EL ENFRENTAMIENTO A LA CORRUPCIÓN: IMPOSTERGABLE DEBATE PARA DEFENDER DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES

Resumen.
En tiempos como los presentes, en el que las fuerzas productivas han alcanzado un grado de desarrollo tal que ni el propio Marx habría imaginado; en el que el poder y el dinero son las metas a conseguir a cualquier costo; donde en pleno siglo XXI en un mundo ultradinámico e informatizado como el nuestro, se ha utilizado la horca como forma de ejecución judicial; donde el presente y el futuro. Una visión desde la dogmática penal”.el anciano del barrio no sólo discute de pelota sino que se preocupa además por la probable destrucción de la capa de ozono, la supervivencia de la especie humana y la pérdida de determinados valores éticos, morales y de respeto en las relaciones entre padres e hijos; el fenómeno de la corrupción se propaga con tendencias muy preocupantes, pues los actos corruptos erosionan la base moral de la sociedad, subvierten el imperio de la ley, retrasan el desarrollo social, la gestión pública y privada, la economía y sus políticas de crecimiento.

Palabras clave: Corrupción, flagelo, fenómeno, destrucción.

Introducción

La elección de un tema de estudio como este se convierte en una necesidad vital, toda vez que este flagelo navega sobre el inconsciente colectivo y, si el modelo deseable a nivel global estimula el éxito económico a cualquier costo, la corrupción se convierte en un subproducto, casi inevitable que refleja -al decir de algunos politólogos- la “epidemia de fin de siglo”, ello con independencia de que en nuestro país nos enfrentamos a manifestaciones de corrupción que comparadas con las que se producen en otras partes del mundo pudieran catalogarse como primigenias, siendo calificada por el periodista hispano-francés Ignacio Ramonet como corrupción a pequeña escala generalizada.[1]

Estas razones nos hacen pensar que del mismo modo en que estamos enfrascados en la lucha por eliminar todo agente que pueda resultar contaminante para el Ambiente, debemos preocuparnos por hacerle frente con más ímpetu que nunca a esa otra “contaminación” que  atenta contra le existencia de una sociedad sana, esto si realmente queremos hablar con propiedad de modernidad y avance en los umbrales del presente siglo. No queremos ser pesimistas, ni mucho menos, tan solo pretendemos constatar una realidad que esta ahí, delante de nuestros ojos, por mucho que volteemos la cara.[2]

Nuestras intenciones están dirigidas a continuar trabajando intensamente en el enfrentamiento a la corrupción, a fin de lograr estrategias de prevención que nos permitan su mitigación. Sin embargo, este propósito sufre cada día más, el embate económico, político e ideológico -en el caso de Cuba- del bloqueo imperialista y por ende se refleja en diferentes manifestaciones de prácticas sociales no compatibles con nuestros principios, ya que a pesar de las medidas aplicadas continúan adoptando más y nuevas formas. Esta situación hace necesario redoblar los esfuerzos en su enfrentamiento y aunque en nuestro país el fenómeno no es comparable con el resto del mundo como ya hemos expresado, sí constituye un peligro para el normal desarrollo de nuestro proyecto social que por su naturaleza ha de estar ajeno a toda forma de inmoralidad.

Un solo caso de un funcionario que se nos haya corrompido resulta para nuestra sociedad atención priorizada. De aquí toda la labor que debe realizarse con la participación plena de todos los sectores de la sociedad, incluyendo, sobre todo, la sociedad civil, mediante el trabajo preventivo comunitario, imponiendo la necesaria elevación de nuestra preparación para enfrentar con mayor efectividad esta labor, que no puede ser eficaz sin el apoyo activo y la participación de todos los ciudadanos.

Es sabido que este trabajo requiere, además de conciencia y entrega, inteligencia y tacto. La tendencia debe orientarse, no sólo al tratamiento de los casos detectados sino a la evitación del inicio de esta práctica con consecuencias probadamente graves.  Debe tenerse como principio conductor en la lucha contra esta gangrena social, que la idea no es la de detectar más delitos y violaciones de la legalidad o descubrir funcionarios o actos corruptos, sino prevenirlos que es la función primaria del Derecho como ciencia social. Debemos detectar los casos en el momento oportuno, pero lo principal es la disminución de tales hechos, como resultado de una disciplina estricta y consciente, además de un control no tanto riguroso como eficiente.

¿Cómo enfrentar a través del Derecho Penal esta seria problemática? El papel de la fiscalía al respecto, las condiciones que debe asumir y tener la misma tanto en nuestro país como en otras latitudes del mundo son, de forma general, los temas  por nosotros abordados. Unido a las medidas administrativas y a la elevación de los valores y educación de la ciudadanía.

En correspondencia con ello los objetivos que perseguimos en nuestro artículo van dirigidos primeramente a concretar lo que universalmente podría conocerse y definirse como corrupción en los diferentes sistemas políticos y democráticos. Ilustrar las formas de corrupción y sus manifestaciones en la sociedad en general y por último determinar cual debe ser el rol del Derecho Penal en el enfrentamiento al flagelo.

Constituyendo nuestros principales resultados, los siguientes:

  1. Aportar los elementos que demuestran la importancia de profundizar en el estudio del fenómeno de la corrupción como premisa para su  enfrentamiento.
  2. Material bibliográfico sobre el tema para ser utilizado como punto de partida en la posterior  extensión de la investigación  por  otros operadores del derecho desde la óptica del resto de las ramas e instituciones del Derecho.

Sin lugar a dudas, abordamos una temática de suma importancia teórico-práctica, a la que en la actualidad se le dedican amplios espacios.  La búsqueda de soluciones al problema que se estudia es decisiva para la no desnaturalización del papel y misión del Derecho Penal en su función de garantía y seleccionador de los comportamientos humanos penalmente relevantes, merecedores de un castigo más severo[3].

La importancia del artículo radica por tanto en que servirá como material de consulta e instrumento de trabajo a los instructores penales y operadores del Derecho en su quehacer diario de impartir justicia en aquellos hechos tipificados por este tipo de normas. Si cumple con tales expectativas, y desarrolla con mayor profundidad y eficacia las labores preventivas, de detección, enfrentamiento e investigación de conductas delictivas asociadas a hechos de corrupción, entonces habremos logrado nuestros objetivos.

Por último decir que hoy en materia de enfrentamiento al flagelo de la corrupción desde distintas ópticas, entre las que se incluye sin lugar a dudas el Derecho Penal, mucho tenemos que aprender, no obstante tenemos a nuestro favor la capacidad organizativa de nuestro pueblo e instituciones para enfrentar y ganar esta nueva batalla. 

I: CONCEPCIONES GENERALES ACERCA DEL FENÓMENO DE La CORRUPCIÓN.

