LA DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD EN EL PROCESO CIVIL CUBANO

RESUMEN

La capacidad es un factor determinante para que la norma jurídica pueda cobrar vida y ser empleada por una persona, se demanda que ésta reúna determinados requisitos, y de no existir éstos debe declararse la incapacidad antes de que se consumen actos que gocen de trascendencia jurídica y tengan que ser anulados con posterioridad a su ejecución.

El presente artículo se acerca a la declaración de incapacidad de la persona natural, determinándose cómo responde la regulación legal vigente a cerca de la incapacitación civil ante el carácter esencialmente variable de la capacidad de obrar, además se estudia la capacidad jurídica como un atributo y las causas que limitan la capacidad de obrar, y se reseñan algunas consideraciones a las que se han arribado después del análisis del tema en cuestión en nuestro país.

PALABRAS CLAVES: Derecho-capacidad jurídica-capacidad de obrar-tribunales-leyes-limitaciones-enfermedades físicas y psíquicas-incapacitación

INTRODUCCIÓN

 Toda persona por el hecho mismo de serlo goza de capacidad jurídica, de ser sujeto y objeto de derechos y de tener o mantener relaciones jurídicas, aunque el ejercicio de esos derechos solo se produzca plenamente, en puridad,  en la mayoría de edad,  además tendrá plena capacidad jurídica, sin que ésta se pueda limitar, suprimir o condicionar. Sin embargo, la capacidad de obrar puede verse limitada, condicionada o suprimida por una discapacidad o una enfermedad. Cuando esto ocurre nos encontramos con personas que con plena capacidad jurídica tienen limitada su capacidad de obrar, y será en el término capacidad natural donde deberemos encontrar el reflejo del grado de protección preciso para la misma.

El procedimiento por el cual se declara la incapacidad de un sujeto, atiende al estado civil de las personas y a sus derechos fundamentales, y si existe algo más delicado en materia civil, no es un conflicto de intereses económico o dirimir una controversia entre  partes, sino interpretar una privación o limitación de capacidad de obrar a una persona que goza de plena capacidad jurídica, afectando solo lo imprescindible para garantizar su protección.

Todos estos elementos fundamentales para el ejercicio del Derecho, son observados por  los diferentes ordenamientos jurídicos, dentro de los que se inserta la norma civil  cubana,  prestando una especial  atención a la figura de  la capacidad de la persona  natural.  Sin duda, estos planteamientos presentan un sustrato delicado, pues configuran un mecanismo, dentro del Derecho,  necesario a la siempre urgente protección de los discapacitados que no pueden reclamarla por sí mismos, y con ello, de la propia sociedad en general y de la limpieza y seguridad del tráfico jurídico civil.

Debido a la trascendencia de estos procedimientos, se demanda desde los servicios de fiscalías, y tribunales, un especial seguimiento de actuación que haga que el expediente del incapaz constantemente esté en conocimiento de las autoridades competentes de la situación del sujeto declarado no apto para obrar en el ámbito civil.

Como resultado de las consecuencias que tiene el tema y el número elevado de personas que involucra, es por lo que el presente trabajo plantea como su problema de investigación: ¿cómo es tratada la figura de la incapacitación civil por la normativa civil cubana vigente? A su vez, busca mostrar el tratamiento que el sistema civil cubano otorga a la incapacitación civil ante el carácter esencialmente variable de la capacidad de obrar de las personas como su  objetivo general.  Trazándose dentro de sus objetivos específicos la realización de un estudio teórico-práctico de la categoría jurídica civil: capacidad; el análisis  de la regulación jurídica sustantiva y procesal sobre la incapacitación civil y por último la identificación de las lagunas que presenta normativa civil con respecto a la incapacitación civil con vista a la formulación de posibles soluciones.

El trabajo se ha centrado en el estudio de las normas cubanas y en el empleo de determinadas normas extranjeras  para estudiar posiciones en el Derecho Comparado, en función de entender lo mejor posible la temática abordada. Con relación a la dogmática jurídica española se ha referenciado con bastante frecuencia  por constituir esta, salvando las diferencias, el fundamento de casi la totalidad del sistema jurídico cubano, además fue empleado en determinadas oportunidades el criterio de expertos.  

I. LA CAPACIDAD JURÍDICA CIVIL DE LA PERSONA NATURAL.

1.1   La persona natural. 

La persona natural, como toda categoría jurídica  tuvo su nacimiento en la sociedad dividida en clases. No puede hablarse de la misma en la comunidad primitiva pues en ésta el hombre pertenecía a una colectividad y dentro de ella había perdido su individualidad. El surgimiento de la propiedad privada separa al hombre del colectivo y esto lo lleva interesar del Estado la protección necesaria para sus bienes, su actividad y su propia persona y además de este término aparecen otros como el de personalidad, concebido, ausencia, etc. La palabra persona proviene del latín personus, y ésta a su vez del verbo de igual lengua personare, que significa  sonar mucho o resonar. Este vocablo se utilizó inicialmente para identificar la máscara o careta que utilizaban los actores en los teatros griegos y latino y que servía para dar vida a los personajes y vigor a las  frases que se pronunciaban.

Con posterioridad también al actor se le denominó persona y después en la vida real esta palabra identificó las distintas posiciones que el hombre ocupaba ya fuera de propietario, comprador, etc. (1).

Signifiquemos que la persona  natural, es decir, el hombre, a lo largo de la historia ha sido conocida también como persona física, individual, humana, visible.

 Otra categoría a tomar en consideración es la de personalidad que también difiere de la de persona, por supuesto. En consecuencia, podemos decir que la personalidad es un atributo consustancial o esencial de la persona, que se encuentra presente en la misma por el solo hecho de serlo y que puede ser identificada como la aptitud inherente para ser titular de derechos y obligaciones. Aunque puede hablarse de nacimiento y extinción de la personalidad cabe apuntar que ésta es siempre la misma y no sufre alteración por el transcurso del tiempo o por la existencia de determinadas circunstancias.

1.1.1.      Teorías acerca del surgimiento de la personalidad. 

Diversos tratadistas y diferentes legislaciones han tratado de definir el momento de nacimiento o surgimiento de la personalidad y ello ha dado lugar a la elaboración de cinco teorías distintas que ha continuación exponemos:

1.- Teoría de la concepción.

