TENDENCIAS ACTUALES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

RESUMEN:
El proceso de modernización del sector público ha supuesto un importante avance respecto al desarrollo de nuevas herramientas para la rendición de cuentas.
En este trabajo se pone de manifiesto como los organismos internacionales de mayor representación están liderando un proceso de mejora en la rendición de cuentas que presenta a la ciudadanía como principal acreedor informativo. En este sentido, se muestra en las diferentes propuestas un modelo de información sustentado en los objetivos y necesidades de los grupos sociales y de la ciudadanía en general, tales como transparencia, integridad y rendición de cuentas en su sentido más amplio. En concreto, en el trabajo se abordan algunas iniciativas que se han puesto en marcha en las administraciones públicas de todo el mundo relacionadas con los conceptos de: buen gobierno, ciudadanía participativa, evaluación de políticas públicas, open government, gestión orientada a resultados y modelos de información sobre responsabilidad social.

Palabras clave:
Rendición de cuentas- Administraciones Públicas- grupos de interés- información contable – transparencia

Código JEL: M41
CURRENT TRENDS OF ACCOUNTABILITY IN THE PUBLIC SECTOR
Abstract
The modernization of the public sector has been a major breakthrough regarding the development of new tools for accountability.
This paper highlights the international as greater representation are leading a process of improving accountability in presenting to the public as the main creditor informative. In this sense, it is shown in the various proposals an information model supported by the objectives and needs of social groups and the general public, such as transparency, integrity and accountability in its widest sense. Specifically, the work addresses some initiatives that have been launched in public administrations around the world related to the concepts of good governance, participatory citizenship, public policy evaluation, open government, managing for results and models social responsibility reporting.

Keywords: accountability- public administration- stakeholders- accounting information – transparency.
JEL Codes: M41

  1. 1.      INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo, se pretende llevar a cabo un análisis en el que se mostrarán las tendencias actuales de la rendición de cuentas en el sector público, con el propósito de observar la evolución tanto en la forma de presentación y de acceso, como del contenido de la información tradicionalmente exigida a las Administraciones Públicas que pasa de ser una información opaca y  sustancialmente normativa a un modelo en el que se incluyan incluso aspectos novedosos, tales como, los comportamientos socialmente responsables.

En este sentido, se han recogido como principales tendencias:

Los principios de Buena Gobernanza, la presencia del concepto de Ciudadanía Participativa, la mejora en los procesos de Evaluación de Políticas Públicas, la Innovación en las administraciones públicas, la Gestión Orientada a Resultados y La publicación de Informes de Sostenibilidad por parte de un número creciente de administraciones públicas, con el propósito de cumplir con las expectativas de los grupos de interés y de acuerdo con  las nuevas tendencias en el ámbito de la rendición de cuentas. El informe de mayor aceptación ha sido la guía Global Reporting Iniciative (GRI) (según la adaptación sectorial).

  1. 2.      CONCEPTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: RENDICIÓN DE CUENTAS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La sociedad se ha definido como un grupo de interés en sí mismo, que gracias al acceso a la información, es más crítica con respecto a las actuaciones de sus representantes políticos y por ende, de los gestores públicos.

En este sentido, el proceso de modernización del sector público es un proceso vivo que se alimenta y retroalimenta, a través de la modernización de otras áreas o sectores, entre los que cabe destacar, el tecnológico y el social.

Los organismos internacionales, tales como la ONU, la OCDE o Unión Europea, realizan propuestas que se extienden al área administrativa, de empleo, de gobernanza, de gestión, con el objetivo de mejorar la conexión entre el gobierno y la sociedad. Las administraciones públicas han emprendido un camino de mejora continua, en su vínculo con la ciudadanía, que supone mayor participación en la toma de decisiones, transparencia en la ejecución y rendición de cuentas, ex – ante y ex – post, respecto a los resultados alcanzados o previstos.

El concepto de rendición de cuentas se puede exponer desde diversos enfoques, si se centra el estudio de manera específica en el ámbito de la gestión, se puede decir, que la gestión orientada a resultados, a través del desarrollo de indicadores para medir la eficacia, eficiencia y calidad, el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y control del cumplimento de los objetivos, junto con el uso de la evaluación de las políticas públicas son los elementos clave, de esta nueva demanda (1). Si en la empresa, está clara la relación entre rendir cuentas y el accionariado como agente principal, en el sector público, el término rendición de cuentas debe estar vinculado al concepto de ciudadano, en particular y al de sociedad en general.

Desde una perspectiva enfocada a la información de carácter financiero- contable, en España y en el ámbito público, el término rendición de cuentas, viene descrito en la Ley General Presupuestaria (2003), y se refiere al momento en el que los cuentadantes, es decir, los titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas, remitirán sus cuentas anuales aprobadas a la Intervención General de la Administración del Estado, acompañadas del informe de auditoría que corresponda.

Por otra parte se debe considerar la existencia de dos exigencias reconocidas por la OCDE (2003), como prioritarias en estos últimos años en relación con la rendición de cuentas en el ámbito público:

  • Cambios importantes en relación con los procesos de presupuestación y gestión financiera: El presupuesto y los procesos contables son las herramientas de planificación operativa de los gobiernos y proporcionan la base de la rendición de cuentas. La corriente actual de incluir objetivos y medidas de resultados está lejos de reforzar el papel del presupuesto como motor de cambio.
  • Cambios importantes en la transparencia y la rendición de cuentas: Las leyes actuales de revelación de la información pública han mejorado la relación entre gobierno y ciudadano, pero es conveniente aplicar nuevas medidas de transparencia de carácter local.

En el ámbito político, según señala Schedler (2004),  la rendición de cuentas, incluye por un lado la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus dimensiones y de justificarlas en público (Answerability) y por otro, incluye la capacidad de sancionar a los políticos y funcionarios en el caso de que hayan violado sus deberes públicos (enforcement).

La rendición de cuentas en sentido amplio, se puede definir como “el requerimiento a una organización tanto pública como privada, para explicar a la sociedad sus acciones y aceptar consecuentemente la responsabilidad de las mismas” (Nonell, 2006, p.12). Por tanto, el concepto de rendir cuentas queda expresado en su propio nombre, y está relacionado con informar a las partes, en especial a los agentes financiadores, del modo en el que se han gestionado los recursos y los resultados de tal uso.

Para este mismo autor, “en el corazón de la rendición de cuentas está el diálogo crítico. No se trata de un juego de un solo tiro sino de un juego iterativo, un ir y venir de preguntas y respuestas, de argumentos y contraargumentos”.

En esta misma línea se expresa Bar (1999), al reconocer que una rendición de cuentas desde un enfoque democrático debe elaborarse sobre un principio operacional básico que implica que las actuaciones se establezcan de acuerdo a las necesidades e intereses de los grupos sociales o de la sociedad en su conjunto y a ellos debe dirigirse la información de carácter externo asumiendo como principal criterio el impacto social de las actuaciones de las administraciones a través de mecanismos de participación civil, medidas e instrumentos de expresión de la opinión pública e  información electrónica.

Por otra parte, Nonell (2006, p.14), identifica como objetivos de la rendición de cuentas para los organismos públicos los siguientes (2):

  • Fortalecer el sentido de lo público.
  • Recuperar la legitimidad para las instituciones del Estado.
  • Facilitar el ejercicio del control social de la gestión pública.
  • Contribuir al desarrollo.