“El imperativo de luchar contra la corrupción, cualquiera que sea su naturaleza o ámbito de manifestación, obedece a la necesidad de los pueblos de defenderse de un mal que socava las bases mismas de cualquier sistema social y político y que ataca y corroe al final de su cadena destructiva a lo más importante y a lo más sensible, al hombre como especie humana”.   Juan Escalona Reguera.

Este epígrafe  constituye el soporte teórico doctrinal y comparado del trabajo y precisa como objetivo caracterizar el fenómeno de la corrupción a partir de su análisis como una de las problemáticas que ha evolucionado a nuevas y sofisticadas manifestaciones en el mundo actual, de modo que este viaje, -seguro truculento-, nos permita anclar en una definición conceptual más o menos acabada del flagelo que ayude a su identificación cualesquiera que sean las circunstancias. Para ello se recorrieron los principales argumentos doctrinales relativos al tema, utilizando como métodos científicos: el lógico, el teórico jurídico, el histórico y el jurídico comparado. 

Aunque algunos autores expresan que no hay mucha información disponible que circule a nivel internacional sobre cómo se manifiesta la corrupción en Cuba y cuál ha sido la respuesta de nuestro gobierno a ella,[4] lo cierto es que en nuestro país resulta ya difícil de enumerar las diferentes acciones y estrategias que se han adoptado desde los distintos niveles de dirección y en las que se involucra a la ciudadanía en general en aras de combatir este flagelo, cuyo enfrentamiento constituye incluso uno de los pilares del trabajo político ideológico de la Revolución. Pero coincidimos con la idea de que a la hora de evaluar el comportamiento del flagelo en nuestra isla y realizar comparaciones con otros países se debe tener presente nuestro modelo político y económico que aún rigiéndose por las bases del modelo socialista, tiene sus peculiaridades.

Nuestra economía no funciona sobre la base de una economía de mercado ni ha empleado receta neoliberal alguna. No se puede hablar, por tanto, en los mismos términos sobre la corrupción en los procesos de contratación entre el Estado y el sector privado, porque la mayor parte del sector productivo y comercial, con independencia de las nuevas formas de propiedad introducidas con la modificación constitucional de 1992, está bajo el control absoluto del propio Estado, expresión esta del principio constitucional de preeminencia de la propiedad estatal socialista.

Inaplicables también resultan para nuestro caso, las teorías que se utilizan para analizar la corrupción en el resto de los países del área, ya que estas parten en principio de la existencia del pluripartidismo que supone el enfrentamiento de los partidos en los procesos electorales requiriendo para ello de fuentes de financiamiento privadas para cubrir los costos de sus campañas.

Estas precisiones preliminares nos obligan a sostener la tesis de que al tratar el tema de la corrupción en Cuba nos es posible hacerlo tomando como base los conceptos tradicionales de corrupción que cotidianamente se utilizan en investigaciones que sobre este fenómeno se realizan. No obstante, debemos partir del análisis de aquellas que consideramos más ilustrativas ya que se han emitido por diferentes autores sin importar posición política, religiosa, social, etc.

En este mismo sentido y aunque reza una máxima latina que “Omnie definitio in iure periculosa est”, desde el punto de vista teórico doctrinal los conceptos y definiciones son instrumentos necesarios de los cuales se auxilia el hombre para identificar o caracterizar fenómenos, procesos o cosas, aunque también somos del criterio que más que conceptualizar el flagelo de la corrupción  -cosa esta que cada vez resulta más compleja-[5] debemos prepararnos para identificarla dondequiera que esté presente.

Al respecto diremos que muchos estudiosos la definen teóricamente y hasta la dividen en corrupción física y corrupción moral, y según el diccionario Larousse, en este caso un diccionario básico escolar, el término Corrupción es equivalente a putrefacción, soborno y depravación.  La Real Academia Española define corromper como “quitar o tomar alguna cosa con violencia y fuerza”. En tanto que el verbo “corromper” significa alterar o trastocar la forma de alguna cosa.

En el uso cotidiano, asociamos corrupción con delito, perversión, política, narcisismo. Sin embargo, semánticamente, su origen se ubica en el término latino “rumpere” del que se derivó “corrumpere”, entendido éste como alteración, depravación, vacío y, consecuentemente, corrupción de las partes de un cuerpo; existen de tal término derivaciones hacia ciencias naturales y exactas y hacia la propia conducta social. En este último sentido, la idea central de la palabra indica dejación de valores sociales que regulan un comportamiento conforme a normas generales aceptadas por determinado grupo social. 

Jurídicamente, la acción ha de evaluarse según el objeto de ataque y afectación al bien jurídico dado, que indica – por antonomasia – un abuso por funcionario o autoridad del encargo social que le ha sido otorgado, con ánimo de obtención de beneficios de cualquier índole. Este fenómeno ha sido nombrado heterogéneamente en el ámbito legal, así se le denominó crimen repetundarum por los romanos; bribery, por los ingleses; peita y soborno, por los portugueses; baratería, por los italianos, etc.

Para el maestro argentino Soler, corromper “tiene un sentido esencialmente psicológico y moral de manera que se dice corruptora la acción que deja una huella profunda en el psiquismo de la víctima torciendo el sentido natural y sano de la sexualidad.” Evidentemente esta definición de corrupción ha sido enfocada tomando como base los delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales, la infancia, la familia y la juventud.

Una de las más completas, es la que propone Carlos Galarza (1999) que la presenta como un sistema de comportamiento de una red en la que participan un agente (individual o social) con intereses particulares y con poder de influencia para garantizar condiciones de impunidad, a fin de lograr que un grupo investido de capacidad de decisión de funcionarios públicos o de personas particulares, realicen actos ilegítimos que violan los valores éticos de honradez, probidad y justicia y que pueden también ser actos ilícitos que violan normas legales, para obtener beneficios económicos o de posición política o social, en perjuicio del bien común.[6]

Otras de las posiciones teóricas por nosotros consultadas expresan que “sin importar el sistema económico y político que reine en un país o en una institución, la corrupción puede definirse como el uso incorrecto que hacen los representantes de una colectividad, de las facultades o recursos que les han sido asignados o de los que se han apropiado para beneficiar a grupos de poder. Las prácticas de corrupción equivalen a transgresiones en contra de los representados o de la colectividad, y producen afectación a los derechos de estos y exclusión para usar y beneficiarse de los espacios colectivos, sean estos el gobierno, el mercado, los medios de comunicación u otros.”[7]