Parte del hecho de la concepción del hombre como determinante del inicio de la personalidad, situando su comienzo en el momento en que surge la vida intrauterina. La misma ha sufrido severas críticas basadas en la imprecisión o imposibilidad de determinar cuando ocurre o se produce la concepción.

2.- Teoría del nacimiento.

Esta teoría parte de un hecho cierto para fijar el inicio de la personalidad y este hecho lo constituye el nacimiento o lo que es lo mismo cuando el producto de la concepción completamente formado es separado de modo natural o artificial del claustro materno. La terminación del acto del nacimiento constituye el momento del comienzo de la personalidad pues se inicia la existencia independiente de la persona, ya que al solo concebido no se le atribuye vida propia.

              3.- Teoría de la viabilidad.

Para este caso se exigía como  inicio de la personalidad no solo el hecho de nacer vivo sino también la aptitud para seguir viviendo una vez fuera del claustro materno.

Dentro de esta teoría se presentan dos variantes:

- Teoría de la viabilidad fisiológica

Unos partidarios exigen que el nacido reúna las máximas condiciones para desarrollar una vida activa (perfección y sanidad completa o absoluta) mientras que otros solo exigen la concurrencia de condiciones mínimas para continuar la vida independientemente.

.- Teoría de la viabilidad legal

   En este caso sus seguidores exigen la verificación de vida extrauterina, es decir,    independiente de la madre durante el tiempo establecido por ley.

Ambas variantes son criticadas por las posibilidades que abren a la comisión de delitos o fraudes para la consecución de determinados efectos jurídicos.

4.- Teoría ecléctica.

El Código Civil español de 1889 acogió esta doctrina (2) que establece que la personalidad se origina con el nacimiento pero retrotrae sus efectos al momento de la concepción reconociéndole al concebido derechos solo en los extremos que le sean favorables. Está teoría partiendo de una ficción concede personalidad al concebido pero la misma además de relativa (solo en lo que lo favorezca) es condicional pues tiene que cumplirse el requisito del nacimiento vivo del concedido, o sea, el reconocimiento de la personalidad solo se produce con el nacimiento y en ocasiones se exige además la viabilidad legal o fisiológica.

5.- Teoría psicológica.

Esta teoría basa la adquisición de la personalidad legal en el hecho de la presencia en el individuo del sentimiento o conciencia de ello, tomando a su vez como punto de partida la personalidad psicológica del propio sujeto.

El autor de la misma, José D Aguano, terminó rectificándola en el sentido de considerar que al menos en potencia o esencia el hombre es sujeto de derechos desde que nace.

1.1.2 La personalidad para la Ley Civil en Cuba. 

El Código Civil cubano de 1987 es muy preciso al afirmar en su Art. 24 que la personalidad comienza con el nacimiento, no obstante el subsiguiente precepto aclara que al concebido se le tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables a condición de que nazca vivo.

En consecuencia, nuestra ley sustantiva supera las dificultades que se han advertido en las doctrinas anteriormente expuestas buscando una solución mixta que ampara no solo a la propia persona sino también al concebido, otorgando a la primera personalidad desde el momento mismo del nacimiento pero reconociendo también al segundo la posibilidad de disfrutar de todo lo que le sea favorable con la sola condición de que nazca vivo.

1.2  La capacidad: un atributo no de todos.

Si entre persona natural y sujeto de derecho expusimos que existía una relación directa  por ser la  primera una categoría abstracta y la otra concreta, en dependencia de que nos encontráramos o no en presencia de una relación jurídica establecida, ahora podemos realizar igual planteamiento con respecto a los términos: personalidad y capacidad, la primera manifestada de forma general e inalterable, y la segunda sujeta a oscilaciones dentro de una relación jurídica civil; en consecuencia, la capacidad es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones,  que se manifiesta respecto a relaciones jurídicas determinadas.

El Art. 28.1 del vigente Código Civil, en plena coincidencia con lo establecido en el Art. 24 del propio cuerpo legal sobre la personalidad, significa que la persona natural tiene capacidad para ser titular de derechos y obligaciones desde su nacimiento, pero el apartado segundo del primer precepto  mencionado señala que el ejercicio de la capacidad se rige por las disposiciones del mismo Código y por la legislación especial, según proceda.

Estos postulados y otras normas a las que haremos referencia nos permiten establecer diferencias entre la capacidad de derecho y la capacidad de obrar o de ejercicio  y resulta entonces punto de partida indispensable para analizar doctrinalmente y con mayor profundidad las distintas manifestaciones de la capacidad civil.

Podemos precisar que la capacidad civil se desdobla en la denominada capacidad jurídica, de derecho, de goce o de adquisición y la capacidad de obrar, de hecho, de ejercicio o de acción.

a)     Capacidad de Derecho

La capacidad de goce a la que se refiere el Art. 28.1 del Código Civil es la aptitud del sujeto  para la tenencia, goce o adquisición de derechos. Este tipo de capacidad implica para el sujeto la aptitud para ser titular de derechos, es en esencia un atributo inherente al mismo, presupuesto general de todos los derechos y es además un elemento que no puede faltar en la persona. Cuando se habla de la misma en sentido general o en abstracto, según afirma el profesor Tirso Clemente (3) citando a su vez a Castán, hay que decir que reúne los caracteres de fundamental, única, indivisible, y esencialmente igual siempre y para todos los hombres. Pero siguen diciendo los citados autores que al considerarla en concreto es susceptible de restricciones a título excepcional y por virtud de disposición expresa de la ley.

Para ampliar sobre el significado de lo expuesto puede plantearse que la capacidad de derecho por constituir la esencia del sujeto tiene que existir siempre pues no se concibe a éste sin aquella. La capacidad de goce puede ampliarse o reducirse según postulados legales extraordinarios o excepcionales, pero no podrá ser negada de modo absoluto a una persona.

Puede por ejemplo exigirse que el que pretende adoptar haya arribado a los 25 años de edad y por ello la persona no tiene capacidad para adquirir este derecho hasta que no alcance la citada edad, pero sí  puede ser sujeto de otra gran gama de derechos como el de propiedad, de posesión, de contratación, etc.

