LA EDUCACIÓN JURÍDICA AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL TRABAJO COMUNITARIO EN CUBA

RESUMEN
El presente artículo ofrece consideraciones en torno a la educación ambiental como instrumento necesario para la gestión del medio ambiente en función del trabajo comunitario. Se parte del supuesto de que la educación ambiental se organiza y desarrolla mediante un enfoque interdisciplinario propiciando en los individuos y grupos sociales el desarrollo de un pensamiento analítico, que permita la formación de una visión sistémica e integral del medio ambiente. En cuanto al papel de la educación jurídica ambiental, se manejan novedosas reflexiones. Se defiende el criterio de que no es suficiente refrendar la obligación que tiene todo ciudadano de conocer las leyes y la correspondiente obligación del Estado en darlas a conocer; se necesita realizar un trabajo, aunque mucho más engorroso y difícil, para fomentar la educación y concientización a nivel comunitario mediante la participación efectiva de la comunidad en la toma de decisiones y el desarrollo de procesos de autogestión orientados a la protección del entorno y la elevación de la calidad de vida de los seres humanos.

PALABRAS CLAVE: Educación ambiental-Educación Jurídica Ambiental-comunidad- trabajo comunitario-estrategias ambientales.

DESARROLLO 

  1. 1.      La educación ambiental: Un instrumento de gestión para el trabajo comunitario

 Es innegable que el origen principal de la problemática ambiental se encuentra en la conducta humana. La falta de información, conciencia y capacidad, se constituyen en las principales causales de la inadecuada respuesta social.

No se debe entonces sucumbir a la lógica del progreso a toda costa, y si bien se deben defender los recursos naturales, será para considerar su uso y aprovechamiento en el marco de un proceso de desarrollo que garantice también la disponibilidad de los mismos para las generaciones futuras. Existen varias formas de llevar a cabo esa defensa; un instrumento fundamental; entre otros, es la educación ambiental.

Los  signos de la formación de una conciencia sobre la necesidad de proteger  la naturaleza;  y con ello  la preocupación por desarrollar acciones educativas  con este propósito, empiezan a aparecer en la misma medida que crece el impacto de la civilización humana sobre el medio ambiente y que la problemática ambiental fue haciéndose cada vez más perceptible.  Así nace el término  educación ambiental del cual, los primeros indicios de los que se tienen información  aparecen en la década del 40 en Europa.(Novo) A tono con la evolución histórica y el desarrollo que ha experimentado el uso de este constructo el concepto de educación ambiental ha ido adecuándose al desarrollo del pensamiento ambiental desde una educación orientada a la  preservación de la naturaleza (década del 60), a la protección del medio ambiente,[1] y  más recientemente al desarrollo sostenible.

De hecho, una cuestión que pasa a un primer plano después de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, es la relación medio ambiente-desarrollo, a partir de lo cual la educación ambiental adquiere una nueva dimensión y adecuación temática y conceptual.

En el documento preparatorio del Programa 21 sobre educación, capacitación y toma de conciencia” (ONU, 1992) se plantea: “Una prioridad mayor es la reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible, mediante el mejoramiento de la capacidad de cada país para plantear cuestiones del medio ambiente y el desarrollo en sus programas educativos….”

Incluso en la propia  Agenda 21, en su capítulo 36, párrafo 3, se considera que la “educación ambiental es de importancia crítica para promover el desarrollo sostenible y aumentar la capacidad de las poblaciones para abordar cuestiones ambientales y de desarrollo…”

La tendencia actual de algunas regiones y países -no hay unanimidad mundial-, es reorientar la educación ambiental hacia una educación para el desarrollo sostenible. La política cubana no está ajena a esta tendencia, de hecho en la Ley 81/97 Del Medio Ambiente de la República de Cuba en su capítulo 8 concepto no. 10 se define a la educación ambiental como, “… un proceso continuo y permanente que constituye una dimensión de la educación integral, orientada a que en el proceso de construcción y producción de conocimientos, de desarrollo de hábitos, habilidades, y actitudes, así como en la formación de valores, se armonicen las relaciones entre los seres humanos, y de ellos con el resto de la sociedad y la naturaleza  para propiciar la orientación de los procesos económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible

A  los efectos del presente artículo se asume este concepto pues esta definición expresa el proceso con un carácter de  continuidad  a través de toda la vida del individuo. Además lleva implícito la proyección pasado- presente-futuro y se proyecta al sujeto individual, al sujeto colectivo, (grupos sociales) y a la sociedad. Se declara como dimensión y considera procesos integrados entre sí,  no acciones aisladas o paralelas al sistema educativo,  de manera que sea posible producir cambios en la personalidad del sujeto con una orientación definida hacia el mejoramiento de las relaciones entre el hombre la sociedad y la naturaleza, como condición para reorientar los procesos económicos, sociales y culturales  hacia el desarrollo sostenible.

El propósito de la educación ambiental en cualquiera de las tres vías en que ella pueda desarrollarse [2] es  reconstruir las relaciones de las personas y de los grupos sociales con su medio de vida así como con el medio ambiente global. La misma es esencial para el desarrollo de sociedades responsables. Permite la producción y la difusión de saberes críticos. Favorece el desarrollo  de competencias éticas y estratégicas. Estimula,  orienta y sostiene la acción ambiental, como también se alimenta de esta última, para contribuir a la resolución de los problemas socio-ambientales contemporáneos y a la construcción de un mundo que favorezca la calidad de ser de las personas, de los grupos sociales y de las otras formas de vida relacionadas entre sí. (Sauvé, 1998: 305)

La actividad de educación que se desarrolle, debe reconocer permanentemente la existencia de experiencias adquiridas de amplia validez para el educando, comprobada en las acciones de su vida, de esa experiencia debe partir la educación para fundamentar su acción y contenidos, ello implica que el proceso de comunicación que se establece debe darse en todas  las direcciones necesarias.

