EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PENAL CUBANO

Resumen:
El tema tratado cuyo titulo responde a: El Principio de Legalidad en el ordenamiento Jurídico Penal Cubano, parte del estudio realizado sobre el principio de legalidad, el que se conforma a partir del cumplimiento de lo regulado expresamente por la ley, por lo que podemos afirmar que lo que no está permitido ha de entenderse prohibido y a su vez ha de entenderse permitido todo lo que no está prohibido.

En nuestro ordenamiento jurídico el principio de legalidad tiene rango constitucional al refrendarse en la Carta Magna vigente y en la que le antecedió, existiendo una relación estrecha entre las normas penales sustantivas y adjetivas que responden a lo establecido en la norma, por ello el análisis se centró en las regulaciones contenidas en las Constituciones de 1940 y de 1976, Ley de Enjuiciamiento Criminal y Ley de Procedimiento Penal así como en el Código de Defensa Social y el Código Penal Vigente, lo que nos permitirá una idea mas acabada de la importancia de este principio y su tratamiento.

Palabra Clave: Legalidad

INTRODUCCIÓN

El Derecho Procesal Penal está regido por varios principios, los más comúnmente reconocidos son: Legalidad, Igualdad, Presunción de Inocencia y Carácter de Economía Procesal y Celeridad, estos conforme a la clasificación hecha por Antonio Rodríguez Gaviria.

En nuestra sociedad el principio de Legalidad no podemos analizarlo si no lo vinculamos al principio de  Humanismo y Democracia. Aunque debemos aclarar que nuestro ordenamiento procesal no esboza ninguno de los principios que rigen el proceso entre ellos el de Legalidad que analizamos, no significa que no esté presente en el ordenamiento jurídico penal y cuyo cumplimiento se exige de manera permanente. Es decir que no es imprescindible su conceptualización de manera independiente, lo esencial es que de una manera u otra esté recogido y se vele por la no violación de las regulaciones que protegen tanto al inculpado como a la sociedad en general.

La importancia de este principio radica entre otras cuestiones en que “en la Ley se expresa la voluntad soberana del pueblo trabajador, en la cuestión relativa a la lucha contra la delincuencia constituye, además la base de la legalidad, la premisa de ésta. Nuestra pretensión aunque de manera resumida es exponer como se manifiesta en nuestro ordenamiento jurídico penal, su función rectora y su aplicación, no  obstante a las modificaciones que han tenido su respaldo en las diferentes instituciones para garantizar su aplicación y ofrecer con ello las garantías de las leyes sustantivas, en correspondencia con nuestra ley de leyes. Siendo la Legalidad un principio constitucional.

DESARROLLO

Uno de los principios generales del Derecho, que se manifiesta en nuestra legislación procesal penal, es el principio de Legalidad.

Según el diccionario Nuevo Larousse, Manual Ilustrado, se define la palabra legal como adjetivo. Que significa conforme a la Ley, formalidad legal.

Legalidad:(f) Calidad de legal. Legalidades de una disposición, conjunto de las cosas prescritas por la Ley, la legalidad de un acto.

El principio de Legalidad logró imperar y quedó consagrado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, proclamadas por la Asamblea General de Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948 y que en su artículo 11 inciso 2 recoge que nadie será condenado por actos  u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos, según el Derecho Nacional e Internacional, y agrega que tampoco se impondrán panas más graves que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Este principio así como está definido en esta declaración tiene la función de garantizar: que no haya pena sin ley anterior, ni pena sin ley escrita, tampoco puede imponerse pena alguna sin mandato expreso de Ley.

En nuestro ordenamiento  jurídico tiene rango constitucional, al refrendarse tanto en la Constitución de la República de Cuba del año 1940 en los artículos 21, 24, 28, 29, 32 y 34, como en la Constitución del año 1976 a través de los artículos 56, 57, 58, 59, 60, y 61 que vamos a comentar y a relacionar con normas del Derecho Penal Sustantivo y Adjetivo.