 Algo distinto ocurre con la capacidad de obrar, pues esta no constituye esencia del sujeto, sino potencia. Este tipo de capacidad no es más que la aptitud para el ejercicio de los derechos y para realizar  actos jurídicos eficaces, es decir, es la aptitud del sujeto para lograr por sí mismo, sin la intervención o el auxilio de un tercero, la creación, modificación o extinción de derechos, sobre la base de la realización de actos jurídicos válidos, y para lograr incluso la defensa de esos derechos adquiridos.

 b)     Capacidad de Ejercicio.

Si bien en cuanto a la capacidad de goce no puede existir limitación absoluta y cualquier  restricción tiene carácter excepcional, la capacidad de ejercicio, por requerir inteligencia y voluntad, elementos que no están presentes en todas las personas o que no se manifiestan de igual forma en todas, puede ampliarse o restringirse dando lugar a diversas situaciones:

  1. Carencia total de capacidad.
  2. Posesión parcial de capacidad o capacidad restringida o limitada.
  3. Goce total o pleno de capacidad.

Estas posibilidades han sido reconocidas tanto teóricamente como de forma legislativa. Por ello el Código Civil cubano, del que ya habíamos enunciado el Art. 28.2, desarrolla o explica sucesivamente en los Art. 29,30 y 31 las circunstancias que determinan la plena capacidad de ejercicio, la capacidad restringida y la capacidad absoluta.

La plena capacidad de obrar permite en su poseedor ejercer por sí todos sus derechos y realizar actos jurídicos eficaces, y se alcanza en Cuba cuando se arriba a la mayoría de edad, es decir, a los 18 años cumplidos o cuando el menor contrae matrimonio. A este efecto debe tomarse en consideración que las hembras mayores de 14 años y los varones que sobrepasen los 16 años de edad pueden formalizar matrimonio siempre que cuenten con la autorización de alguna de las personas que enumera el Art. 3 del Código de Familia y una vez celebrado el mismo adquieren la plena capacidad, condición que conservan aún cuando el vínculo se rompa antes de que los cónyuges arriben a los 18 años de edad. Conviene igualmente apuntar que esta emancipación es plena, por ello la capacidad de obrar se adquiere totalmente sin que se requiera autorización de los padres o del tutor en lo sucesivo para la realización de algún tipo de acto jurídico o para el ejercicio de algún derecho.

 El propio Art. 29 del Código Civil, pero esta vez su apartado 2, ofrece la posibilidad de que esta capacidad de ejercicio se amplíe o restrinja si de forma concreta o específica la ley  fija una edad especial para la realización de determinado acto.

El Código Civil, al regular la capacidad restringida, precisa que a su poseedor solo se le permitirá realizar los actos jurídicos para satisfacer sus necesidades normales o de la vida  diaria y ello implica que la formalización o celebración de un acto que exceda esta posibilidad determine su ineficacia jurídica.

En situación de capacidad restringida se encuentran:

  1. Los menores de edad que han cumplido 10 años de nacidos. A estos se les permite disponer del estipendio que les ha sido asignado y cuando alcanzan la edad laboral (17 años como regla o excepcionalmente 15 ó 16 años de edad) de la retribución que perciban por su trabajo.
  1. Los que padecen de enfermedad o retraso mental que no los priva totalmente de discernimiento.
  1. Los que por impedimento físico no pueden expresar su voluntad de modo inequívoco.

1.3  Causas limitativas de la capacidad de obrar.

Como principio general aplicable a la capacidad de obrar hay que mencionar el consistente en que la misma se presume plena, es decir, que toda persona se presume capaz y toda causa limitativa de su capacidad de ejercicio hay que probarla.

Variadas han resultado las clasificaciones de las causas limitativas de la capacidad adoptadas doctrinalmente y variadas igualmente han sido las situaciones o circunstancias que se han establecido como tales. Las legislaciones modernas se limitan en su gran mayoría a comprender entre ellas la edad y la enfermedad, causas que por su origen resultan naturales (por provenir de la propia naturaleza) y que estudiaremos a continuación con profundidad. También abordaremos otras causas que forman ya parte del Derecho histórico, pero que ameritan al menos que se haga sobre ellas una sucinta referencia.

En principio hay que distinguir entre las capacidades especiales, las prohibiciones y las limitaciones de la capacidad de obrar.

a) Las capacidades especiales son exigencias del ordenamiento jurídico para la realización de determinados actos, es decir, la persona mantiene su plena capacidad de obrar, sin embargo para el ejercicio de determinado derecho se le exige un requisito adicional. Así ocurre con el adoptante a quien se exige la edad de 25 años aún cuando al arribar a los 18 años de edad ya se encuentra en el pleno goce de su capacidad de obrar.

b) Las prohibiciones son impedimentos que establece la ley a determinadas personas que también se encuentran en pleno ejercicio de su capacidad de derecho, de realizar un acto jurídico concreto por concurrir en ellas determinada circunstancia. Esas prohibiciones tienen que estar expresamente previstas por la norma y se interpretan con carácter restrictivo. Un ejemplo de ello es la prohibición de contraer matrimonio entre ascendientes  y descendientes.

c) Las limitaciones de la capacidad de obrar tienen carácter general o abstracto e impiden a la persona realizar actos jurídicos en general.

   1.3.1. Causas limitativas de la capacidad de obrar en particular:

  • Sexo: La diferencia entre  hombre y mujer en el orden biológico fue traspolada al orden jurídico y si en un inicio el matriarcado fue el sistema predominante, el paso al patriarcado determinó  el empequeñecimiento  de la mujer al lado de la magnificación social y jurídica del hombre. Por suerte la evolución de la sociedad  ha traído aparejada la igualdad de los sexos y hoy en día esta limitación forma parte del derecho  antiguo. La mayoría de las legislaciones confieren a la mujer el pleno ejercicio  de los derechos y solo algunos vestigios quedan en el caso de la mujer casada  que requiere para ciertos actos la autorización del marido. Pero ha quedado muy atrás, por ejemplo, la manus romana  que convertía al hombre en propietario de su mujer como era también propietario de cualquier otro bien.