Las acciones educativas, deben expresarse de diversas formas y en todo tipo de actividades. Las acciones educativas son susceptibles de reproducirse siempre que vivan juntas dos o más personas en cualquier tipo de sociedad organizada.( Belmed,1967)  A lo anterior se debe agregar la idea ya expuesta de que la  educación debe ser y darse estrechamente ligada a la comunidad, en su planeación y desarrollo donde debe participar el educando. (Aceves, 2003) De hecho la educación se visualiza hoy  como un proceso de investigación-acción para la resolución de los problemas comunitarios. (Sauvé, 1998: 308)

Un componente estratégico del proceso para el desarrollo sostenible y que se vincula estrechamente al avance de las investigaciones científicas, lo constituye la educación y la concientización pública en asuntos relacionados con el medio ambiente. Sin dudas, es la comunidad el factor determinante, en última instancia, del éxito de la sostenibilidad. Por ello es evidente que su permanente educación, sensibilización y actualización en estos asuntos resulta crucial. Pero se trata aquí de una educación que no sólo contribuya al incremento de la cultura ambiental de la sociedad y de sus individuos, sino que logre un amplio espíritu de participación de los ciudadanos en la definición, gestión y solución de los problemas ambientales que les rodean. En este sentido es preciso tener en cuenta que:

1. El concepto de comunidad tiene que ser integrador. Es decir, tiene que incluir a todos los actores, sectores y niveles de la sociedad; niños, jóvenes y ancianos; científicos, administradores, políticos y ciudadanos en general. Hacia todos ellos deben estar dirigidas las acciones de educación ambiental y de concientización.

2. Su propósito esencial será transformar de manera positiva la actitud colectiva e individual de los ciudadanos hacia su entorno, convirtiéndolos en factores activos del proceso de implementación, desarrollo, evaluación y perfeccionamiento del manejo integrado de la zona costera.

La comunidad es capaz de investigar y en ese proceso educarse. La acción participativa de la comunidad en el proceso investigación- educación facilita la liberación de su potencial creador y estimula la organización y movilización de sus miembros para la solución de su propia problemática.

La educación para el desarrollo sostenible, para la protección del medio ambiente, se justificará en la medida que se conciba como la suma total de procesos por medio de los cuales una comunidad o grupo social, grande o pequeño, trasmite sus poderes y fines adquiridos con la idea primordial de garantizar su propia existencia y su desarrollo continuo, tanto como la existencia y desarrollo de las generaciones que le sigan.

La participación de la comunidad en su sentido más integral no es solo como respuesta a una movilización convocada, sino como intervención activa en todo el proceso de desarrollo social, desde la identificación de los problemas y necesidades, hasta la consecuente definición y formulación de políticas.

2. La educación jurídica ambiental y el trabajo comunitario. Un acercamiento conceptual

La concepción conservacionista de la educación ambiental está fuertemente arraigada en todo el mundo, incluso en Cuba, y a pesar de que en numerosas expresiones declaratorias se menciona la orientación de la misma hacia el desarrollo sostenible; en la práctica, a través del diseño y ejecución de programas y discursos,  puede apreciarse claramente el sesgo  en el que subyace una concepción de medio ambiente reducido a la naturaleza y consecuentemente el sesgo de la educación ambiental reducida a la protección de la naturaleza. (Roque)

La comprensión de los problemas ambientales deviene de una formación completa que facilite una percepción inmediata de la situación en sí misma y dentro del conjunto de interrelaciones que interactúan en la realidad.

La formación ambiental, para ser completa, necesita nutrirse de conocimientos tales que faciliten rápidamente el encuentro de la solución óptima, o al menos impactante desde el punto de vista ambiental. El enfoque de la educación ambiental debe partir de esquemas interdisciplinarios y orientarse hacia las soluciones más apropiadas para la protección de los recursos naturales.

La protección del medio ambiente  demanda hoy de esa integración del conocimiento y esta forma de concebirlo necesita, por tanto, de una educación ambiental que integre todas las dimensiones de la problemática ambiental: las dimensiones históricas, filosóficas, cultural, ecológica, sociológica, científica- tecnológica y la dimensión jurídica.

“Las disposiciones jurídico ambientales son una importante herramienta al servicio de la protección de los recursos naturales. Sin embargo, si no se conocen -o conociéndolas se ignora el enlace legal con otras normas también aplicables- el instrumento jurídico habrá desvanecido su fuerza y así, debilitado, será incapaz de servir a la protección del ambiente”. ( Jaquenod, 1999)

La eficacia del sistema legal se define no solo por lo adecuada que pueda resultar una norma partiendo de nuestras particularidades y realidades sociales, económicas y los niveles de desarrollo alcanzados, sino que depende también de la capacidad real de cumplimentar y hacer cumplir con la norma.

Para lograr el cumplimiento eficaz de la norma es necesaria la participación sistemática en las tareas de la protección del medio ambiente, de todos los actores sociales, particularmente de aquellos que  detentan el uso y administración de los recursos naturales. (Viamontes, 2000: 7 )

Esta participación ha de lograrse mediante la integración armónica de los mecanismos de educación y concientización ambiental y las acciones de carácter preventivo- los cuales juegan un papel principal- con los instrumentos coercitivos  y de sanción.

En aras de lograr un acertado manejo y protección de los recursos naturales la educación ambiental orientada hacia el conocimiento de las leyes debe ser considerada la forma más adecuada en la lucha por el logro de un estricto cumplimiento y observancia de las leyes.

La educación ambiental propicia un ambiente  de aprendizaje a través del cual se conjugan armónicamente el conocimiento científico y el tradicional. (Miranda y Castellano, 2005:23) La educación ambiental es la vía para la socialización del conocimiento científico  y por tanto la vía también para la socialización de la legislación y normativa jurídica para el MIZC.

Según las fuentes consultadas, la educación jurídica ambiental con un carácter sostenido y formador de una conciencia jurídica, como dimensión de la educación ambiental ha estado ausente en el contexto de los planes y proyectos de educación ambiental tanto a nivel internacional como nacional. Mucho menos entonces se ha trabajado esta dimensión en el marco comunitario.

