LA UBICACIÓN LABORAL DE LOS SANCIONADOS Y EGRESADOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS

RESUMEN
Cuba y en el sistema socialista que defiende y se caracteriza por una amplia participación de los diferentes órganos y organizaciones sociales y de masas en la implementación y desarrollo de una política que le permita continuar avanzando en la formación de un sentido humano, siendo un país caracterizado por otras naciones, principalmente, de América Latina y el Caribe, de plenos derechos e institucionalizado y por ser además una nación con un pueblo educado y culto, que ha sido capaz de enfrentar las más disímiles adversidades tanto en el ámbito nacional como internacional, así como también ha obtenido resultados alentadores en las actividades correspondientes a la formación y mejoramiento humano de aquellas personas que han cumplido sanciones de privación de libertad en centros de internos, como principal inspirador en este contexto de orden político para desarrollar de esta tarea de Reinserción Social, la encontramos en el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. La actividad de reinserción social del individuo es un tema de vital importancia, por lo que considero que continuar investigando y profundizando sobre el trabajo que se ha realizado, los avances obtenidos, así como las dificultades que atravesamos y lo que podemos logar todavía para obtener mayores resultados en este contexto político y social, constituyen los objetivos fundamentales que nos trazamos.
Palabras claves: sancionados, penitenciarios, socialización, egresados.

Para lograr que se cumplan las formalidades y requerimientos, impuestos en las sentencias de los diferentes tribunales cubanos, es necesario mencionar la ubicación laboral de los que han resultado sancionados a Privación de Libertad con sanciones subsidiarias  o han egresado de Centros Penitenciarios, en muchas ocasiones no funciona de la forma correcta, si queremos ver,  el trabajo como principal ente resocializador del individuo, por lo que nos formulamos la  siguiente  problemática:

¿Que ubicación laboral se le destina a los sancionados o egresados de los Centros Penitenciarios para lograr su completa socialización y que los fines de la pena se cumplan en los mismos?

Objetivo general:

Fomentar las directrices de trabajo que permitan crear en los cuadros y directivos de los diferentes órganos y organismos que pueden incidir de forma positiva  en esta tarea de resocialización de los individuos sancionados o egresados de los Centros Penitenciarios para lograr su incorporación a la sociedad.

Objetivo específico:

Contribuir a que estas personas realmente sean ubicadas en un empleo que les garantice la estabilidad deseada en el centro laboral  y a la vez  usar para sus necesidades económicas – familiares solo los ingresos provenientes de su trabajo, sin que estos sientan la necesidad de volver a infringir en conductas constitutivas de delitos.

Resulta  importante analizar la atención prioritaria, que merece la ubicación laboral, utilizando para ello todas las vías posibles para lograrlo, que se inicia con el propio implicado en el acto de comparecencia, pues la mayoría de estos antes de ser sancionados contaban con un centro de trabajo y desean reintegrarse a los mismos y otros casos aunque no tenían un centro de trabajo fijo; cuando egresan de la prisión hacen gestiones personales para buscarse un empleo, lo que de no entrar en contradicción con lo legalmente establecido, puede ser admitido por el Tribunal.

Dentro de los mencionados objetivos que perseguimos, se encuentran como ya fue citado anteriormente la incidencia que tiene  la ubicación laboral en el sancionado o egresado en las condiciones socio – económicas actuales, donde mencionaremos  como se manifiestan estas a través de las distintas legislaciones que la regulan, significando que el surgimiento de dicha actividad respondió a la necesidad de estructurar un sistema orgánico que permitiera incrementar la eficacia  de control e influencia a las personas que cumplen en libertad, enfatizando en los principios y conceptos básicos que la rigen.

-Territorialidad.

-Actualización concertada que la rige.

-Individualización.

-Asistencia y facilitación al sancionado o asegurado.

-Responsabilidad individual del controlado.

A continuación haremos una breve reseña de algunos elementos de gran importancia para comprender con mayor facilidad los objetivos plantadas donde posteriormente en el desarrollo del tema abordaremos las cuestiones esenciales que de forma general son de interés para el desarrollo de este trabajo.

Elementos históricos, teóricos, doctrinales y legislativos

Bajo los conceptos del positivismo del siglo XVIII, irrumpía en el escenario judicial como la alternativa humanista frente a la horca, la guillotina, la hoguera, el patíbulo, etc., instrumentos que caracterizaron la época del oscurantismo en Europa, llamada en América como la Santa Inquisición. Pero a través del tiempo hemos visto como estos establecimientos se han convertido en dinamizadores del primer orden del conflicto social que hoy desangra muchos pueblos, se han transformado en inmensas salas de suplicio y degradación del ser humano.