Nuestra legislación civil no hace distinción de los ciudadanos en cuanto al sexo y para ello toma como fundamento los principios de igualdad establecidos en cuerpos legales más antiguos como el Código de Familia (Art. 1) y la Constitución de la República (Art. 41 y 42).

  • Prodigalidad: También constituye una causa existente en nuestro  Derecho histórico aunque algunos autores consideran que aún el Código de Familia de alguna forma permite  su concurrencia al regular la posibilidad de constituir tutela sobre menores, incapacitados y en otros casos, entendiendo que aquí  pueden ser incluidos los pródigos (4). En principio surgió esta limitación por la necesidad imperiosa en un régimen de propiedad privada de salvaguardar los capitales  y en consonancia con ello solo se restringía la capacidad de obrar de quien podía dilapidar una fortuna,  quedar a merced de la caridad pública y perjudicar a sus  herederos.

Conviene apuntar que pródigo es la persona que mantiene una conducta dilapidadora de sus bienes, es decir es aquel que emplea su dinero de forma irracional y desproporcionada, quien por costumbre gasta sus bienes  en la adquisición de cosas vanas, inútiles  y superfluas, conducta esta que lo lleva a una insolvencia  absoluta, o sea, a la dilapidación de su activo por no tener un criterio económico adecuado.

Es nota de interés que tanto en Roma como en el Derecho español la prodigalidad no implicó la incapacitación absoluta, sino que la persona solo tenía restringida aquella esfera de sus derechos relacionados con la disposición de su patrimonio, pero conservaba el resto de los derechos como los de familia. Para suplir la falta de capacidad del pródigo judicialmente declarado se le nombraba un curador (Roma) o tutor (España).

  • Interdicción Civil: Existió en el Derecho Romano con el nombre de capitis  deminutio máxima, la  que se podía imponer como pena, y continuó existiendo con otros nombres como el de muerte civil, con el que se conoció en el Código de Napoleón. Sin embargo si bien en un inicio implicó la pérdida absoluta de la personalidad y con ella de la capacidad de ejercicio de los derechos (muerte civil) con el de cursar del tiempo se fue convirtiendo en limitaciones de carácter especial, no generales (interdicción civil).

Siempre ha estado ligada al Derecho Penal, pues se decreta como consecuencia de la imposición de una pena o en específico de la sanción de privación de libertad. Por supuesto que esto determina que su imposición siempre tenga que estar decretada mediante resolución judicial o sentencia.

Actualmente sigue siendo interpretada como el estado de una persona a quien mediante sentencia de tribunal competente se le priva del ejercicio de determinados derechos, sin embargo, nuestro Derecho Penal ha restringido tal declaración a la privación o suspensión de derechos paterno-filiales y de tutela, es decir, que no impone restricciones en cuanto a disposición de bienes propios y otros actos de Derecho de Familia, etc.

La Ley de Notarías Estatales vigente precisa que son incapaces para comparecer en los actos que autoriza el notario los incapacitados judicialmente para el acto de que se trate y los que la ley determine  en un acto en particular, por ello, su reglamento exige que el director del Establecimiento Penitenciario haga constar al Notario, si el recluso, sancionado a privación de libertad, que ante él concurre, no ha sido limitado por sentencia para efectuar el acto que pretende.

  • Concurso: Es una institución no utilizada en nuestro Derecho actual. No obstante, fue causa importante limitativa de la capacidad de obrar de la persona en el ámbito patrimonial, aunque resulta bueno precisar que la declaración judicial de concursado o el concurso de acreedores no implica para aquel la necesidad de proveerlo de tutor o curador y podía continuar ejerciendo sus derechos personales o inherentes a la personalidad.

El concursado es el deudor, no comerciante, que ha caído  en insolvencia  económica o lo que es lo mismo cuyo pasivo (deudas)  ha superado su activo. La declaración de tal causal se realizaba por vía judicial.

  • Quiebra: Esta tiene características similares al concurso en cuanto a utilización  actual y efectos, la diferencia fundamental se encuentra  dada que en que esta ocasión la persona que posee un patrimonio compuesto por deudas que sobrepasan al activo es un comerciante.

La declaración de comerciante quebrado también se obtiene en la vía judicial.

  • Edad:

Al abordar el tema de la capacidad de obrar expusimos ideas que fundamentan su inclusión dentro de las causas limitativas de la capacidad de obrar en particular.

Podríamos apuntar que la edad siempre influyó en el estado civil individual, pues determinó la capacidad de obrar desde la Roma antigua hasta nuestros días. En el libro Derecho Civil. Parte General del Dr. Tirso Clemente se realiza un estudio histórico profundo de la influencia de la edad en la capacidad de obrar en la diferentes épocas, estudio al cual ahora remitimos (5), sin embargo conviene advertir que diferentes criterios se han seguido para  determinar las edades que permitirían el ejercicio de los derechos, uno primero basado en el desarrollo físico o biológico que ha sido sustituido por otro más moderno y reciente que toma en consideración la madurez psicológica o mental. También ha de señalarse que basado en esto se ha visto como la edad que permite el pleno ejercicio de los derechos ha ido disminuyendo, hasta situarse en la  actualidad en la mayoría de las legislaciones en los 18 años cumplidos.

Nuestro Código Civil establece tres períodos, uno primero de incapacidad absoluta o total que comprende hasta los 10 años de edad, uno segundo de capacidad restringida que abarca desde los 10 años hasta los 18 años de edad y que puede acortarse como consecuencia de la formalización de matrimonio en las hembras a los 14 años y en los varones a los 16 años, y un tercer período a partir de los 18 años de edad o del momento en que ha  ocurrido la emancipación señalada en que la persona se encuentra en el pleno ejercicio de la capacidad jurídica.

 En cada etapa los actos jurídicos realizados tienen la eficacia explicada anteriormente, sólo nos resta apuntar que se pueden seguir dos sistemas para el cómputo de la edad:

  1. Sistema de computación natural: toma en cuenta la hora en que se produce el nacimiento para establecer la edad por lo que la computa de momento a momento y en consecuencia se arriba a la mayoría de edad o a cualquier otra, el día y a la hora exacta del aniversario del nacimiento.
  1. Sistema de computación civil: este es seguido por la mayoría de las legislaciones o por la propia costumbre y en el se computa la edad contando por entero el día del nacimiento sin tomar en consideración la hora de éste, es decir, el primer día vivido se toma como entero de modo tal que se arriba a la  edad al comenzar el día del aniversario.

