EL ESTADO DE DERECHO COMO CATEGORÍA POLÍTICO-JURÍDICA DENTRO DEL CONTEXTO CONTEMPORÁNEO

Resumen
El desarrollo constitucional de todo pueblo, se orienta por principio a establecer y garantizar el Estado de Derecho, de allí que sea la forma del Estado que merece la más alta valoración desde el punto de vista de su contenido de eticidad. Para estar en presencia de un Estado de Derecho, deben de concurrir determinados elementos que lo identifiquen como tal y que lo conviertan en valedero. En la actualidad, existen disquisiciones en establecer los principios que lo identifican, pues han sido varias las nociones y concepciones en disímiles épocas que los requisitos instituidos para el establecimiento del mismo han ido evolucionando o variando a lo largo de los años y de la historia bajo la influencia de intereses sociales, pero siempre sin perder su originario carácter burgués. Es por ello que la investigación se propone determinar los principios político-jurídicos que caracterizan al Estado de Derecho dentro del contexto contemporáneo.
Palabras claves: Estado, Derecho, principios, burguesía, imperio, sujeción.

Introducción

En la moderna politología o en la Ciencia Política, el Estado se identifica exclusivamente con el Estado nacional que surge en la modernidad[1], es decir, en los años que rodean, para los Estados europeos, el período conocido como el Renacimiento.[2] Sin embargo, si se asume el significado como organización de la vida política de los agregados sociales existentes antes de la aparición de las naciones modernas, entonces se explica que se extienda el término Estado a la calificación de la organización política de la civitas romana, por ejemplo, o de la polis en la antigua Grecia o al dominio que ejercen los señores feudales sobre sus feudos y sus dependientes en toda la escala feudal, desde los vasallos de más alto rango hasta los siervos de la gleba.[3]

En puridad científica, el Estado, como ente político moderno, de la nación organizada políticamente, es un producto de la modernidad, pero en un sentido extensivo, solemos calificar como Estado, a la organización política de sociedades anteriores, en la antigüedad o en el medioevo. Eso explica que, como dijera el Fernández Cañizares, todos los teóricos, filósofos, políticos y pensadores en general hayan reflexionado sobre el Estado.[4]

Para Weber, el Estado es una unidad de carácter institucional que en el interior de un territorio monopoliza para sí el uso de la fuerza legal.[5] Una de las definiciones más clásicas del Estado, fue la citada por el jurista alemán Heller que define al Estado como una unidad de dominación, independiente en lo exterior e interior, que actúa de modo continuo, con medios de poder propios, y claramente delimitado en lo personal y territorial.[6] Además, el autor precisa que solo se puede hablar de Estado como una construcción propia de las monarquías absolutas del siglo XV, de la Edad Moderna.

Por otro lado se encuentra el núcleo esencial de la doctrina marxista sobre el Estado, la cual consiste en descubrir y poner de relieve que este es una maquinaria funcional, un conjunto más o menos desarrollado y complejo de organismos, órganos, mecanismos y aparatos encaminados a imponer sobre la sociedad la voluntad política de la clase económicamente dominante.[7]

El tipo de Estado, define la cuestión esencial de todo Estado, esto es, su contenido de clase, su misión histórica cardinal y la naturaleza y entidad de las fuerzas sociales que ejercen su dominio político a través del mismo. Entonces, en busca de alcanzar una mayor precisión y concretización en la determinación de los Estados, la teoría del Estado y del Derecho pasó a elaborar la categoría forma de Estado, como una categoría más concreta, más específica, que intenta elucidar la manera en que están estructurados los órganos de un Estado y la forma en que se establecen sus principios básicos de funcionamiento estructural.[8]

En cada tipo histórico de Estado se desarrollan multitud de formas de Estado, concepto este, como se ha dicho, más estrecho resultante de diversos factores tales como el desarrollo socioeconómico, tradiciones, características geográficas, entre otras. Sin embargo, siempre al Estado se le dará la forma que más convenga a los grupos dominantes para lograr el despliegue de su poder en todas las esferas, es por ello que la doctrina burguesa, luego del establecimiento del Estado constitucional, fomentó el surgimiento de una nueva forma, denominado, Estado de Derecho, al abogar que, cuando toda acción social y estatal encuentra sustento en la norma; el poder del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente por cumplir con el procedimiento para su creación.[9]

Conforme con el constitucionalismo moderno, se deben de tener notoriamente reconocidos los principios del Estado de Derecho, los cuales influyen en la fundamentación de esta forma de Estado.[10] En la actualidad, existen disquisiciones en establecer los principios que lo identifican, pues han sido varias las nociones y concepciones en disímiles épocas que los requisitos instituidos para el establecimiento del mismo han ido evolucionando o variando a lo largo de los años y de la historia bajo la influencia de intereses sociales, pero siempre sin perder su originario carácter burgués.

De ahí que se haga referencia a distintos principios como el de proporcionalidad, sujeción, limitación, legalidad, seguridad jurídica, que de una manera u otra constituyen elementos comunes e interdependientes, pero que cuya importancia puede, a menudo, ser muy relativa. Es por ello que el análisis de los principios del Estado de Derecho, reviste gran actualidad, sobre la que existe una profunda vaguedad; y un reto para poder entender la realidad de la sociedad mundial contemporánea y evitar que los Estados se declaren formalmente como Estados de Derecho a la vez que violan sin precedente alguno los principios por los cuales deben regirse, por lo que la reciente investigación, intenta ser un primer acercamiento para su debate.