En la bibliografía consultada no existe ninguna referencia o acercamiento conceptual a lo que debe entenderse como educación jurídica ambiental[3], sin embargo aventurando un concepto esta puede ser definida como un proceso continuo y permanente que constituye una dimensión de la educación ambiental. Está orientada al conocimiento generalizado de los derechos y de las obligaciones impuestas por ley tanto a las personas naturales como jurídicas que en el proceso de construcción y producción de conocimientos, de desarrollo de hábitos, habilidades, y actitudes, así como en la formación de valores, tienda a la armonización de las relaciones entre los seres humanos, en su relación con la naturaleza para propiciar la orientación de los procesos económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible

Educar a la comunidad en el conocimiento y respeto  a las leyes es vital ya que la importancia del conocimiento y respeto a las leyes estriba en que la vida en sociedad exige de un orden y por tanto de una organización de las actividades y relaciones de cada uno; pero este orden ha de llevarse de una manera impuesta, a todos por igual para cumplir los fines supra individuales, por lo que la idea de la imperatividad y obligatoriedad van unidos al concepto de Derecho y  la conducta del  hombre queda sometida a él, pues no se puede dejar a la voluntad de cada individuo.  Ello es indispensable, al decir de Toledo Santander (2004:5), para la adecuada convivencia social y la creación y desarrollo de la necesaria conciencia jurídica”.

Si bien en una sociedad  futura  pudiera aventurarse  la prevalencia de elementos no coercitivos en la regulación del comportamiento de hombre, lo cierto es que el nivel de desarrollo económico y social, plantea la necesidad de una eficiente infraestructura jurídica. Se puede decir entonces, que el Derecho es la ordenación de la vida humana que de hecho es  esta una vida eminentemente social, en comunidad, cuya ordenación persigue, como ya Ulpiano, jurista romano decía: “conducir a las personas a llevar una vida honesta; no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo”

Innumerables son los conceptos que del Derecho podrían exponerse; sin embargo, resulta innecesario pues lo que sí es importante es acotar a los efectos de esta investigación que la vida de una sociedad no la resuelven las leyes por sí solas. Las mejores leyes son inútiles si no van acompañadas de su conocimiento general.  Por ello,  uno de los requisitos es la necesidad de su  divulgación[4] para que las conozcan aquellos a los que van dirigidas y el otro requisito  que se abordará más adelante y que de hecho  calza al de la publicación lo es el de la formación de una educación orientada hacia el  conocimiento de las leyes y la formación a largo plazo de una cultura jurídica.

Han pasado siglos desde que griegos y romanos para garantizar el conocimiento de las  leyes solían inscribirlas en cantera o en bronce, para que quedaran  expuestas públicamente, para quienes supieran leer, ilustraran a quienes no tuvieran la posibilidad de enterarse por sí mismos y aunque el método utilizado por griegos y romanos no se aplica,   la   necesidad de poner en conocimiento  de los ciudadanos destinatarios de los actos normativos ha influido en que la  publicidad de las leyes continúe siendo uno  de los más importantes derechos de la sociedad.

Partiendo de ese  principio debe asegurarse  que las leyes  no resulten sorpresivas, que el país no se entere de la promulgación de una ley sin haber conocido previamente su contenido. (Álvarez, 1998) Según Bernardo Moreno Quesada (1999) para que una ley sea pública es necesario que se  manifieste de forma que pueda ser conocida, por todos y para ello será publicada, en el caso cubano en la Gaceta Oficial de la República.

Son varias las razones para hacer de la publicidad de las normas un requisito para la educación jurídica. Lo más importante consiste en que todos los destinatarios de la ley conozcan sus derechos para ejercerlos, y sus obligaciones para cumplirlas. Aunque los Estados son los encargados de publicar las normas jurídicas  y garantizar su  masivo conocimiento y por su parte los ciudadanos están en la obligación  de conocer dichas leyes, no se debe asumir una actitud pasiva. Hay que  fomentar la educación y concientización en los ciudadanos e inspirar en ellos la observancia del régimen legal existente.

Desarrollar un trabajo de educación  ambiental en sentido general y de educación jurídica  ambiental en lo particular, en comunidades implica tener en cuenta una serie de elementos desde el punto de vista metodológico tales como: I) Los principios del trabajo comunitario, fundamentalmente los siguientes: a) Partir de los intereses y necesidades de la propia comunidad, b) Respetar la diversidad de tradiciones y características culturales que la identifican, c) Estar basados en valores éticos de cooperación y ayuda, d) Tener en cuenta la individualidad, se debe llegar de modo directo y personal. II) Objetivos a seguir, los cuales deben estar bien identificados. III) Métodos a utilizar. IV) Grupos de incidencia dentro de la comunidad: jubilados, amas de casa, mujeres, etc. V) Dimensiones de la Comunidad como forma de organización social: económica, ambiental, de salud, habitacional, socio psicológico, educacional, cultural.

El objetivo principal  de la educación jurídica ambiental en comunidades debe consistir en lograr que se organicen; esto es, hacer surgir o fortalecer organizaciones que representen los intereses de los pobladores, de modo que estos adquieran mayor poder y control sobre los recursos naturales de los cuales dependen sus vidas y sobre estas mismas.

La educación jurídica ambiental  que aspire en un futuro a la formación de una cultura jurídica ambiental[5] debe trabajarse en las comunidades, necesariamente a través de las tres vías de la educación ambiental: las vías formales, no formales e informales. Esta puede materializarse a través  del sistema de educación cubano, pero también a través de las políticas  del trabajo comunitario, el cual debe ser coherente, sistemático, integrador y de amplia participación ciudadana.[6]

Ello puede contribuir a evitar los daños al medio ambiente o a mitigarlos en gran escala; pero fundamentalmente puede lograr que se realice un adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos por las comunidades basado en  un conocimiento adecuado de  la infraestructura jurídica creada al efecto.