Cualquiera de los objetivos mencionados en el párrafo anterior se consideran piedras angulares del debate que existe en estos momentos en el marco internacional  en relación con las metas de desarrollo, con especial énfasis en aquellos que cuentan con gobiernos inestables, políticos corruptos y con escasa visibilidad internacional, de manera que una gestión pública en la que primen como principales objetivos los de Desarrollo del Milenio establecidos por Naciones Unidas (3), depende de la integridad, transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas (Armstrong, 2005).

En los apartados siguientes afrontamos desde una perspectiva de carácter instrumental los conceptos y principales puntos relacionados con el proceso de mejora en los sistemas de rendición de cuentas de las administraciones públicas, en los que subyace este debate.

  1. 3.      MODELOS DE INFORMACIÓN CONTABLE EN EL SECTOR PÚBLICO

Tal y como se ha visto, en el epígrafe anterior, la rendición de cuentas es un concepto amplio aplicable a distintas esferas, pública, privada, jurídica, social, económica, política, etc. Si bien, en el sector empresarial, la rendición de cuentas lleva de manera prioritaria al sistema informativo contable, en el sector público, el concepto de rendición de cuentas se materializa a través de la transferencia del resultado de distintos sistemas de información:

  • Información contable externa: usuario con cierto grado de conocimiento; periodicidad anual; poco accesible para ciertos grupos de interés.
  • Información contable interna: usuarios internos; periodicidad según necesidades para la toma de decisiones.
  • Información sobre políticas y resultados: ciudadanía en general (4) y sus órganos de representación.

En relación con la información contable, a pesar de que en etapas anteriores la contabilidad pública se consideraba parte de otras disciplinas como el Derecho Financiero o la Contabilidad Nacional, actualmente se encuadra dentro de la teoría general de la contabilidad, y desde esta perspectiva, puede definirse como “aquella rama de la contabilidad que se ocupa del análisis, medida y adecuada representación de la realidad económico financiera de las entidades públicas sin fines de lucro y que sirviéndose de un conjunto de normas, principios y técnicas contables, persigue la elaboración y suministro de la información óptima en la que se apoya el control y la gestión “(Benito, 1995, p.37).

El proceso de modernización del sector público ha supuesto, tal y como se viene comentando, una mejora de su sistema de información y por lo tanto de los procesos de rendición de cuentas. La contabilidad pública se concibe como un  sistema de elaboración y comunicación de la información, integrado dentro del sistema general, cuya necesaria adaptación o reforma, ha condicionado el propio concepto de la contabilidad. (Pou, 2005).

En palabras de Montesinos (2002, p.41) “La nueva orientación de la gestión y el control públicos hacia los outputs y resultados, supone no solamente la sustitución del objetivo de la exactitud por el de la imagen fiel, sino que, al igual que en la contabilidad empresarial, se impone un modelo de contabilidad y rendición de cuentas más rico, orientado a facilitar el buen gobierno de las entidades públicas, en el que confluyen gestión y responsabilidad”.

La globalización de la economía y la intervención de las políticas públicas en la regulación y el control de los aspectos económicos y sociales que se derivan de la misma, han acelerado el proceso de armonización internacional en contabilidad pública, y por ende, el desarrollo de nuevos marcos normativos.

Respecto al proceso de normalización contable una de las principales novedades es la aparición de las Normas Internacionales de Contabilidad aplicables al sector (en adelante, NIC-SP) elaboradas por la Federación Internacional de Contables (IFAC), a través de la Junta de Normas Internacionales para el sector público (IPSASB). Las NIC-SP están basadas en las normas internacionales de información financiera (NIC-NIIF), con el objetivo de establecer un marco de referencia para la elaboración de la información financiera de las Administraciones Públicas de los diferentes países. En este sentido, las NIC-SP son normas generales de información financiera de alta calidad para su aplicación a entidades del sector público diferentes de las empresas públicas.

En relación con la aplicación de las NIC-SP en los estados miembros se deben tener en cuenta dos premisas:

  • No existe en la Unión Europea una norma que obligue a su aplicación, aunque el IFAC recomienda su adopción con el propósito de lograr una información consistente y comparable entre las entidades del sector público.
  • La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 2006 la decisión de introducir las NIC-SP en un plazo no superior al 2010, lo que permitirá elevar la calidad de los informes financieros con los correspondientes beneficios en los ámbitos de buen  gobierno, la rendición de cuentas y la transparencia.

Uno de los puntos fuertes de la reforma es la aplicación del principio del devengo en Contabilidad Pública(5). La mayor parte de los países de la OCDE han introducido en el marco de sus reformas, caracterizadas por la descentralización, desconcentración, externalización, gestión por objetivos, desarrollo de técnicas que permitan la mejora de la eficiencia y asignación de responsabilidades sobre los resultados obtenidos, la base del devengo como criterio de reconocimiento de ingresos y gastos (Pina Martínez, 2002).

De hecho, la Federación de Expertos Contables Europeos recomienda sin paliativos la utilización de la contabilidad por el principio de devengo para las administraciones y las entidades del sector público porque permite una mejor presentación de las cuentas y una mayor transparencia de sus informes financieros y ofrece una mejor información con fines de planificación y gestión (Devlin, 2008).

El uso del devengo como base de reconocimiento tiene dos fines fundamentales, mejorar la información para la gestión y mejorar la transparencia informativa, es decir, ofrecer a los usuarios externos e internos(6) una información contable útil en la toma de sus decisiones. De hecho, tal y como señala Benito (1995), el método de caja, que consiste en registrar los ingresos y gastos en el momento en que se produce la corriente monetaria derivada de los mismos, no es un método adecuado para evaluar correctamente la eficiencia alcanzada por la organización, ni para efectuar una adecuada rendición de cuentas,  a pesar de que por su simplicidad ha sido utilizada tradicionalmente por algunas organizaciones del sector público.

Otro de los aspectos destacables de la reforma se refiere al hecho de que el proceso de normalización contable público actual se decanta por un sistema de información próximo al conjunto de reglas y principios generalmente aceptados en el marco empresarial, esto supone una adaptación en la que debe tenerse en cuenta que en ambas realidades económicas existen diferentes objetivos (Cañibano, 2002).

En relación con esta tendencia se observan algunos problemas. La contabilidad pública tiene un carácter o enfoque decantado claramente hacía la información de carácter financiero, de hecho la evolución de los modelos de cuentas anuales, en particular de la memoria de las entidades que conforman el sector público administrativo, se puede encontrar una información detallada de las operaciones de dichas entidades, que lleva  aparejado un sofisticado sistema de elaboración, pero sin apenas información no monetaria(7). Con el propósito de mejorar la transparencia se están aplicando modelos de información contable del sector privado al sector público sin tener en consideración ciertos aspectos, entre los se puede destacar dos:

  1. Las propias limitaciones de la contabilidad financiera adoptada por las empresas que se pone de manifiesto, desde el nuevo enfoque stakeholder, por el notable incremento de la divulgación de información de naturaleza no financiera. Paradójicamente, tal y como señalan Carnegie y West (2005), mientras que en el sector privado cada vez  se incluyen en la información revelada más indicadores no monetarios, los modelos de información contable del sector público tienden a ser más estrictos en la presentación de la información de carácter monetario.

En el caso de Australia, el desarrollo normativo contable en el sector público está adaptado al de la contabilidad empresarial. En este país en se han promulgado tres normas de contabilidad para el sector público, la AAS 27 “Financial Reporting by Local Goverment”, AAS 29 “Financial Reporting by Govertment Department” and AAS 31 “Financial Reporting by Goverment. Las tres normas dan un enfoque a la información contable similar al de las organizaciones empresariales del sector privado pero no contemplan la exigencia de otras medidas de rendición de cuentas, tales como los indicadores de rendimiento, únicamente, se limitan de manera puntual a fomentar su uso.