1.Conceptualización y evolución histórica del Estado de Derecho

El concepto de Estado de Derecho culmina una larga evolución histórica cuyos inicios se pueden situar en los orígenes mismos del Estado constitucional. Es el resultado final de la suma de una serie de elementos que han surgido en un proceso de lucha y que han supuesto la ampliación de su base material.[11] Tres momentos fundamentales se pueden distinguir en su formulación hasta alcanzar el sentido que tiene en la actualidad:

En el primer momento se luchó para que el Estado, personificado en el monarca y en las instituciones en que se fundamenta (burocracia, ejército y aristocracia), se sometiera en el ejercicio del poder a formas jurídicas bien establecidas, reglas generales, dadas con el consentimiento de la representación de la sociedad (en el Parlamento), discutidas y públicas. En su primera acepción supuso ya el reconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos: libertad civil, igualdad jurídica, independencia del poder judicial y garantía de la propiedad.[12]

En un segundo momento, el Estado de Derecho implicó también la extensión del control judicial a la actividad administrativa. A finales del siglo XIX se produjo un fuerte debate en torno a dicha cuestión, que cristalizó con el desarrollo de la administración contencioso-administrativa, encaminada a romper la impunidad del Estado ante sus propias acciones.[13]

El tercer momento se inició después de la I Guerra Mundial. El concepto de Estado de Derecho pasó a incluir la legitimación democrática del poder del Estado, que también tiene que estar sometido a norma jurídica.[14] Fernández Bulté, realiza un profundo análisis referente a la historia y la lógica que ha seguido la concepción acerca del Estado de Derecho en todo su devenir; plantea la confusión evidente que existe en torno a ella, la cual no se deriva sólo de lo espinoso y abstracto del problema, sino, sobre todo, de que el mismo no se agota con sólo una visión jurídico – formal. Quiérase que no, la definición esté afectada en medida esencial por la naturaleza política del objeto definido.[15]

Por lo que señala el referido autor, que en la determinación acerca de qué es el Estado de Derecho, intervienen tres cuestiones esenciales a determinar: en primer lugar el punto de vista de cada definidor; en segundo, el condicionamiento histórico de la definición; y en tercer lugar las posiciones de clase que subyacen en la concepción fundamental que se tenga acerca del Estado y del Derecho. Añade que todo ello explica las diferentes definiciones, interpretaciones y lecturas que ha tenido en todo su desarrollo, tan polémico concepto; desde los ilustrados franceses, cuyos modelos contrapuestos fueron presentados por Montesquieu y Rousseau, en el tránsito por los representantes del Liberalismo clásico, el Fascismo, el Estado de Bienestar general, el Neoliberalismo y las nuevas interpretaciones que se iniciaron con el derrumbe del campo socialista y la desintegración de la Unión Soviética.

A partir de estos criterios, el ya citado autor Fernández Bulté se adentra en las dos historias del Estado de Derecho: una historia externa, dada por las presiones históricas concretas de las luchas políticas y los avatares de ese orden en el curso de los cuales se matiza la noción del Estado de Derecho, y una historia interna de su formulación conceptual y teórica.[16]

El concepto de Estado de Derecho se desarrolló durante el liberalismo y encuentra, entre sus fuentes filosóficas, las obras de Kant y de Humboldt.[17] Ambos llegaron a la conclusión de que la acción estatal tiene como límite la salvaguardia de la libertad del individuo. Aunque la idea aparecía claramente en sus escritos, el término Estado de Derecho tiene su origen en la doctrina alemana. El primero que lo utilizó como tal fue Robert Von Mohl  (Mohl), sin embargo, el contenido político-jurídico del concepto tenía una tradición de elaboración teórica, que se remonta a las concepciones anglosajonas de la Rule of Law,  pero con más exactitud se encuentra en la esencia del pensamiento radical y progresista de los hombres de la Ilustración, sobre el principio constitucional, el poder constituyente, la soberanía nacional o popular y la subordinación de la sociedad o un orden jurídico.[18]

Una aproximación al concepto de Estado de Derecho reconoce que este consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que establezca, para garantizar el funcionamiento de sus órganos mediante la división de poderes, el ejercicio de la autoridad  conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos prejudiciales, y la  observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos; además requiere del reconocimiento de que constituye una categoría jurídica, política, constitucional y por tanto multidisciplinaria.[19]

Como concepción teórica, fue desarrollada dentro del discurso de la burguesía revolucionaria del siglo XVIII que ascendió al poder en Francia, tras una revolución que marcó un hito trascendental en el desarrollo de la humanidad, iniciándose una nueva época en la que se proyecta una idea diferente de ver el Estado y el Derecho, contrapuesta a la concepción absolutista feudal, en la que el hombre se encontraba enajenado de todo derecho. El nuevo Estado debe regirse por el Derecho, por lo que el Estado de Derecho nace de la mano con la legalidad, es una invención de la burguesía originaria y su desarrollo ha llegado hasta hoy llena de fricciones.[20]

Actualmente, de hecho, los derechos civiles y políticos están garantizados a todos los individuos sin distinción, gracias a la evolución histórica y política que, a partir del estado absoluto, ha aportado al surgimiento del llamado Estado de ley. Podemos reconocer un ejemplo precursor del Estado de Derecho en la Constitución Inglesa del siglo XVII: revolución gloriosa combatida contra el absolutismo de la dinastía Stuart conduce a una serie de documentos (Bill of Rights,[21] Hábeas Corpus, el Acta de Establecimiento[22]), que demuestra la inviolabilidad de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de la subordinación del Rey en el Parlamento (que es representante del pueblo).[23]

La proclamación consciente y presente del Estado de Derecho se logra a través de las dos grandes revoluciones del siglo XVIII: la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Revolución francesa. En particular, es de importación en el Viejo Continente a los principios del Estado liberal, que luego será, más o menos amplio, más o menos utilizados por los distintos monarcas europeos, de las constituciones del siglo XIX.

El surgimiento del Estado de Derecho coincide con el final del absolutismo[24] e implica la imposición de la Burguesía entre el siglo XVIII y XIX, que junto con el poder económico alcanzado incluso reclamos de política y determinan una transformación radical en la sociedad y el concepto de Estado. En teoría, la proclamación del Estado de Derecho surge como oposición explícita al Estado absoluto: en dicha última forma de estado, de hecho, los titulares del poder eran absolutos, o sea que se liberaban de cualquier poder superior a ellos.[25]

El  Estado de Derecho es una respuesta al Estado absolutista, caracterizado por la ausencia de libertades, la concentración del poder y la irresponsabilidad de los titulares de los órganos de poder. De ahí que la garantía jurídica del Estado de Derecho corresponda al constitucionalismo moderno[26]. Se ha entendido que el constitucionalismo contiene dos elementos básicos, que por mucho tiempo han sido considerados como sinónimos del Estado de Derecho: la supremacía de la Constitución y la separación de funciones en el ejercicio del poder. La Constitución francesa de 1791, incluyó en su artículo 16 la expresión que luego se convertiría en el dogma del constitucionalismo liberal: “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, ni se adopte la separación de poderes, carece de Constitución”.[27]

La expresión Estado de Derecho no es admitida por Kelsen, para quien existe identidad del orden estatal y del orden jurídico. Así, todo Estado tiene que ser Estado de Derecho en sentido formal, puesto que todo Estado tiene que constituir un orden coactivo y todo orden coactivo tiene que ser un orden jurídico.[28] Ahora bien, el mismo autor admite que se puede hablar de un Estado de Derecho material para aludir a la cuestión de en qué medida se exigen garantías jurídicas concretas para asegurar que los actos jurídicos individuales se corresponden con las normas generales.