Artículo 21 de la Constitución de 1940. Las leyes penales tendrán efecto retroactivo cuando sean favorables al delincuente. El artículo 22 expone Las demás leyes no tendrán efecto retroactivo, salvo que la propia Ley lo determine, por razones de orden público, de utilidad social o de necesidad nacional señalada expresamente en la Ley….

Art. 3.- a) La Ley de Defensa Social represiva solo tendrá efecto retroactivo cuando sea más favorable al delincuente.

Artículo 61 de la Constitución. Las leyes penales tienen efecto retroactivo cuando sean favorables al reo o sancionado. Las demás leyes no tienen efecto retroactivo a menos que en las mismas se disponga lo contrario por razón de interés social o utilidad pública.

Este precepto constitucional queda refrendado en el artículo 3 del Código Penal que plasma. La Ley penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del acto punible. No obstante, la nueva Ley es aplicable al delito cometido con anterioridad a su vigencia si es más favorable al encausado.

Si de acuerdo con la nueva Ley, el hecho sancionado en una sentencia deja de ser punible, la sanción impuesta y sus demás efectos se extinguen de pleno derecho.

Si con posterioridad a la firmeza de la sentencia se promulga Ley penal más favorable al reo, el tribunal sustituirá la sanción impuesta por la que corresponda de acuerdo con la nueva Ley, partiendo del hecho  declarado probado en aquella resolución.

Es oportuno aclarar que en cuanto a las medidas de seguridad, se estará a la Ley vigente en el momento en que el Tribunal dicte la resolución.

La aplicación práctica de este principio por parte de la Fiscalía, está dado por mandato constitucional pues el artículo 127 de nuestra Ley de Leyes plantea: La Fiscalía General de la República es el órgano del Estado al que corresponde, como objetivos fundamentales, el control  y preservación de la legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado, y por los ciudadanos; y la promoción y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado. La ley determina los demás objetivos y funciones, así como la forma, extensión y oportunidad  en que la Fiscalía ejerce sus facultades al objeto expresado.

Es oportuno señalar que para hacer realidad su cumplimiento se requiere su implementación por ello la Ley Procesal Penal lo establece en sus artículos 105 y 109 que veremos a continuación.

Artículo 105. El Fiscal ejerce el control de la fase preparatoria que se realiza por el Instructor. Las diligencias de la fase preparatoria se practican directamente por el Instructor de la Policía, del Departamento de Seguridad del Estado o de la propia Fiscalía, según proceda.

Cuando el Fiscal General lo considere necesario puede reclamar del Instructor actuante, si este no pertenece a la Fiscalía cualquier expediente de que esté conociendo y confiar su ulterior tramitación a un Instructor de la Fiscalía.

Los Instructores son directamente responsables de la planificación, ejecución y valoración de las acciones de instrucción, diligencias investigativas y trámites necesarios para la sustanciación de los expedientes de fase preparatoria, pero en los casos específicamente determinados por la Ley deben obtener la expresa autorización del Fiscal para ejecutar la actuación necesaria.

Los Instructores durante la sustanciación de la fase preparatoria cumplirán oportunamente las medidas e indicaciones que, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, puede disponer el Fiscal.

Por su parte el artículo 109 expone. El Fiscal como máximo responsable de la legalidad socialista, garantiza que:

1-Se esclarezcan los actos punibles, se establezca la verdad objetiva y sean acusadas ante los Tribunales las personas que los hayan cometidos;

2-se respete la dignidad del ciudadano y que en ningún caso se le someta a restricciones ilegales de sus derechos;

3-se cumplan estrictamente la Ley y demás disposiciones legales en las actuaciones de la instrucción que durante la fase preparatoria realiza el Instructor.

Durante la tramitación de la fase preparatoria el Fiscal, además supervisará el cumplimiento de la Ley en la ejecución de las acciones, diligencias y trámites, así como en la calificación legal de los hechos; seguirá el curso de la instrucción y cuando resulte necesario dispondrá la práctica de diligencias y acciones indispensables para la comprobación del delito, la determinación del autor y demás circunstancias esenciales, o las realizará por si mismo; y velará por el respeto de las garantías procesales del acusado, por la protección de los derechos de la víctima o perjudicado por el delito y por los intereses del Estado y de la sociedad.

