearse nuevos conflictos donde ya no se protegen a los particulares individualmente considerados sino tendente a la protección de intereses de carácter general, cuestiones relativas a la construcción urbanística, salubridad, actividades molestas y peligrosas, morales y del medio ambiente, entre otras.

Desde la perspectiva jurídica la relación de los titulares de derechos sobre bienes inmuebles ya sean rústicos o urbanos, dentro del ámbito de la convivencia social genera conflictos de toda índole, que se evidencian desde posiciones doctrinales, en primer lugar, con las servidumbres legales, hasta las limitaciones a los derechos sobre bienes derivados de las relaciones de vecindad, y hoy en día un importante sector las ubica como límites al contenido del derecho de propiedad y otros derechos sobre bienes inmuebles, de manera que se concilien los intereses generales con los particulares, para que dentro de un uso normal y una tolerancia aceptable se logre una convivencia humana, justa y pacífica.

Si la convivencia constituye el presupuesto social de las relaciones que se generan en la urbanización de las poblaciones, sus derechos constituyen presupuesto jurídico indispensable. De ahí que sus normas deban procurar recoger en sus regulaciones aquellos aspectos de hecho que con carácter técnico se adecuen a las disímiles situaciones que se generan como resultado de la interrelación de los titulares en el ejercicio de sus derechos.

Las regulaciones urbanas expresan las condiciones urbanísticas que se definen para el desarrollo de cada uno de los asentamientos urbanos; fundamentados y amparados en normas y regulaciones nacionales, coadyuvan a controlar su proceso de transformación de forma armónica y racional. Por esto la actividad de la construcción tanto estatal como por esfuerzo propio, deberá exigirse no sólo por la reglamentación de tipo nacional, sino también por las regulaciones urbanas locales. 

3. Cuba en el rescate de la disciplina territorial y urbana.

Los instrumentos legales relacionados con las cuestiones en torno a la utilización del espacio urbano, deben de tener la suficiente actualidad, objetividad y flexibilidad para adecuarse a las circunstancias cambiantes de cada país, sin embargo en Cuba han continuado vigentes las escasas disposiciones normativas existentes, que no se atemperan a las realidades actuales, manteniéndole legislaciones que datan de los tiempos de la colonia.

La implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social[1] para actualizar el modelo económico cubano, aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, implica la aprobación y modificación de las normas jurídicas que sean necesarias, como basamento legal e institucional que respalde las modificaciones funcionales, estructurales y económicas que se adopten.

En las más recientes intervenciones de Raúl Castro Ruz se ha enfatizado en la necesidad de garantizar el adecuado ordenamiento territorial del país en todos los niveles, en correspondencia con la planificación a mediano y corto plazo de la Economía y del Plan de Inversiones, trabajando por el rescate de la disciplina urbana.

El Código Civil Español, durante su vigencia, contribuía en cierto modo a salvar las situaciones de reclamación que se presentaban. Pero una vez aprobado el Código Civil cubano de 1987 que acogió como principio complementarse con normas administrativas deja muy pocas posibilidades de interpretación para conflictos de carácter civil que hoy son comunes, entre las que se pueden enunciar servidumbres de medianería, de luces, de vistas, inmisiones por olores, gases, ruidos, entre otras, lo que provoca insatisfacción de los ciudadanos.

Asimismo se han elaborado regulaciones urbanísticas en la mayoría de las ciudades del país, no siempre coherentes y en muchos casos aprobadas en forma semioficial por los Órganos Locales del Poder Popular. En el caso de los instrumentos jurídicos para el ordenamiento urbano existen dificultades similares, no brindándose una adecuada publicidad  a dichas regulaciones ni existiendo cultura jurídica alguna respecto a la necesidad y obligatoriedad de la licencia y los autorizo de construcción, de forma tal que permita la legalidad urbanística.

El Instituto de Planificación Física, máximo responsable del ordenamiento territorial y el urbanismo en Cuba, enfrenta el gran reto de restablecer este tipo de orden después de años en los que cierta impunidad ha prosperado  Las transformaciones de fachadas de inmuebles y la ocupación de áreas sin autorización son algunas de las mayores violaciones urbanísticas.

En el período especial se agudizó la indisciplina social en las construcciones. Aparecieron cuestiones objetivas que incluyen la escasez de recursos, las limitaciones establecidas para construir viviendas, todo agravado por los ciclones que nos azotaron, lo cual derivó en urgencias para resolver las afectaciones

No obstante, los directivos de Planificación Física consideran que cuentan con los instrumentos jurídicos necesarios y que el desafío es hacer cumplir aquellos que existen en el enfrentamiento a las ilegalidades, sobre la base de perfeccionar primero los planes de ordenamiento territorial, que aseguran en principio el desarrollo urbano adecuado y  aplicando con rigor el Decreto 272, de 20 de febrero de 2001, que regula las contravenciones en materia de ordenamiento territorial y urbanístico.