Sobre el cuestionamiento kelseniano, García-Pelayo señala que la idea del Estado de Derecho tiene sentido desde el punto de vista jurídico y político, en tanto que representa la funcionalidad del sistema estatal, e introduce en ese sistema la normalización, la racionalidad y, por ende, la disminución de factores de incertidumbre.[29]

La referencia inicial al carácter multidisciplinario de la categoría Estado de Derecho, permite señalar como un primer elemento, que el acercamiento a una definición no ha sido pacífico. Se exponen razones, una de ellas es que al definirlo y valorarlo se confunden a menudo su elemento político, la tutela de la libertad individual, con el jurídico, constituido por los correspondientes Institutos Jurídicos; el carácter impreciso de la expresión, susceptible de ser interpretada en los más variados sentidos, lo que propicia que la fórmula Estado de Derecho se encuentre viciada, por tres elementos fundamentales: equivocidad, incertidumbre e indeterminación.[30]

Por otro lado Entrena Cuesta plantea que es posible definir al Estado de Derecho, pero para ello hace falta tener idea clara de la meta que se persigue y del camino a seguir para alcanzarla. Es necesario tener presente en todo momento la idea de que interesan los aspectos jurídicos de este tipo de Estado y no las doctrinas políticas que con él se consagran. Hay que buscar, por tanto, un concepto jurídico del Estado de Derecho.[31]

Resulta importante resaltar a partir de este criterio, que la realidad es una sola; los fenómenos, objetos y procesos se presentan como un todo, son los hombres los que para su estudio los separan, y en ello resulta indiscutible el papel de la abstracción, para que el acercamiento se produzca desde las esencias y sean penetrados en profundidad. Es cierto que el acercamiento a la definición debe ocurrir desde lo jurídico; pero no puede obviarse que desde la propia génesis de la concepción del Estado de Derecho, se ha producido una evolución en su esencia, en correspondencia con los intereses políticos de quienes lo han necesitado para el ejercicio del poder y la justificación de su comportamiento político. Por tanto, lo político y lo jurídico en este caso no deben ser separados. Así, a cada momento histórico por el que ha transitado la burguesía en el ejercicio de su poder, le ha correspondido una concepción de Estado de Derecho.

1.1. Grupos doctrinales que han tratado de justificar la esencia del Estado de Derecho

1.1.1 La doctrina francesa y su bifurcación

Tema central en la llamada historia interna en el discurso teórico sobre el Estado de Derecho, lo constituye la posición que se adopta en relación con el concepto de soberanía, elemento que es ubicado en el centro de las primeras diferencias. En Europa medieval se había integrado el concepto de soberano, vinculado al poder autocrático del monarca.

En el pensamiento iluminista florece una contrapartida política e ideológica: soberanía es atributo de poder y decisión y sólo corresponde, en una posición teórica, a la nación, así como en otra posición bien diferenciado, al pueblo.[32] En las reflexiones de los Iluministas aparece una oposición entre el pensamiento de Montesquieu y el de Juan Jacobo Rousseau, sobre el poder soberano, cómo se ejerce y en qué límites, qué es y qué puede ser la democracia e involucra la cuestión del Estado de Derecho.

Montesquieu parte de una posición opuesta a Hobber, en el sentido de que la base del derecho natural no es la guerra de todos contra todos, sino la paz social, para preservar la cual los hombres suscribe el contrato social y se otorgan un gobierno que deriva su autoridad de la delegación de soberanía que hacen los hombres. Se pronuncia por una monarquía constitucional y moderada con el objetivo de evitar los excesos autocráticos. Para Montesquieu, el Estado ideal se apoya en la noción de la supremacía constitucional y en el principio de representación, además en la tripartición de poderes para lograr el equilibrio contra el abuso de poderes. Se encuentra entonces en Montesquieu la base de la llamada democracia representativa.[33]

Por el contrario Rousseau, concibió la lucha contra el autocratismo y la formación del nuevo Estado bajo tintes profundos radicales, opuestos al modelo de Montesquieu, aspiró y formuló un esquema de Estado democrático en sentido directo. En dicha línea sostuvo que la soberanía pertenecía al pueblo y que el soberano no puede ni enajenar ni declinar la soberanía, ni cederla mediante expediente de la representación. Para Rousseau el poder popular, sólo puede realizarse de modo directo, mediante el plebiscito público permanente.

El mismo considera la tripartición de poderes como algo sin importancia y concebía la democracia ejercida de forma directa, mediante la participación del pueblo en las asambleas de base de toda la población. Entendió con claridad la diplomacia entre poder estatal y gobierno, al último de los cuales atribuyó el carácter de misión delegada o ejercida en representación del soberano.[34]

En dicha bifurcación el modelo de Rousseau es radical democrático que se opone a la democracia representativa y defiende el poder directo del pueblo, no es importante la tripartición de poderes. El modelo de Montesquieu, por el contrario, se erige sobre el principio de la soberanía de la nación y ese poder es mediado por la representación y la tripartición de poderes, así como la formación del cuerpo electoral.