El  proceso donde se pretenda inculcar el conocimiento y respeto por las leyes vigentes, a los habitantes de las comunidades,  debe darse a conocer  para cada caso en particular, aquellas normativas  que estén más cercanas a la realidad  de la comunidad con la que se trabaje. De ahí que en la implementación  de la educación jurídica ambiental para casos particulares sea importante trabajar en base al diseño de estrategias [7] que tengan en cuenta las peculiaridades,  pero sin dejar de abordar  aspectos básicos y generales como: la política en cuanto a las estrategias educacionales; las atribuciones, jurisdicción y competencia de aquellas instituciones, órganos y organismos encargados de ejecutar, controlar y aplicar los principios en los que se basa la política ambiental; los derechos y deberes de las personas naturales y jurídicas  que esta contempla y las conductas que son contrarias  a la ley  y que son necesarias educar. Es además necesario que las personas conozcan aquellas regulaciones que garanticen  la disciplina en el cumplimiento de las políticas ambientales planificadas y definan las responsabilidades civiles, administrativas y penales en que incurren los implicados y también es imprescindible que conozcan aquellas instituciones, órganos y organismos supeditados a la actividad estatal que permiten ejecutar, controlar y aplicar  los principios en los que se basa la política ambiental.

La Educación jurídica ambiental debe ser entendida no sólo como las acciones de entrenamiento, capacitación, extensión, divulgación o cualquier otra que consista solamente en transmitir información; se integra eso en el concepto que se asume en esta investigación de educación ambiental y adicionalmente, se requiere del educando la formación de conciencia. Así, la formación educativa se pretende llevarla hacia la participación del individuo en el proceso de transformación social, donde la comunicación tenga vigencia en todos los sentidos necesarios, donde los sujetos que participan en dicho proceso sean al mismo.tiempo educando y educador, donde se identifique a cada paso la realidad que se vive y pretende transformar.

Todo ello garantizará, desde la perspectiva jurídico-educativa en la esfera ambiental, contar con una comunidad preparada para enfrentar los desafíos que el tema de la participación social en los procesos de toma de decisiones ambientales impone.

3. La educación jurídica ambiental en el contexto comunitario cubano.

La política ambiental educativa comunitaria desarrollada por el país tiene sus  antecedentes en el ámbito de la educación no formal y como un elemento propio del proceso revolucionario. Desde el propio triunfo de la Revolución, la educación ambiental ha estado presente de diferentes formas en el quehacer social del país a través de la participación popular, de las organizaciones políticas y de masas y de otras organizaciones no gubernamentales. (ENEA, 1997)

Históricamente a nivel de cuadra y de comunidad se han realizado varias tareas que si bien no están vinculadas explícitamente con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, ni relacionadas con todo el espectro temático que esta problemática exige, si se  vinculan  al mejoramiento de su calidad de vida.

Algunas de ellas son: a) La  prevención de la salud, las campañas de vacunación, las donaciones de sangre,  el control y atención a grupos de riesgos, b) La participación en labores relacionadas con la limpieza, embellecimiento y saneamiento en general, c) Las vinculadas al ahorro de agua, de electricidad, y de recursos en general, d) La recuperación de materiales de desecho de todo tipo, con el objetivo de rehusarlo o recuperarlo para su posterior procesamiento, e) La participación en labores de repoblación forestal y de recuperación y mantenimiento de áreas verdes urbanas, f) Las tareas  vinculadas con la atención a los problemas socioculturales de la población en general y en particular a los grupos sociales más necesitados.

En el ámbito de la educación informal, los sistemas de información y divulgación han realizado esfuerzos por sistematizar la transmisión de mensajes que contribuyan a estimular el cuidado y protección del medio ambiente y a establecer relaciones humanas armónicas en el barrio y la comunidad.

Si bien han sido importantes estos logros, se debe reconocer que hasta finales de los 80 no se habían explotado todas las potencialidades. Identificados los problemas, era preciso ampliar mucho más el espectro temático del contenido de la educación ambiental a partir de reformulaciones conceptuales y metodológicas.

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo constituyó un momento importante de cambios para el país en cuanto a la política ambiental. La gestión ambiental se pretende concebir a partir de entonces  sobre la base de la concertación, la cooperación y la coordinación entre el Estado, los organismos, las instituciones, las de la sociedad civil y las comunidades; proyectando el desarrollo social y económico sobre bases sostenibles

La readecuación de la política ambiental parte de las modificaciones a la Constitución y se materializa en un reordenamiento de la estructura institucional del Estado con el objetivo de fortalecer su capacidad, en función del tránsito hacia niveles de desarrollo sostenibles.

De acuerdo con el Artículo 27 de la Constitución de la República de Cuba, el Estado juega un papel rector en la protección del medio ambiente y en la procuración de un desarrollo sostenible. Así mismo, el mismo Artículo 27 reconoce explícitamente el Principio de Responsabilidad Intergeneracional, establece el deber de los ciudadanos de cooperar y contribuir en la protección de los diversos componentes del medio ambiente de la República de Cuba. Genera también el mandato a los órganos competentes del Estado cubano para la aplicación de dichas políticas.

Adicionalmente, el Capítulo I de la Constitución, que define los Fundamentos Políticos, Sociales y Económicos del Estado, establece en su Artículo 11(b) la soberanía del Estado cubano sobre el medio ambiente y los recursos naturales.  El capítulo sobre derechos deberes y garantías fundamentales deja claro el derecho de todo ciudadano a recibir educación gratuita. Por su parte, el Capítulo XII, de los Órganos Locales del Poder Popular, en sus Artículos 105(g) y 106(g) establecen las atribuciones de las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular en materia de organización y actividades para la protección del medio ambiente.

La Ley Marco sobre Medio Ambiente y la ENA, constituyen, un elemento medular en la política de reformulación de las acciones nacionales en esta esfera y como una consecuencia lógica, se complementa ahora con la ENEA como elemento consustantivo a esta política y como el instrumento clave que contribuirá a la reorientación de la educación hacia el Desarrollo Sostenible.

En consecuencia con la Carta Magna, la Ley No.81 del Medio Ambiente define en su artículo 18 a la educación ambiental como uno de los instrumentos de la política y la gestión ambiental. Dedica el Capítulo VII, desde el artículo 46 al 53 a esta temática.