Nuestra legislación no es uniforme al determinar la edad para ciertos actos por ello existen edades diferentes para laborar (17 años), para el voto pasivo (16 años), para el voto activo (18 años), para el servicio militar (16 años), para la imputabilidad penal (16 años), para la adopción de menores (25 años), etc.

  • Enfermedad:

También hablamos ya de la enfermedad como causa limitativa de la capacidad de obrar en el acápite anterior, no obstante, ahora pudiéramos apuntar tras una nueva remisión a la obra del profesor Tirso Clemente (6) para el análisis histórico de la misma, donde señala que la enfermedad es toda alteración de las condiciones normales de vida de la persona.

La enfermedad como causa natural de limitación de la capacidad de ejercicio tiene su origen en la naturaleza misma y puede en el tiempo ser permanente o temporal, existe sin embargo, una clasificación importantísima de las enfermedades que distingue entre enfermedades mentales y enfermedades físicas, sentándose como principio que las segundas solo privan de la capacidad de acción si impiden a la persona actuar consciente y voluntariamente, por ello  casi en su totalidad lo que implican para la persona es una prohibición de intervención en determinados actos. Ejemplo: los ciegos y los sordos no pueden ser testigos de hechos cuyo conocimiento dependa de la vista y el oído, respectivamente, según lo previsto en el Art. 327 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y laboral.

Se mantienen en la actualidad otras como la ceguera, enfermedad que consiste en la pérdida total o la disminución del sentido de la vista y que solo impide al que la padece la realización de actos para los cuáles este es necesario, por ejemplo ser testigo u otorgar testamento ológrafo.

También la sordera entendida como enfermedad que priva totalmente o disminuye la facultad auditiva constituye un impedimento para el que la sufre pero el hecho de padecerla no es causa suficiente para que pueda incapacitarse para obrar. Se le prohíbe, no obstante, por el Art. 490 del Código Civil en relación con el Art. 30. c de la Ley de las Notarías  Estatales ser testigos en los testamentos o en cualquier documento notarial cuando deban declarar sobre hechos cuyo conocimiento les éste impedido por razón de su enfermedad.

Otro padecimiento físico, la mudez o afasia, que se manifiesta en la imposibilidad de hablar, tampoco impide a la persona el ejercicio de su capacidad jurídica siempre que pueda manifestar su voluntad de modo claro o preciso. En consecuencia resta plantear que el Código Civil en su Art. 30 menciona solo a los impedidos físicos para precisar que tienen restringida su capacidad para realizar actos jurídicos, salvo para satisfacer sus necesidades de la vida diaria o normales, cuando no pueden expresar su voluntad de modo inequívoco.

En cuanto a la única enfermedad física que nuestro ordenamiento jurídico considera causa de declaración judicial de incapacitación absoluta de obrar, es decir, la sordomudez podemos significar que es la enfermedad consistente en la ausencia total del sentido del oído y de la posibilidad de hablar cuando a ella se une la imposibilidad de leer y escribir. La persona que se encuentra en esa situación no puede manifestar de modo consciente su voluntad y de ello proviene la consideración que el Derecho le otorga a la persona enferma para su protección y la de sus intereses.

En cuanto a las enfermedades mentales, otras legislaciones hacían distinciones, en ocasiones incluso no muy precisas, entre locura, demencia e imbecilidad, sin embargo nuestra ley procesal civil solo habla de enajenación mental y en ella engloba todas aquellas enfermedades que se caracterizan por producir trastornos o perturbaciones en la psiquis del individuo que le impiden manifestar su voluntad de modo consciente, racional e inteligente. En este caso se prevé la posibilidad también para la protección de la persona y de sus bienes de declarar judicialmente la incapacidad de obrar. Mientras esta declaración, conocida como incapacitación, no se produzca, el estado civil del individuo no cambia y por tanto es considerado capaz, resultando necesario como ya apuntamos en cada caso probar la falta de conciencia y razón de hecho para obtener la nulidad de los actos realizados. Sin embargo, declarada la incapacidad por tribunal competente, todos los actos del incapacitado son nulos de pleno derecho.

II.  ALGUNAS CONSIDERACIONES PROPIAS ACERCA DE LA INCAPACIDAD.

Después de establecer las consideraciones teóricas sobre el tema de la incapacidad de las personas en el ámbito civil, realizaremos un planteamiento crítico de criterios propios que surgen a partir del estudio que hemos realizado de cómo regula nuestra legislación tanto en los órdenes sustantivo como procesal el problema del estado de incapacidad de obrar en la persona civilmente considerada.

En primer lugar, la tendencia de la doctrina a mirar primero hacia la capacidad natural de los sujetos de modo que la declaración judicial sea lo más fiel posible a su comportamiento verdadero, lleva a tener en cuenta las fases intermedias que  existen entre los estados de plena capacidad jurídica y el de incapacidad total, es decir, que no todos los individuos son completamente incapaces ni capaces para obrar en la vida civil, pero tal como lo regula nuestro Código Civil ante la ausencia parcial de capacidad que implica una restricción al ejercicio de los derechos por sí, tienen lugar grandes dificultades para tratarse en el ámbito judicial o en la práctica.

Como actualmente no se regulan los intervalos lúcidos, como en el anterior Código Civil español vigente, si un declarado incapaz realiza algún acto donde se demuestra que obró con lucidez, no es posible validar el acto pues todo lo que haga un declarado incapaz es nulo.

En nuestra historia legislativa tuvimos la oportunidad de ver regulados los llamados intervalos lúcidos (7), de modo que la ley preveía la posibilidad de que si una persona incapacitada judicialmente realizaba un acto jurídico, en específico un testamento, y la intervención de facultativos acreditaba  que al momento del otorgamiento se encontraba en el pleno uso de sus facultades mentales tal acto era considerado válido.