De dichas confrontaciones parten las líneas divergentes en la doctrina del Estado de Derecho dentro de la Francia revolucionaria. El triunfo girondino condicionó que la Constitución francesa de 1791 se instrumentara sobre la base de las anteriores de Montesquieu: monarquía constitucional, supremacía constitucional, soberanía de la nación, tripartición de poderes y democracia representativa. Sin embargo, la Constitución Jacobina de 1793, se vértebra sobre los criterios roussonianos: poder o soberanía del pueblo, democracia directa, república con poder unitario del pueblo. La comprensión posterior acerca de la democracia en la doctrina francesa hace que la misma se limite como escenario del Estado de Derecho, a la consideración sobre la soberanía de la nación, la democracia representativa, la supremacía constitucional y la tripartición de poderes devenga en piedra angular del constitucionalismo francés, como elemento básico para sofrenar cualquier exceso autocrático.[35]

1.1.2 La doctrina inglesa y la doctrina alemana

En Inglaterra, la teoría del Estado de Derecho adoptó otros puntos de vistas, se les hizo descansar sobre distintos valores y conceptos. Inglaterra inició su Revolución Burguesa en 1640, pero tuvo su consolidación con la Revolución Gloriosa de 1688.[36] La Revolución de 1688, proclamó la Declaración de Derechos y consumó en nivel institucionalizado, la conciliación de la Corona y la burguesía. En la doctrina inglesa se integra la noción de soberanía de la nación, pero la misma no se asienta en la acción de un órgano legislativo que se opone al poder monárquico, calificado de ejecutivo, como había ocurrido en Francia, sino que se sustenta en la fuerza conjunta del Parlamento y la Corona.[37]

Al no poder ubicarse la defensa contra la autocracia en un órgano legislativo absolutamente popular y representativo, opuesto al ejecutivo monárquico, el concepto de soberanía se vincula en su conjunto, a las cámaras legislativas, denominadas Cámara de los Lores y Cámara de los Comunes, así como a la Corona. Entonces la garantía de legitimidad del sistema frente a posibles intentos autocráticos se hace depender de que el gobierno, el poder estatal, esté limitado por el orden jurídico del Commom Law.[38]

Aquí, la noción de Estado de Derecho no descansa en el requisito de la tripartición de poderes, ni en la comprensión del carácter representativo del poder legislativo puesto que la antes apuntada conciliación burguesía-corona, originó un parlamento bicameral, con una Cámara de los Lores en que no existe representatividad. Tampoco depende en lo absoluto de la supremacía constitucional, pues Inglaterra, como país de precedente judicial, no cuenta con una constitución escrita y rígida a la manera continental.

Por otro lado, en la doctrina alemana la concepción Estado de Derecho tuvo sus particularidades. La noción de soberanía no pudo desvincularse del peso y la tradición de la monarquía, lo cual explica que en la doctrina política burguesa alemana, la idea de soberanía se vincule el Estado en abstracto. Las fuerzas democrático-burguesas siguieron su descanso en el aparato ejecutivo y judicial, dominados por la nobleza agraria e industrial.[39]

Todo ello explica que en Alemania la noción de Estado de Derecho se desarrolla sobre el eje principal de lograr la garantía de los derechos individuales y la libertad del hombre ciudadano, mediante la existencia de límites a la autoridad estatal. Sin embargo debido al régimen fascista, se sospecha de que el sistema judicial no puede garantizar los derechos humanos si no se inscriben estos dentro de una voluntad política central.

2. Aproximación a los principios del Estado de Derecho

Un Estado de Derecho es donde la ley es el instrumento preferente para guiar la conducta de los ciudadanos. La transparencia, predecibilidad y generalidad están implícitas en él. Lo antes referido conlleva a que se facilite las interacciones humanas, permite la prevención y solución efectiva, eficiente y pacífica de los conflictos; y ayuda al desarrollo económico sostenible y a la paz social. []

Los principios formales del Estado de Derecho se han desarrollado y ampliado por parte de elementos materiales del Estado, en particular mediante la adopción de normas que protegen los derechos fundamentales. Para poder aspirar el logro de un verdadero Estado de Derecho, es necesario primeramente que se establezcan determinadas normas o rasgos fundamentales que contribuyan a proporcionar el reconocimiento de los derechos personales, la responsabilidad del Estado y la legitimación democrática del mismo.[40]

Existe cierta disquisición entre los diferentes autores que han abordado desde la doctrina liberal burguesa, la teoría acerca del Estado de Derecho, en determinar los elementos que se elevan como principios jurídico-políticos de un Estado de Derecho, sin perder de vista el tratamiento burgués que se le brinda a dicha categoría y la sujeción a las normas establecidas como rasgo distintivo del mismo.

Los aspectos de naturaleza estrictamente formal como contar con una Constitución, fueron considerados insuficientes para identificar al Estado de Derecho. De ahí que Zippelius haya planteado que el Estado de Derecho se rige por dos principios básicos: el de proporcionalidad, que haya una relación adecuada entre el daño y el beneficio que causan los actos estatales; y el de exceso, que no se afecten los intereses en una medida superior a la necesaria.[41]

Para Carbonell, por el contrario, a la hora de identificar los principios que caracterizan al Estado de Derecho, se deben tener presente siete elementos fundamentales: la existencia de diferentes órganos del Estado, con lo cual cada uno asume funciones de gobierno; dichos órganos deben actuar autónomamente; debe estar establecida la forma en que se nombran los titulares del respectivo órgano; el poder debe estar institucionalizado y no personalizado; se debe  respetar, promover y consagrar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza de las personas; la ley debe constituir un mandato fundamental; y por último, la administración debe estar limitada y sujeta por la ley.[42]

Summers, al analizar al Estado de Derecho, se refiere a que en los sistemas occidentales desarrollados, los principios del Estado de Derecho suelen proteger los intereses de clase dominante, es por eso que deben de primar: el principio de la legitimidad de la administración; justicia capaz e independiente de desempeñar su papel; primacía de la constitución y jerarquía normativa; separación de poderes; y respeto de los derechos humanos.

Desde otro punto de vista, se encuentra el criterio, expuesto por Araujo para quien, los principios que rigen al Estado de Derecho deben encontrarse en una total interdependencia, basados principalmente en enfoques teóricos. Dicho autor, se refiere entonces al principio de sujeción, cuando el poder está sometido a normas jurídicas preestablecidas; principio de limitación, pues en el Estado de Derecho se ejerce sin excepción alguna un poder limitado, circunscrito por las leyes; principio de legalidad, cuando en el Gobierno y en la administración pública solo se puede hacer aquello que está expresamente mandado por la Constitución o la ley; principio de motivación, pues el Estado de Derecho impide absolutamente la arbitrariedad; principio de seguridad jurídica, por lo que es el hilo conductor de los restantes principios del Estado de Derecho.[43]

Visto los diversos criterios referentes a los principios que deben regir en el Estado de Derecho, y luego de haber realizado una análisis exhaustivo sobre los mismos, soy partidaria del criterio de que para estar en presencia de un Estado de Derecho, deben concurrir, tres principios político-jurídicos fundamentales, a decir: el imperio de la ley, la organización de los poderes públicos a través de un sistema de división de poderes y el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales.[44] El abordaje de cada uno de ellos por separado, posibilita un acercamiento crítico para determinar la manera en que el propio ejercicio del poder político en la contemporaneidad, vulnera en la realidad lo que formalmente se proclama.