  1. La escasa consideración de las particularidades de cada organismo público. Parker (1996, p5), señala que “cuando se incorporan las metodologías contables, supuestamente más sofisticados y desarrolladas del sector privado al sector público, hay que realizar al menos una pausa para considerar las significativas diferencias en objetivos, estructuras, y requisitos sociales de las organizaciones públicas.

En definitiva, se presenta un modelo contable público que se considera muy desarrollado pero que debería mejorar algunos aspectos tales como la pertinencia y la apertura, dos valores reconocidos en los documentos de reforma de las administraciones públicas. De hecho, en relación con la pertinencia,  se observa el hecho de que, a medida que se va  acercando a la esfera de los contenidos sociales (defensa, seguridad, sostenibilidad, justicia, o sociedad de la información) esta necesidad de rendición de cuentas pierde fuerza, se debilita y en muchos casos no existe (Nonell, 2006, p.20)

En España, resulta alentadora la aprobación del Plan General de Contabilidad Pública 2010 (PGCP), en cuanto a que su contenido recoge algunas mejoras importantes en relación con los aspectos negativos que se vienen comentando. En concreto, en las Disposiciones Generales de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública establece que todas las reformas de la contabilidad pública realizadas en nuestro país pretenden alcanzar el objetivo de la normalización contable. Este objetivo ha seguido diferentes líneas: en primer lugar, se ha buscado la normalización de los criterios contables aplicados por las distintas Administraciones públicas sometidas al PGCP; en segundo lugar, se ha pretendido, en la medida de lo posible, la normalización con los principios contables aplicados a las empresas, y por último, se han tomado como referente los pronunciamientos contables internacionales.

El PGCP, se concibe como un plan marco aplicable a todas las administraciones públicas, adaptado a las NIC –SP  emitidas por el IFAC (aunque no existe una aplicación directa), que tiene como objetivos:

  • Mejorar la calidad de la información contable, incluyendo información para apoyar la toma de decisiones de gestión y de los usuarios externos y facilitar una adecuada rendición de cuentas.
  • Mejora de la comparabilidad de la información, aplicando unos criterios contables normalizados para operaciones que son similares en los diferentes países, incrementando, por tanto la transparencia de la información contable.
  • Alcanzar la normalización contable con el Plan General Contable  aprobado por Real Decreto 1514/2007, con las especialidades propias de las entidades del sector público al que va dirigido.
  • Complementar la información  proporcionada por las cuentas del PGCP´94. Para las entidades que aplicaban el PGCP´94, el resultado de la cuenta económico-patrimonial, no constituye un indicador suficiente para evaluar la gestión, como sucede en el ámbito empresarial, la información financiera y presupuestaria debe ser completada con información adicional que permita apoyar la adopción de decisiones para la gestión. En esta línea, se ha incluido por primera vez, en la memoria de las cuentas anuales, información de costes por actividades y unos indicadores presupuestarios, financieros y de gestión que contribuirán a mejorar la calidad de la información contable en el sector público y que amplían los elementos de información para la mejora de la gestión pública.
  1. 4.      BUENA GOBERNANZA: PARTICIPACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO

4.1.           Principios de Buena Gobernanza

Bajo el término de buen gobierno, se incluyen aquellos principios, actitudes, conductas y actuaciones de los distintos gobiernos y organizaciones públicas que permiten implicar más a los ciudadanos en el devenir de la sociedad (Nonell, 2006, p.15).

En el presente apartado, se analizan los principios de la buena gobernanza, considerando que si una entidad pública se rige de acuerdo con ellos, entonces se entenderá que es transparente, fiable, y esto, se consigue a través de una adecuada rendición de cuentas. En ningún caso, se aborda de manera profunda el tema de la Buena Gobernanza, puesto que no es objeto del presente trabajo, pero se considera oportuno incluir los principios, ya que tal y como se ha dicho, en ellos se pone de manifiesto la necesidad de la rendición de cuentas, aspecto que a nuestro modo de ver, debe ser una de los pilares fundamentales en el comportamiento socialmente responsable de una administración pública.

Esto es, la buena gobernanza se pone de manifiesto a través de tres factores clave:

  • Transparencia
  • Rendición de cuentas (accountability)(8)
  • Participación

Los principios que deben ser asumidos por parte de las Administraciones Públicas para garantizar la buena gobernanza, quedan puestos de manifiesto en la siguiente tabla (1), distinguiendo entre los que destacan las Naciones Unidas, y la Unión Europea:

Tabla 1. Principios de buena gobernanza

Naciones Unidas

Unión europea

Participación: dotar a las personas de voz en el proceso de toma de decisiones.  Apertura: forma de trabajo más abierta, comunicación más activa y lenguaje accesible para el público en general.
Transparencia: Construir en la libertad de información.  Participación: La calidad, pertinencia y eficacia de las políticas implica una amplia participación del los ciudadanos en todas las fases del proceso de desarrollo de políticas. Enfoque integrador.
Responsabilidad: De las instituciones y los procesos, a los stakeholders.  Responsabilidad: Clarificar el papel de cada uno de los procesos legislativo y ejecutivo y responsabilización de todos los estados miembros y de todos los agentes que participan en el desarrollo y aplicación de todas las políticas de la U.E. a todos los niveles.
Orientación al consenso: Los intereses que difieren tienen que encontrar el camino hacia el consenso.  Eficacia: medidas eficaces oportunas sobre la base de unos objetivos claros, que permita la evaluación de su futuro impacto, y en su caso de la experiencia acumulada.
Equidad: todas las personas han de tener las mismas oportunidades para comprometerse.  Coherencia: Políticas coherentes y fácilmente comprensibles, ante la complejidad y la diversidad del panorama mundial.
Eficacia y Eficiencia: Los procesos e instituciones para producir resultados tienen que buscar la mejor utilización de los recursos. Proporcionalidad y subsidiaridad (reforzados por los anteriores principios): Comprobar antes de lanzar una iniciativa, sí es realmente necesaria, sí el nivel europeo es necesario para esa actuación y sí las medidas previstas son proporcionales a los objetivos.
Rendición de cuentas: De los que toman las decisiones a los afectados por las mismas o stakeholders.
Visión Estratégica: Los líderes y el público han de tener extensa y larga perspectiva en el buen gobierno y en el desarrollo humano. Asimismo hay que entender las complejidades históricas, culturales y sociales y las complejidades en las que dicha alternativa se fundamenta. 

Fuente: elaboración propia,  a partir de UNDP (1997) y Libro Blanco sobre Gobernanza Europea (COM, 2001b).

 

4.2.           Ciudadanía Participativa e información contable

El concepto de ciudadanía participativa responde, a un nuevo rol de los ciudadanos como grupo activo en la elaboración de políticas y  en los procesos de evaluación, desde una perspectiva de gestión pública asentada sobre principios éticos, de responsabilidad y transparencia.