Artículo 24: Se prohíbe la confiscación de bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad judicial competente y por causa justificada de utilidad pública o de interés social y siempre el pago de la correspondiente indemnización en efectivo fijada judicialmente.

Artículo 60 de la Constitución expone: la confiscación de bienes se aplica solo como sanción por las autoridades, en los casos y por los procedimientos que determina la Ley. Esto se encuentra respaldado como sanción accesoria en el artículo 44 del Código Penal, consistente en desposeer total o parcial de sus bienes al acusado, transfiriéndolos a favor del estado, y esta no procede en cuanto a los bienes u otros objetos que sean indispensables para satisfacer las necesidades vitales del sancionado, aplicándola al arbitrio del Tribunal en los delitos contra la Seguridad del Estado, contra los derechos patrimoniales y contra la Economía Nacional; y otros delitos que se establezcan en el Código Penal.

Artículo 28: Nadie será procesado ni condenado sino por juez o tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito  y con las formalidades y garantías que estas establezcan.

No se dictará sentencia contra el procesado rebelde ni será nadie condenado en causa criminal sin ser oído. Tampoco se le obligará a declarar en contra de si mismo ni contra su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

No  se ejercerá violencia ni coacción de ninguna sobre las personas para forzarlas a declarar. Toda declaración obtenida con infracción de este precepto será nula y los responsables incurrirán en las penas que fije la Ley.

Ley de Enjuiciamiento Criminal al preceptuar en su artículo 1: “No se impondrá pena alguna por consecuencia de actos punibles cuya represión incumba a la jurisdicción ordinaria,  sino de conformidad con las disposiciones de la presente Ley o de otras especiales, y en virtud de sentencia dictada por Juez competente”

Artículo 2.- a) (CDS) A nadie podrá aplicarse una sanción de carácter represivo que no se encuentre establecida por la ley anterior al acto.

b) A nadie podrá sometérsele a juicio ante una jurisdicción extraordinaria creada con posterioridad al hecho que trata de enjuiciarse.

c) Ningún acto se considerara como delito o contravención, sino se encuentra previsto como tal en el presente código.

Artículo 59 de la Constitución. Nadie puede ser encausado ni condenado por tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que estas establecen.

Todo acusado tiene derecho a la defensa. No se ejercerá violencia ni coacción de clase alguna sobre las personas para forzarlas a declarar.

Es nula toda declaración obtenida con infracción de este precepto y los responsables incurrirán en las sanciones que fija la ley.

Lo anterior está respaldado en el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Penal cuando regula: la justicia penal se imparte en nombre del pueblo de Cuba. No puede imponerse sanción o medida de seguridad sino de conformidad con las normas de procedimiento establecidas en la Ley y en virtud de resolución dictada por tribunal competente.

Se presume inocente a todo acusado mientras no se dicte fallo condenatorio contra él. Todo delito debe ser probado independientemente del testimonio del acusado, de su cónyuge y de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. En consecuencia, la sola declaración de las personas expresadas no dispensará de la obligación de practicar las pruebas necesarias para la comprobación de los hechos, lo que se reafirma  en el artículo 2 del Código Penal al ratificar que: Solo pueden sancionarse los actos expresamente previstos como delitos en la Ley, con anterioridad a su comisión. A nadie puede imponerse una sanción penal que no se encuentre establecida en la ley anterior al acto punible.

Así también nos remitimos a los artículos 247 al 281 de la Ley de Procedimiento Penal, queda además demostrado, cuando le impone al Instructor la obligación de hacerle saber al acusado la medida cautelar impuesta y el derecho que tiene de nombrar defensor, pudiéndolo hacer a partir de ese momento o en un término de cinco días posteriores a partir de la notificación de las conclusiones provisionales del Fiscal.