En los artículos anteriormente mencionados se establecen  las responsabilidades estatales e institucionales para todos los sectores de la economía, de los servicios, grupos sociales y población en general, en cuanto a la implementación y participación en las políticas que el CITMA establezca. Declara entre sus objetivos: c) “Promover la participación ciudadana en la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible y d) “Desarrollar la conciencia ciudadana en torno a los problemas del medio ambiente, integrando la  educación,  la divulgación y la información ambiental”

En el artículo 46 dispone que el  Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente elaborará estrategias de educación ambiental y contribuirá a su implementación, promoviendo la ejecución de programas en todos los sectores de la economía y de los servicios, grupos sociales y la población en general. Para ello, dicho Ministerio   establecerá las coordinaciones correspondientes, con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de Cultura, los medios de difusión y otros órganos y organismos competentes. (Ley 81, 1997)

La ley hace distinción en cuanto a los diferentes organismos y actores que están responsabilizados con la educación ambiental. Así se refiere a: los órganos y organismos estatales, el sistema nacional de educación,  las instituciones recreativas, culturales y científicas y  los Órganos Locales del Poder Popular.

El papel de la comunidad es esencial para el logro de los fines de la presente Ley, mediante su participación efectiva en la toma de decisiones y el desarrollo de procesos de autogestión orientados a la protección del medio ambiente y la elevación de la calidad de vida de los seres humanos.

Aún cuando el ciudadano como usuario de la gestión ambiental, cuente incluso con un mandato constitucional, todavía no puede afirmarse que despliegue plenamente sus potencialidades, en lo cual inciden problemas de educación, conciencia ambiental y la falta de algunos mecanismos jurídicos de acción, los cuales deben proporcionárselos las disposiciones e instrumentos políticos  complementarias a la Ley 81 de Medio Ambiente.

3.1 Análisis de las principales estrategias  de corte ambiental a nivel nacional y territorial desde una dimensión jurídica educativa.

3.1.1)  Estrategia  Nacional Ambiental.

La Estrategia Ambiental Nacional, aprobada en 1997, constituyó un  instrumento medular del desarrollo sostenible y la política ambiental  del país y fruto de un proceso de pensamiento, elaboración conjunta del CITMA y demás organismos de la Administración Central del Estado.

Los profundos cambios en la realidad económico-social del país, en consonancia con los procesos que tuvieron lugar desde inicios de la década de los 90, han tenido una marcada  influencia en la política ambiental nacional. A partir del año 2004 comienza el necesario proceso de adecuación de la ENA de 1997. La nueva estrategia elaborada para el período 2007-2010 conserva el núcleo de sus elementos principales, pero ha sido diseñada para  responder a las actuales exigencias de la política ambiental nacional e internacional.

Esta última plantea, entre las bases para el logro del desarrollo sostenible, el desarrollo de una conciencia ambiental de la población y su participación activa en la solución y prevención de los problemas ambientales existentes. Define los principios en que se sustenta el trabajo ambiental  en la actualidad. Estos son algunos de ellos:

  • El principio No.7 concibe la participación activa de todos los actores sociales, tanto a nivel central como local, sobre la base de una acción coordinada, fundada en la cooperación y la corresponsabilidad.
  • El principio  No.11 se refiere específicamente a la profundización de la conciencia ambiental, con énfasis en las acciones de educación, divulgación e información ambiental y se materializará  a través del instrumento que la propia Estrategia ha diseñado, para este caso: La Educación y la Divulgación Ambiental. (ENA, 2005)
  • El principio No.12  se enfoca hacia el perfeccionamiento de la legislación ambiental y búsqueda de su cumplimiento real, eficaz y sistemático.

Además, la ENA,  ha rediseñado los instrumentos ya  establecidos en la anterior (1997) con el fin de  garantizar la solución de los problemas ambientales. Entre ellos se destacan la legislación ambiental, la educación ambiental y la participación ciudadana.

  • La legislación ambiental. La propia Estrategia la considera un componente esencial en cualquier estrategia ambiental y para que  logre en realidad desempeñar tal papel,   debe a la vez  ser eficiente y eficaz y mantenerse en  proceso de revisión dinámica, que permita dar respuesta a las necesidades que surjan y las adecuaciones a los avances que esta materia tiene a nivel internacional. Este proceso abarca la Ley Marco y demás regulaciones legales destinadas a proteger el medio ambiente, incluidas las normas técnicas en materia de protección ambiental.

La nueva estrategia  señala como la anterior, que la  legislación es eficaz cuando regula con acierto las conduc­tas, esto es, cuando su diseño es suficiente para alcanzar los objetivos que se propone. Igualmente hace hincapié en que la eficacia en la legislación supone no sólo un nivel técnico-jurídico adecuado, sino una voluntad política real, estructuras institucionales adecuadas, un  nivel de educación, divulgación y participación ciudadana acorde con los objetivos  trazados.(ENA, 2007).

Lo que hace diferente a las estrategias es el pronunciamiento expreso en la elaborada para el período 2007-2010 de “Incrementar la divulgación y uso por parte de nuestra ciudadanía de los instrumentos legales con los que cuenta el país para proteger el medio ambiente”. Innegablemente constituye un  paso de avance, pero solo se concibe el conocimiento de la ley a través de la divulgación y no como parte del proceso educativo, aún cuando también incluye como instrumento a la educación ambiental.

  • Educación ambiental: La Estrategia concibe la educación y la divulgación ambiental de la misma forma que lo hacía en la de 1997; como un proceso continuo y permanente que persigue:
  1. Reorientar y fortalecer la educación hacia el desarrollo sostenible desarrollando las actividades de manera armónica, sistemática y coherente, así como incorporar a todos los organismos e instituciones gubernamentales, organizaciones sociales, y en general a toda la población.
  2. Ampliar el desarrollo de las actividades de educación ambiental que promuevan una mayor participación comunitaria y el incremento de la concientización de los ciudadanos sobre el desarrollo sostenible.
  3. Elevar el papel de los medios de comunicación en la instrumentación de la educación ambiental integral de toda la población y en la participación de la comunidad para solucionar los problemas ambientales.
  4. Ampliar y fortalecer los espacios de participación de las organizaciones sociales, fundamentalmente a nivel local, en los procesos de elaboración, implementación y monitoreo de las políticas ambientales y los procesos de gestión ambiental en particular.
  5. Evaluar de manera sistemática los niveles de participación ciudadana y los impactos logrados por la gestión educativa en la cultura ambiental de la población.

