EMPRENDIMIENTOS Y POLÍTICA CREDITICIA EN EL MODELO ECONÓMICO CUBANO

Resumen

El modelo económico cubano se encuentra inmerso en un proceso de reforma, que incluye entre sus motores la proliferación de formas de producción no estatales que convivan con las  formas de producción estatales tradicionales. En este contexto, la apertura a emprendimientos puede favorecerse por la implementación de la nueva política crediticia, que posee el potencial de articular coherentemente al sector no estatal con el resto de la economía. El presente trabajo discute las particularidades de la actual reforma en lo referido a las implicaciones de la política crediticia sobre la expansión del sector no estatal, y la posible generación en este de dinámicas de innovación y competencia. Para ello se analizan algunos de los cambios más trascendentales en el modelo económico cubano, el marco regulatorio en que se desarrolla la política crediticia, se ofrecen resultados estadísticos sobre su aplicación, y se evalúa de forma preliminar la contribución de los mecanismos de crédito, tal y como están concebidos, sobre el sector estatal en expansión.

Palabras Claves: modelo económico cubano, reforma, formas de producción no estatales, emprendimientos,política crediticia, innovación, competencia.

Abstract

The Cuban economic model is under a reform process, which includes among its engines the proliferation of non-state forms of production, coexisting with the traditional forms of state production. In this context, the openness to entrepreneurship may be encouraged by the implementation of the new credit policy, which has the potential to articulate coherently the non-state sector with the rest of the economy. This research discusses the characteristics of the current reform, regarding the implications of the credit policy on the expansion of the non-state sector, and the possible generation of dynamics of innovation and competition. The paper analyzes some of the most relevant changes in the Cuban economic model, the regulatory framework of the credit policy, provides data on its implementation, and preliminarily assesses the contribution of the credit mechanisms, such as they are designed, on the expanding state sector.

Transformaciones en el modelo económico cubano: nuevas formas de propiedad y gestión

Si bien pudiera determinarse otra fecha cercana como punto de inflexión en las prácticas de política económica en Cuba, el discurso pronunciado por el entonces Presidente en funciones Raúl Castro el 26 de julio de 2007[1] marca un momento importante al explicitar la intencionalidad gubernamental de iniciar un proceso de trasformaciones sustanciales en la economía cubana.

Las transformaciones desatadas a partir de esa fecha responden en primer lugar a una necesidad de supervivencia (considerando el agotamiento del modelo económico cubano, estancado tras la reforma inconclusa de los años ´90), si bien el discurso político desde entonces ha incluido elementos que inducen a pensar que al menos parte de los cambios más sustanciales son considerados estratégicos y no tácticos por las máximas autoridades del país. Este último aspecto, además de constituir una señal para grupos sociales cuya movilización es esencial al proceso de cambios, constituye una condición necesaria de éxito (aunque por supuesto no suficiente) de la cual careció la reforma de los ´90, considerada en buena medida como concesional por algunos de sus principales promotores[2].

En general, el proceso de cambios cobró aceleración desde la publicación en la Gaceta Oficial de la Repúblicade un conjunto de medidas[3] que rompían con las prácticas entronizadas durante el período de Revolución en Cuba, y con el legado teórico más ortodoxo de la economía política desarrollada en contextos socialistas. Al poco tiempo, se inició un proceso de consulta masiva al pueblo, donde se debatió un Proyecto de Lineamientos base para el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), que contenía a su vez un número importante de intenciones de política que suponían transformaciones en los aspectos institucionales y organizativos de la economía cubana, y que darían lugar posteriormente a un documento más completo que rectoraría nuevas medidas[4]. Con respecto al proyecto de lineamientos y la versión oficial aprobada en el VI Congreso del PCC, vale destacar que si bien representó un importante ejercicio democrático, no explicitó en la discusión la naturaleza política de los cambios más importantes que se proponían, y presentó notables carencias teórico-conceptuales que han implicado posteriores incoherencias de política.

Otro aspecto notable en el proceso de convocatoria a la discusión del Proyecto de Lineamientos, y que ha permanecido en el discurso político, ha sido el llamado a “actualizar el modelo económico”. Más allá de cuestionamientos al término “actualizar” (eufemismo para referirse a la reforma), las verdaderas inconsistencias de dicho llamado se encuentran en la insuficiente comprensión en torno a la noción teórica de modelo económico, a sus características particulares en el caso cubano, y por lo tanto en la determinación del paquete de medidas de política necesario para introducir cambios drásticos en el funcionamiento de la economía cubana.