La OCDE ha definido diez principios para implicar a los ciudadanos en una participación activa (véase tabla 2):

Tabla 2. Principios de la OCDE sobre la implicación de los ciudadanos en una participación activa

  • Compromiso: Es necesario un liderazgo y un fuerte compromiso en todos los niveles de gestión y decisión, en términos de información, consulta participación activa.
  • Derechos: Los derechos de los ciudadanos al acceso de la información, a plantear propuestas y a la participación activa deben estar firmemente asentados, así como las obligaciones del gobierno a responder a estas exigencias. Sí existen instituciones independientes de supervisión, mejora la eficiencia de estos derechos a los ciudadanos.
  • Claridad: Los objetivos de la información, consulta y participación deben estar claramente definidos.
  • Tiempo: Con el objeto de dar entrada a una amplia gama de soluciones y elevar la probabilidad de éxito en su implantación se deben poner en práctica enseguida estos mecanismos de consulta y hay que contemplar plazos suficientemente largos para que la participación sea eficaz.
  • Objetividad: de la información y accesibilidad de la misma.
  • Recursos: para llevar a cabo estas actuaciones y acciones.
  • Coordinación: entre todos los niveles de gobierno, sin limitar la capacidad de innovación y flexibilidad de los diferentes organismos.
  • Rendición de cuentas: Un proceso de información, consulta y participación activa tiene que ser abierto, transparente y escrutable desde el exterior.
  • Evaluación: Los gobiernos requieren de herramientas, información y capacidad para evaluar su desempeño en el suministro de información, la conducción de consultas y la atracción de la participación de los ciudadanos. Los gobiernos deben adaptarse a las nuevas necesidades derivadas de los cambios continuos.
  • Ciudadanía Activa: Hay que crear conciencia, fortalecer la educación cívica y las actitudes de los ciudadanos, y apoyar la creación de capacidades dentro de las organizaciones de la sociedad civil.

Fuente: OECD (2001)

 

Por otra parte, el Comité de Expertos en Administración Pública del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (2006b), reconocen cuatro tendencias fundamentales en la transformación del Estado y la Administración Pública:

  1. Construcción o reconstrucción de un Estado en el que impera la Ley.
  2. Revitalización del Estado y la Administración Pública.
  3. Redefinición de la función del Estado.
  4. Demanda de una democracia con mayor sentido y con más oportunidades de participación en la formulación de políticas.

Esta última tendencia ha cobrado mayor fuerza en los últimos años, de manera que los procesos de innovación aplicados a la administración pública aportan importantes avances en este sentido(9).

En España, la Orden ministerial APU/516/2205 de 3 de marzo de 2005, incluye el acuerdo por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado. En lo referente al tema que se está analizando, en este Código se destaca, en relación con la ética y el derecho a la información de los ciudadanos sobre las actuaciones del gobierno, los siguientes párrafos:

  • Los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración General del Estado…….ajustarán sus actuaciones a los siguientes principios éticos y de conducta que se desarrollan en este código: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez y promoción del entorno cultural y medioambiental y de la igualdad entre hombres y mujeres. (Anexo: Principio básico)
  • Los altos cargos promoverán los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos, y evitarán toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social. (Anexo: Principios éticos. 1)
  • Garantizarán el ejercicio del derecho de los ciudadanos, a la información sobre el funcionamiento de los servicios públicos que tengan encomendados, con las limitaciones que establezcan, normas específicas. (Anexo: Principios de conducta. 3).

A esta iniciativa del Gobierno, se suma la creación de un acuerdo con los principios de gobernanza de la unión europea; responsabilidad, eficiencia y participación,  de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la calidad de los servicios(10), siendo uno de sus propósitos fundamentales, aumentar la rendición de cuentas respecto a los ciudadanos y la calidad democrática, promoviendo la transparencia y la participación. De hecho la Agencia, como institución reconoce como destinatarios de su trabajo:

  • Decisores públicos: les provee las valoraciones técnicas independientes, para que decidan en las mejores condiciones, tanto en relación con la prestación de los servicios públicos, como respecto a las políticas públicas (uso estratégico de la evaluación).
  • Gestores públicos: les suministra información para mejorar la eficacia en la aplicación y desarrollo de las políticas (dimensión de políticas públicas) así como mejorar el rendimiento y la gestión de las organizaciones (dimensión de calidad de servicios).
  • Ciudadanía: Mejora la calidad democrática al aumentar la orientación del ciudadano, tanto teniendo en cuenta sus intereses y necesidades (participación), como rindiendo cuentas sobre en qué medida los resultados obtenidos responden a sus exigencias (transparencia y responsabilidad).

En nuestra opinión, si bien la creación de la agencia representa un avance muy importante, respecto a la transparencia y la mejora de la gestión de los gestores públicos, la visión de la participación ciudadana en la toma de decisiones, nos parece todavía alejada de lo que sería un escenario futuro de Gobierno abierto.

La información es uno de los pilares de la democracia y permite a los ciudadanos incorporarse más al desarrollo de la misma e implicarse en el futuro de las sociedades. Por lo tanto, hay que plantearse las cuestiones básicas que configuran una rendición de cuentas, es decir el suministro de una información adecuada respecto a los resultados de las organizaciones en las esferas privadas y públicas. (Nonell, 2006, p.27)

El sistema de información contable de las administraciones públicas es el vehículo tradicional de revelación de la información respecto a la cuantía y el modo en el que se manejan los de recursos que gestionan los organismos públicos en virtud de la potestad que los ciudadanos, de manera democrática, le otorgan. Por lo tanto, es lógico que se reconozca como principal destinatario de dicha información, a los ciudadanos. Los principales organismos de normalización de contabilidad reconocen esta posición. Algunos ejemplos pueden verse en la tabla 3:

Tabla 3. Ciudadanía como destinataria de la información contable

Estados Unidos y Australia

España

Government Accounting Standars Boards (GASB): Reconoce tres grupos de usuarios: aquellos en los que el gobierno es responsable principal, los ciudadanos; aquellos que representan directamente a los ciudadanos; y los que prestan dinero al gobierno, los inversores. Concepts Statement, nº1. (EEUU)Federal Accounting Standars Advisory Board (FASAB): los usuarios se pueden clasificar en cuatro grandes grupos: los ciudadanos; el congreso; los ejecutivos de las políticas públicas; los gestores de los programas.Stament of Federal Financial Accounting Concepts nº1 (EEUU)

Australian Accounting Foundation Research (AARF): los usuarios principales de los estados financieros generales son: los proveedores de recursos entre los cuales se encuentran los políticos y contribuyentes; los clientes de bienes y servicios, incluyendo los contribuyentes; asociaciones, partidos políticos y medios de comunicación; los gestores.

Intervención General de la Administración del Estado (IGAE): reconoce como destinatarios de la información contable pública los siguientes: órganos de representación política; órganos de gestión; órganos de dirección y gestión de las Sociedades y Empresas Públicas; Órganos de Control Externo; Entidades privadas, asociaciones y ciudadanos interesados en la res pública (del latin, “cosa pública”). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de IGAE (2004)  y Cortés (1999).

El hecho de que las normas, contemplen la figura del ciudadano como destinatario de la información contable pública, no significa que los canales de información funcionen correctamente, la revelación de la información en ocasiones llega tarde y es demasiado complicada para que sus usuarios alcancen a comprenderla. En España, la ley 28/2006, de 18 de Julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos, describe el proceso de rendición de cuentas anuales del siguiente modo (artículo 30 de la citada Ley):

“1. Las cuentas anuales de las Agencias Estatales se formulan por su director en el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio económico. Una vez auditadas esas cuentas, por la Intervención General de la Administración del Estado son sometidas al Consejo Rector, para su aprobación antes del 30 de junio del año siguiente al que se refieren.

2. Una vez aprobadas por el Consejo Rector, las cuentas se remitirán, a través de la Intervención General del Estado, al tribunal de cuentas para su fiscalización. Dicha remisión a la Intervención General, se realizará dentro de los siete meses siguientes a la terminación del ejercicio económico”.