2.1 Imperio de la ley

El punto de partida lo constituye el pensamiento de Rousseau, el cual, reseña la forma en que la aparición de la propiedad privada había significado la pérdida de la libertad y la igualdad y para su recuperación, resultaba necesario la realización de un pacto entre los individuos para crear un Estado; según sus propias palabras: “encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común a la persona y los bienes de cada asociado y, en virtud de la cual, uniéndose cada uno a todos, no obedezca, sin embargo, más que a sí mismo y permanezca tan libre como antes. Mediante el contrato el hombre enajena todos sus derechos, que son recuperados de inmediato con la unión a otros hombres; así: no obedece más que a sí mismo porque participa en el poder; queda tan libre como antes porque la libertad únicamente se la da la ley; y esta ley, además, debe ser igual para todos pues, la igualdad es una de las condiciones verdaderas  de la existencia en aquel estado”.[45]

Por lo tanto, la ley limita la libertad del hombre; pero es una norma que constituye un mandato expreso de la voluntad del individuo, que es establecida con carácter general y obligatorio para todos, incluyendo al poder estatal que la aprueba y la promulga. El sometimiento de todos a la ley como principio esencial del Derecho y que implica la igualdad ante ella, constituye una de las fortalezas que garantiza, al menos formalmente, que todos actúen al margen de lo establecido.

El quebrantamiento actual de dicho principio se manifiesta plenamente en la legitimidad del órgano encargado de su elaboración, aprobación y promulgación, a partir de la procedencia de los legisladores.[46] Un somero acercamiento a la situación que hoy impera, llevaría al reconocimiento de que:

a) Las candidaturas al legislativo son promovidas y financiadas por los partidos políticos que representan a los grandes intereses monopólicos que dominan la economía y las finanzas.

b) El alto nivel de abstencionismo en los procesos eleccionarios, fruto del desinterés de las amplias mayorías hastiadas de tanta desidia, unido a las trabas que se imponen al empadronamiento del cuerpo electoral en los diferentes sistemas electorales, para impedir la participación popular.

c) Los programas de los partidos políticos, para nada responden a los anhelos de las masas, los aspectos progresistas que puedan contener, son posteriormente abandonados y ello provoca una desvinculación cada vez más acentuada de los partidos, de su base social.

Otro de los quebrantamientos a ese imperio de la ley, lo constituye la pérdida por parte de los Parlamentos de la facultad de la emisión de normas generales y abstractas. La atomización de los legislativos como resultado de su fraccionamiento debido a los intereses grupales que representan, los convierten en verdaderos campos de batalla por lograr la aprobación de leyes en beneficio de los sectores pudientes que en definitiva son los que les financian el acceso al legislativo, de lo que se deriva la labor de lobby[47] caracterizada por el empleo de argucias, engaños y chantajes, esa es la verdadera protagonista de la actividad legislativa.[48]

De Cabo Martín en su análisis sobre la violación del principio de legalidad por las transformaciones en el aparato del Estado, destaca que el nuevo papel del Estado no puede basarse en normas generales formales y universales elaboradas por el Parlamento. La función de mantenimiento y reproducción de las condiciones generales de la producción exige reglamentaciones particulares, adaptadas a la coyuntura y a intereses muy concretos. El argumento versa acerca de la incompatibilidad de la rigidez que impone la existencia de un Estado de Derecho, con la flexibilidad con que debe actuar el Estado en función de que las empresas monopólicas capitalistas, asuman su papel de acuerdo a las coyunturas, tiene en cuenta además, las situaciones de crisis que sacuden continuamente a la economía capitalista.[49]

El mismo aspecto es analizado por García Cotarelo, quien al estudiar la función deliberante-legislativa del Parlamento señala las modificaciones cualitativas que éste ha sufrido como resultado de la complejización de las relaciones sociales, lo que ha incidido en la relativización de la ley como general y abstracta y que en su lugar han aparecido normas con elementos particulares y técnicos sólo accesibles a los expertos; en muchos casos el Parlamento recurre al procedimiento de la legislación delegada.[50]

En cuanto a las transformaciones cuantitativas que ha sufrido el Parlamento en base a la pretensión casi permanente de producción normativa es poco frecuente que éste consiga atender todas las peticiones, razón por la cual recurre cada vez más a las prácticas del parlamentarismo racionalizado, concretamente, de nuevo, a la legislación delegada y la legislación en comisión, así como a una interpretación extensiva de la potestad reglamentaria del Ejecutivo. Así, en verdad el Parlamento acaba en una Cámara legislativa del Gobierno.[51] Dicho último elemento conclusivo puede comprenderse, no sólo desde la perspectiva del quebrantamiento del principio de legalidad, sino también del principio de tripartición de poderes.

Otro quebrantamiento que se da radica en una doble virtualidad característica de los parlamentos modernos que, de un lado, dificulta el ejercicio hegemónico de la fracción monopolística, mientras de otro permite y hasta facilita el desplazamiento de las competencias al Ejecutivo.[52] Esto está vinculado a la contraposición existente entre los intereses de los que en el legislativo representan a los entes monopólicos y los que representan a las demás fracciones burguesas, lo que impide ponerse de acuerdo sobre cuestiones cardinales, que lógicamente están alejadas de los verdaderos intereses que debieran representar. Constituyen los Parlamentos entonces, un lugar de desencuentro, lo que atenta contra la esencia de su razón de ser, es decir, lejos de buscarse unanimidad mediante los argumentos y los razonamientos, se aprovecha el espacio político para un enfrentamiento medidor de fuerzas, como resultado de la pluralidad de intereses, alejados, por cierto, de los intereses del soberano, del pueblo, del cual emana todo el poder del Estado y a eso es a lo que llamamos democracia.