Las dificultades en torno a la determinación de un sistema coherente de decisiones de política económica que impliquen cambios trascendentales en el funcionamiento de una economía, y por lo tanto también en los medios o instrumentos orientados hacia metas coyunturales o estructurales, y en el propio diseño de las políticas, fueron enunciadas por Tinbergen en los años ´50 del pasado siglo. Según este autor, estas decisiones están relacionadas con el orden económico (tamaño del sector público, estructura de los mercados, sistema de seguridad social, etc.), y son tomadas de manera relativamente poco frecuente y en general la cuantificación de sus efectos constituye una incógnita(Tinbergen, 1959).

En una propuesta orientada a arrojar luces sobre los cambios más trascendentales recientemente acaecidos en Cuba, se considera que el modelo económico de funcionamiento describe los rasgos institucionales y organizativos que tipifican a una economía, y que estos constituyen objetivos de política e incluyen medios para llevarla a cabo. En tal sentido, el modelo económico incluye fundamentalmente aspectos relacionados con el orden económico, si bien la frontera con los aspectos estructurales es imprecisa, y la forma en que estas y las coyunturales son llevadas a cabo constituye uno de los ejesesenciales[5].

Prácticamente cualquier cambio en los componentes del modelo propuesto en la variante final de Lineamientos, o ya materializado en alguna medida de política, implica transformaciones importantes, considerando además que ninguno de los ejes es totalmente independiente del resto. No obstante, el binomio peso de las diferentes formas de propiedad y formasde gestión de la propiedad socialirrumpe con notable fuerza en tal documento y en el discurso político. Por una parte el lineamiento no. 2 explicita la intención de fomentar otras formas de gestión diferentes a la estatal, lo que también implica directa o indirectamente el incremento de la propiedad no estatal. Por otra parte, entre insuficiencias y contradicciones, se han logrado imponer un conjunto de medidas (y anunciado otras entre las que se destaca la apertura al cooperativismo no agropecuario) que fomentan la proliferación de emprendimientos privados, que incluyen la posibilidad de contratación de fuerza de trabajo, la posibilidad de realización de intercambios con el sector estatal, el proceso de disponibilidad laboral, y un mayor acceso a facilidades bancarias y crediticias para las formas no estatales.

Es tal la importancia concedida a la proliferación de las formas de producción no estatales[6], que se ha anunciado en varios escenarios que su contribución al PIB ascenderá para el 2015 a un 40%[7]. En materia de empleo, al cierre de junio de 2012 ascendían a 390 598los trabajadores en el sector por cuenta propia, 233 227 más que los existentes en septiembre de 2010, antes de entrar en vigor la flexibilización de la participación y empleo en este sector[8](Leyva, 2012).

Ahora, más allá de un cuestionamiento al cálculo del aporte de las nuevas formas al PIB, se encuentran razonamientos cualitativos sobre las dinámicas internas que se generarían al interior del sector. Partiendo de la lista de actividades permitidas al cuentapropismo[9], las alrededor de 180 ocupaciones prácticamente relegan a los profesionales, al constituir labores poco intensivas en conocimiento. En tal caso, resulta incluso preocupante la calidad de casi la mitad del PIB del país a partir de bienes y servicios con escaso valor agregado. No obstante, no se avizora en el corto plazo un paso de las “listas positivas” a “listas negativas”[10], ni siquiera una ampliación sustancial de las actuales.

Otro aspecto a destacar en las dinámicas internas del sector no estatal,es la cuestionable capacidad de trabajadores desplazados del sector estatal, y en general de cualquier emprendedor, de “comenzar nuevas empresas en un contexto regulatorio complicado (incluyendo las limitaciones de la “lista”), y un ambiente dominado por productores pequeños pero establecidos quienes adoptan prácticas relativamente oligopólicas como consecuencias de las extendidas restricciones gubernamentales a nuevas iniciativas[11]”(Pajón, D. J.; Maqueira, A.; & Fernández, O., 2012). Tal situación es susceptible a generar estancamiento desde el punto de vista innovador en los agentes incumbentes (legales o underground), más orientados hacia prácticas colusivas que a la generación de soluciones tecnológicas en sus procesos. Por supuesto, la potencial introducción de competencia en la medida en que la “lista” se flexibilice y se complemente con otras medidas, contribuirá a cambiar el cariz de esta situación[12].