Otro sector sostiene que desde tiempos inmemoriales existe la corrupción. Ha coexistido con la pobreza y la desigualdad desde siempre, como otra forma de injusticia que pesa sobre las naciones. Se entiende por corrupción los actos ilegítimos, de omisión o negligencia cometidos por individuos -empresarios, funcionarios, político o autoridad- que resultan en un beneficio propio a costa del bien común. Implica la obtención de una ganancia privada e ilegítima, en dinero, otros recursos materiales o beneficios intangibles, que se genera a costas de un bien ajeno, privado, comunitario, social o público.[8]

Sin embargo, la definición de la corrupción más utilizada es la elaborada por el profesor de la Universidad de Harvard Joseph S. Nay, quien considera a la corrupción como una conducta que se desvía  de las obligaciones de orden público normales debido a intereses personales (…) o beneficios monetarios o de orden social o que viola normas respecto al uso  de cierto tipo de influencias con fines personales. Esta definición incluye conductas tales como el cohecho (utilización de gratificaciones con el fin de influenciar el juicio de una persona de cierta jerarquía, nepotismo (elección por vínculos familiares y no por méritos personales) y malversación (apropiación ilícita por particulares de recursos públicos).  Cito: “Un comportamiento que se aparta de los deberes normales de la función pública debido a que atiende a lo privado (familia, allegados) o ganancias pecuniarias o de estatus; o quebranta las reglas en contra del ejercicio de ciertos tipos de influencia que atienden a lo privado. Esto incluye comportamientos tales como el soborno (el uso de recompensas para pervertir el juicio de una persona en posición de confianza); el nepotismo (el otorgamiento de patrocinio por razones de relación atribuida en lugar de méritos); y la malversación de los fondos públicos para usos privados”.[9]

Valioso para nuestro trabajo cotidiano, es también, viniendo ya a nuestro contexto, la definición que de Corrupción Administrativa aportó la Fiscalía General de la República en marzo de 1998 para el trabajo Fiscal como “aquellos hechos que impliquen actos arbitrarios, injustos, contrarios a la ley, dilatorios u omisos que generen lucro y otro beneficio para el funcionario o empleado que realiza la conducta o para un tercero y ocasiona un perjuicio a otro o afecta la imagen de limpieza y honestidad de la gestión administrativa o la actuación de las autoridades judiciales o de otro tipo o de sus agentes y de funcionarios o empleados del Estado o cualquier otra entidad. Los actos de corrupción en la esfera administrativa pueden estar también relacionados con el uso indebido de los bienes del Estado o de las entidades económicas, comerciales u otras que no tengan precisamente fines lucrativos, las apropiaciones de tales bienes o de los bienes de personas, omisiones o retardo en la administración, gestión o asesorías y realización de contratos con violación de lo establecido por funcionarios o empleados”.

Asimismo, hemos de destacar que en nuestro país existe ya una disposición normativa que define la corrupción administrativa  como “la actuación contraria a las normas legales y a la ética de los cuadros del Estado y el Gobierno, del dirigente administrativo o funcionario, en el ejercicio de su cargo o función, caracterizada por una pérdida de valores morales incompatible con los principios de la sociedad cubana, que se comete al dar uso para intereses personales a las facultades y bienes materiales que deben ser para la satisfacción del interés público o social; dirigida a obtener beneficios materiales o ventajas de cualquier clase para sí o para terceros, que se fundamenta en el engaño, el soborno, la deslealtad y el desorden administrativo.”[10]

Finalmente decir que en los tiempos actuales, el flagelo de la corrupción puede estar en cualquier parte. Se concibe como el abuso de poder para el provecho personal. No obedece o es propio de determinada posición política, ni religiosa, ni de determinada área geográfica, ni condición racial. No es exclusivo de un sistema económico o político. Puede existir corrupción en países capitalistas y en aquellos que se encuentran en la construcción del socialismo, en países democráticos y autoritarios, en dictaduras, repúblicas y monarquías. Puede tener lugar en el sector público y en el privado, en el nacional y en el transnacional. Aunque no podemos negar y resulta importante destacar, que la corrupción como flagelo se aviene y es por demás más consustancial a un régimen que a otro.

La corrupción tiene efectos negativos en la vida de las naciones. Socava el imperio de la ley. Es un impuesto invisible que encarece los negocios y carga ese costo adicional a los pobres y a las poblaciones más vulnerables de cada país, que son quienes menos pueden soportarlo. Incide negativamente sobre el desarrollo económico, la democratización, las libertades sociales y la estabilidad política de las naciones.

La corrupción si bien es un fenómeno que viene de la antigüedad, hoy constituye un concepto en construcción dada las características y magnitudes que ha alcanzado en la sociedad moderna en la que evoluciona cada vez más a nuevas y sofisticadas manifestaciones. Esta es una de las razones que nos limitan de algún modo a crear una definición digamos, acabada del flagelo, no obstante  consideramos que: La corrupción consiste en el aprovechamiento de atribuciones, poder o autoridad confiados al individuo por su cargo o función en la gestión económica, mayormente estatal, siempre con el propósito de obtener beneficios injustos o impropios por su origen para sí o para terceros.

II: RASGOS  FUNDAMENTALES QUE CARACTERIZAN LA CORRUPCIÓN.

Con este epígrafe se pretenden proporcionar al lector una visión general de aquellos criterios y elementos que  a grandes rasgos caracterizan al fenómeno de la corrupción y que pueden ser de gran utilidad para su identificación en un momento determinado, a partir del estudio de las distintas clasificaciones que del flagelo se han tratado en la doctrina, los sujetos que intervienen en hechos de esta naturaleza y los efectos nocivos que genera.

De este modo se puede entender la corrupción como los comportamientos llevados a cabo por una persona o por un grupo de personas que se consideran transgresores de las normas sociales. El hecho de que exista variabilidad dentro de las normas sociales hace que la clasificación de un hecho y la definición de un concepto de corrupción, dependa y esté ligado al momento histórico y social como al sistema valórico vigente.

Así los enfoques dados por los autores al abordar las diferentes clasificaciones de esta gangrena social transitan desde aquellos que la clasifican en corrupción directa e indirecta hasta quienes quizás con un enfoque prejuicioso la catalogan en blanca, gris y negra.

Según estas líneas del pensamiento científico social se llama corrupción negra a aquellas acciones más potentes y universalmente aceptadas como el soborno y la extorsión. Mientras que la corrupción blanca ocurre en el caso de que actos corruptos son aceptados ampliamente por las personas en el ámbito que se trate. Entonces al concebir un límite intermedio entre estas formas de corrupción, denominan corrupción gris a aquella que incluye todas las conductas acerca de las cuales las élites y la  opinión pública discrepan al momento de evaluarlas como corruptas o no.