Tal posibilidad no ha sido prevista por el Código Civil vigente y consideramos desacertada la falta de pronunciamiento en ese sentido pues con ello se impide que se dé en la práctica algo que resulta probable o en última instancia obliga a aplicar la analogía, suponiendo posible la producción de un acto jurídico en estas condiciones si se toma en consideración que aún cuando la persona no ha sido declarada judicialmente incapacitada sus actos pueden ser declarados nulos si se demuestra que se encontraba incapacitada de hecho por falta de consentimiento y en el caso ahora en análisis habría que demostrar entonces la presencia de tal consentimiento por existir un intervalo lúcido.

Una primera contrariedad la encontramos cuando el menor que ha arribado a la edad de 10 años que se le permite alcanzar la capacidad restringida, presenta una enfermedad mental que provoca en él la ausencia de voluntad e inteligencia. En esta situación cabría preguntarse si es necesario y de qué forma pudiera decretarse la falta absoluta de capacidad de obrar, la primera pregunta por encontrarse aún indudablemente sujeto o sometido a patria potestad y resultarle prohibido realizar actos de gran comprometimiento patrimonial y la segunda por no existir procedimiento específico previsto en la ley para ello. Algunos autores además consideran que sí resulta imprescindible obtener el mentado pronunciamiento judicial.

Situación similar se presenta con el enfermo mental no privado totalmente de discernimiento, pues en esta ocasión tampoco la ley ha previsto la forma de obtener una declaración de capacidad restringida. En este sentido son varios los juristas que coinciden en afirmar que habría que acudir al denominado proceso civil ordinario, es decir, habría que ventilar el asunto en la jurisdicción contenciosa a diferencia del caso relativo a la incapacidad absoluta que transcurre por los trámites de la jurisdicción voluntaria.

En un tercer caso habría que excluir al sordomudo que no sabe leer ni escribir de las personas poseedoras de impedimentos físicos que pudieran ser parcialmente limitados o restringidos en el ejercicio de su capacidad de obrar, pues para ellos el mentado Art. 586 de la ley rituaria civil ha previsto la denominada incapacidad absoluta.

La carencia total de capacidad de obrar, por su parte, está prevista en nuestra legislación sustantiva civil para los menores de 10 años de edad y para los mayores de edad que así han sido declarados judicialmente.

Según la ley de trámites mencionada, este segundo supuesto se alcanza por declaración de Tribunal Municipal Popular obtenida mediante un proceso de jurisdicción voluntaria, es decir, en el que no se produce litis y solo excepcionalmente ante igual instancia pero en proceso contencioso. Este tipo de declaración está prevista para los enajenados mentales o los sordomudos y resulta en esencia revocable si la persona recupera las aptitudes perdidas, resultando poseedor de voluntad e inteligencia y teniendo la posibilidad de expresar la primera de modo inequívoco.

Tanto en el caso de la capacidad restringida como en la incapacidad, la actividad judicial va a estar auxiliada por peritos en psiquiatría, quienes informarán al tribunal actuante qué padecimiento presenta la persona sometida a examen, en que forma este se manifiesta y si ello a su juicio provoca en la misma la ausencia de las ya mentadas voluntad e inteligencia.

Otra cuestión a ventilar es la relacionada con la representación legal de las personas de capacidad restringida y de los incapaces. En este caso, ante la ausencia de la institución de la curatela en Cuba evidentemente esta función será asumida por los padres en ejercicio de la patria potestad, por los tutores si ésta se hubiere extinguido o por el fiscal en ausencia de los anteriores, aunque resultaría bueno apuntar que a las personas de capacidad restringida no sería posible asignarle tutor según lo previsto en el Art.138 del Código de Familia vigente.

En cuanto al Ministerio Fiscal se establece que deberá promover la incapacitación si los parientes no existieran o no la hubieran solicitado. (Artículo 586, apartado 4, LPCALE)

La redacción es meridianamente clara, sin embargo pudiera prestarse para la interpretación que traiga consigo que el fiscal rehúse promover la incapacidad de oficio cuando existen parientes directos que no incoen la apertura del expediente de incapacidad del familiar presuntamente incapaz, pero puede ocurrir que se deje a un padre o a una madre, que demande la incapacidad de un hijo con el que convive y que no obstante padecer su enfermedad sea inteligente, adulto y seguramente no se  reconoce enfermo, con el probable conflicto  que puede producirse en el seno familiar.

Es de destacar también que en la ley cubana se establece la obligación de las personas de poner en conocimiento del  Fiscal cuando hay un presunto incapaz sin que haya sido declarado. 

 2.1 Legitimación pasiva. 

En nuestro proceso no se demanda ni emplaza al presunto incapaz, pero es una cuestión particular, que a diferencia del tradicional procedimiento español de jurisdicción voluntaria, el presunto incapaz es examinado por el tribunal  pero no hay cabida para oírle, pues no se demanda a nadie.

Con respecto a decisión que se tome del asunto, al auto firme que se dicta no tiene fuerza de cosa juzgada pues cabe la posibilidad cambien las circunstancias personales del incapaz…entonces ¿qué sucedería si recupera una gran parte de capacidad? ¿Qué dice la ley al respecto para aquellas personas que vuelven a su estado de conciencia pasado antes de ser declarados como incapaces? Caben estas preguntas para reflexionar acerca de estas cuestiones que nos permiten ver el camino que lleva la doctrina tanto nacional como internacional y el procedimiento seguido por los tribunales.

2.2 Extensión y límites de la sentencia. 

En Cuba una vez terminado el proceso de declaración de incapacidad, si se declara con lugar el tribunal puede pronunciarse de acuerdo a la siguiente categoría:

  • Incapacitación plena: La privación o protección de la capacidad es plena, pues afecta de forma total y completa a la esfera personal y patrimonial del afectado. La extensión de la incapacitación es absoluta para todos los órdenes de su vida debiendo quedar bajo el régimen de guarda de la tutela.

Pudiera también implicar o regularse de manera que tuviera efectos de Incapacitación parcial: incapacidad parcial y régimen de curatela, que no está previsto en las vigentes normas del Derecho de Familia, pero sí se ha discutido a nivel general de la doctrina patria, al punto de que se ha incluido dentro de las posibles previsiones futuras del Código de Familia.

La sentencia en este último caso debería determinar qué actos puede hacer el incapaz por sí mismo y aquellos para los que precisa la asistencia del curador, tanto en sus aspectos personales como patrimoniales. Si la sentencia no aclarara nada en este sentido  pudiera entenderse que necesitará asistencia para todos los actos en los que se exige la intervención del curador.