De la lectura del anterior artículo se desprenden a nuestro juicio varias conclusiones, en primer lugar, se comprueba que el proceso determina una demora importante respecto a la disponibilidad de sus usuarios, que se aleja del requisito de oportunidad en la toma de decisiones, es un sistema decantado claramente a la función de control y  cumplimento de la legalidad y por último, nos muestra una rendición de cuentas en las que no se vislumbra sus aspectos más novedosos.

En este mismo sentido se expresa Cortés (1999) reconociendo como problemas existentes en el proceso de rendición de cuentas a los ciudadanos: problemas de difusión, difícil comprensión y plazos demasiado largos, controles deficientes derivados del volumen de información y falta de debates públicos sobre las cuentas.

 

4.3.           Evaluación de políticas públicas

El proceso de reforma o modernización del sector público, materializado en un conjunto de políticas y medidas de distinto carácter se ha desarrollo desde una perspectiva estratégica, esto es, a través de las etapas de Planificación, Implantación y Evaluación y Control(11).

La evaluación es necesaria porque mejora la transparencia y la credibilidad. La Agencia de Evaluación y Calidad, (Agencia de Evaluación y Calidad, presentación institucional) tiene como objetivos:

  • Promover la cultura y la práctica de la evaluación.
  • Realizar trabajos de evaluación y análisis de políticas, programas y servicios públicos.
  • Desarrollar metodologías, sistemas de información e indicadores, así como realizar actividades de acreditación y certificación (niveles de excelencia, nuevas prácticas).
  • Fomentar la calidad de los servicios públicos como compromiso con la ciudadanía, favoreciendo la participación y la transparencia.
  • Analizar las actividades y servicios prestados a los ciudadanos por las agencias estatales.

Tal y como se desprende de los anteriores objetivos, que podrían extrapolarse a cualquier agencia de similares características, la evaluación en el contexto público, mejora las garantías de los ciudadanos, no solo como clientes de los servicios públicos, sino como financiadores de los mismo. Los mecanismos de evaluación tienen además dos componentes novedosos: la participación y los procesos de acreditación y certificación, que refuerzan las evaluaciones.(12)

4.4.           Innovación: Open Government

En el ámbito de las Administraciones Públicas, se puede entender el concepto de innovación, tomando como referencia uno de los criterios para seleccionar a los galardonados con el Premio de las Naciones Unidas para la Administración Pública como es la “introducción de un concepto nuevo”, es decir, el hecho de que un gobierno presente un enfoque nuevo para resolver los problemas, o una política o una concepción de la aplicación única, en relación con un país o región, a favor de la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad de respuesta de la administración pública. (ONU, 2006a).

Los procesos de innovación aplicados a la gobernanza tienen un alcance global que facilita a los estados su labor para cumplir con  los Objetivos de Desarrollo del Milenio y con otros acuerdos internacionales. De hecho, naciones unidas (2006a) reconoce que los procesos de innovación permiten:

  • Mejorar el intercambio de información sobre las innovaciones de la gobernanza, a fin de cumplir con los objetivos convenidos internacionalmente, incluidos los objetivos de desarrollo del milenio.
  • Ayudar a los estados miembros a aplicar y adaptar las innovaciones ya probadas.
  • Promover políticas que alienten la innovación en el sector público.

Por otra parte, la innovación en las administraciones públicas, permite cumplir con los requisitos del Buen Gobierno, ya que suponen la aplicación de un conjunto de herramientas que posibilitan una gestión pública más transparente y participativa y amplía las posibilidades de rendición de cuentas, mediante procesos más ágiles y fiables.

Los procesos actuales de innovación se establecen en base al  desarrollo de las nuevas tecnologías en la administración pública, en las que han cobrado un importante valor conceptos, tales como Open Government o e-government (Administración electrónica).

El concepto de Open Goverment está orientado al libre mercado de los datos públicos generados por el Estado, para que puedan ser consultados, utilizados y evaluados por cualquier ciudadano, se sintetiza en tres elementos fundamentales:

  • Transparencia
  • Accesibilidad
  • Responsabilidad

En relación con el primer elemento, transparencia, se trata de someter las actuaciones de las Administraciones Públicas al escrutinio público. La transparencia no se adquiere solo divulgando mucha información con la ayuda de las nuevas tecnologías, se trata de que esta información sea realmente útil y fiable para sus usuarios. En este sentido, se piensa que mejorar los mecanismos de divulgación y el modo y lenguaje de presentación del  contenido de la información contable, sería un mecanismo oportuno para que los ciudadanos reciban una información, que cumpla con los principios de utilidad y fiabilidad exigidos tradicionalmente a dicha información. Se puede decir que la publicación de informes anuales, datos de rendimientos y cuentas públicas, son una herramienta importante para asegurar el escrutinio público de las acciones del pasado, pero no permite a los grupos de interés externos examinar sus planes de futuro. La publicación de planes estratégicos, calendarios legislativos, próximos proyectos, consultas elevadas constituyen, todos ellos, rasgos importantes de un gobierno abierto y contribuyen a mejorar la efectividad de las políticas públicas.

Otra medida, propuesta por la OECD (2005), consiste en crear registros centralizados de leyes actuales y normas, como herramientas de mejora en el acceso a la información sobre obligaciones legales y ha sido adoptada por 18 países de la OCDE.(13)

Otro elemento, que debe venir garantizado por el open government es, que todos los ciudadanos tengan el mismo grado de accesibilidad a la información. En este sentido, el e-government es una herramienta de gran utilidad para eliminar barreras para los ciudadanos y empresarios, ya que a través de los servicios en línea, se ahorran tiempo y costes, y la administración es accesible para los usuarios en el momento que les es necesario.

Por último, respecto a la responsabilidad, conviene incidir en el hecho de que es necesario mejorar las herramientas y procedimientos de consulta y participación para integrar sus resultados, de manera que sean considerados en la toma de decisiones y los gobiernos sean más responsables y adopten una postura más abierta en el futuro.

Como buena práctica, en este sentido, puede verse la Open Government Act  de 2007 de Estados Unidos. Esta aparece estructurada del siguiente modo (tabla 4):

Tabla 4. OPEN GOVERNMENT ACT OF 2007

Sección primeraSobre el uso del nombre abreviado de la ley; Título original: Openesses Promotes Efectiveness in our nacional Government” (La apertura promueve efectividad en nuestro gobierno nacional).

Sección segunda:

Sobre la actualización y revisión de los cambios necesarios de la ley sobre acceso a la información (Freedom of Information Act-FOIA, 1966) para asegurar la apertura del gobierno y la accesibilidad  a la información del pueblo americano

Sección tercera:

Aclara las disposiciones para identificar a los miembros de los medios de comunicación a la hora de hacer solicitudes de información.

Sección cuarta:

Determina que el solicitante podrá recibir recursos para cubrir los gastos de representación en caso de que se niegue acceso a la información y sus argumentos tengan mérito

Sección quinta:

Obliga a las agencias y al procurador general a emitir informes anuales sobre las solicitudes de información al Congreso.

Sección sexta:

Detalla los tiempos establecidos para dar respuesta a las solicitudes, así como las sanciones en caso de incumplimiento.

Sección séptima:

Cada agencia establecerá un sistema que asigne un número de seguimiento individual a cada solicitud de información.

Sección octava: Establece el número de días que pueden transcurrir desde que la agencia recibe una solicitud, hasta que la atiende.

Sección novena:

Determina cuales son los datos estadísticos generales a partir de las solicitudes, y que éstos deberán hacerse públicos en reportes electrónicos.

Sección décima:

Amplía la información considerada pública  a la información en manos del gobierno y la información en manos de empresas privadas contratadas por el gobierno.

Sección undécima:

Establece la Oficina de servicios de Información del gobierno dentro de la Administración Nacional de Archivos (NARA).