Otra forma de entender el fenómeno es considerarlo tanto como un producto, como un recurso o como un proceder. En cuanto a la primera visión, la corrupción es referida como un recurso expeditivo, vale decir que se utiliza para acelerar los procesos y, por tanto, el corrupto es “un experto en atajos”. Esta característica racional por excelencia sustrae al corrupto del orden de la inadvertencia, siendo jamás inocente, pues siempre sabe lo que hace. Desde la segunda perspectiva, la corrupción es un proceder, un modo de hacer para obtener beneficios. Este proceder tiene una característica sustancial, que es la desviación respecto de una cierta normatividad, o sea, la obtención del beneficio, se lleva a cabo, al margen de la conducta normal. La desviación puede hacerse respecto a una norma jurídica o normas éticas.

En último lugar, se le denomina  corrupción directa a aquella corrupción en la cual es el propio funcionario que en aras de obtener un beneficio se aprovecha de su condición, traicionando así la confianza en él depositada. Dentro de este grupo se encuentra el abuso de poder,[11] la apropiación de bienes privados o públicos,[12] el enriquecimiento ilícito,[13] la extorsión, el favoritismo[14] y el nepotismo.[15] Y se conoce por corrupción mediada a las diferentes acciones encaminadas a la obtención de un beneficio particular por medio de un tercero. La primera categoría dentro de este grupo es la aceptación de ventajas indebidas,[16] el tráfico de influencia,[17] el soborno,[18] el clientismo político[19] y por último las malas prácticas electorales.[20]

Finalmente, a estas clasificaciones se le suma una tercera nombrada aprovechamiento de procedimientos en el que el acto corrupto consiste en el aprovechamiento de falencias en el sistema de procedimientos en que se halla inserto el individuo. En este grupo se encuentran el manejo indebido de fondos públicos y/o privados,[21] el manejo indebido[22] y el ocultamiento de información,[23] la negociación incompatible,[24] los manejos indebidos de procedimientos públicos[25] y el lavado de dinero.[26]

En conclusión, como se puede deducir del análisis de estas últimas clasificaciones del fenómeno de la corrupción, existen diferencias entre estos tres grupos. El primero, llamado corrupción directa, se caracteriza por ser predominantemente individual y no requiere de la participación de diferentes actores pertenecientes a otros sistemas ajenos de la institución en la cual se comete el acto corrupto. En el segundo grupo, en el que participa un tercero que media la acción, existe una mayor diversidad de participantes y una división de roles en las cuales, principalmente son los privados los demandantes de corrupción y son los agentes o funcionarios públicos los oferentes. Y en último lugar, la corrupción en la que se genera un aprovechamiento de los procedimientos depende más de las estructuras de las organizaciones que fomentarían la corrupción.

Una vez expuestas y analizadas cada una de las clasificaciones del fenómeno por nosotros abordado, consideramos se nos imponen dos preguntas cuyas respuestas, aunque al parecer sencillas, constituyen puntos de partidas hacia los que debemos enfilar la labores de prevención.  Dichas interrogantes se refieren a determinar de dónde surge un corrupto y cuándo surge. A la primera de las interrogantes respondemos que el corrupto surge de un hombre en quien en un momento se depositó confianza por sus cualidades para ocupar una responsabilidad y disponer de bienes. En este caso no se trata de un delincuente común sino de un individuo de buena reputación social hasta ese momento. De tal forma este sujeto se corrompe a partir de que se cree ser el dueño de los recursos a él entregados por su condición de funcionario u otra responsabilidad y que comienza a disponer de ellos en su beneficio o el de terceros, olvidando que estos solo fueron puestos a su disposición para que los administrase en nombre del pueblo.

Así, “del análisis de los modos de operar que se han detectado, se aprecia que la corrupción casi nunca aparece como resultado de la deformación de una sola persona, sino que asociada a la deformación del dirigente o funcionario, por lo general, aparece la participación de otras personas para vulnerar los mecanismos de control o supervisión establecidos o para la realización de la actividad delictiva en la que cada uno tiene una determinada participación o función dentro del grupo o red que se conforma, de manera tal que en ocasiones se establece un grupo organizado o al menos con alguna estructura”.[27]

También se ha podido observar que “en la corrupción la deformación del dirigente, funcionario, o los empleados involucra a un grupo de personas, colectivos laborales o de otras organizaciones, porque la misma para poder desarrollarse requiere formas de autoría, complicidad, encubrimiento, compromisos, redes delictivas y modos de operar donde participen varias personas”.[28]  En tal sentido y atendiendo al grado y forma en que participan los sujetos que intervienen en un hecho de corrupción estos pueden ser clasificados, a nuestro modo de ver, en:

El corruptor: el que o los que, para obtener ventajas personales, apropiarse de recursos o adquirir beneficios, acude(n) al soborno, otras conductas desleales y faltas de ética, actuando sobre una o varias personas que con motivo de su cargo o función tienen bajo su custodia recursos y/ó facultades.

Haciendo un análisis de las formas de participación reguladas en nuestra Ley Penal podemos afirmar que la actuación de este sujeto puede ser subsumida en los artículos 18.1.2-b)-c)-ch) del Código Penal que se refieren al autor intelectual, el autor  por inducción y el autor por cooperación necesaria respectivamente. Este es el sujeto que al finalizar la investigación se determina que no participa directamente en la ejecución del hecho de corrupción, pudiendo ser en la práctica cualquier persona.

El corrupto: quién o quiénes, por beneficio personal o de terceros, se deja sobornar, o favorece intencionalmente a otras personas, incumpliendo sus funciones, infringiendo la legalidad o sencillamente traicionando sus deberes sociales y los más elementales principios y valores éticos forjados y defendidos dignamente por nuestro pueblo en todos los campos de batalla.

Aquí se trata indiscutiblemente del autor por ejecución al que hace referencia el artículo 18.1-2-a) del Código Penal que generalmente debe ser un sujeto a los que se le exige la cualidad de especial en los tipos penales que tipifican conductas delictivas asociadas a hechos de corrupción; verbi gratia: el funcionario público, el juez, etc.

Los terceros implicados: los que consciente o inconscientemente participan o se involucran de algún modo al hecho de corrupción. Estaríamos, en principio, hablando de los que en el ámbito jurídico-penal se conocen como cómplices pudiendo ser considerados como tal aquél partícipe del hecho que lo haga en alguna de las formas que instituye el artículo 18.1.3 del Código Penal vigente.[29]

Del mismo modo, el análisis de los aspectos anteriores, así como de los hechos ocurridos asociados al flagelo, llevan a determinar que las características fundamentales que describen un comportamiento corrupto son:

  1. La pérdida de determinados valores morales.
  2. El uso para intereses personales de las facultades y bienes materiales que deben ser para la satisfacción del interés público o social.
  3. La obtención de beneficios materiales o ventajas de cualquier tipo para sí o para terceros.
  4. La utilización del engaño, el soborno, la deslealtad y el desorden administrativo.
  5. Toda acción corrupta consiste en la trasgresión de una norma.
  6. Surge dentro del ejercicio de una función asignada.
  7. El individuo corrupto intenta siempre encubrir activamente su comportamiento.