Dice la doctrina además que la sentencia de incapacidad total deberá pronunciarse expresamente sobre el derecho de sufragio activo, y podrá pronunciarse además en aspectos personales o personalísimos. La sentencia deberá nombrar además a la persona o personas encargadas de asumir esa guarda legal del incapaz.

Para que el tutor nombrado pueda ejercer su cargo, la sentencia de incapacidad ha de ser firme, tiene que aceptarlo y  tomar posesión de su cargo. 

2.3 Consideraciones que el juez debería tener en cuenta a la hora dictaminar la incapacidad.

En cualquier caso, de la definición legal de las causas de incapacitación se desprende que la labor del facultativo informante se deberá extender a tres puntos fundamentales:

1º) El diagnóstico, es decir, si existe o no enfermedad o deficiencia física o psíquica, base patológica sin la cual no puede haber causa de incapacidad.

2º) El grado de aptitud o autonomía que dicha patología permite tener a la persona afectada, esto es, su capacidad de autogobierno, y

3º) La persistencia o expectativas de remisión de la enfermedad o deficiencia,

Siendo las cuestiones 2ª y 3ª, sin olvidar la 1ª, las que revisten mayor interés a los efectos de la incapacitación, pues lo importante no es tanto la existencia de determinada patología como entidad diagnóstica, sino las repercusiones concretas que tiene sobre la persona, lo que obligará a examinar la situación particular de cada paciente y todas sus circunstancias personales, sociofamiliares y del entorno, así como la duración probable o previsible de la patología y su incidencia en el futuro.

Examinemos, pues, con mayor detenimiento dos requisitos que a nuestra consideración debe reunir cualquier enfermedad o deficiencia para que pueda constituir causa legal de incapacitación:

1. El impedimento para el autogobierno.

Es preciso llamar la atención sobre una circunstancia que a veces induce a confusión: no es preciso, de acuerdo con la Ley, que el impedimento para el autogobierno sea absoluto o total en la persona para dar lugar a la incapacitación. Al Juez le corresponde determinar al declarar la incapacitación la extensión y límites de ésta, en función del grado de incapacidad que presente el afectado, o lo que es lo mismo, determinará si la incapacidad es absoluta si afecta a todos los aspectos de la vida y gestión de los intereses del incapaz, o sólo relativa o limitada a determinados aspectos o ciertos actos, dependiendo de la intensidad y grado de afectación del sujeto o, como dice la Ley, en función de su grado de discernimiento, dependiendo de lo cual se arbitrarán unos u otros mecanismos de protección para el incapaz según necesite de otra persona que supla totalmente su falta de capacidad y asuma todas las funciones de cuidado y representación del incapacitado, o bien tan sólo precise de un auxilio, control o supervisión de sus actos para completar una capacidad disminuida o limitada pero no ausente de modo absoluto.

Como antes se ha explicado, no todas las patologías, aunque sean idénticas, afectan por igual a todas las personas que las padecen, de suerte que la capacidad de autogobierno tiene un componente marcadamente ambiental, referida a las circunstancias de todo tipo en que se desenvuelve el sujeto (edad, estado de salud, grado de cultura, responsabilidades familiares y laborales, nivel económico, integración social, etc.). De ahí pues que la capacidad de autogobierno venga referida al comportamiento normal y corriente de una persona de acuerdo con su vida, relaciones personales y sociales e intereses económicos. No tener capacidad de autogobierno supondrá que esa persona no puede actuar de acuerdo con los moldes y funcionamiento social del marco en que se encuentra.

En este sentido resulta muy ilustrativa la clasificación que realiza el Dr. Ortega Monasterio sobre los grados de incapacidad, que enumera, de mayor a menor gravedad, en los siguientes:

GRADO 4: máxima pérdida de la autonomía y habilidades personales, precisando de los ciudados de otras personas incluso para las tareas más elementales (aseo, higiene personal, nutrición,..), propio por ejemplo de pacientes afectados de demencias y oligofrenias profundas.

GRADO 3: cierto grado de autonomía personal para tareas higiénicas y nutritivas elementales, así como cierta capacidad para la de ambulación con adecuada orientación, pero sin poder transitar por lugares desconocidos ni realizar operaciones comerciales simples como compras de mercado doméstico, pago de transportes urbanos, etc.

GRADO 2: autonomía para la vida doméstica y para cierta actividad social, con cierta capacidad de orientación en los desplazamientos urbanos y con aptitud para realizar operaciones comerciales simples.

GRADO 1: autonomía doméstica y social globalmente adquirida y conservada, así como aptitud para actividades manuales propias de un adulto normal y administración económica de cierta complejidad (como administrar una pensión mensual para el propio sostenimiento), pero sin poseer aptitud para realizar operaciones económicas complejas (contratos de compraventa de inmuebles, créditos hipotecarios, etc.), propias, por ejemplo, de los afectados de debilidad mental ligera o discreto deterioro senil de la personalidad.

Tal clasificación vale, pues, como orientación genérica, lo que no excluye se examinen también otros datos igualmente importantes para valorar adecuadamente cada caso particular, como la aptitud del sujeto para las relaciones sociales, su capacidad para el trabajo, etc., que nos indicarán el grado de autonomía que posee para su normal desenvolvimiento.

Ahora bien, en la práctica lo que se suele exigir al perito médico es que se pronuncie sobre tres aspectos fundamentales de la autonomía del sujeto:

Autonomía personal o aptitud para realizar por si solo funciones de nutrición, aseo, cuidado personal, seguridad….

Autonomía doméstica o aptitud para afrontar situaciones para las cuales el sujeto ha sido adiestrado previamente sin necesidad de ser estimulado cada vez que se enfrenta a ellas, reconociendo dichas situaciones como idénticas a aquéllas para las que tiene esquemas de conducta establecidos, y

Autonomía social, cuando el sujeto es capaz de afrontar situaciones nuevas, esto significa ser capaz de adaptarse, adquirir experiencia y utilizarla. Un sujeto con autonomía social puede adaptarse, dirigir sus actividades hacia una meta, presentar proyectos de futuro adecuados, controlar sus impulsos…

2. La persistencia de la enfermedad o deficiencia.

Sin esta nota de persistencia, aún cuando exista enfermedad o patología que impida el autogobierno, no es posible la incapacitación.