La Estrategia propone un conjunto de acciones para garantizar lo anterior, sin embargo no se hace referencia a las dimensiones de la educación ambiental.  No se incluyen en las acciones alguna que afiance la idea del conocimiento de la ley, lo que evidencia falta de articulación entre los instrumentos y a su vez pudiese ser la causa de que en el plan de acción de la propia estrategia no se dedique ninguna acción a resolver el problema identificado a través de acciones educativas que incluyan la dimensión jurídica, aún cuando todos los problemas identificados tiene respaldo legal.

  • Ø Participación ciudadana: La Estrategia es novedosa en la consideración de la participación ciudadana como principio, toda vez que la concibe no solo como condición necesaria para la consecución  de un desarrollo sostenible, sino que además, es un importante instrumento que posibilita profundos cambios personales y sociales. La participación proporciona un aprendizaje práctico en relación directa con el medio y posibilita la adquisición de capacidades y competencias para conocer la realidad y actuar sobre ella.

Cabe destacar como tampoco se logra la conexión entre la participación pública, la legislación ambiental y la educación ambiental toda vez que no se conciben acciones que puedan garantizar a través de la educación ambiental el conocimiento de los espacios y vías de participación popular legalmente establecidos.

Si bien la Estrategia concibe adecuadamente los instrumentos de legislación ambiental, educación ambiental y participación pública y  salva las fallas de la anterior al concebir la importancia de la legislación ambiental y la necesidad de su conocimiento para garantizar la eficacia, aún no se evidencia la articulación y complementación de los instrumentos. Una concepción articulada y armónica de los mecanismos de educación y concientización  ambiental y los instrumentos coercitivos y de sanción pueden garantizar que a través de la educación ambiental se fortalezca el conocimiento de la ley y se capacite a los ciudadanos para participar de forma consciente en la solución de los problemas ambientales.

Cualquier precepto legal por  si solo es insuficiente si no se garantiza su conocimiento y es precisamente aquí donde la estrategia no da respuestas.  Planteamientos, aún tan acertados como los anteriores, no solucionan el problema en tanto no especifique que la educación ambiental necesita ser trabajada desde todas las dimensiones posibles y para el caso, desde la dimensión jurídica especialmente.

3.1.2) La Estrategia Nacional de Educación Ambiental.

La Estrategia Nacional de Educación Ambiental  de la República de Cuba (ENEA, 1997) reconoce la necesidad de trabajar en función de desarrollar una cultura ambiental en nuestra población como condición básica para el tránsito hacia el desarrollo sostenible.

La Estrategia se proyecta, a partir del reconocimiento de los logros alcanzados hasta el momento, en función de producir cambios en el modo de concebir y de aplicar la introducción de la dimensión ambiental en los Planes, Programas y Proyectos en general, con una concepción sistémica de los problemas ambientales, y una visión interdisciplinaria en el proceso de introducción, lo que requiere de una participación armónica y coherente innovadora y comprometida de todos los actores y sectores.

Plantea que ya es momento de superar la concepción tradicional en la que se identifica el Medio Ambiente con la Naturaleza y la educación ambiental con la educación para la conservación o para la protección de la naturaleza, lo que se hace más evidente en la práctica educativa.

La ENEA ha trazado lineamientos de trabajo que tienen un carácter global y multisectorial y por tanto un público destinatario que abarca todas las edades, sectores y territorios, que trasciende los límites de la escuela para alcanzar las comunidades, los sectores de la cultura y el deporte, la investigación, la producción, los servicios, la esfera estatal, las actividades por cuenta propia, en fin, todo el amplio espectro de grupos y actores que conforman la sociedad cubana. (ENEA, 1997)

Tal y como se señala en la ENEA (1997) en este complejo proceso desempeñan un importante papel la forma de pensar y los estilos de comportamiento de las personas y las comunidades, las políticas de los diferentes sectores de la economía, de la ciencia, de la educación y de la cultura, pero sobre todo, la existencia de una voluntad política y la capacidad para integrarlos

Una importante dirección de la ENEA (1997) es el trabajo hacia las comunidades, el que debe incidir en la toma de decisiones y en la solución de los problemas locales que contribuyan a mejorar las condiciones de su medio natural y psicosocial, transitando hacia modos de vida más sanos. También debe conducir a fortalecer los sentimientos de la identidad cultural cubana, a través del cuidado de nuestro patrimonio, de nuestros recursos y de nuestra soberanía.

En  nuestro país permanecen en el área de las comunidades una masa considerable de personas, entre jubilados, amas de casa, estudiantes, discapacitados, y trabajadores por cuenta propia, por lo que resulta de gran importancia su atención educativa. (ENEA, 1997)

En sus lineamientos  hay un reconocimiento al papel de las comunidades en el manejo de los recursos naturales y al papel de la educación ambiental en la proyección de esta estrategia. El trabajo educativo comunitario debe caracterizarse por el respeto a la diversidad de tradiciones culturales, y de su autonomía traducido en la determinación de sus propias necesidades y de la forma de solucionar sus problemas.

En la Estrategia se define un plan de acción. Sin embargo las acciones que están conformando dicho Plan carecen de alguna orientación o referencia a la dimensión jurídica, lo cual es consecuencia lógica del grado de omisión o generalidad con que aborda la temática la ENA (1997) y limita las perspectivas de análisis.

La Estrategia bien establece a quién va dirigida y las formas, vías para desarrollar la educación ambiental, sin embargo no establece las dimensiones o perspectivas de análisis  que pueden existir en la concepción de un ambiente integrado o totalidad ambiental: dimensión histórica, jurídica, económica, ecológica, etc. Es válido aclarar que hay acciones que sí consideran esas dimensiones aunque lo hacen de forma espontánea y no orientada desde el punto de vista metodológico.