A modo de conclusión, decir que la experiencia demuestra que la corrupción no es un hecho aislado ni fortuito. Por el contrario, es un fenómeno social antecedido por un proceso de pérdida de valores que comienza con pequeños “favores” y violaciones que comprometen la actuación de las personas, a partir de debilidades en la conducta e ineficiencia en los sistemas de organización y control. 

III: ROL DEL DERECHO PENAL EN EL ENFRENTAMIENTO A LA CORRUPCIÓN. 

“Debiera sin dudas negarse consideración social mirarse como a solapados enemigos del país a los que favorecen o practican en el culto de la riqueza, y delito merecedor de pena escrita, el fomentarla por métodos violentos o escondidos que deshonran el que los emplea y corrompen a la nación en que se practican”.                                                              José Martí.

En un mundo globalizado, neoliberal y unipolar como el nuestro, la sensación que parece caracterizar al presente siglo es la de la duda o peor aún la de una profunda incertidumbre. Proliferan las guerras, el terrorismo, la droga, la contaminación ambiental y pululan las dificultades. Esta indescriptible situación rebasa los marcos sociales y se extiende a los predios del Derecho; sin embargo la comunidad recurre a él como escudo en el que también pueden buscar soluciones, casi siempre con el empleo de su arma más violenta: el Derecho Penal.

Olvidan de este modo que el Derecho Penal por naturaleza implica y engendra “violencia”[30] dada su esencia represiva. Ello constituye la razón por la cual ha sido desplazado al último escalón de los elementos del control social, aunque la propia sociedad e incluso algunos estudiosos del Derecho, persistan en su utilización inmediata como prima ratio del Ordenamiento Jurídico. Siempre se ha dicho que la violencia engendra violencia y si recurrimos ella en un mundo también violento como el que nos ha tocado vivir, dónde vamos a llegar.

Es así que esta indetenible sociedad donde parece reinar la “incertidumbre”, provoca que en el tintero de aquellos que tienen la máxima responsabilidad de hacer el Derecho Penal, que no escapa al “caos”, se discuta sobre la viabilidad de la intervención mínima y la intervención legalizada del Poder Punitivo del Estado; se hable de legitimación del ius puniendi;[31] se especule sobre la cifra negra de la criminalidad; se platique de niveles de tolerancia cero como nueva política de seguridad ciudadana.

Asimismo, el proceso de humanización del Derecho Penal está plagado de estancamientos y también de espectaculares retrocesos. Se antepone el valor “seguridad” a cualquier otro valor utilizándolo como pretexto para no hacer los cambios económicos y sociales necesarios para reducir los niveles de pobreza. No se sabe quien define al “enemigo” y cómo se le define. [32] En tales circunstancias es obligado preguntarnos el rol que ha de jugar el Derecho Penal en el enfrentamiento a la corrupción. ¿Será acaso necesaria la creación de nuevas figuras delictivas para enfrentar este flagelo? ¿Ante el surgimiento de nuevas situaciones de peligro, se ha de recurrir a la implementación de técnicas legislativas en la creación de estos tipos penales como normas en blanco con la posible vulneración que ello podría ocasionar al principio de legalidad? ¿Qué debe primar en el combate contra la corrupción, el principio de intervención mínima del Derecho Penal o su ubicación en segundo plano en aras de salvaguardar el interés social? ¿Cuál es el tratamiento jurídico penal que ameritan los hechos delictivos asociados a la corrupción?

Al respecto nuestras consideraciones se enmarcan dentro de la línea de aquellos que defienden la existencia de un Derecho Penal mínimo. En tal sentido, amen de que los delitos relacionados con la corrupción ponen en peligro la existencia misma del sistema social, como sistema político; llegando a ser considerados por algunos como el más serio enemigo de la sociedad, tan peligroso como los enemigos contrarrevolucionarios; el éxito en su enfrentamiento no se alcanzará, a nuestro modo de ver, con la creación de nuevos tipos penales en nuestra Ley punitiva, que por demás atentaría con el virtuoso ideal de un Derecho Penal subsidiario.

Cuando nos referimos a la necesidad de salvaguardar la posición que ha de ocupar el derecho penal aun en las actuales circunstancias mundiales y sociales, no hacemos más que defender el principio de intervención mínima o de subsidiariedad en esta rama del derecho. “Según este principio, derivado directamente del de necesidad, el Derecho Penal ha de ser la última ratio, el último recurso al que hay que acudir a falta de otros menos lesivos, pues si la protección de la sociedad y los ciudadanos puede conseguirse en ciertos casos con medios menos lesivos y graves que los penales, no es preciso ni se deben utilizar estos. Aunque haya que proteger bienes jurídicos, donde basten los medios del Derecho civil, del Derecho público o incluso medios extrajurídicos, ha de retraerse el Derecho penal, pues su intervención –con la dureza de sus medios- sería innecesaria y, por tanto, injustificable. También debe haber subsidiariedad dentro de las propias sanciones penales, no imponiendo sanciones graves si basta con otras menos duras”.[33]

Se trata ya, no solo del tradicional y obligatorio discurso del Derecho penal mínimo sino de reflexionar sobre la necesidad de que una vez que hayamos recurrido a este Derecho, concebir en él a la pena privativa de libertad como el último recurso. Esto ha sido originado dada la situación de crisis que esta pena ha generado, sobre todo en su versión más frecuente de prisión,[34] debiendo por ello  -si realmente queremos hablar de un Derecho penal  no solo retributivo sino preventivo- ser estimada como última ratio de la última ratio que es el Derecho Penal.[35]

No intentamos decir que debemos abandonar la clásica sanción de privación de libertad, sino aplicarla cuando realmente los hechos delictivos así lo ameriten y no exista la posibilidad de aplicar otra alternativa menos represiva e igual o más educativa que esta. La regla debe ser la de buscar mecanismos para que junto a la necesaria respuesta por el quebrantamiento de las normas penales, el Estado moderno haga uso del ius puniendi con una adecuada racionalidad, en aras de lograr una justicia más humana en los umbrales del presente siglo.