En este sentido, también es necesaria una reflexión sobre el papel de las políticas promotoras de innovación, orientadas al sector no estatal. Si bien la apelación a los incrementos de productividad en la empresa estatal son constantes (aunque generalmente basados en convocatorias e incentivos morales, y el ahorro), en general, pese a declararse la intención de fomento de las formas no estatales, y hacer públicas las previsiones de su incremento sustancial, las autoridades parecen considerar al sector fundamentalmente como un colchón de empleo ante el proceso de “disponibilidad laboral”, capaz de proveer un surtido muy básico de productos y servicios (destacándose los gastronómicos y de transporte) del cual el Estado se ha ido desprendiendo paulatinamente, y como contribuyente fiscal.

En la actualidad, son inexistentes las acciones cuyo objetivo explícito sea el incremento de la capacidad innovadora en este sector, si bien de forma implícita o indirecta pudieran generarse este tipo de dinámicas: se ha supuesto que la apertura a la actividad privada per seconstituye un motor generador de innovación que no es necesario estimular; o simplemente no se ha considerado básico que este sector produzca con dinámicas de eficiencia creciente.

No obstante a subestimar el aporte posiblede las formas de producción no estatal, y por lo tanto quedar ausente un buen grupo de medidas que complementarían las transformaciones en marcha, la mera apertura de un conjunto de actividades a este sector, y la automática reacción de los agentes ante esta, ha demandado cambios en las formas tradicionales deregulación de la producción. Entre estos cambios se destacala apertura de facilidades crediticias y financieras para el mencionado sector y la población en general, cuyos efectos y verdadero potencial hasta la fecha desapercibido, sólo pueden ser comprendidos partiendo de un análisis del nuevo marco regulatorio.

La nueva política crediticia:marco regulatorio

Los cambios experimentados en la esfera bancaria y crediticia, fueron esbozados inicialmente en el documento de los Lineamientos,  y cobró posteriormente forma mediante el Decreto Ley 289 y la Resolución 99 del Banco Central de Cuba en el año 2011. Desde el punto de vista de las transformaciones en los planos funcionales de la economía, su rol en el paquete de medidas concebido para el proceso de “actualización”, puede ser entendido desde varias aristas. Por una parte, supone un cambio en la praxis de la política económica en Cuba, donde la inducción de comportamientos a los agentes económicos transita de los históricos mecanismos administrativos a variantes de regulación indirecta; y un cambio en la estructura de los mercados al abrirse el acceso al mercado financiero a los sectores población y de formas productivas no estatales.

En el Decreto-Ley No.289 publicado en la Gaceta Oficial de la República en noviembre de 2011, se recogen los principios y procedimientos generales que regulan los créditos y otros servicios bancarios a las personas naturales. Según este marco legal, los sujetos del crédito son los trabajadores por cuenta propia autorizados a ejercer, los agricultores pequeños que acrediten legalmente la tenencia de tierras y otras formas de gestión no estatalque en el futuro se permitan[13], y las personas que requieran realizar acciones constructivas en sus viviendas o consumir bienes materiales[14].

Por su parte el Banco Central de Cuba establece las normas generales para el otorgamiento de créditos a las personas naturales mediante la Resolución No. 99 de 2011, indicando que las entidades estatales encargadas de este proceso sonel Banco Metropolitano, el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) o el Banco Popular de Ahorro (BPA), a partir de la selección de sucursales en todos los municipios del país. Llama la atención que dichas instituciones no solo estarán encargadas del otorgamiento de créditos al nuevo sector, sino que además podrán brindar una serie de servicios bancarios tales como la apertura de cuentas corrientes en pesos cubanos o convertibles, favoreciendo así el uso de instrumentos de pagos como letras de cambio, cheques y otros. Por tanto, el nuevo marco legal financiero ratifica (al menos de forma legal) el rol a jugar por el sector no estatal en el nuevo modelo económico al igualar el acceso a servicios financieros y crediticios de dichos agentes respecto a las empresas estatales cubanas, promoviendo así su expansión y desarrollo[15].

Analizando las particularidades del otorgamiento de créditos únicamente para las formas productivas no estatales tenemos que para los trabajadores por cuenta propia el financiamiento sepodrá conceder a partir de un importe mínimo de tres mil pesos cubanos en plazos que no excedan los 18 meses para capital de trabajo[16] y 5 años para inversiones[17]; mientras que los agricultores pequeños podrán solicitar créditos a partir de un importe mínimo de 500 pesos cubanos; en ambos casos no se especifica límite para el otorgamiento de crédito. Llama la atención que la totalidad de los créditos se ofrecerán únicamente en pesos cubanos suponiendo que la demanda de pesos convertibles se podrá satisfacer en el mercado cambiario CADECA.