Sección duodécima:

Determina que las Oficinas de Recursos Humanos, a un año de entrada en vigor de esta reforma, deberán entregar al congreso, un informe que muestre si se deben hacer modificaciones de políticas dentro del poder ejecutivo para lograr un mayor cumplimiento de las disposiciones de la ley.

Fuente: White House (2009)

 

El presidente Barack Obama en sus primeros días de mandato emitió  un memorándum sobre Transparencia y Open Government (Gobierno abierto), en el que se compromete a gobernar de acuerdo con los principios de gobierno abierto, basados en la transparencia de la administración y la participación de la sociedad civil. (The White House, 2009).

En América Latina destacan los casos de Brasil y Chile. El portal brasileño de datos abiertos(14) lanzado por el Ministerio de Planeamiento, agrega 82 conjuntos de datos públicos entre estadísticos e institucionales que antes estaban dispersos por la Red. Este portal permite a los ciudadanos sugerir otros datos que les gustaría que fuesen abiertos y colaborar con sus propuestas a definir nuevas iniciativas. La fundación chilena Ciudadano Inteligente (15) se presenta en internet como una herramienta tecnológica de transparencia y participación cuya labor consiste en investigar y desarrollar tecnología web para poder presentar conjuntos de datos de forma ordenada a la población. Desde un solo portal se puede acceder a multitud de páginas web asociadas que funcionan como transmisoras de la información pública.

Pese a la todavía escasa participación ciudadana, España se sitúa actualmente a la cabeza, tras los países anglosajones, en cuanto a la cantidad de datos abiertos. Dentro del ámbito público, la Administración pública vasca es, (según el portal institucional www.datos.gob), la segunda Administración europea en número de conjuntos de datos liberados, solo precedida por el Reino Unido. El portal ‘Open Data Euskadi’, agregador de conjuntos de datos liberados por la Administración vasca fue el primer portal de datos abiertos de España y fue reconocido con el premio FICOD 2010 al mejor servicio orientado al usuario (Rueda, 2013).

En la actualidad se sigue avanzando en la prestación de recursos públicos en línea en la mayoría de los países, según indica el estudio elaborado por Naciones Unidas (2012), muchos han puesto en marcha iniciativas de gobierno electrónico, así como aplicaciones de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el pueblo, con el fin de mejorar la eficacia del sector público y simplificar aún más los sistemas de gobernanza a favor del desarrollo sostenible. 

  1. 5.      EL SECTOR PÚBLICO ORIENTADO A RESULTADOS

En el epígrafe anterior, se ponía de manifiesto que las administraciones públicas caminan hacia una mejora en su relación con los ciudadanos y para ello, debe existir una mayor participación en la toma de decisiones, más transparencia en la ejecución de las mismas y en la rendición de cuentas, tanto en relación a los resultados previstos, como los alcanzados.

Igualmente, se consideraba que esta nueva demanda se podía alcanzar mediante la puesta en práctica de una gestión orientada a los resultados. Efectivamente, las administraciones públicas de los países más avanzados, reconocen como elementos clave de la gestión pública actual, la gestión orientada a resultados, esto es, el desarrollo de indicadores para medir la eficacia, la eficiencia y calidad, el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y control del cumplimento de objetivos y el uso de la evaluación de las políticas públicas(16).

En el caso de la gestión orientada a resultados, los instrumentos son:

  • Datos de calidad, un entorno y marco adecuado para competir e incentivos que promuevan la eficiencia.
  • Una estructura institucional flexible, que favorezca la transparencia y la rendición de cuentas y una orientación a resultados y no sólo a procesos, que permitan reformar la gestión, suprimir servicios innecesarios y orientarse hacia el mercado, promoviendo la competencia y la innovación.

En el caso español, la gestión orientada a resultados en la Administración Pública, está completamente desarrollada, de hecho la ley 28 de julio de 2006 de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos, en el capítulo III “Gestión Transparente por Objetivos” dedica tres artículos al contrato de gestión, su elaboración y aprobación, el plan de acción, el informe de actividad y las cuentas anuales.

  1. 6.        EL MODELO GRI DEL SECTOR PÚBLICO

El desarrollo sostenible se está convirtiendo en un concepto cada vez más importante, de forma que los gobiernos comienzan a preocuparse porque sus comportamientos contribuyan al desarrollo sostenible, y a informar sobre estas actuaciones.

En respuesta a la demanda de rendición de cuentas y transparencia, los organismos públicos, elaboran algunos informes. Éstos pueden incluir informes sobre el desempeño de su actividad, o informes sobre sus políticas públicas o las condiciones en su área de jurisdicción.

En los últimos años, un número creciente de organismos públicos también han comenzado a preocuparse por informes de sostenibilidad. Los organismos públicos producen tales informes, por una serie de razones:

  • Promover la transparencia y la rendición de cuentas;
  • Reforzar los compromisos de la organización y demostrar el progreso;
  • Servir como un modelo para el sector privado;
  • Mejorar su régimen interior;
  • Destacar la importancia de su papel como consumidor
  • Cumplir con las expectativas de divulgación y hacer disponible la información para facilitar el diálogo y el compromiso efectivo con las partes interesadas.

En este sentido el Global Reporting Iniciative publicó un Suplemento para los Organismos Públicos.(17)

El contenido general de la Memoria de sostenibilidad del GRI no sufre modificaciones en el citado Suplemento. Se compone de cinco secciones:

1ª) Visión y estrategia

En términos generales, en esta primera parte se desarrolla una exposición de dichos aspectos en relación a su contribución al desarrollo sostenible. Los organismos públicos deberían exponer su visión y estrategia subrayando cuales son las políticas públicas prioritarias y los asuntos de actualidad más importantes dentro de sus competencias en relación con la sostenibilidad.

2ª) Perfil Organizativo

En este apartado se ofrece una visión general de la organización y del alcance de la memoria, tales como la naturaleza de la organización, los principales servicios, la estructura organizativa, la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa, las Magnitudes Principales y los Grupos de interés

3ª) Gobierno y sistemas de gestión

En la tercera parte del informe, se deberá dar una visión general de la estructura del gobierno, las políticas globales y los sistemas de gestión que se han puesto en práctica para poder dar la visión de desarrollo sostenible de la organización y gestionar su actuación.

4ª) Índice

5ª) Cuadro de Indicadores

Analiza los indicadores clasificados atendiendo a los aspectos que destacan en el desarrollo sostenible:

ü  Indicadores económicos, informan sobre el impacto económico de la acción de la Universidad en los distintos grupos de interés.

ü  Indicadores medioambientales, informan sobre el impacto de la actividad de las Universidades en el entorno natural.

ü  Indicadores sociales, informan sobre el impacto de la actividad de las Universidades sobre el impacto social, a través del empleo, sociedad y productos ofrecidos.

No obstante, y dada la gran heterogeneidad de la composición de los entes que configuran el sector público, el propio suplemento del GRI propone una aplicación atendiendo a las particularidades de cada organismo.

  1. 7.      REFLEXIONES FINALES

La contabilidad externa del sector público se concibe desde una perspectiva de revelación de la información a sus usuarios o grupos de interés. Las nuevas tecnologías permiten la difusión de la información a un amplio espectro de usuarios, y las administraciones públicas son responsables ante estos, de que el proceso de rendición de cuentas se desarrolle adecuadamente.

En este sentido, las actuaciones de los organismos públicos se dirigen en varias direcciones:

  • Normalización contable pública nacional e internacional, con el apoyo de nuevas tecnologías para el proceso de rendición de cuentas.
  • Gestión pública asentada sobre principios éticos, de responsabilidad y transparencia.
  • Implicación de los ciudadanos
  • Mejora de la credibilidad a través de la evaluación de políticas públicas.