Realmente, en ocasiones podemos incurrir en el mal hábito de sancionar tipicidades delictivas, ya que no podemos perder de vista que aunque tipificamos y reprimimos un hecho, sancionamos a un ser humano. Asimismo, “cada decisión judicial debe caracterizarse, además de por su sustento legal, por su transparencia, por su nivel de ponderación, por su sensatez y por conjugar en el mayor nivel posible los intereses particulares con los intereses sociales.[36]

No obstante, “se viene observando que las penas impuestas en la punición de los delitos de Malversación y otros cometidos por funcionarios venales y corruptos, cuya proporcionalidad en la sanción se encuentra afectada, quizás por una apreciación incorrecta que realizan los tribunales de los antecedentes personales que muestran los acusados, a los cual se le otorga una sobrevaloración, pues en estos delitos de funcionarios que se apropian o consienten que otros se apropien de los bienes del Estado siempre vamos a enfrentar a un sujeto con una buena conducta anterior, lo que se debe considerar, pero no en desmedro del interés social; y ponderar en su adecuada magnitud, la gravedad y dañosidad que encierra este comportamiento, al introducir en nuestra vida económica, administrativa y estatal, la corrupción, la desconfianza del pueblo en sus instituciones y dirigentes, con el grave riesgo de que éste fenómeno se generalice y se haga endémico en nuestro país, como sucede en otros países del mundo, constituyendo un grave flagelo.”[37]

Por ello el interés social debe tenerse presente en estos casos y los fallos judiciales en tales delitos, han de mostrar diáfanamente la decisión de lucha de los tribunales y de la sociedad contra todo tipo de corrupción. En fin, debemos ser más o menos rigurosos según el caso que nos corresponda juzgar.

Creemos también necesario enfatizar en este momento de las reflexiones que venimos haciendo en este trabajo la idea de que la corrupción como fenómeno va más allá de un crimen, de un ilícito penal, de un Código, de una palabra, es un fenómeno mucho más abarcador y estratégico. Además, no toda acción corrupta implica, de hecho, una transgresión penal, ha de ceñirse tal conducta a lo preceptuado por la norma; asimismo, no todo ilícito penal conlleva en si un actuar corrupto por su comisor.

Por ello, su mitigación no se logrará, en principio, con la creación de nuevas figuras delictivas. En nuestro país tenemos tipificados todos los ilícitos penales que contemplan los convenios internacionales en materia de enfrentamiento a la corrupción. Vemos entonces que el problema no se trata solo de lo normativo sino, que el asunto tiene mucho más complejidad.

Mucho antes que la Convención contra la Corrupción de México del 2003, ya nosotros teníamos regulado en nuestro cuerpo punitivo dichas figuras delictivas, en algunos casos no con el mismo nombre pero sí con otros o como variantes de otros tipos penales. Además tenemos ventajas al contar incluso con tipos penales cuyo hechos que pueden ser en ellos subsumidos casi no ocurren. Verbigracia, las negociaciones ilícitas que no la regula la citada Convención y que tiene su origen en la Siete Partidas.

Donde quizás tenemos que hacer una reflexión normativa es en el aspecto procesal. Ya muchos países tienen incluida en sus leyes riturias las novedosas técnicas de investigación. La realidad es que nuestra Ley de Procedimiento Penal data del año 1977 y a pesar de las modificaciones que se le han realizado, lo cierto es que tiene ya un atraso tecnológico.

Hoy ya los propios hechos de corrupción se realizan utilizando las novedosas técnicas de la computación. Muchas veces los autores de delitos económicos, de malversación y otros para buscar impunidad borran el disco duro donde se encuentra la información auditable y lamentablemente, lo mismo que cuando ocurre un chantaje electrónico, no tenemos huellas de olor, huellas digitales, etc., para demostrar la participación en estos hechos de sus autores.

Por último y a modo de conclusión hemos de manifestar que dentro de los aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta para identificar los delitos económicos o asociados a la corrupción, se encuentran: 

  1. 1.    los perjuicios que ocasionen.
  2. 2.    el monto de la afectación económica causada o el valor considerable de los bienes.
  3. 3.    la categoría del funcionario o el número de personas implicadas.
  4. 4.    los que por la forma de comisión sean novedosos o pocos usuales.
  5. 5.    hechos para los cuales se prevén sanciones severas.
  6. 6.    aquellos que por su magnitud o repercusión así lo requieran.
  7. 7.    la forma en que se realiza el acto o hecho antijurídico.
  8. 8.    la forma de participación.
  9. 9.    el elemento subjetivo tanto en el tipo penal, como las formas que establece el artículo 9 del Código Penal.

10.la consumación material o agotamiento del delito. 

COSIDERACIONES FINALES

Después de haber desarrollado los aspectos del contenido de nuestro trabajo, formularemos a manera de consideraciones finales las siguientes:

PRIMERA: La corrupción consiste en el aprovechamiento de atribuciones, poder o autoridad confiada al individuo por su cargo o función en la gestión económica, mayormente estatal, siempre con el propósito de obtener beneficios injustos o impropios por su origen, para sí o para terceros. Y como manifestación negativa de conductas sociales. Es en la economía contemporánea un fenómeno recurrente, generalizado, globalizado sin distinción de regímenes sociales ni Estados.

SEGUNDA: La corrupción siempre ha existido, desde la antigüedad y ha pasado por todas las Formaciones Económicas Sociales, sus fórmulas son tan antiguas como la propia política, lo que resulta nuevo es la sofisticación y los artificios ingeniosos empleados de los avances de la ciencia y la técnica.

TERCERA: La corrupción como manifestación negativa de conductas sociales se exterioriza en la esfera penal, esencialmente en delitos que implican abusos de autoridad, confianza o poder, que atentan contra la administración pública y la economía.

CUARTA: La concepción del enfrentamiento al fenómeno de la corrupción desde la dogmática penal ha de constituir la excepción dentro de la regla, evitando con ello desnaturalizar el papel y misión que corresponde ha esta rama del Derecho en su función de última ratio seleccionadora de los comportamientos humanos más relevantes, merecedores de un castigo más severo, ya que lo productivo y eficaz en este combate es realmente el control de la gestión administrativa y económica, del funcionario público como mecanismos de prevención primaria.

QUINTA: La corrupción en Cuba no es un fenómeno que ha alcanzado magnitudes alarmantes, sino que tiene manifestaciones esporádicas que urge combatir con energía para que no prolifere.

BIBLIOGRAFÍA 

  1. Alberto Alberti, Carlos. “Control de la corrupción mediante la desregulación”. Corrupción: Pena y Estado. Revista Latinoamericana de política criminal. Año 1 Número 1/1995.
  1. Álvarez Uria, Fernando. El delito de cuello blanco. Revista Nómades, Universidad Complutense de Madrid.
  1. Arland Rodolfo: “Ética o corrupción: el dilema del  nuevo milenio”; publicación de l´Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya.
  1. Bustos Ramírez: Manual de Derecho Penal, Cuarta Edición, Barcelona, 1993. 
  1. Cien horas con Fidel. Conversaciones con Ignacio Ramonet. Tercera Edición. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado. La Habana, 2006.
  1. Colectivo de Autores: “La implementación de penas alternativas: experiencias comparadas de Cuba y Brasil”. Reforma Penal Internacional. Sociedad Cubana de Ciencias Penales. Ciudad de La Habana, julio del 2006.
  1. Lorenzo Morillas Cueva. Ponencia “El Derecho Penal Mínimo o la Expansión del Derecho Penal”, en el Encuentro Internacional Escuela de Verano de la Habana Sobre Temas Penales Contemporáneos. La Habana, 20 de julio de 2005.
  1. Luzón Peña, Diego Manuel: Curso de Derecho Penal. Parte general I. El “ius puniendi”. Editorial Universitas S.A. Año 1996.
  1. Orlando Borrego: Rumbo al Socialismo. Problemas del sistema económico y la dirección empresarial. Editorial Ciencias Sociales, La habana, 2006.