Por otra parte, los créditos podrán ser otorgados en efectivo o mediante la emisión de instrumentos de pago, en uno o varios tramos del crédito y devengarán intereses desde el momento en que se haga efectiva la disposición.En tanto los importes y plazos de amortización de los créditos que se concedan se acordarán entre el banco y el solicitante en función del destino del crédito,  nivel de riesgo del mismo y la actividad  a financiar, la que quedará documentada mediante un contrato.Se incluye también la posibilidad de contar con un periodo de gracia según las necesidades del cliente para comenzar a pagar el principal de la deuda.

Las  amortizaciones de los préstamos para los trabajadores por cuenta propia tendrán como fuente de pago los ingresos lícitos que se obtengan por las actividades que se financien, o cualquier otro ingreso que perciban; en tanto para los agricultores pequeños serán principalmente los ingresos que se obtenga por los contratos de producción y de comercialización concertados, o cualquier otro ingreso que perciban.

Las tasas de interés de los créditos se formarán sumando un margen  entre 0,25% y 2,5%  a las tasas de interés de los depósitos a plazo fijo (de tres meses hasta 5 años) en pesos cubanos lo que implica que en la actualidad dichas tasas de interés podrán oscilar entre un 2,5% hasta un 9% según los propósitos del crédito, el plazo para su amortización, el análisis de riesgo realizado por el banco y la calidad del cliente (véase tabla 1).

Tabla 1. Tasas de interés activa para Capital de Trabajo e Inversión

Meses

Límite inferior

Límite superior

3

2,50

3,50

6

3,00

4,00

12

4,50

5,50

24

5,50

7,50

36

6,50

8,50

60

7,00

9,00

Fuente: Elaboración propia a partir de la Circular No. 2-2012 del Banco Central de Cuba.

A continuación se listan algunos de los requisitos exigidos para la solicitud de financiamiento:

  • Documento oficial que autorice a la persona natural a ejercer el trabajo por cuenta propia u otra forma de gestión no estatal, emitido por las autoridades competentes.
  • Certificación emitida por la Oficina de Control de la tierra mediante la cual se acredite la tenencia legal de la tierra, en el caso de los agricultores pequeños.
  • Operar cuenta corriente en la sucursal donde se  solicita el financiamiento.
  • No presentar deudas vencidas ni deuda por un crédito anterior en otra sucursal del Banco que lo está atendiendo.

Para la presentación formal de la solicitud los trabajadores por cuenta propia o los pequeños agricultores deberán presentar los siguientes documentos:

  • Modelo de solicitud de crédito, donde haga constar la factibilidad del negocio, ingresos estimados y mercado potencial, así como las garantías a presentar.
  • Documento de identidad.
  • Documento oficial que autorice a la persona natural para ejercer el trabajo por cuenta propia, o para otras formas de gestión no estatal, emitido por las autoridades competentes.
  • Inscripción en el Registro de Contribuyentes, en correspondencia con lo establecido en la legislación especial vigente.
  • Último comprobante del pago de los impuestos, de acuerdo a la actividad.
  • Copia de los estados financieros o Resumen del Registro Control de Ingresos y Gastos firmados por el solicitante según corresponda por el nivel de ingresos del mismo.
  • Flujo de Ingresos y Gastos real en moneda nacional con la información de 6 meses anteriores a la fecha de la solicitud y Flujo de Ingresos y Gastos  proyectados hasta la fecha del último plazo de vencimiento del crédito.
  •  Autorización del Ministerio de Salud Pública siempre que la actividad lo requiera.
  • Cualquier otro documento que el Banco considere necesario, dadas las características de la actividad autorizada y su forma de comercialización.

Un tema bien polémico en la Resolución lo constituyen sin dudas las garantías exigidas a los sujetos del crédito, pues parten del principio de cubrir el 100% del importe del principal más los intereses y podrían ser las siguientes:

  • Fiadores Solidarios[18]: se exigen como mínimo dos fiadores solidarios a los que se les realizará el análisis de riesgo para definir con certeza la capacidad de pago que le permita asumir las obligaciones en caso de impago del prestatario.
  • Pignoración de saldos de cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo abiertos en la sucursal bancaria que lo atiende.
  • Cesión de Certificados de Depósitos a Términos abiertos en algunos de los bancos comerciales.

Existen otro conjunto de garantías que en el futuro cercano serán consideradas por las entidades bancarias pero hasta la fecha no se han creado los mecanismos económicos para su utilización, en ese caso encontramos: letras de cambio o pagarés avalados por una institución financiera; bienes muebles; hipotecas de viviendas ubicadas en zonas de descanso o veraneo y solares yermos; las Cooperativas de Créditos y Servicios también pueden actuar como garante de sus miembros (Vidal, 2012).