Para poder llevar a cabo tales propósitos, se deben mejorar los canales de comunicación, entre los distintos grupos de interés, es preciso incorporar información sobre aspectos relacionados con la responsabilidad social a través de modelos de información fiables, y las cuentas anuales deben recoger de un modo claro y comparable información no monetaria sobre sus actividades.

En este sentido, resulta destacable la necesidad de la implantación de modelos de contabilidad analítica en las entidades públicas como  base de una adecuada revelación de la información sobre indicadores y resultados.

En cierto sentido, y como ha quedado expuesto en el trabajo, se puede afirmar que, hay un modelo contable público que se considera muy desarrollado pero que debería mejorar algunos aspectos tales como la pertinencia y la apertura, dos valores reconocidos en los documentos de reforma de las administraciones públicas.

A pesar de que las normas contemplan a la figura del ciudadano, como destinatario de la información contable pública, se ha podido comprobar que no significa que los canales de información funcionen correctamente: se comprueba que el proceso determina una demora importante respecto a la disponibilidad de sus usuarios, que se aleja del requisito de oportunidad en la toma de decisiones; es un sistema decantado al cumplimiento de la legalidad y a la función de control; y, muestra una rendición de cuentas en las que no se vislumbra sus aspectos más novedosos.

En este sentido, se piensa que mejorar los mecanismos de divulgación y el modo y lenguaje de presentación del contenido de la información contable, sería un mecanismo oportuno para que los ciudadanos reciban una información, que cumpla con los principios de utilidad y fiabilidad exigidos tradicionalmente a dicha información.

En definitiva, tras el análisis sobre las tendencias en los procesos de rendición de cuentas, se observa en qué medida la disciplina contable se vincula con aspectos sociales y tecnológicos para servir a un objetivo común, informar a los ciudadanos sobre el modo en el que se gestionan sus recursos, pero desde una perspectiva que implica una nueva realidad en la que los ciudadanos intervienen en las inputs del sistema informativo y por ende en los outputs.

  1. 8.      REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

     

Armstrong, E. (2005). Integrity, Transparency and Accountability in Public Administration: Recent Trends, Regional and International Developments and Emerging Issues. Economic & Social Affairs. August: United Nations.

Bar Cendón, A. (1999). Accountability and Public Administration: Concepts, Dimensions, Developments In Openness and Transparency in Governance: Challenges and Opportunities. The Second NISPAcee Civil Service Forum Maastricht, The Netherlands.

Benito López, B. (1995).  Manual de Contabilidad Pública. Madrid: Pirámide.

Cañibano Calvo, L. (2002). Contabilidad de las entidades mercantiles y contabilidad pública ¿es necesaria su adaptación?. En Sierra Molina, G. y Ruiz García, E., La Contabilidad y el Control de la Gestión Pública (coor) (pp.17-30). Madrid: Civitas.

Carnegie, G & West, B (2005). Making accounting accountable in the public sector. Critical Perspectives on Accounting, 16, pp.905-928.

Comisión de las Comunidades Europeas (2001). La Gobernanza Europea. Libro Blanco. Bruselas.

Comité de Expertos en Administración Pública del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (2006a). Innovaciones en la gobernanza y la administración pública para el logro de los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, incluidos los objetivos de desarrollo del milenio. E/C.16/2006/2. Nueva York.

Comité de Expertos en Administración Pública del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (2006b). Conceptos y terminologías de gobernanza y Administración Pública. E/C.16/2006/4. Nueva York.

Cortés, J (1999). El ciudadano como usuario de la información contable. Auditoría Pública, nº19. Diciembre.

Devlin, D. (2008). Rendición de cuentas y transparencia. En Comisión Europea, Modernización de la Contabilidad de la Unión Europea. Una mejor gestión de la información y una mayor transparencia (p.1). Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

Global Reporting Initiative (2005). Sector Suplement for Public Agencies . Whith an abriedged version of the GRI 2002 sustainability Reporting Guidelines.

Intervención General del Estado (IGAE) (2004). Principios Generales de la Contabilidad Pública. Madrid: Ministerio de Economía y Hacienda.

Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Ley 28/2006, de 18 de Julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos.

Montesinos Julve, V. (2002). Situación y Reforma de la contabilidad pública en España: Análisis desde una perspectiva autonómica. En Sierra Molina, G. y Ruiz García, E.(cood.), La Contabilidad y el Control de la Gestión Pública (pp.31-52). Madrid: Civitas.

Naciones Unidas (2012). Estudio de las Naciones Unidas sobre el Gobierno Electrónico, 2012. Gobierno Electrónico para el pueblo. Nueva York: Departamento de Economía y Asuntos Sociales. Disponible en: www.unpan.org/e-government.

Nonell, R (2006). Transparencia y Buen Gobierno: La rendición de cuentas en una sociedad Avanzada. Icaria Editorial. Barcelona

OECD (2001). Engaging Citizens in Policy-Making: Information, Consultation and Public Participation. PUMA Policy Brief, 10. Disponible en: www.oecd.org/publications/pol_brief.

OECD  Observer (2005). “Public Sector Modernisation: Open Govertment”. Policy Brief.

Open Government Act of 2007. Washington.

Orden  A/PU/16/2005, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado.

Orden EHA 1037/2010, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública.

Parker L.(1996). Broad scope accountability: The reporting priority. Australian Acc Review,6, pp.3-5.

Pina Martínez, V. (2002). La utilidad de la información contable pública: la perspectiva de los usuarios. En Sierra Molina, G. y Ruiz García, E. (coord.). La contabilidad y el control de la gestión presupuestaria (pp.31-52). Madrid: Civitas.

Pou Díaz, J (2005). Concepto de Contabilidad Pública. En Manual de Contabilidad Pública (pp. 26-50). Centro de Publicaciones del Ministerio de Economía y Hacienda. Madrid.

Public Sector Accounting Standards Board of the Australian Accounting Research Foundation AA27 (1996a). Financial Reporting by Local Governments.

Public Sector Accounting Standards Board of the Australian Accounting Research Foundation AA29 (1996b). Financial Reporting by Governments Departments.

Public Sector Accounting Standards Board of the Australian Accounting Research Foundation AA31 (1999). Financial Reporting by Governments.

Rueda, P (2013). Un Gobierno abierto para una democracia más participativa. Diario responsable. www.diarioresponsable.com/portada/opinion/16230-un-gobierno-abierto-para-una-democracia-mas-participativa.html

Schedler, A., Diamond, L. & Plattner M.F. (1999). The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies, Lynne Rienner Publishersr.

Sheedler, A (2004). ¿Qué es la rendición de cuentas?. Cuadernos de transparencia, nº3.IFAI.

The white House (2009). Memorandum for the heads of executive departments and agencies subjet: Transparency and Open Government.

United Nations Development Programme (UNDP) (1997). Governance for Sustainable Human Development. A UNDP policy Document. Disponible en: http://mirror.undp.org/magnet/policy

U.N. Millennium Proyect (2005). Investing in Development: A practical plan to achive the millennium Development Goals. New Yok.