10.Periódico Granma, Suplemento Especial, “Lo que dijo Fidel sobre el narcotráfico en el acto del 26 de julio de 1999 en Cienfuegos”. Sábado 31 de julio de 1999.

11.Puerta, Ricardo: Corrupción en Cuba y cómo combatirla. Una propuesta de auditoría social. 1ra ED. Buenos Aires: Fundación CADAL, 2004.

12.Revista Correo de la UNESCO. Año XLIX. “La Corrupción”. Número Junio 1996. 

BIBLIOGRAFÍA DIGITAL

  1. Biblioteca de Consulta Microsof Encarta, 2005: “Corrupción de linaje humano”. Soldevilla, Fernando. Bellezas literarias. Madrid. Imprenta Ricardo Rojas, 1909.
  1. Biblioteca Jurídica WebCompiler Oakley Data Services:

Artículos: “Delito Económico y Corrupción. Interrelación” de los autores Edibeth      Pérez García y Miguel Angel Núñez Cordal.

“Globalización y corrupción”, de los autores Lic. Perla Delgado Valle y Lic. Vladimir Núñez Herrera..

  1. Constanza Aguilar A. Acerca de la corrupción. www.ichapa.cl 
  1. Sutherlad, Edwin H. 1939. La delincuencia de las grandes empresas. www.Probidad.org.sv/revista/014/art10.html
  1. Transparency International www.transparency.org

LEGISLACIONES CONSULTADAS 

  1. Constitución de la República de Cuba.
  1. Ley  No. 62/87 Código Penal con sus modificaciones.
  1. Ley No. 83/97 Ley General de la Fiscalía General de la República de Cuba y su Reglamento.
  1. Acuerdo 47 34 de 11 de Abril del 2002 Reglamento del Ministerio de Auditoria y Control.

[1] Ignacio Ramonet: Director del mensuario parisino Le Monde Diplomatique. Es una de las voces más progresistas de la intelectualidad europea contemporánea. Autor de numerosos libros y ensayos sobre temas de comunicación social, política internacional y problemas contemporáneos, ha sido uno de los principales impulsores y animadores del movimiento mundial de la lucha contra la globalización neoliberal y de tribunas tan significativas como el Foro Social Mundial de Porto Alegre. Nació en Galicia en 1943, casi toda su formación y su vida profesional se ha desarrollado en Francia. Gran amigo de Cuba y de la Revolución Cubana y ha tenido destacada participación en encuentros internacionales efectuados en Cuba sobre los temas más apremiantes del mundo actual.

[2] Esta realidad fue también reflejada, en forma dramática, en la Declaración de Durban –Sud Africa, en ocasión de realizarse allí, del 10 al 15 de octubre de 1999, con la participación de más de 100 países, la Novena Cumbre Mundial Contra la Corrupción en el Mundo, en ella expresaron: “En víspera del Tercer Milenio alertamos que a menos que el flagelo de la corrupción sea combatido eficazmente, en el mundo después del año 2000: se profundizará aun más la pobreza, se erosionará la legitimidad de los gobiernos, proliferarán los abusos contra los derechos humanos y se destruirán los avances democráticos logrados en los últimos 50 años”.

[3] Debemos recordar que no toda actuación que pueda parecer impropia, antisocial, inaceptable, fastidiosa, molestosa, es penalmente relevante. El Código Penal establece como delitos aquellos comportamientos humanos voluntarios que irritan o dañan de manera especial en la convivencia. Y para ello se auxilia precisamente de los tipos penales que coincidiendo con el profesor Quirós Pírez-, están “constituidos por el conjunto de características objetivas y subjetivas que configurando la actuación del sujeto, concreta la peligrosidad social y la antijuridicidad de una determinada acción u omisión (entendida esta en su sentido amplio, o sea, comprensiva de la conducta, el resultado y el nexo causal entre esa conducta y el resultado)”. Quirós Pírez, Renén; “Manual de Derecho Penal”, Tomo I, Editorial Félix Varela, La Habana, 2002; p.148-149.

[4] Tal es el caso de López Jaime, director ejecutivo de PROBIDAD en presentación del libro: “Corrupción en Cuba y cómo combatirla” de Ricardo Puerta. 1ra ed. Buenos Aires, 2004, p. 9.

[5] A medida que aumentan los hechos y manifestaciones de corrupción en el mundo la posibilidad que existe de englobar en una definición las diferentes características, modus operandi, etc., que esta adopta se va tornado mucho más difícil, por lo que amén de toda definición se va creando la necesidad de formar habilidades que permitan su identificación en aras de alcanzar un eficaz enfrentamiento. La corrupción ha sido motivo de polémica entre estudiosos, juristas y legos en la materia, muchos han propuesto definiciones sobre este concepto, sin que exista una inequívoca, exacta y mundialmente acatada por todos los países, parte de esto provocado también por la propia diversidad de estilos y modelos económicos.

[6] Arland Rodolfo: “Ética o corrupción: el dilema del  nuevo milenio”; publicación de l´Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya.

[7] López Jaime, director ejecutivo de PROBIDAD en presentación del libro: “Corrupción en Cuba y cómo combatirla” de Ricardo Puerta. 1ra ed. Buenos Aires, 2004, p. 11.

[8] Puerta, Ricardo: Corrupción en Cuba y cómo combatirla” de Ricardo Puerta. 1ra ed. Buenos Aires, 2004, p. 25.

[9] Alberto Alberti, Carlos. “Control de la corrupción mediante la desregulación”. Corrupción: Pena y Estado. Revista Latinoamericana de política criminal. Año 1 Número 1/1995.

[10]Acuerdo 47 34 de 11 de Abril del 2002 Rgto. Del Ministerio de Auditoría y Control.

[11] El abuso de poder puede ser entendido como el acto por el cual un agente público o privado utiliza el poder de su cargo en perjuicio de una persona, grupo de personas o institución (es), pública o privada que se sitúe en una posición inferior a este, obteniendo algún beneficio.