Una vez recibidas las solicitudes de créditos en las sucursales bancarias, estas pasarán al Comité de Crédito creado donde los especialistas podrán aprobar, denegar o modificar la solicitud en función de tradicionales análisis de riesgos[19].

De aprobarse la solicitud el crédito podrá otorgarse por tramos de manera que el Banco verifique que los fondos están siendo utilizados según los propósitos declarados. El marco legal también recoge la posibilidad de que el deudor incumpla con la fecha de los pagos previamente pactados, en cuyo caso se aplicará una tasa de interés por mora sobre cada plazo pendiente hasta que se normalice el pago de los adeudos.

A grandes rasgos estos son los aspectos principales del nuevo marco regulatorio que abre el mercado financiero para las nuevas formas de producción no estatales; ahora se impone realizar un conjunto de reflexiones a la luz de las experiencias de este tipo en la arena internacional y de los resultados de la política tras su implementación.

Algunas reflexiones e impacto de la política crediticia

Para comprender las particularidades de la política crediticia y financiera en Cuba, se hace oportuna una breve reflexión sobre si la introducción de mecanismos crediticios orientados a las formas de producción no estatales se ha basado en formas tradicionales de otorgamiento de créditos, o ha tomado la forma de microcréditos[20]. En segundo lugar, aparece la cuestión de los objetivos que persigue como política la apertura crediticia, y si estos incluyen el fomento de dinámicas de innovación en el sector no estatal, la generación de competencia, y la consolidación de un tejido productivo nacional privado compuesto fundamentalmente por pequeños emprendedores.

El microcrédito es una variante crediticia específica orientada fundamentalmente a apoyar la proliferación de pequeños negocios o a mejorar su infraestructura. Entre sus características más notables, se encuentra la reducida cuantía de los préstamos, la no exigencia de garantías tradicionales, tipos de interés relativamente elevados para cubrir los riesgos del prestamista, y la participación de instituciones de préstamos especializadas[21]. Para el caso cubano, el otorgamiento de créditos comparte los rasgos de montos pequeños acompañados de tasas de interés elevadas, y como beneficiarios más probables los negocios de pequeña escala[22]. No obstante, presenta otros aspectos que tipifican variantes de créditos más convencionales (exigencias de garantías para el total del préstamo e intereses, otorgado por instituciones bancarias tradicionales) y que restringen el acceso de los usuarios potenciales.

Si bien resulta lógico que la apertura crediticia busque fomentar el desarrollo de las nuevas formas no estatales, incluye restricciones que invalidan su aporte a la constitución de nuevos emprendimientos, pues se exige que el solicitante ofrezca no solo colaterales y fiadores solidarios, sino que el beneficiario sea un cuentapropista o agricultor activo  que presente información detallada sobre la evolución de su negocio durante los últimos seis meses y una proyección de su evolución en el período de devolución del préstamo. Esto restringe el otorgamiento de créditos a propietarios establecidos, marginando hacia emprendimientos precarios a aquellos que comiencen un nuevo negocio, y determinando el uso de fuentes endógenas de financiamiento o el acceso a prestamistas informales.

No obstante, no sólo los nuevos emprendedores o aquellos más pequeños dentro de los establecidos quedan excluidos del acceso a las nuevas fuentes de financiamiento: si bien no se establecen límites superiores a las solicitudes de fondos, algunos aspectos hacen improbable que los negocios privados más sólidos intenten acceder a préstamos de gran envergadura. En primer lugar, montos cada vez mayores de crédito pueden complejizar el apoyo de fiadores solidarios[23]; en segundo lugar, la amplia difusión del fenómeno de sub-declaración de utilidades al fisco, lo que sugiere un desincentivo al escrutinio por parte de instituciones del gobierno de niveles de actividad e ingresos que demuestren la capacidadde honrar los compromisos en el futuro.

Por otra parte, tal y como está formulada, la política crediticia no favorece solo explícitamente a agentes incumbentes, sino que crea barreras a la entrada de nuevos competidores en las actividades autorizadas a las formas no estatales. De esta manera, las prohibiciones que durante años originaron comportamientos colusivos en varios sectores han encontrado continuidad, al menos de forma parcial.