En Latinoamérica las cárceles no se diferencian unas de otras, tienen elementos generales que las caracterizan: primero, están ligadas al conflicto social en tanto que son emisoras de las consecuencias que genera la humillación de nuestras sociedades en términos económicos y sociales, pero fundamentalmente en términos éticos, y segundo, no cumplen su labor de “resocializar” a las personas que han violentado las normas establecidas, y devolverle la confianza, la credibilidad en la sociedad de la que forman parte, de reintegrar armoniosamente a la misma a los beneficiados, tal como lo contempla el derecho positivista. Hablar de la resocialización, reforma, readaptación, reeducación, reinserción social, reintegración, reincorporación, en general, es referirse a un concepto difuso, en crisis y acreedor de criticas desde todos los sectores políticos y doctrinarios.

La investigación pretende explorar las posibilidades del sistema implementado en el país, hace aproximadamente doce años para coordinar las acciones de control, influencia y atención sobre las personas que cumplen sanción con medidas penales que no implican internamiento o encierro en establecimientos penitenciarios, a demostrado con creses su utilidad y necesidad como herramienta indispensable en la aplicación de la política de prevención  y enfrentamiento a las actividades delictivas y antisociales, en las condiciones de nuestra sociedad socialista.

El antecedente más remoto en Cuba de regulación legislativa sobre control penal extra-carcelario, lo encontramos en la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad Privativas de Libertad de 11 de abril de 1936, la que creó el Consejo Superior de Defensa Social y, en su artículo 16 confería al Consejo la función de “vigilancia y supervisión de la conducta de los individuos bajo sanción remitida condicionalmente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 97 del Código de Defensa Social, la que ejercerá exclusivamente por medio de sus Oficiales de Prueba, cuyos informes trasmitirá a los Tribunales respectivos en las comunidades señaladas al efecto”.

Primeramente en el ya comentado artículo 126 de la Constitución de la República que establece la obligatoriedad sobre el cumplimiento de los fallos y demás resoluciones firmes de los tribunales que sean dictadas dentro del límite de su competencia.

En tal virtud, la Instrucción No. 163 Bis del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, encarga esta actividad a la figura, del nombrado por este órgano, Juez Encargado de la Ejecución de Sentencias y otras Medidas Penales (JUEZ DE EJECUCION), la labor de coordinar y controlar en la demarcación territorial correspondiente, el debido cumplimiento de estos institutos.

Los enfoques actuales sobre el Control Social suponen una amplia participación de la Sociedad Civil en el mantenimiento de la armonía social.

En nuestro país, existe la práctica de la imposición efectiva de las penas subsidiarias a la privativa de libertad, las cuales tienen un amplio campo de aplicación, creándose mecanismos para lograr su empleo efectivo, y esta forma que al extinguir la sanción se hayan cumplido a cabalidad los fines de la pena.

El Juez de Ejecución tiene su surgimiento en el Derecho Moderno. Su corta historia dista bastante de adquirir un sólido cimiento y mucho menos la perfección en aquellos sistemas jurídicos que lo han acogido, predominando en su origen y posterior articulación la cultura jurídica romana, enarbolando la idea de obligar al Juez a supervisar y visitar las prisiones, acercando el mundo del castigo a sus reales operadores y aplicadores.

En el año 1894, Edward Ross, Sociólogo norteamericano, utiliza la categoría Control Social por primera vez y en el año 1901 publica “Social Control (survey of fundations of order), la cual estaba enfocada a los problemas de orden y la organización societal,  en la búsqueda de una estabilidad social integrativa resultante de la aceptación de valores únicos y uniformadores de un conglomerado humano disímil en sus raíces étnicas y culturales.

Ross propugna una  coincidencia axiológica alrededor de la categoría Control Social, su posición científica fue catalogada críticamente dentro del “Monismo Social”. El sentido que el mismo le otorgaba a la categoría Control Social era que  excluía  los controles estatales, tanto legales  como políticos; la esencia controladora era asumida por la sociedad a través de la persuasión y la modelación de la conciencia individual y la
identificación de las “necesidades culturales” concepción excluyente basada en la cultura del W.A.S.P (White-anglosaxon-protestant), principios del “American way of life”.

También aparecen otros autores como por ejemplo: Park, Mead, Dewey, Burgess, Shaw, etc, los que  asientan sus postulados en la Interacción  como base  de la comunicación  social, otorgándoles a esta la capacidad cohesionadora y estructuradora del consenso en las grandes urbes norteamericanas. La base teórica de estos postulados  la encontramos en la psicología social de George H. Mead, pragmática y en la filosofía política de John Dewey. Ambas corrientes de pensamiento posibilitan el distanciamiento  entre control social y control público, este último atribuido al ejercido por el estado, alejadas del derecho estatal.