Como consecuencia de lo anterior la educación ambiental es sesgada en su enfoque, quedando limitada a una concepción ecologista, conservacionista, donde se pierde el enfoque social y los procesos sociales involucrados y necesarios para un mejoramiento de las relaciones sociedad- naturaleza.

Otra deficiencia de la Estrategia está en el no uso o explotación inadecuada del marco teórico que la sustenta. La Estrategia  define y emite  criterios sobre determinados términos como Medio Ambiente, Educación Ambiental, Dimensión Ambiental, etc. que si bien consideramos acertados, no se materializan a través de la Estrategia, estos  son solo algunos ejemplos:

  • “La educación ambiental exige una concepción integral sobre los procesos ambientales” y “Debe preparar para la participación y la competencia en la solución de problemas…” (ENEA, 1997) Cualquier proceso ambiental visto integralmente necesita de una mirada legal, en definitiva es la ley quien dice cómo manejar el medio ambiente y sus recursos o elementos de protección y es además la propia ley quien establece los órganos, organismos e instituciones facultados y responsabilizados con el manejo, uso, y solución de conflictos ambientales. Si se busca la participación y la competencia en la solución de problemas, no puede obviarse el conocimiento de la ley pues en la mayoría de los casos la solución de los problemas, las instituciones encargadas de gestionar y solucionarlos encuentran su repuesta en la norma legal. Las personas pueden no tener la solución en sus manos pero al menos deben saber a dónde acudir o quien  puede gestionarlos y solucionarlos.
  • Ø La interdisciplinariedad es una “metodología que caracteriza a los procesos docentes, investigativos o de gestión, en los que se establece la interrelación de coordinación y cooperación efectiva entre disciplinas, manteniendo su marcos teóricos metodológicos.” (ENEA, 1997) La propia Estrategia está señalando la complejidad del medio ambiente al concebirlo como sistema de interrelaciones entre procesos ecológicos, socioeconómicos y culturales. Dicha complejidad implica el estudio del mismo con un enfoque sistémico y una metodología interdisciplinaria para ser comprendido cabalmente. Por tanto la estrategia educativa que se persiga para la comprensión del Medio Ambiente  como fenómeno complejo implica la interdisciplinariedad del proceso educativo que conduzca a una respuesta propia de una visión sistémica del problema ambiental que se presente. La Estrategia aún cuando intenta garantizar la interdisciplinariedad no lo logra toda vez que olvida disciplinas claves para la comprensión del Medio ambiente como lo es el Derecho.

En  los ejemplos anteriormente analizados aparece un elemento común: la incoherencia entre los conceptos y el plan de acción como expresión de la estrategia educativa ambiental que debe garantizar la formación integral de los ciudadanos propiciando una solución acertada y acorde al problema ambiental que se les presente en la cotidianeidad. La ausencia de la dimensión jurídica acentúa la concepción ecologista y conservacionista que ha viciado la educación ambiental por tantos años y que, aún hoy, aunque se reconoce se ha avanzado, aún conserva eso vestigios.

Aún cuando se ha analizado críticamente la ENEA(1997) no puede dejar de reconocerse el valor  intrínseco que posee. Al identificar la insuficiente conciencia ambiental como uno de los factores claves que condicionan la problemática ambiental del país y acertadamente reconocer la educación ambiental como la vía para garantizar el conocimiento y conciencia de todos los actores sociales y económicos, está dejando clara la política del Estado cubano de contribuir a la orientación de la educación hacia el desarrollo sostenible.

3.1.3) Las  Estrategias Ambientales Territoriales.

Como parte de la política del Estado cubano en relación con educación ambiental, además,   se han elaborado estrategias ambientales nacionales y proyectos nacionales para el trabajo comunitario integrado y la educación ambiental

Las estrategias ambientales territoriales de las 14 provincias y el Municipio Especial Isla de la Juventud, fueron aprobados en los Consejos de Administración Provinciales y su implementación abarca a Gobiernos Locales Provinciales y Municipales, Consejos Populares, Delegaciones Provinciales de los Organismos de la Administración Central del Estado, Empresas locales, Comunidades, Organizaciones de Masas, la ciudadanía en general. De modo que actualmente  todos los territorios del país cuentan con su  ENA y la dimensión educativa se inserta dentro de ellas. También las estrategias territoriales se encuentran en un proceso de adecuación a los lineamientos de la ENA y de las nuevas exigencias ambientales en los territorios y sectores para los que se diseñan.

Las estrategias territoriales y sectoriales  por su parte, tampoco  reflejan la dimensión jurídica, quizás como  consecuencia lógica de la falta de esta  dimensión  en los documentos de la política nacional vigentes.

Este reconocimiento de la incorporación y efectiva puesta en práctica de estrategias educativas que no obvien las dimensiones del medio ambiente  es de gran importancia para la solución de todos los problemas ambientales y lógicamente para la solución de los problemas que en las comunidades se materializan.

Cuba posee las condiciones necesarias para la adecuar  los documentos rectores de la política ambiental y educativa en  todos los niveles y esferas de modo que la educación jurídica constituya una dimensión de la educación ambiental y que abarque a todos los sectores sociales en los que las comunidades juegan un papel esencial.

CONCLUSIONES

La  eficacia de las políticas ambientales y del sistema legal, no solo depende de la existencia real de estrategias y normas jurídicas sino también de la capacidad real de  cumplir y hacer cumplir las normas o políticas.  Aún cuando en el plano teórico y formal las políticas y la legislación ambiental existen, se evidencian dificultades objetivas en su aplicación y en la toma de una conciencia jurídica ambientalista que permita a los ciudadanos participar de forma pública y consciente  en los procesos de toma de decisiones.

La comunidad es el espacio idóneo para desarrollar acciones educativas que garanticen la participación efectiva de sus integrantes en la toma de decisiones y el desarrollo de procesos de autogestión orientados a la protección del medio ambiente y la elevación de la calidad de vida de los seres humanos.