Desde el punto de vista de la generación de innovación, en general la política crediticia orientada al sector no estatal sólo tendrá efectos positivos de rebote. La no inclusión de los temas de innovación en el marco regulatorio relegan consciente o inconscientemente las dinámicas innovadoras a incentivos a los que está sujeto el emprendedor. Si bien la propiedad y gestión no estatal genera comportamientos claramente maximizadores de utilidad, el contexto anteriormente descrito crea condiciones para la distorsión de su obtención a partir de prácticas avasalladoras que basan las cuotas de ganancia de los productores en el ejercicio constante de su poder de mercado y no en la introducción de nuevos conocimientos, prácticas o tecnologías.

Ahora bien, analizando los resultados del lanzamiento de la nueva política crediticia para las nuevas formas de producción no estatal tras más de medio año de implementación  estos no parecen muy halagüeños. Si bien al cierre del primer semestre los bancos habían otorgado más de 47000 créditos por valor de más de 300 millones pesos, el 90% de estos estuvieron dirigidos a financiar acciones constructivas[24](Leyva, 2012).

Con respecto al caso específico del Banco Metropolitano, encargado de promover la nueva política crediticia en la capital hacia junio de 2012 solo había otorgado dos créditos (de siete solicitudes presentadas)[25]; en tanto el Banco de Crédito y Comercio había concedido tres préstamos hasta marzo, contrario a lo esperado partiendo de la buena acogida que en años anteriores tuvieron los créditos sociales para financiar el programa de ahorro energético y la gran demanda de créditos para financiar materiales de la construcción.

Al cierre de junio en la capital estaban inscritos 100 830 trabajadores por cuenta propia (lo que representa aproximadamente el 25% del total de cuentapropistas del país) según datos de la ONAT provincial. De ellos alrededor del 20% eran trabajadores contratados por lo que los posibles demandantes de créditos ascendían a 82 568, cifras que demuestran de forma categórica la inefectividad y el poco alcance que ha tenido hasta la fecha la nueva política crediticia.

Si los trabajadores por cuenta propia y los agricultores pequeños no vislumbran dichos créditos como una fuente de financiamiento segura para el desarrollo de sus actividades, la política seguirá siendo inefectiva y esto debe llamar la atención de las autoridades monetarias quienes deberán analizar profundamente las causas del bajo número de solicitudes y de aprobaciones. Tomando en cuenta los resultados de dos encuestas realizadas[26] por estudiantes de la Facultad de Economía insertados en la Unidad Docente del Banco Central de Cuba, existe convergencia de criterios entre las muestras encuestadas en cuanto a la dureza de los términos exigidos para el otorgamiento de crédito, con énfasis en las tasas de interés y las garantías.

Entonces, entre la complejidad asociada al proceso de solicitud de créditos, y la percepción de difíciles condiciones de acceso, la demanda de préstamos es susceptible a orientarse hacia fuentes endógenas e informales, tal como se mencionó anteriormente. Entre las primeras se encuentra la acumulación desarrollada por medios lícitos o ilícitos por un conjunto de individuos que aprovecharon posiciones privilegiadas durante la etapa previa a la expansión del trabajo por cuenta propia (las cuales conservan en muchos casos); y como denominador común entre ambas fuentes los flujos provenientes del exterior en forma de remesas o inversión enmascarada. Un dato curioso salta a la vista al realizar búsquedas en www.revolico.com[27], donde aparecen varias solicitudes recientes de préstamos de cubanos, ofreciendo la posibilidad de interactuar con el extranjero.

Por otra parte, las características generales de la aprobación de préstamos, implican un proceso demasiado dilatado en el tiempo, que impide aprovechar de forma lo suficientemente ágil las diferentes oportunidades asociadas tanto a insumos como a inversiones que se presenten a las formas no estatales. En tal caso, la urgencia de liquidez será otro elemento que determine la selección de una u otra vía de financiamiento.

Desde el punto de vista del Banco Central, la proliferación de los comportamientos asociados a los préstamos informales e inversiones enmascaradas, constituye un peligro al dejar de percibir transacciones e información asociada a los motores de los actuales emprendimientos. Si bien las autoridades pueden considerar de forma tácita que el ahorro externo puede contribuir a la dinamización del naciente sector, el sistema bancario deja entonces de jugar su papel  no canalizando el ahorro externo, ni poniendo el interno en función del proceso inversionista[28].

Comentarios finales

La expansión del trabajo por cuenta propia y por consiguiente la apertura de un grupo significativo de negocios desde el 2010 hasta la fecha, ha implicado la realización de numerosas inversiones a partir de determinados montos de capital, sin que las instituciones bancarias cubanas apenas intervinieran en este proceso. La escasa experiencia de estas para la promoción de servicios de crédito, producto de la poca o nula relación histórica con pequeños emprendedores e iniciativas privadas en general, constituye hoy su principal hándicap para cumplir el rol que se le ha otorgado en el nuevo modelo económico.