En la doctrina se destaca la intervención de Jiménez de Asúa, quien recomienda la utilización del juez en el control de las sanciones en los marcos del Congreso Penal y Penitenciario de Berlín en 1935 y posteriormente en obras como “El Juez Penal y la Ejecución de la Pena” y “El Juez Penal: su formación y función”, siendo seguido en sus criterios por Georges Sliwowsky (1939).

Desde una óptica legislativa, en Brasil en 1922, el Juez de Ejecución alcanza el rango de norma por vez primera, y en 1940 forma parte de la letra del Código  de Procedimiento Penal de este mismo país, le continuó Italia con Giudice di Soveglianza en 1930; Portugal con sus Tribunales de Ejecución puestos en vigor desde el 16 de Mayo de 1944, Francia en el artículo 721 de su Ley Procesal en  Diciembre de1957 lo introduce llamándole Juge de Application des Peines, llegando a Polonia también pero con algunos antecedentes legislativos en su configuración; a través de las Ordenanzas  del Ministro de Justicia el 9 de Julio de 1961, pasando a formar parte del Código de Ejecución de Penas bajo el nombre de “ Juez Penitenciario”, desencadenándose a partir de las experiencias de estos países un proceso de expansión y multiplicación de esta reciente figura en otros ordenamientos jurídicos.

Las facultades de estos jueces por lógica varían según el referente real donde se ubican, pero bien pueden ser agrupadas en fiscalizadoras o de vigilancia, decisorias o consultivas, es decir su labor va más allá de la simple resolución de conflictos, de juzgar y hacer que se cumpla lo resuelto, constituyendo en realidad una intervención moderada en la ejecución del castigo sin olvidar que no se trata de hombres o mujeres montañas sino de eslabones de una cadena que junto a otros elementos  conforman el control social en sus dos instancias: formal e informal, contribuyendo sobre todas las cosas a que esta etapa ejecutiva pierda el carácter administrativo que con mayor tendencia lo acompaña, y se aproxime al proceso penal, elevando el imperio de la legalidad y el logro de una real garantía de los derechos del condenado.

El Juez de Ejecución debe ser informado y mantener estricto control del destino de los  sancionados a centros hospitalarios o psiquiátricos, de la intervención de sus comunicaciones orales o escritas y del ingreso a un establecimiento penitenciario de diferentes características al original, de forma que la protección a los derechos del penado sea real y eficaz.

Legislación comparada

En la arena internacional, existen ordenamientos jurídicos que regulan las ejecuciones de las penas, ya sea con una mera referencia y sin atribuirle las funciones e importancia requerida, o con una extensa y profunda legislación, dependiendo del desarrollo alcanzado por cada uno de los países en el  campo del derecho.

Para analizar los ordenamientos jurídicos actualmente, con relación al control en la ejecución de las penas, se debe hacer una distinción inicial en cuanto a los sistemas implantados los cuales pueden ser de tres tipos: directos, indirectos y mixtos.

Los sistemas indirectos son aquellos en que la intervención del Juez o Tribunal, especializado o no, se diseña en vía de recurso, con carácter de justicia revisora de última instancia. En cambio en los sistemas directos, generalmente se encargan órganos especializados de resolver los incidentes decisivos en la ejecución, como primera instancia y por último en los sistemas mixtos encontramos que la actividad del control está dividida entre la administración y el poder judicial, ambos con facultades para decidir, aunque en materias diferentes.

Bernaldo de Quirós manifestó que para alcanzar orgánicamente la función represiva con la penitenciaria se creó el Juez de Ejecución de Sentencias, añadido al Juez de Instrucción y el de juicio, para formar la jerarquía lógica y completa de la función penal; esta nueva función tiene como antecedente la institución de las visitas a las cárceles.

Al analizar lo planteado anteriormente se demuestra que está siendo superada por la práctica judicial la teoría que consideraba terminada la función del Juez con el fallo, realizando un control sobre el ejecutivo y normal cumplimiento de la sanción.

Para el examen de la legislación comparada efectuaremos el estudio en algunos países de Europa y América Latina.

Europa.

En este continente en casi todos los países existen sistemas tendientes a controlar la ejecución de las penas, de este modo en España y Francia, encontramos sistemas directos caracterizados por la existencia de Jueces de Ejecución de penas a los que se le aplican distintos nombres: existen sistemas indirectos de control en Alemania y juez de vigilancia en España.