NOTAS:

1. Agencia de Evaluación y Calidad, presentación institucional, accesible en www.aeval.es.

2. En el libro titulado “Transparencia y buen gobierno: La rendición de cuentas (accountability) en una sociedad avanzada (Nonell, 2006), se  muestra el empeño de los países reconocidos como más desarrollados en los procesos de mejora de la rendición de cuentas en el sector público a través de  los siguientes casos:

  • The United Status General Accounting Office (GAO). tiene  como misión ayudar al Congreso de la Estados Unidos a cumplir sus obligaciones, facilitar las actuaciones y la rendición de cuentas del Gobierno Federal en beneficio del pueblo americano, cumpliendo de esta manera los principios de buen gobierno. (información accesible en www.gao.gov/)
  • TBS Management Accountability de Canadá: oficina destinada a trasladar la misión de la moderna gestión pública al servicio público y a traducir en resultados para los canadienses las expectativas de gestión. Se ha diseñado un marco de rendición de cuentas que establece la capacidad de liderazgo, a través de la definición de un conjunto de indicadores y medidas todo orientado hacia la obtención de resultados que fortalezcan la rendición de cuentas a través de: gestionar efectivamente las organizaciones, servir al gobierno y depositar los resultados a los ciudadanos. (información accesible en www.tbs-sct.gc.ca/maf-crg
  • Informe sobre rendición de cuentas que elabora la televisión pública británica, BBC (información accesible en http://www.bbc.co.uk/info/csr/

 

3, ODM. Disponible en http://www.un.org/es/millenniumgoals/

4. Por ejemplo, para un banco central independiente, la rendición de cuentas se entiende como la obligación de explicar y justificar sus decisiones ante los ciudadanos y sus representantes elegidos democráticamente de modo que estos pueden exigir responsabilidad a aquel ante la consecución de sus objetivos. Este es el caso del  Banco Central Europeo (2006), el cual  ha reconocido siempre la vital importancia de rendir cuentas ante sus decisiones en materia de política monetaria, por lo que mantiene un contacto regular con los ciudadanos de la Unión Europea y con el Parlamento Europeo,  órgano legitimado para exigir la rendición de cuentas.

5. Uno de los objetivos de la información contable es que reflejen la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la entidad sobre la que informan; para lograr este objetivo se deben cumplir unos principios de contabilidad generalmente aceptados, entre los que se encuentra, el principio del devengo.

6. En relación con  los tipos de usuarios de la información contable pública,  los primeros estudios donde aparecen referencias en torno a esta tipología  pueden encontrarse en los Informes emitidos por la American Accounting Association a principios de los setenta (AAA, 1975), recogido en Benito (1995). Estos sugerían dos tipos potenciales de usarios:

  • Internos: agencias estatales, departamentos ministeriales, gestores y auditores internos.
  • Externos: legisladores, público en general, agencias reguladoras, acreedores, auditores independientes, sindicatos y grupos de investigación.

 

7. El artículo “Making accounting  accountable in The public sector” de Garry D.Carnegie  and Brian P.West (2005), muestra un trabajo detallado sobre el énfasis en el uso de valores monetarios en  las Administraciones Públicas de Australia y Nueva Zelanda, a pesar de la demostradas limitaciones de la contabilidad financiera para mostrar aspectos relevantes de la función de ciertas entidades públicas, tales como Universidades, Bibliotecas, Museos, etc.

8. El término inglés utilizado como sinónimo de rendición de cuentas es Accountability, definido  por el Diccionario Webster de Lengua Inglesa como “la obligación o buena disposición para aceptar responsabilidad o dar cuenta sobre las acciones de uno.” Algunas notas aclaratorias sobre la traducción al castellano del concepto de Accountability puede verse en “ The self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies” (Schedler et all, 1999)

9. Este es el caso de la propuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia (2005), que identifica los siguientes factores clave del proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía:

  • organizar las audiencias públicas mediante la distribución de responsabilidades, la identificación de los temas a tratar a partir de intereses ciudadanos, la adecuación de los informes, el lenguaje y la disposición logística.
  • Garantizar la presencia e intervención de organizaciones sociales y ciudadanos en el proceso. Debe identificarse población interesada: motivarla, convocarla e informarla oportunamente.
  • Impulsar las audiencias públicas presenciales en las que la administración se presenta y dialoga con la ciudadanía.
  • Propiciar acciones concretas y permanentes de control social de lo institucional.

 

10. La agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, está regulada por la Ley 28/2006, de 18 de Julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos. En concreto en la disposición adicional primera de la ley, se autoriza tanto la creación de la Agencia como el Informe Anual al Congreso de los Diputados sobre la actividad de la agencia y sus compromisos para mejorar los servicios prestados a los ciudadanos.

11. Algunas instituciones públicas utilizan los procesos de evaluación como medida para combatir la desconfianza en la ejecución de sus políticas, este es el caso del Fondo Monetario Internacional el cual está aplicando los principios de buen gobierno a su propia institución tras las duras críticas recibidas a su gestión y a los efectos de la misma sobre los países en vías de desarrollo. Ha creado una Oficina de Evaluación Independiente cuya misión es evaluar con transparencia, rigor y responsabilidad las actuaciones de la institución.(Nonell, 2006, p.30)

12. Como ejemplo, se puede recoger el proceso de evaluación y seguimiento del Programa de Reformas de España, que se desarrolla en varias etapas: la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, encargará al menos, un informe anual de seguimiento que se elaborará antes de la revisión anual que la Comisión Europea realizará cada otoño. El informe Anual de Seguimiento se hará público y será un informe recopilatorio de los avances realizados durante los doce meses anteriores. En dicho informe se detallarán las medidas que se han puesto en marcha en cada uno de los ejes de actuación y se propondrán cambios y nuevas medidas en aquellas áreas que lo necesiten. Asimismo, este informe incluirá una revisión del grado de cumplimiento de los objetivos finales e intermedios señalados en este programa. Para facilitar el seguimiento público de este Programa y en aras de una total transparencia, se hará pública una batería de 80 indicadores de seguimiento del mismo.

El gobierno mantendrá el diálogo para la elaboración de estos informes con los interlocutores sociales, con los representantes de las Regiones, con el Parlamento, con las Cámaras de Comercio y con el resto de los agentes que han colaborado en este Plan Nacional de Reformas……

De forma paralela a este mecanismo, para obtener una evaluación independiente del PNR, la CDGAE encargará a la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, que contará con el apoyo del Observatorio para la Sostenibilidad, una evaluación anual del grado de aplicación y de éxito de las principales medidas de cada uno de los 7 ejes del PNR. Esta evaluación anual se hará pública tras su envío a la CDGAE y será remitida al Parlamento, a las Comunidades Autónomas, a la Federación Española de Municipios y Provincias y a los interlocutores sociales. (PNRE, www.AEVAL.ES)

13. Además puede verse en el mismo documento, una matriz que recoge los países de la OCDE que tienen leyes actuales e instituciones para el  Open Government en cuatro categorías: Acceso a la información, protección de datos, procedimientos administrativos, defensor del pueblo e institución superior de auditoría del sistema.  El gobierno español se muestra en la matriz como un gobierno abierto en todas las categorías. De la matriz en general  se desprende una alto grado de implantación del open government en los países miembros de la OCDE.

14. Véase www.datos.gov.br

15. Véase www.ciudanointeligente.cl

16.Agencia de Evaluación y Calidad: presentación institucional, accesible en www.aeval.es.

17.Vease: www.globalreporting.org

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Núñez Chicharro, Montserrat y Alonso Carrillo, Inmaculada: "Tendencias actuales de la rendición de cuentas en el sector público administrativo" en Revista Caribeña de Ciencias Sociales, noviembre 2013, en http://caribeña.eumed.net/rendicion-cuentas/

Revista Caribeña de Ciencias Sociales es una revista académica, editada y mantenida por el Grupo eumednet de la Universidad de Málaga.