En la actualidad se precisa adecuar la normativa jurídica en esta materia para afrontar los recientes cambios económicos. Con la diversificación del trabajo por cuenta propia que en muchas de sus modalidades generan todo tipo de molestias, como pueden ser carpintería, zapatería, mecánica, servicio de alimentos, alquiler, entre otras, se generan todo tipo de ilegalidades y las personas no encuentran solución a sus conflictos ni siquiera con las decisiones de los tribunales. Los bufetes colectivos carecen de la normativa y los materiales necesarios para asesorar adecuadamente a la población.

En tal sentido se han dado indicaciones de Planificación Física[2] en correspondencia con la estrategia del Estado para el perfeccionamiento de nuestro modelo económico, en cuanto a la extensión del trabajo por cuenta propia a un grupo de actividades y la ampliación de las ya aprobadas, que incluyen entre las regulaciones las siguientes:

-Cuando se otorgue una licencia para ejercer  el trabajo por cuenta propia no se da el derecho a que se le autorice construcción alguna para ejercerla,

-Se profundizará el estudio de espacios y locales ociosos con condiciones higiénico sanitarias para destinarlos en arrendamiento a los trabajadores por cuenta propia, emitiendo los certificados de regulaciones o de uso temporal del suelo.

-Reforzamiento de las acciones del control urbano que impidan la deformación de la imagen de nuestras ciudades producto de la construcción ilegal de kioscos, cierre de portales, colocación de carteles u otras acciones similares

-Se prestará especial atención a las actividades de trabajo por cuenta propia que generan contaminación.

4. Sancti Spíritus, intento por mantener su patrimonio inmobiliario y urbanístico.

En 1514 es fundada por Diego Velásquez en las márgenes del río Tuinucú, la cuarta villa de la isla, Sancti Spíritus. Se escogió este lugar de emplazamiento por diferentes  factores entre ellos: cercanía de los ríos, facilidad para las comunicaciones exteriores, la abundancia de tierras fértiles para la agricultura y la crianza del ganado, la existencia de minas de oro en sus jurisdicciones y, sobre todo, las circunstancias de estar bien poblados por indios que podían someterse al trabajo esclavo.

En 1522 se traslada esta villa para las orillas del río Yayabo en búsqueda de mejoras económicas. En 1680 se concluyen las obras de la Iglesia Parroquial Mayor, actual monumento nacional y símbolo local

Con el triunfo revolucionario se produce una verdadera expansión de la ciudad, surgen las grandes acciones urbanísticas y sociales, así como un mayor crecimiento demográfico, comienzan a proliferar viviendas de influencia moderna que rompen con los esquemas anteriores (viviendas coloniales con vitrales, rejas, arcos, exceso de decoración en los techos), utilizándose el hormigón armado, estructura metálica y cristales nevados.

En 1976, con la nueva División Político Administrativa, la ciudad adquiere la categoría de capital de la provincia de igual nombre, Sancti Spíritus, como ciudad con 92 703 habitantes  tiene doble función, al ser la cabecera provincial y municipal del territorio, es el centro administrativo. Los espacios públicos fundamentales se localizan en su Centro Histórico, el que por sus características arquitectónicas y urbanísticas conlleva a una pobre existencia de  áreas verdes al carecer de aceras con jardineras, además las que existen están poco atendidas. En el resto de la ciudad se presenta similar. Este problema se ha incrementado ya que en las  zonas de nuevo desarrollo residencial,  por esfuerzo propio, no se han ejecutado las áreas de parques previstas en el proyecto urbanístico y las pocas áreas existentes carecen de mobiliario urbano.

No obstante, ciertamente el crecimiento desorganizado de Sancti Spíritus, pese a todos sus planes de desarrollo, hace que se esté reconociendo como una de las capitales provinciales más ruralizada del país, con un solo edificio de 12 plantas, la carretera que debía circundarla a medio terminar y recurrentes violaciones constructivas, en zonas patrimoniales y en repartos de nueva creación. Esta ciudad reclama rehabilitación, dedicación y enarbola la necesidad de emprender inversiones necesarias. La situación urbanística actual y las perspectivas de desarrollo preocupan a todos sus habitantes, a pesar de los esfuerzos de especialistas encargados de diseñar las estrategias de ordenamiento urbano.

El Plan General de Ordenamiento de Sancti Spíritus es presentado y aprobado por la Asamblea Municipal del Poder Popular, amparados en el carácter flexible del plan, se han acometido acciones que, si bien no violan normas urbanísticas, tampoco estaban incluidas en los posibles usos del suelo planificados por la Dirección Provincial de Planificación Física. La situación se agudiza porque las personas naturales y jurídicas fabrican de forma ilegal sin pedir asesoría y el resultado a veces es caótico.