En España, el Juez de Vigilancia es también una institución unipersonal que pugna sus funciones con los del Tribunal sentenciador y las de la administración, por lo que en muchos casos se originan conflictos por dualidad de competencias.

Al Juez se le confieren entre otras las siguientes atribuciones:

1. – Adoptar todas las decisiones necesarias para que los pronunciamientos de las resoluciones en orden a las penas privativas de libertad se lleven a cabo, asumiendo las funciones que corresponderían a los Jueces y Tribunales sentenciadores.

2. -  Resolver sobre las propuestas de libertad condicional de los penados y acordar las revocaciones que proceden.

3. – Aprobar las propuestas que formulen los establecimientos sobre beneficios penitenciarios que puedan suponer acortamiento de la condena.

En Alemania el sistema es absolutamente administrativo en cuanto al control de la legalidad de la ejecución de las penas privativas de libertad, que queda por la Ley de Ejecución Penal de 1976 al arbitrio de los Consejos Asesores de los centros, compuestos en realidad por el equipo de tratamiento con presencia de un representante del ministerio público y del Juez de primera instancia penal. Las decisiones en materia de libertad condicional, así como algunas modificaciones de las medidas de seguridad y corrección son competencia del tribunal o Juez Sentenciador. Esta jurisdicción resuelve además  los recursos interpuestos contra las decisiones administrativas en materia de ejecución.

América Latina

En América Latina no existe una situación tan favorable ya que el desarrollo alcanzado por los distintos países no es similar, en algunos sólo existen contadas referencias en cuanto a ejecución, en los códigos penales y de procedimiento como en Bolivia, Guatemala, Nicaragua y Cuba. En otros encontramos códigos o estatutos de ejecución como en Argentina (Ley 24.660 de 8/7/96), Brasil (Lei de Execucao Penal 7210 del 84), Ecuador (Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social), Costa Rica. (Código de Procedimiento Penal de 1973).

A pesar de las disposiciones vigentes la dispersión legislativa es el punto típico, fundamentalmente en aquellos países no existen un cuerpo unitario, en ellos resultan frecuentes las discrepancias legales.

Fue Brasil, el primer país que incorporó a su ordenamiento jurídico la figura del Juez de Ejecución y vigilancia, así como la posibilidad de cursar órdenes o instrucciones a los responsables de la administración penitenciaria.

En el caso de Argentina los jueces de ejecución tienen entre otras las siguientes funciones:

1. – Garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la República de Argentina y los derechos de los condenados no afectados por la condena o por la Ley.

2. -·   Dispondrá las salidas transitorias y el régimen de semilibertad.

3. -·   Concederá  la libertad condicional.

En Venezuela el Juez de Ejecución tiene como funciones  las siguientes:

1.-   Revisar el cómputo practicado en el auto de ejecución en caso de error o nuevas circunstancias que lo modifiquen.

2.-  Controlar el cumplimiento de las sanciones de reclusión en la propia celda hasta por treinta días y reclusión en celda de aislamiento hasta por quince días sin que ello implique incomunicación absoluta.

3.-  Resolver la apelación de sanción disciplinaria que establece el recluso.

Resumiendo que tanto en Europa como en América Latina, los ordenamientos jurídicos le otorgan importancia a la fase de ejecución de la sentencia, creando para ello la figura del Juez de Ejecución. Se advierte cómo las funciones fundamentales de estos jueces de ejecución, de vigilancia  o aplicación están dirigidas, principalmente, a las medidas y a las sanciones privativas de libertad, y no solo comprenden el  control sino que tienen también  facultades decisorias sobre los incidentes que surgen durante la ejecución o revocación de la libertad condicional, el otorgamiento o la denegación de la suspensión extraordinaria de la pena, la concesión de licencias, etc., es decir que junto con las facultades de vigilancia y control.

En Cuba  la Ley de los Tribunales Populares Ley 82, en su artículo 7, inciso f, establece que… La legalidad está garantizada en la actividad judicial, por la obligación de los tribunales de ejecutar efectivamente los fallos firmes que se dicten y de vigilar el cumplimiento de éstos por los organismos encargados de intervenir en el proceso de ejecución; así como realizar las actuaciones que dispongan las leyes procesales correspondientes, cuando la ejecución de sus fallos incumba a otros organismos del Estado, precepto legal de directa relación con el articulado de la Ley de trámites penales en torno a la ejecución de sentencias, al citar que tales resoluciones judiciales una vez firmes corresponden al tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia.