Del acusado no nombrar abogado defensor, el tribunal se lo nombrará de oficio.

En los artículos del 160 al 166 de la mencionada Ley de Procedimiento Penal, regula lo relativo a la declaración del acusado, partiendo de que ningún acusado tiene obligación de declarar en su contra, pero le asiste el derecho de prestar declaración, lo que podrá hacer  en cualquier momento y cuantas veces lo solicite. Obliga a las autoridades  a comprobar el dicho del acusado  y deja bien claro que no se ejercerá violencia ni coacción  de ninguna clase para obligarlos a declarar. Toda declaración con violación de este precepto será nula.

Artículo 29 primer párrafo: Todo el que se encuentre detenido o preso fuera de los casos y sin las formalidades y garantías que prevean la Constitución y las Leyes, será puesto en libertad a petición suya o de cualquier otra persona sin necesidad de poder ni de dirección letrada, mediante un sumarísimo procedimiento de habeas corpus ante los tribunales ordinarios de justicia.

Artículo 489 (LEC). Ningún cubano ni extranjero podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban.

Artículo 170.- a) (CDS) El que, sin justa causa detuviere a otra persona, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años. En la misma sanción incurrirá el que proporcionare lugar para la ejecución del hecho.

Artículo 58. La libertad e inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional.

Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes.

El detenido o preso es inviolable en su integridad personal.

Este precepto constitucional se manifiesta refrendado en el ordenamiento jurídico procesal en sus artículos 241 al 260.

Art. 241. Nadie puede ser detenido sino en los casos y con las formalidades que la leyes prescriben.

Se prevé las personas que pueden ejecutar una detención y en qué circunstancias, también se regula las medidas de aseguramiento de manera provisional hasta terminar el proceso y establece las autoridades facultadas para imponerlas.

Artículo 32: Es inviolable el secreto de la correspondencia y demás documentos privados y ni aquella ni esta podrán ser ocupados ni examinados sino a virtud de auto fundado de Juez competente y por los funcionarios y agentes oficiales. En todo caso se guardará secreto respecto de los extremos ajenos al asunto que motivare la ocupación o examen. En los mismos términos se declara inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica y cablegráfica.

Artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece: Podrá el Juez acordar la detención de la correspondencia privada, postal y telegráfica que el procesado remitiere o recibiere y su apertura y examen, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa.

Artículo 573. No se ordenará el registro de los libros y papeles de contabilidad del procesado o de otra persona, sino cuando hubiere indicios graves de que de esta diligencia resultará el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa

Art. 197 (CDS).- a) El funcionario público que sin estar autorizado por la Ley o sin guardar las formalidades prescriptas por la misma, registrare los papeles y efectos que se hallaren en el mismo, a no ser que el dueño hubiere prestado previamente su consentimiento, será sancionado….

Artículo 57 de la Ley Suprema. La correspondencia es inviolable. Sólo puede ser ocupada, abierta y examinada en los casos previstos por la Ley. Se guardará secreto de los asuntos ajenos al hecho que motivare el examen. Para su efectiva regulación la Ley Procesal en su capítulo X Del registro de libros y documentos y de la retención y apertura de la correspondencia escrita, telegráfica y cablegráfica establece las formalidades para llevar a cabo la apertura de la correspondencia y para el que las incumpla la norma sustantiva en su Capítulo III Violación y Revelación del Secreto de la Correspondencia tipifica dos tipos delictivos, que son : Violación del Secreto de la Correspondencia(Art. 289) y Revelación del Secreto de la Correspondencia(Art. 290)

Artículo 34 primer párrafo: el domicilio es inviolable y, en su consecuencia, nadie podrá entrar de noche en el ajeno sin el consentimiento de morador, a no ser para socorrer a víctimas de delito  o desastre, ni de día, sino en los casos y en la forma determinados por la Ley.

Artículo 545 (LEC). Nadie podrá entrar en domicilio de un cubano o extranjero residente en Cuba sin su consentimiento, excepto en los casos y en la forma expresamente prevista en las leyes.