[12] Esta se define como un aprovechamiento indebido de bienes o fondos que pertenecen a una institución o a terceros y a los cuales se ha tenido acceso gracias a la función que desempeña el individuo.

[13] Es considerado como tal, el incremento del patrimonio de un agente, con significativo exceso en relación con sus ingresos legítimos o la obtención de mejoras económicas, durante el ejercicio  de una función, sin una debida justificación.

[14] Es la conducta destinada a obtener beneficios personales para personas cercanas y es efectuada por un funcionario público o privado, en desmedro de otras personas más idóneas que buscan la obtención de un cargo o de un beneficio.

[15] Como nepotismo se conoce la protección desmedida que dan algunos funcionarios a sus parientes al otorgarles determinados privilegios valiéndose de las facultades que les proporciona el cargo que ostenta. Este mal es considerado un tipo especial de favoritismo, es muy antiguo y ha traído fatales consecuencias en la historia de la humanidad.

[16] Consiste en la admisión de beneficios personales de cualquier tipo a cambio de realizar un acto indebido o cualquier favor en la función de un cargo.

[17] Esta categoría se refiere a la negociación o uso indebido de las influencias o poder propio del cargo en ámbitos no relacionados con la actividad propia.

[18] Actitud dirigida a ofrecer u otorgar a un agente en particular cualquier tipo de beneficio a cambio de la realización de un acto corrupto.

[19] No es más que el pago de los candidatos a sus electores para el logro de su elección.

[20] Son aquellas acciones ilícitas en procesos electorales con el objetivo de modificar los resultados de una elección.

[21] Es el uso de bienes o fondos fuera de sus objetivos o sin eficiencia o transparencia en el ejercicio de una función pública y con un beneficio particular.

[22] El manejo indebido de la información, no es más que el aprovechamiento indebido en beneficio propio o de terceros de cualquier tipo de información reservada a la que se hubiese tenido acceso en función de su cargo.

[23] Significa retener información de un agente público, privado o un particular, la cual debería enfrentar en función de su cargo.

[24] Es la acción cometida por un agente público o privado, quien en función de su cargo debe participar como agente público de una negociación, y al mismo tiempo actúa como agente privado, teniendo una situación ventajosa frente al resto de los participantes en la negociación.

[25] Se caracteriza por la transgresión por parte del agente de las disposiciones sobre procedimientos o normas que regulen el funcionamiento de las organizaciones a las cuales el individuo pertenece, obteniendo un beneficio para sí.

[26] Constituye la acción realizada por un particular en la cual este participa en la legalización de un capital obtenido originalmente por el narcotráfico o por otros ilícitos.

[27]Indicaciones metodológicas de la Fiscalía General de la República de Cuba para la tramitación de procesos penales relacionados con delitos económicos o asociados a la corrupción.

[28] Ibidem.

[29] Artículo 18.3 Son cómplices:

a)      los que alientan a otro para que persista en su intención de cometer un delito;

b)      los que proporcionan o facilitan informes o medios o dan consejos para la mejor ejecución del hacho punible;

c)      los que, antes de la comisión del delito, le prometen al autor ocultarlo, suprimir las huellas dejadas u ocultar los objetos obtenidos;

ch) los que sin ser autores cooperan en la ejecución del delito de cualquier otro modo.

[30] Bustos Ramírez: Manual de Derecho Penal, Cuarta Edición, Barcelona, 1993, p.83.

[31] Sobre este particular, ver: Luzón Peña, Diego Manuel: Curso de Derecho Penal. Parte general I. El “ius puniendi”. Editorial Universitas S.A. Año 1996.

[32] Ver: de Lorenzo Morillas Cueva. Ponencia “El Derecho Penal Mínimo o la Expansión del Derecho Penal”, en el Encuentro Internacional Escuela de Verano de la Habana Sobre Temas Penales Contemporáneos. La Habana, 20 de julio de 2005. En esta ponencia, el autor cita a Jakobs quien sintetiza entres los elementos que caracterizan el Derecho Penal del enemigo al decir que: a) supone un amplio adelantamiento de la punibilidad, b) las penas previstas son desproporcionadamente altas, por lo que el elemento anterior no es tenido en cuenta para reducir en correspondencia la pena amenazada, c) determinadas garantías procesales son relativizadas o incluso suprimidas.

[33] Luzón Peña, Diego Manuel: Curso de Derecho Penal. Parte general I. El “ius puniendi”. Editorial Universitas S.A. Año 1996. P. 82.

[34] En los últimos años podemos decir que se han engrosados las filas de aquellos que depositan su confianza en una legislación más dura que implique cárcel y condenas privativas de libertad más prolongadas, sin embargo creemos que tales conductas se sustentan en la “ansiedad” ante la imposibilidad de resolver muchos acuciantes problemas sociales que de una forma u otra propician el aumento de la delincuencia. La cárcel puede ser quizás la solución  más fácil pero a la vez la más trágica. Esta ansiedad no debe alejarnos del carácter humo que de debe identificar al Derecho,  recordemos las palabras del Apóstol al referirse al presidio: “… el dolor del presidio es el  más rudo, el más devastador de los dolores, el que mata la inteligencia, y seca el alma, y deja en ellas huellas que no se borrarán jamás.” (El Presidio Político en Cuba. España. Madrid, 1871. O.C. 1:45.

[35] Sobre las penas alternativas a la privativa de libertad, ver: Colectivo de Autores: “La implementación de penas alternativas: experiencias comparadas de Cuba y Brasil”. Reforma Penal Internacional. Sociedad Cubana de Ciencias Penales. Ciudad de La Habana, julio del 2006.

[36]Documento “Importancia del Interés Social y Racionalidad en las Decisiones Judiciales” citado por: Bodes Torres, Jorge: “Cuba: racionalidad y política penal” en, Colectivo de Autores: “La implementación de penas alternativas: experiencias comparadas de Cuba y Brasil”. Reforma Penal Internacional. Sociedad Cubana de Ciencias Penales. Ciudad de La Habana, julio del 2006. Pp. 218.

[37] Bodes Torres, Jorge: “Cuba: racionalidad y política penal” en, Colectivo de Autores: “La implementación de penas alternativas: experiencias comparadas de Cuba y Brasil”. Reforma Penal Internacional. Sociedad Cubana de Ciencias Penales. Ciudad de La Habana, julio del 2006. Pp. 222-223.

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Medina Garcia, Eyedelkis y Camilo Momblanc, Liuver: "El enfrentamiento a la corrupción: impostergable debate para defender desde las ciencias sociales" en Revista Caribeña de Ciencias Sociales, febrero 2014, en http://caribeña.eumed.net/enfrentamiento-corrupcion/

Revista Caribeña de Ciencias Sociales es una revista académica, editada y mantenida por el Grupo eumednet de la Universidad de Málaga.