Fernández Liria, analiza con sólidos argumentos la apariencia del pluralismo existente en las democracias occidentales y llega a plantear que en una sociedad capitalista, no se trata jamás de razones, sino de intereses escarmentados por la historia de un capitalismo que ha suplantado toda posibilidad de democracia, estamos tan desacostumbrados a ver argumentos en el Parlamento que cuando vemos a alguien esbozar un argumento sospechamos que tiene algo no contra el argumento contrario, sino contra el Parlamento.[53]

Otro elemento que evidencia que el desplazamiento de competencias al Ejecutivo, constituye una modalidad que manifiesta el quebrantamiento del imperio de la ley como elemento distintivo del Estado de Derecho, lo constituye el incremento de la potestad reglamentaria por parte de la Administración, que, por estar a salvo del control, publicidad, etc., parlamentarios, se convierte en el lugar adecuado para la elaboración real de la política. La administración deja de ser la mera ejecutora de la política para ser el actor principal de la política del Estado, es decir, aquellos que no han sido legitimados por la voluntad popular, asumen funciones que lesionan el principio de legalidad y en ese caso también, el referido al de la tripartición de poderes.[54]

2.2 Organización de los poderes públicos a través de un sistema de división de poderes

Desde la concepción liberal burguesa sobre el Estado de Derecho, esto resulta imprescindible como elemento de carácter material, pues la idea fundamental del ilustrado francés Montesquieu sigue vigente: una condición básica para realizar la libertad es la división de poderes que se asegura mediante los controles mutuos entre los distintos órganos del Estado, la cual  es cuestionada en su esencia a partir del modelo de Rousseau, que es el radical democrático que se opone a la democracia representativa y defiende el poder directo del pueblo, en el cual no es necesaria ni importante la tripartición de poderes.[55]

Según la doctrina liberal burguesa, la separación o división de poderes, constituye un principio característico del constitucionalismo contemporáneo, pues supone una garantía para el propio Estado y para el ciudadano el cual queda protegido por un marco legal que dificulta los abusos de poder y posibles actuaciones arbitrarias de instituciones públicas. La tradicional teoría de la separación de poderes divide éstos en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El primero, normalmente ejercido por el Parlamento es el encargado de redactar, promulgar, reformar y derogar las leyes; el segundo, cuyo responsable es el gobierno, procura su cumplimiento; el tercero, a cargo de los tribunales, administra justicia.[56]

La separación de poderes es una ordenación y distribución de las funciones del Estado en la cual la titularidad de cada una de ellas es confiada a un órgano u organismo público distinto. Junto a la consagración constitucional de los derechos fundamentales es uno de los principios que caracterizan al Estado de Derecho.[57] La historia de la separación de poderes fue común a diversos pensadores del siglo XVIII que la enunciaron durante la Ilustración.[58] La separación de poderes es, en teoría, el principal garante del que ha sido denominado Estado de Derecho, cuya esencia es el imperio de la ley, y suele ser sinónimo de sistemas o regímenes políticos basados en comportamientos democráticos.

También, desde otras perspectivas, a dicha tesis de separación e independencia de los poderes, se le subraya oscuridad y confusión: si los tres poderes son codeterminantes, ¿qué puede significar la tesis de su independencia? La separación entre los tres poderes estará ya incluida en su condición de codeterminantes; luego la separación de poderes habrá de interpretarse como un modo oscuro de establecerse no la separación de poderes codeterminantes, sino acaso la separación de los órganos o instituciones que los encarnan, y con su dispersión a través de ellos.[59]

La práctica política de los Estados burgueses, demuestra la fragilidad de tal concepción y los formalismos que la rodean. Una transgresión a la sagrada tripartición de poderes, puede encontrarse en el derecho al veto legislativo en el sistema presidencialista y en el sistema parlamentario con la concentración del poder en manos del Primer Ministro. En relación con esto último, resulta importante detenerse en hechos que demuestran el daño que causa al ejercicio democrático verdadero, la parálisis de los Parlamentos cuando no pueden actuar. Es el caso de la cuestión de confianza, mediante la cual es el propio Presidente que al ver que su gobierno está cuestionado, la presenta ante el Parlamento por iniciativa propia.[60]  Así, acciones de Gobierno contrarias al clamor de la inmensa mayoría del pueblo, el soberano, del cual emanan todos los poderes del Estado, quedan impunes, pues los ejecutivos conocen cuando una cuestión de confianza será desaprobada. No es válido el argumento de que la estabilidad de los gobiernos debe ser garantizada; cuando el pueblo considere lo improcedente de la gestión, hay que darle paso a personas más comprometidas y fieles a los intereses de todo el conglomerado social.[61]

El desmoronamiento de tal concepción es abordada por Fernández Bulté, cuando señala que “los que pusieron sus esperanzas en la vertebración de un aparato estatal, con representatividad y mesurado por la sabia tripartición de poderes, empiezan a ser asaltados por la inquietud: la representación es cada vez más formal, inoperante, burocrática y enajenante. En muchos lugares se habla con añoranza de una democracia participativa, que haga realidad el sueño no alcanzado de la democracia representativa; que en realidad hemos dado ese apelativo a una simple democracia delegativa.[62]

2.3 Reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales

Referido al reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales como otro de los principios del Estado de Derecho se parte en el análisis, de la coincidencia en cuanto a la importancia de que la norma suprema reconozca y garantice lo que da sentido a todo el ordenamiento jurídico y a la propia existencia del Estado: los derechos fundamentales. Para el modelo liberal burgués, el constitucionalismo contiene dos elementos básicos, que por mucho tiempo han sido considerados como sinónimo del Estado de Derecho: la supremacía de la Constitución y la separación de funciones en el ejercicio del poder.[63] La Constitución francesa de 1791 incluyó en su artículo 16 la expresión que luego se convertiría en el dogma del constitucionalismo liberal: “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, ni se adopte la separación de poderes, carece de Constitución”.[64]

Es necesario hacer énfasis en que la Constitución de los Estados Unidos de América, considerada como modelo de constitución escrita, nació sin la cláusula dogmática, lo que fue corregido después con el Bill of Rigth; pero sólo en su aspecto formal, tuvieron que transcurrir más de cien años para que se acabara la esclavitud en ese país y casi doscientos para que los negros y las mujeres tuvieran reconocidos sus derechos civiles y políticos.[65]