Art. 191 (CDS).- El funcionario público que sin estar expresamente autorizado por una ley o fuera de los casos prescriptos en la misma, compeliere a una persona a mudar de domicilio o residencia, será sancionado con privación de libertad de dos a seis años y multa de 00 a 300 cuotas.

Art. 192.- a) El particular que entrare en morada ajena o en alguna de las dependencias de la misma, o permaneciere en ella contra la voluntad del morador será sancionado con privación de liberta de 3 meses  a 2 años. La sanción será de 6 meses y un día a 3 años si el culpable hubiere entrado con engaño o clandestinamente.

Art. 196.- a) El funcionario que entrare o permaneciere en un domicilio sin el consentimiento de su dueño, a no ser en los casos y en la forma expresamente previstos por la Ley Fundamental y las Leyes, será sancionado con privación de libertad de 6 meses y un día a 2 años en interdicción especial por igual período.

Artículo 56 de la Carta Magna. El domicilio es inviolable. Nadie puede penetrar en el ajeno contra la voluntad del morador, salvo los casos previstos por la Ley.

Para dar cumplimiento a ese mandato y hacerlo efectivo, en la Ley de Procedimiento Penal se regula en el Capítulo IX De la entrada y registro en lugares públicos, en domicilio privado y en naves o aeronaves extranjeras y en su artículo 218 se establece la posibilidad de registrar domicilio de ciudadano cubano o extranjero residente en Cuba, precedido siempre del consentimiento del morador y regula cómo y cuándo se puede realizar y que autoridad tiene facultades para autorizar cuando el propietario se oponga o no ofrezca su consentimiento, en los artículos 219, 220 y 221 se regula la forma de ejecutar el mismo. Es importante que señalemos que lo anterior, y que también lo veremos en los otros preceptos constitucionales requieren de un complemento en la norma sustantiva, ante la violación o el quebrantamiento pues de lo contrario sería letra muerta, no tendría sentido. Por ello en el Código Penal  el Capítulo II establece: Violación de Domicilio  y Registro Ilegal. Sección Primera: Regula el delito de Violación de Domicilio en su artículo 287, y en la Sección Segunda el delito de Registro Ilegal en el artículo 288 en ambos casos con las correspondientes penas.

CONCLUSIONES

 

El principio de legalidad tiene rasgo constitucional pues como se aprecia está recogido  en las constituciones de 1940 y la de 1976.

En el Derecho Procesal Penal Cubano, no aparece esbozado de forma particular el principio de legalidad sino que se encuentra presente en todo el ordenamiento jurídico y muy estrechamente vinculado a los demás principios.

A la Fiscalía constitucionalmente se le otorga la obligación primordial de garantizar  el cumplimiento de la legalidad en todo lo concerniente al proceso penal.

 

BIBLIOGRAFÍA

Constitución de la República de Cuba de 1940

Constitución de la República de Cuba de 1976.

Ley No. 62 Código Penal actualizado. MIN JUS. La Habana 1997

Ley 87 de 1979. Modificativa del Código Penal.

Ley 1251. Ley de Procedimiento Penal de 25 de junio de 1973

Código de Defensa Social. Publicación Oficial del Ministerio de Justicia año 1973.

Revista Cubana de Derecho # 2/91. Problemas actuales en la legislación procesal cubana pág. 57 – 68. José Candia Ferreyra.

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Judicatura y Procedimiento Penal. Jorge Bodes Torres.

Introducción a la teoría del Derecho procesal Penal. Renén Quirós Pérez.

  a) Principios de legalidad en el Derecho penal Cubano. Pág. 98-102.

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Vega Mariño, María Elena y Cid Cruz, William: "El principio de legalidad en el ordenamiento jurídico penal cubano" en Revista Caribeña de Ciencias Sociales, abril 2013, en http://caribeña.eumed.net/principio-legalidad-ordenamiento-juridico-penal-cubano/

Revista Caribeña de Ciencias Sociales es una revista académica, editada y mantenida por el Grupo eumednet de la Universidad de Málaga.