Entre las mayores violaciones detectadas en la actualidad se encuentran los garajes en edificios multifamiliares, mala alineación de las fachadas, escaleras exteriores que interrumpen el paso peatonal, sin contar las contravenciones en el Centro Histórico, rejas que invaden los espacios públicos, organopónicos privados en áreas comunes, agujeros para aires acondicionados en fachadas coloniales, ventanas de aluminio a centímetros del tendido eléctrico, entre otras. Tal situación denota que es necesario cambiar los métodos y sobre todo actuar en defensa de la preservación del patrimonio, utilizando los planes de ordenamiento territorial como herramienta rectora para conducir el desarrollo urbano, siendo imprescindible divulgar las regulaciones para crear una cultura urbanística en la población. No se trata de prohibir la construcción, sino de orientar profesionalmente para frenar el desorden y buscar formas menos burocráticas para accionar con efectividad y no esperar a tomar medidas cuando la construcción esté terminada.

Dicho Plan General de Ordenamiento Urbano es actualizado cada cinco años. El diseño del Plan esta conformado sobre la base del urbanismo, pero no tiene en cuenta las normas y principios del Derecho Urbanístico. Su proposición corresponde a arquitectos, ingenieros civiles y técnicos con conocimientos constructivos, pero que no toman en consideración puntos de vista de otras ciencias sociales que coadyuvan a lograr disposiciones jurídicas encaminadas al rescate de lo valores patrimoniales y culturales de la ciudad, de conjunto con el interés de propiciar el bienestar de sus destinatarios, evitando indisciplinas urbanas, conflictos de vecindad y de convivencia social que comúnmente presenciamos.

En el mes de febrero del año 2012 en Sesión Ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Sancti Spíritus se presentaron propuestas de modificaciones de las Regulaciones Urbanas que implican una adecuación de las existentes a las exigencias de los cambios económicos y sociales, aun pendientes de aprobación. Lo anterior se realizó sobre la base de una metodología que orienta una explicación más detallada de alguna de las cuestiones normadas por aquellas, por ejemplo, contienen lo referido a la legalización de acciones constructivas que se encuentran prohibidas en viviendas de bajo costo construidas en determinadas zonas de la ciudad.

En resumen, Sancti Spíritus trabaja intensamente por atemperar sus instrumentos legales en correspondencia con los Lineamientos de la Política Económica y Social, intentando armonizar los Planes de la Economía y los Planes de Inversiones con la recuperación de los mejores valores históricos y patrimoniales, para lo cual es preciso aunar esfuerzos de todos sus habitantes con propuestas mucho mas abarcadoras e integrales que posibiliten la participación de la comunidad en aras de lograr su desarrollo económico y la elevación del nivel de vida de la población, conjugado con la necesaria formación de valores éticos, morales y jurídicos de todos los ciudadanos. 

CONCLUSIONES

  1. El Derecho Urbanístico, en su contenido esencial, establece principios y normas que propenden al desarrollo organizado de las ciudades, no solo bajo criterios constructivos, sino desde puntos de vista sociales y jurídicos, necesarios para adecuar la normativa  a los cambios económicos que asume el país.
  2. Logrando mayores conocimientos del Derecho Urbanístico, los juristas, así como los organismos e instituciones implicadas y los ciudadanos en general, podremos convertirnos en verdaderos asesores del planeamiento y la urbanización para los gobiernos locales, rescatando la disciplina urbana y territorial desde la óptica de una oportuna, necesaria e inexistente Ley de Suelo.
  3. Lograr la aplicación de las normas del Derecho Urbanístico al momento de adecuar las Ordenanzas de Construcción y las Regulaciones Urbanas del territorio de Sancti- Spíritus, para mantener su patrimonio inmobiliario y urbanístico, con una marcada percepción de las consecuencias jurídico-sociales que implican tales modificaciones, posibilitando su correcta publicidad en aras de propiciar su acatamiento.

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[1] En el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba fueron aprobados los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, en fecha 18 de abril de 2011. Específicamente el señalado con el número 120 plantea que se elevará la calidad y la jerarquía de los planes generales de ordenamiento territorial y urbano a nivel nacional, provincial y municipal, su integración con las proyecciones a mediano y largo plazo de la Economía y con el Plan de Inversiones, tomando en consideración los riesgos sísmicos y otros desastres naturales. Garantizar la profundidad, agilidad y plazos de respuesta en los procesos obligados de consulta, rescatando la disciplina territorial y urbana.

[2] Se refiere a Orientaciones emitidas por el Ing. Ing. Graciel Rodríguez Rodríguez, entonces Presidente del Instituto de Planificación Física,  en fecha 1ro de noviembre de 2010

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Rodríguez Montero, Gustavo E. y Concepción Toledo, Iliana de la C.: "Importancia del derecho urbanístico para el rescate de la disciplina territorial y urbana en Sancti Spíritus" en Revista Caribeña de Ciencias Sociales, mayo 2013, en http://caribeña.eumed.net/disciplina-territorial-urbana/

Revista Caribeña de Ciencias Sociales es una revista académica, editada y mantenida por el Grupo eumednet de la Universidad de Málaga.