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,[66] fruto de la Revolución francesa, nació con un marcado vicio de origen: la diferenciación del hombre y del ciudadano. Y no es que se rechace el valor esencial que tiene la dimensión formal de la Constitución, fruto del pensamiento jurídico político que sirvió de base al movimiento revolucionario francés, al concebirla como un derecho de rango superior por ser obra del poder constituyente y plasmado en un documento escrito, con procedimientos rígidos para ser modificada por el propio poder constituyente.[67]

La realidad estriba en que en el ejercicio del poder político, ha primado lo fáctico en materia de derechos fundamentales, el quebrantamiento de tal principio del Estado de Derecho ha sido sistemático hasta la actualidad. El Acta Patriótica aprobada en los Estados Unidos después de los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001,[68] hacia lo interno y el actuar impune de las tropas norteamericanas en los países invadidos a tenor de la Doctrina Bush acerca de la llamada guerra preventiva, con el silencio cómplice de muchos gobiernos, son pruebas fehacientes de hacia dónde se dirige la humanidad.[69]

Al analizar la evolución del pensamiento liberal burgués, se aprecia una violación importante en el principio y es que el mismo pensamiento ha ido a la rémora de los cambios sociales; la persistencia en considerar la defensa de los derechos individuales y su constitucionalización, unido a las garantías para su ejercicio pleno, como elementos imprescindibles para ser considerado como Estado de Derecho, no resiste el análisis que amerita la realidad actual del mundo; ello ha constituido un freno y es reaccionario; porque todas las generaciones de derechos fundamentales, tienen el mismo carácter. La quiebra está en su no reconocimiento y en que no son creadas las condiciones que propician el desarrollo pleno del individuo.[70]

Conclusiones

1- La noción de Estado de Derecho aparece por primera vez en la Alemania del primer Reich, pero su contenido político-jurídico se remonta a las concepciones anglosajonas del Rule of Law y con más exactitud se encuentra en la esencia del pensamiento radical y progresista de los hombres de la Ilustración.

2- El Estado de Derecho según la doctrina burguesa consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca, que garantizan el funcionamiento controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos.

3- Entre las distintas líneas doctrinales que van configurando la noción de Estado de Derecho se encuentran, la francesa, la inglesa y la alemana. La clave de la formulación teórica y conceptual de cada una de ellas se adopta en relación con el concepto de soberanía y están encaminadas a lograr una organización estatal que asegure la libertad individual frente al autocratismo monárquico feudal.

4- Los principios político-jurídicos que caracterizan al Estado de Derecho y que lo hacen un Estado democrático, lo constituyen: el imperio de la ley, la organización de los poderes públicos a través de un sistema de división de poderes y el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales.

5- En correspondencia con los principios de democracia y legalidad y a partir de las circunstancias del contexto contemporáneo, el Estado de Derecho debe asegurar al pueblo contra cualquier deformación autocrática, debe subordinar a todos a la voluntad exclusiva de la ley, debe asegurar el goce de los derechos humanos y de la participación decisiva de los ciudadanos en las tomas de decisiones políticas y económicas, así como velar por la justicia social.

 

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[1] El Estado en el sentido moderno de Estado-Nación, solo pueden surgir cuando aparecen los grandes estados nacionales en Europa,  en torno a los siglos XIV y XV. El mismo vocablo deriva de la raíz latina status, que si bien significa regla, orden, estructura orgánica, se asocia, en su origen mismo con ese orden, con esas reglas y con esa estructura que se asume por las modernas naciones en la sociedad política, en el Estado nacional.

[2] Periodo de la historia europea caracterizado por un renovado interés por el pasado grecorromano clásico y especialmente por su arte. En este periodo, la fragmentaria sociedad feudal de la edad media, se transformó en una sociedad dominada progresivamente por instituciones políticas centralizadas y con una economía urbana y mercantil.

[3] Fernández Bulté, Julio. Teoría del Estado.―La Habana: Editorial Félix Varela, 2005.―1p.

[4] Cañizares, citado por Fernández Bulté, Julio. Ibídem. 2p.

[5] Weber, Max. Economía y Sociedad.―La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1971.―47p.

[6] Heller, Herman. Escritos Políticos.―Madrid: Editorial Alianza, 1985.―[s.p.].

[7] Fernández Bulté, Julio. Ob. Cit., −11p.

[8] Cañizares Abeledo, Fernando. Teoría del Estado y del Derecho.―La Habana: Editora Universitaria, 1970.―263p.

[9] Duharte Díaz, Emilio. Teoría y Procesos Políticos Contemporáneos.―La Habana: Editorial Félix Varela, 2006.―156p.

[10] Sierra Socorro, Julio Jesús. El Estado de Derecho y la Globalización Neoliberal. Tomado de: http://www.políticaeconómica.com, 14 de septiembre del 2011.

[11] Estado de Derecho En Biblioteca Jurídica Virtual. (2002).−p.455

[12] Baratta. El Estado de Derecho, historia, concepto y problemática actual. Revista Sistema [s.l.] (17-18), 1977.―11p.

[13] Ibídem. 11p.

[14] Ibídem. 12p.

[15] Fernández Bulté, Julio. El Estado de Derecho.―En su: Filosofía del Derecho.―La Habana: Editorial Félix Varela, 1977.― 299p.

[16] Ibídem. 300p.

[17] Doctrinario económico, político y hasta filosófico que aboga como premisa principal por el desarrollo de la libertad personal individual y, a partir de ésta, por el progreso de la sociedad.

[18] El Estado de Derecho. Tomado De: http://www.elprisma.com, 3 de octubre de 2011.

[19] Arrache Murguía, José Gerardo. Fundamentos del Estado de Derecho. Tomado De: http://www.elprisma.com, 12de octubre de 2011.

[20] Sierra Socorro, Julio Jesús. Ob. Cit.

[21] Declaración de Derechos, es un documento redactado en Inglaterra en 1689 que impuso al parlamento inglés el Príncipe Guillermo de Orange para poder suceder al depuesto Jacobo. El propósito principal de este texto era recuperar y fortalecer ciertas facultades parlamentarias ya desaparecidas o mermadas durante el reinado absolutista de los Estuardo.

[22] Disposición de un estatuto inglés promulgado por el Parlamento en 1701. Aseguró la sucesión al trono inglés de los miembros de la casa de Hannover, de religión protestante. El Acta tuvo el efecto de excluir del trono a los católicos. El rey Jorge I obtuvo el trono inglés en 1714 según los términos del Acta de Establecimiento.

[23] Ibídem.