La persistencia siempre producirá problemas porque no se define en el precepto legal, aún cuando unánimemente entendemos que no puede equipararse a irreversibilidad, basta con que previsiblemente sea lo suficientemente duradero el trastorno a lo largo de un prolongado periodo de tiempo, figurando que la enfermedad o padecimiento sea crónico o de larga duración, excluyéndose por tanto la intensidad momentánea.

Sin embargo, se plantean problemas cuando la enfermedad o deficiencia psíquica tiene su manifestación en fases cíclicas. Hay trastornos cuya evolución fluctúa y en los cuales aparecen períodos de agudización o descompensación con grave alteración de las facultades mentales, que luego se alternan con periodos de relativa normalidad psíquica en el paciente (esquizofrenias, demencias,  multiinfarto, psicosis maniaco-depresivas…). Aún cuando no existan dudas acerca del carácter persistente de estas patologías por reunir la nota de permanencia constante al margen de su mayor o menor intensidad periódica, resulta realmente difícil privar de capacidad a estas personas precisamente por esos periodos en que gozan de plena lucidez y aptitud para dirigir sus vidas.

No obstante, dado el carácter eminentemente protector de la institución hay ciertos casos en que, para la mejor seguridad del paciente, sería recomendable la incapacitación judicial en estos casos si existe un mal pronóstico en la evolución futura de la enfermedad según los antecedentes que se posean, para lo cual son datos muy a tener en cuenta la frecuencia de los episodios, su duración e intensidad, las posibilidades reales que existan de contener clínicamente al paciente dependiendo de su voluntad de colaborar en el tratamiento o no, o de la eficacia de éste, así como el deterioro neuropsicológico que puede quedarle entre fase y fase, entre otros factores.

CONCLUSIONES:

Se puede concluir que existen dos grandes conceptos, la capacidad jurídica y la capacidad de obrar, la primera entendiéndose como la aptitud de ser titular de Derecho y la segunda para gobernarse y ejercer esos derechos y cumplir las obligaciones de los que se es titular.

La incapacitación, desde el ámbito judicial es el único medio que existe para reconocer y declarar la inexistencia o limitación de esa capacidad de obrar que de otro modo se presume plena, siempre que tenga su origen en determinadas enfermedades o deficiencias de tipo físico o psíquico, siendo el efecto principal de la incapacitación, pues, la anulación o limitación de la capacidad de obrar de una persona para dar lugar a la entrada en juego de las instituciones de protección y asistencia que el Derecho ofrece, como la tutela u otras apropiadas para su guarda, cuidado o representación.

La incapacitación, pese a la aspereza del término y las lógicas insinuaciones que puede crear porque supone privar a una persona de su capacidad, no puede concebirse como una forma de atacar al enfermo o sustraerle sus bienes o derechos, sino como una medida dirigida a su mejor protección y seguridad, separándole de los perjuicios que para sí misma, su forma de vida, la atención de sus necesidades o simplemente la gestión de sus intereses patrimoniales, pudiera causarle la adopción de decisiones inadecuadas o la ausencia de iniciativa alguna por su parte cuando le convenga adoptar alguna decisión. Toca a jueces, fiscales, letrados y familias cuidar de cada uno con la especialidad, justeza, bondad y amor que cada uno merecen. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

  1. Fernández Bulté, J., Carreras Cuevas, D. y Yánez Rosa M., Manual de Derecho Romano, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1982, pp. 42 y ss.
  1. Diez Picazo, L. y Gullón, A., Sistema de Derecho Civil, Vol. I, Ed. Tecnos, Madrid, 1982, pp. 227 y 228.
    1. Clemente Díaz, T.,  Derecho Civil. Parte General, Tomo I, Primera Parte, EMPS, La Habana, 1983, p. 225.
  1. Rapa Álvarez, V., “La relación jurídica: Categoría  esencial en el nuevo Código Civil”, en Revista Jurídica, Nro. 19, Año VI, MINJUS, La Habana, abril- junio de 1988, p.121.
  1. Vid. Clemente Díaz, T., op. cit., pp. 320 y ss.
  1. Vid. Clemente Díaz, T., op. cit., pp. 371 y ss.
    1. Puig Ferrio, L. y otros, Manual de Derecho Civil, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 191; Diez Picazo y Gullón, op. cit., p. 258; Ghersi, C. A. (Coordinador), Derecho Civil. Parte General, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1999.

Legislaciones:

Código Civil de la República de Cuba (Anotado y concordado por Dr. Leonardo Pérez Gallardo), Ley Nº 59 de 16 de julio de 1987, vigente  desde el 12 de abril de 1988, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2011.

  Código de Familia actualizado (anotado y concordado) Ley No. 1289 de 1975.

Constitución de la República de Cuba

Código Civil del Estado de Nuevo León. México.

Código Civil  de España.

Ley No. 51 de 15 de Julio de 1985. Ley de Registro del Estado Civil.

Ley de Procedimiento civil, Administrativo, Laboral y Económico. Ley No. 7 de 1977. 

 Sitios consultados:

http://www.wordreference.com/definicion/incapacitacion

http://www.ibermutuamur.es/ibertalleres/web_juridica/cap2/24.htm

http://www.consumes.es

http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Guias/Derecho/Tutela/Tutela001.

http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Legislacion/Faqs/faq2

http://www.aaba.org.ar

http://lex.uh.cu/Dptos/civil/Derecho

http://www.discapnet.es/documentos/tecnica/publicaciones

http://www.biblioteca.jus.gov.ar/CPCCBsAs.html

http://www.lexjuris.com/cipr/lex1988-5287-1.htm

http://www.hacienda.jujuy.gov.ar/legislacion_prov/leyes

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Barrios Pérez, Mailenys y García Broche, Loyet: "La declaración de incapacidad en el proceso civil cubano" en Revista Caribeña de Ciencias Sociales, marzo 2013, en http://caribeña.eumed.net/proceso-civil-cubano/

Revista Caribeña de Ciencias Sociales es una revista académica, editada y mantenida por el Grupo eumednet de la Universidad de Málaga.