Esto representa un gran reto para el sector bancario, que deberá incorporar de forma inmediata algunas de las prácticas que internacionalmente se usan para llamar la atención del conjunto de formas no estatales que hoy interactúan en la economía cubana. Un mayor uso de las microfinanzas y una reorientación de la actual política crediticia hacia prácticas de microcréditos, a partir de la creación de instituciones especializadas, pueden ser algunas de las alternativas a explorar para estrechar las relaciones con los cuentapropistas y los agricultores pequeños.

En este sentido una opción complementaria para expandir el microcrédito pudiera ser la asociación entre la banca cubana con las agencias de cooperación internacional radicadas en el país, tratando de colocar de forma organizada y eficiente los fondos que estas últimas poseen en la promoción de las mejores prácticas no estatales de pequeña escala pero con un alto impacto en el mercado interno.

Por otra parte, también será necesario estudiar el gran diapasón que conforman hoy las formas no estatales de producción en aras de establecer una política crediticia más diferenciada en función del sujeto de crédito. En la actualidad dicha política es muy homogénea y no toma en cuenta las particularidades que existen a lo interno del nuevo sector (negocios de menor o mayor tamaño; capacidad de brindar empleo; contratación o no de fuerza de trabajo; incumbentes o que intentan irrumpir en el mercado; realizando actividades intensivas o no en conocimiento; condiciones precarias u óptimas), más allá del estrecho margen de tasas de interés que de forma bilateral puede establecer el banco en función del riesgo de la inversión.

La heterogeneidad interna del grupo no estatal, más la homogeneidad con que se ha concebido la política, pueden determinar que a lo interno, se beneficien fundamentalmente negocios de tamaño medio, ya establecidos. De esta manera, quedarían excluidos de los beneficios del crédito estatal pequeños emprendedores que recién incursionan (o desean incursionar) en el mercado, y productores privados cuyos negocios presenten las mayores volúmenes de actividad comparados con el resto. De mantenerse tal contexto, resulta razonable pensar que los niveles de acumulación en el sector se encontrarán por debajo de los requeridos.

El perfeccionamiento de la nueva política crediticia en el contexto trasformador del modelo económico debe ser una de las tareas prioritarias para el sistema bancario cubano, en aras de fortalecer las relaciones con las nuevas formas de producción no estatal y promover su expansión y desarrollo. Las debilidades de este nuevo marco regulatorio deben superarse para que la banca cubana recupere espacios vitales y se convierta en un agente orgánico dentro de la “actualización”, de forma tal que garantice la generación de dinámicas de innovación en el sector no estatal, el fomento de la competencia, y consolidación de un tejido productivo nacional privado compuesto fundamentalmente por pequeños emprendedores.

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[1] Véase (Castro, 2007).

[2] Pueden consultarse las reflexiones al respecto de José L. Rodríguez, Ministro de Economía y Planificación en la etapa de la crisis, en (Espina, M.; Rodríguez, J. L.; Triana, J.; & Hernández, R., 2011).

[3] Entre las más notables podemos encontrar la reglamentación para la ejecución del proceso de “disponibilidad laboral” (el término implica la reducción de empleos públicos basados en criterios de eficiencia), la expansión del trabajo por cuenta propia, y la posibilidad de contratación de fuerza de trabajo en las formas de producción no estatales. Pueden consultarse las disposiciones al respecto en los números 011 y 012 Ext. Especial de octubre de 2010 de la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

[4] Véase (PCC, 2011).

[5] Según la propuesta desarrollada por (Fernández, 2011), el modelo económico de funcionamiento estaría compuesto por seis ejes articuladores: peso de las diferentes formas de propiedad; formas de gestión de la propiedad social; organización económica del Estado; organización y estructura de los mercados agregados; mecanismos de regulación de la producción y peso de las diferentes fuentes de distribución de las riquezas.

[6] En este punto hacemos referencia a cifras que ilustran cuantitativamente el fenómeno de expansión de las formas no estatales, no su calidad. Otro análisis que considere la inexistencia de mercados de insumos lo suficientemente abastecidos, o la reducida lista de ocupaciones permitidas a los privados y por lo tanto el tipo de bienes y servicios con que pudieran contribuir al PIB, catalogaría de sumamente limitada la importancia concedida a las formas de propiedad y gestión no estatal.