[24] Sistema político en el que se confiere todo el poder a un solo individuo o a un grupo. Hoy el término se asocia casi en exclusiva con el gobierno de un dictador. Se considera el polo opuesto al gobierno constitucional de sistemas democráticos.

[25] El Estado de Derecho. Tomado De: http://www.dialnet.unirioja.es, 3de octubre de 2011.

[26] El término constitucionalismo fue utilizado por primera vez en 1932 por Robert Southey (1774-1843), uno de los poetas laquistas ingleses nacido en Bristol y que falleció en Keswick, en el distrito de los Lagos. Se convirtió en un político conservador y fue nombrado poeta laureado en 1813, su difusión como expresión jurídica es relativamente reciente.

[27] Valdés, Diego. Problemas Constitucionales del Estado de Derecho. En: Biblioteca Jurídica Virtual. Universidad Autónoma de México, 2002.

[28] Kelsen, Hans. Teoría General del Estado.―Barcelona: Editorial Labor, 1934.― [s.p.].

[29] García Pelayo, Manuel. Las Transformaciones del Estado Contemporáneo.―Madrid: Alianza Editorial, 1977.―48p.

[30] Entrena Cuesta, Rafael. “Notas sobre el concepto y clases del Estado de Derecho”. Revista de Derecho Constitucional, (Madrid) 39, 1993.

[31] Ibídem.

[32] Fernández Bulté, Julio. Ob. Cit., ―302p.

[33] Baratta. Ob. Cit., ―34p.

[34] Ibídem. 35p.

[35] Fernández Bulté, Julio. Ob. Cit., ― 310p.

[36] Tuvo lugar en Inglaterra en 1688-1689, que transformó la monarquía absoluta en una monarquía constitucional y parlamentaria.

[37] Fernández Bulté, Julio. Ob. Cit., ―312p.

[38] Término usado para referirse al grupo de normas y reglas de carácter jurídico no escritas, pero sancionadas por la costumbre o la jurisprudencia, que son fundamento ineludible del Derecho de los países anglosajones

[39] Fernández Bulté, Julio. Ob. Cit., ―313p.

[40] Carreras Serra, Francisco. El Estado de Derecho como sistema.―Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1996.

[41] Zippelius, Reinhold. Ob. Cit.

[42] Estado de Derecho: concepto, fundamentos y principios. Tomado De: http://www.normadestore.com, 13 de junio del 2011.

[43] Araujo, Ronald. Los principios del Estado de Derecho. Tomado De: http://www.dialnet.com, 13 de junio del 2011.

[44] Combellas, Ricardo. Crisis y reformulación de los principios jurídico-políticos del Estado de Derecho.―Caracas:..[s.n.], 1980.―42p.

[45] Rousseau, Juan Jacobo. Ob. Cit., ―27p.

[46] Combellas, Ricardo. Ob. Cit., ―46p.

[47] Grupo de presión política y económica que, en virtud de los intereses de sus miembros, pretende influir en el poder legislativo, ejecutivo e incluso judicial de un Estado, pero sin participar formalmente en sus instituciones

[48] Combellas, Ricardo. Estado de Derecho: crisis y renovación.―Caracas:.. [s.n.], 1982.

[49] De Cabo Martín, Carlos. “Estado y Estado de Derecho en el capitalismo dominante: Aspectos significativos del planteamiento constitucional español”. Revista de Estudios Políticos (Madrid) 10 (9): 7-8, 1979.

[50] García Cotarelo, Ramón. Teoría del Estado y sistemas políticos.―Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1986.―65p.

[51] Ibídem. 65p.

[52] Ibídem. 66p.

[53] Fernández Liria, Carlos. “Sobre Cuba, la Ilustración y el socialismo”. Periódico Juventud Rebelde (La Habana). 10 de abril del 2005.―5p.

[54] Combellas, Ricardo. Ob. Cit., ―52p.

[55] García Pelayo, Manuel. Las Transformaciones del Estado Contemporáneo.―Madrid: Alianza Editorial, 1977.―[s.p.].

[56] García Sierra, Pelayo. Separación de Poderes. En Biblioteca Filosófica en español. Tomado De: http://www.filosofía.org, 12 de junio del 2010.

[57] Separación de poderes. En Biblioteca Jurídica Virtual. (2002).―1067p.

[58] Entre los principales pensadores que expusieron sus teorías referentes a la separación de los poderes se encuentran: Alexander Hamilton, John Locke, Jean-Jacques Rousseau y Montesquieu.

[59] García Sierra, Pelayo. Ob. Cit.

[60] Sierra Socorro, Julio Jesús. Ob. Cit.

[61] Ibídem.

[62] Fernández Bulté, Julio. Filosofía del Derecho. Ob. Cit., ―299p.

[63] Abendroth, Wolfgang. El Estado de Derecho Democrático y Social como proyecto político.―Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1986.[s.p.].

[64] Cobban, Alfred. La interpretación social de la Revolución francesa.―Madrid: Narcea de Ediciones, 1971.―[s.p.].

[65]  Derechos de Estados Unidos. Tomado De: http://www.dialnet.unirioja.es, 5 de abril del 2011.

[66] Declaración general de derechos elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente en agosto de 1789, en los primeros momentos de la Revolución Francesa, para proporcionar un marco previo a la redacción de una Constitución.

[67] Sierra Socorro, Julio Jesús. Ob. Cit.

[68] El Acta Patriótica o también denominada USA Patriotic Act, es un acta del Congreso de los Estados Unidos que el presidente George W. Bush, promulgó como ley el 26 de octubre del 2011. Su objetivo era restringir una serie de derechos constitucionales, a fin de ampliar el poder  represivo del Estado sin la intervención del poder judicial. La misma ha sido criticado por organismos de Derechos Humanos debido a la restricción de las libertades y garantías constitucionales.

[69] Sierra Socorro, Julio Jesús. Ob. Cit.

[70] Ibídem.

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Justafré García, Yeslin,Herrera Machado, Diana y Alejos Garea, Anilcie: "El estado de derecho como categoría político-jurídica dentro del contexto contemporáneo" en Revista Caribeña de Ciencias Sociales, noviembre 2014, en http://caribeña.eumed.net/estado-derecho/

Revista Caribeña de Ciencias Sociales es una revista académica, editada y mantenida por el Grupo eumednet de la Universidad de Málaga.