La educación ambiental como recurso indispensable para elevar la conciencia ambiental de los ciudadanos, debe ser trabajada a partir de todas las dimensiones mencionadas, incluso la jurídica. La práctica actual indica que las estrategias ambientales están enfocadas hacia la solución de los principales problemas ambientales, le ofrecen un papel importante a las comunidades pero   no incluyen la dimensión educativa legal en sus acciones, mucho menos se plantea como objetivos crear una conciencia jurídica ambiental en los actores sociales en sentido general  y las comunidades en particular.

Sin embargo, se hace necesario destacar que la nueva ENA  (2005-2010), en el intento por adecuarse a las actuales condiciones ambientales, reconoce, a través de sus instrumentos, la importancia del conocimiento de la legislación ambiental, pero no implementa esta idea a través de las propias acciones que propone para solucionar los problemas ambiental más importantes para el país.

La manifestación de voluntad expresa del Estado, la adecuación de los documentos rectores de la política ambiental y educativa y consecuentemente con ello la armonización de estos con los documentos referidos a marcos estratégicos específicos y los existentes a nivel territorial y sectorial,  además de la creación de nuevos que respondan específicamente a las actuales exigencias, constituyen propuestas estratégicas de inserción de la EJA.

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[1] La educación ambiental vista como un medio necesario para promover la conservación integral del medio ambiente tomó fuerza a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo (1972), “Se reconoce la educación ambiental como una disciplina independiente y no solo como otra denominación  de la ecología sino que se incorpora a su objeto de estudio el concepto moderno de medio ambiente con sus dimensiones natural, cultural socioeconómico”. Posteriormente fue desarrollada en el Seminario Internacional de Educación Ambiental en Belgrado (1975) y en la Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental en Tbilisi (1977)

[2] La educación ambiental   puede desarrollarse  a través de tres vías fundamentales:

Educación formal: Se caracteriza por ser planificada y controlada por planes estables (planes de estudio), generalmente estatales o aprobados estatalmente, o jurídicamente  refrendados. Es secuenciada, y permanente. Tiene un público homogéneo y relativamente estable. Se refiere fundamentalmente a los procesos de escolarización a todos los niveles (ENEA,97 : 23)

Educación no formal: son  procesos educativos planificados, que poseen un carácter específico y diferenciado. Pueden ser o no secuenciados y controlados, y generalmente son dirigidos a públicos heterogéneos y no estables. Es el caso de las actividades extradocentes y extraescolares, las que se realizan en los parques, en las instituciones especializadas, científicas y culturales, así como los procesos educativos comunitarios. (ENEA, 97:23)

Educación informal: Es un proceso educativo espontáneo que resulta de la interacción del individuo con su entorno y que ocurre independientemente de la planificación institucional y familiar. Puede ser incluso cualquier hecho fortuito que ejerza una influencia educativa.

Es una tendencia en el contexto latinoamericano, considerar las actividades de los medios de difusión masiva como parte de esta modalidad. (ENEA, 97:23)

[3] Al menos no a la educación jurídica  en espacios no especializados siendo estos espacios los de las comunidades organizadas.

[4] Divulgación Jurídica significa revelar, publicar, difundir, anunciar, propagar contenidos jurídicos con la finalidad de que la ciudadanía obtenga conocimientos que le permitan el acatamiento y respeto de las leyes y su utilización. Entiéndase también asociado al término Publicidad

[5] En la bibliografía consultada no existe ninguna definición de cultura jurídica ambiental, sin embargo si existe la definición de  cultura jurídica o cultura de la legalidad y se le denomina así al  conocimiento generalizado de los derechos y de las obligaciones, así como de las prácticas y costumbres a las que se les atribuyen  en algunos sistemas de derecho una función razonable y relevante en la vida colectiva. También ha sido definida por el libro Derecho Ambiental Cubano como “el sistema de valores socialmente dominantes, sobre lo justo y lo injusto de una determinada acción u omisión, resultado no solo de la costumbre y del grado de instrucción, sino además de los intereses económicos y sociales prevalecientes en ese momento”

[6] Entendida esta como el proceso en el cual la sociedad civil forma parte activa, consciente y creadora de las decisiones que  afectan su entorno ambiental y social y en función de alcanzar una adecuada calidad de vida y de sustentabilidad.  Esto implica la incorporación activa en la dinámica del quehacer cotidiano, la elaboración de alternativas para la resolución de problemas de la comunidad, la motorización de procesos de información y sensibilización hacia el resto de la comunidad, el conocimiento y cumplimiento de los deberes y derechos de los ciudadanos y el fortalecimiento de las formas organizativas como instrumentos de participación. Según Vivian,  La participación debe ser entendida como la intervención activa en todo el proceso social, desde la identificación de necesidades, la consecuente definición y formulación de políticas, hasta la ejecución, pasando por la implementación y control del desarrollo de la actividad en torno a dichas políticas.

[7]Documento principal, donde se plasmen de manera concreta y operativa su política en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible y constituye un elemento básico para el trabajo de gestión ambiental.

El objetivo principal de una estrategia de educación ambiental es concretar un plan para promover y desarrollar la educación ambiental de una manera sistemática en un período de tiempo definido. Por lo general, una estrategia de educación ambiental es un documento que (i) define los propósitos de la educación ambiental (ii) ofrece un marco conceptual para la educación ambiental (iii) identifica sectores y grupos claves, y (iv) define un plan de actuación para integrar la educación ambiental en estos sectores.

Muchas estrategias de educación ambiental intentan: cambiar o desarrollar políticas, cambiar o desarrollar estructuras y procesos sociales/institucionales, cambiar o desarrollar conocimientos y entendimientos, formar y capacitar. Esencialmente, una estrategia es un plan de actuación que desarrolla la capacidad social para afrontar los problemas de medio ambiente y promover una mejoría en la calidad de vida.

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Díaz Bacallao, Aylí,Monzón Bruguera, Yailen y Miranda Vera, Clara: "La educación jurídica ambiental como instrumento de gestión ambiental para el trabajo comunitario en Cuba" en Revista Caribeña de Ciencias Sociales, febrero 2013, en http://caribeña.eumed.net/educacion-juridica-ambiental/

Revista Caribeña de Ciencias Sociales es una revista académica, editada y mantenida por el Grupo eumednet de la Universidad de Málaga.