[7] Según declaraciones del Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Esteban Lazo, en un espacio televisivo que salió al aire el abril de 2012, dentro de cinco años entre un 40 y un 45% del PIB cubano será producido por las diferentes formas de producción no estatales (Xinhua, 2012).

[8] La expansión de esta forma de empleo resulta mucho más evidente al recordar que en la década de los 80, específicamente en el año 1987 la cantidad de trabajadores por cuenta propia apenas rebasa los 32800(Comité Estatal de Estadística, 1987).

[9]Esta palabra se deriva de la expresión “trabajo por cuenta propia” con la cual se denomina desde la reforma de los ´90 al conjunto de actividades realizadas en el sector privado.

[10] Las “listas positivas” informan sobre el grupo de actividades que el sector no estatal está autorizado a ejercer. Las “listas negativas” constituyen una variante que explicita exclusivamente las actividades que este sector no puede realizar, y por naturaleza expande enormemente el espectro productivo y de servicios en que pueden desempeñarse las formas no estatales.

[11] Traducción propia del inglés.

[12] Entre los temas ausentes en el paquete de medidas para la “actualización” del modelo destaca la regulación delos mercados nacientes, a través de la creación de instituciones de competencia especializadas que combatan las futuras e inevitables prácticas predatorias y el avasallamiento al consumidor.

[13] Se refiere fundamentalmente a las nuevas cooperativas fuera del área agrícola que en lo adelante se autoricen.

[14] El consumo de bienes materiales por medio del otorgamiento de créditos constituye una opción recogida en las regulaciones bajo la restricción de hacerse efectiva una vez que las condiciones económicas y financieras del país lo permitan.

[15] Antes del proceso de actualización del modelo económico el sector privado sufría serias restricciones financieras, que iban desde la imposibilidad de acceder a créditos, la apertura y manejo de cuentas corrientes y el uso de instrumentos bancarios (con excepción de las cooperativas agrícolas).

[16] Incluye la adquisición de materias primas, materiales e insumos.

[17] Se refiere a la compra y/o reparación de bienes inmueble y equipos.

[18] Aquella persona familiar o no del solicitante del crédito que supla la insolvencia del deudor en caso de incumplimiento de su obligación o impago de la deuda asumiendo la obligación contractual.

[19] En estos momentos los bancos seleccionados para el otorgamiento de créditos trabajan en aplicación de métodos y modelos de creditscoring para evaluar de manera automática el riesgo de crédito de cada uno de los solicitantes, lo cual permitirá agilizar la gestión de dichas entidades.

[20]Si bien la terminología de “microcrédito” no está incorporada en la nueva legislación, la apertura crediticia ha sido analizada desde tal perspectiva por (Vidal, 2012).

[21] Las instituciones bancarias tradicionales generalmente no promueven las alternativas de microcrédito por los altos niveles de riesgo asociado a estas.

[22]Prácticamente cualquier iniciativa en el sector privado tiene una envergadura menor que empresas similares pertenecientes al sector estatal, de ahí que en principio cualquier apertura crediticia a las formas no estatales beneficie negocios de pequeña escala.

[23] Nótese que en el actual marco regulatorio el fiador juega un papel preponderante, al ser ínfimas las variantes de colaterales aceptadas como garantías.

[24]Se refiere a la construcción y reparación de viviendas.

[25] Según datos ofrecidos por especialistas de la Banca Corporativa del Banco Metropolitano.

[26]Se aplicaron dos encuestas sobre 60 y 98 trabajadores por cuenta propia de la capital respectivamente. Estos análisis no incluyen la perspectiva de personas interesadas en acceder a créditos para comenzar un emprendimiento.

[27] Este sitio web se ha convertido en un portal de obligada consulta para aquellos que desean comprar, vender, invertir, anunciar, etc. en Cuba.

[28] El circulante inmovilizado en los bancos en forma de cuentas de ahorro de las familias representa en la actualidad aproximadamente el 25% del PIB, cifras para nada desdeñables (Hidalgo, V. & Doimeadiós, Y., 2012).

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
León Mundul, Jessica y Pajón Espina, David: "Emprendimientos y política crediticia en el modelo económico cubano" en Revista Caribeña de Ciencias Sociales, diciembre 2012, en http://caribeña.eumed.net/emprendimientos-y-politica-crediticia-en-el-modelo-economico-cubano/

Revista Caribeña de Ciencias Sociales es una revista académica, editada y mantenida por el Grupo eumednet de la Universidad de Málaga.