La Instrucción No. 163 – BIS….En cada Tribunal Municipal Popular, se designará a uno o varios Jueces  profesionales, cuya labor fundamental consistirá en coordinar y controlar en la demarcación territorial correspondiente, el debido cumplimiento de las sanciones subsidiarias  de la privación de libertad, remisión condicional de la sanción, medidas  de seguridad predelictivas y beneficios de excarcelación condicionada, que las personas penalmente sancionadas o aseguradas deben de cumplir en libertad, pero sujetos a determinadas obligaciones y limitaciones instituidas por la ley así como la Instrucción 201 del 9 de octubre del año 2010 dictada por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular quien implementa en la actualidad la labor del juez encargado de la ejecución de sentencias que ha venido a resolver problemas operativos y racionales que benefician la tarea tales como poder presentar a los controlados ante el Consejo Popular y grupo de prevención, eliminando las reuniones de coordinación que hacían los tribunales y todos los factores que intervienen en el control comunitario de manera semanal así como poder realizar una audiencia antes de tomar la decisión de revocar a un controlado.

Con anterioridad al año 2001, este control se ceñía tan solo a la orden  (Orden No. 3, del siete marzo del 1997 Viceministro Primero del Interior), la que se materializaba en la práctica con la simple firma de las personas indicadas en el escenario de la unidad, con la carencia de la intervención de los diferentes factores de la comunidad o de centros de trabajo donde laboraban los sujetos a controlar.

Con el transcurso del tiempo lo contraproducente de dicho control, lo que tributó a una nueva evaluación de la temática, determinándose  la puesta en vigor de la ya referida Instrucción 163/01, la que se encaminó en sentido general a eliminar las insuficiencias del control que le antecedió, el que estaba un tanto distanciado de los efectos punitivos,  preventivos y educativos concebidos para las situaciones legales descriptas con anterioridad, recayendo la máxima responsabilidad en un Juez profesional debido a su conocimiento jurídico y a la importancia de los actos que este debe acometer, en estricta relación con las normativas citadas en relación a la ejecución de las penas, como son la comparecencia o entrevista que  se le realiza a los sancionados con el objetivo de conocer sus habilidades y posibilidades reales , las presentaciones en el lugar de residencia y en el centro de trabajo, que nos permiten conocer su medio familiar y laboral para  completar la visión que se  tenía del momento de la comparecencia, así como hacer factible un plan de control adecuado y efectivo.

En la ya mencionada Instrucción 201 y como método complementario para hacer más eficaz su aplicación se instrumentó  recientemente la Relatoría del VII Taller Nacional sobre La Actividad de Control de Sancionados que Extinguen en Libertad,  dando paso a la Instrucción No. 201, del CG-TSP de 9 de Octubre de 2010, Actualizada por el acuerdo No. 307 de 2012, donde se implementa el nuevo papel de los Organismos y Organizaciones que participan en la actividad de control y reinserción social,   requiriéndose la participación de los representantes designados por municipio, siendo estos:

  • La Policía Nacional Revolucionaria.
  • El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
  • La Central de Trabajadores de Cuba.
  • Los Comités de Defensa de La Revolución.
  • Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.
  • Asamblea Nacional del Poder Popular sobre la participación de los Órganos Locales en el control de sancionados (Presidentes de Consejos Populares).

Cada uno de estos organismos con las precisiones exactas a cerca de su actuar para con la tarea, implementadas estas por la Asamblea Nacional de Poder Popular   todo ello a consecuencia del llamado que hiciera el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros compañero Raúl Castro Ruz a perfeccionar constantemente la institucionalidad del país.

Se consideró necesario extenderse en la valoración sobre la creación y evolución del Juez de Ejecución debido a que es la figura jurídica instituida por ley para el control y vigilancia de los sancionados, beneficiados y asegurados y por consecuencia para que se logre la completa reinserción social de estos atemperándose a las condiciones socio-económicas actuales, debe velar fundamentalmente por su ubicación laboral e incorporación al trabajo y su permanencia en el mismo.

La ubicación laboral de los sancionados que extinguen en libertad en coordinación con el Tribunal Supremo Popular, ha constituido desde el 2005 una tarea en la cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y su sistema ha elaborado, demostrándose en la práctica la valides de un mecanismo que permita que el requisito indispensable de estar trabajando pueda cumplirse por estas personas lo que a su  vez constituye un elemento positivo para su reinserción social.

En el Taller en cuanto a la actividad del Juez de Ejecución  realizado  en el año  2010 se definieron las modificaciones y ajustes necesarios ante las transformaciones realizadas en la economía y la sociedad en general por lo que posteriormente se dictó la Instrucción 201 de 2010, fijando entre otros asuntos la obligación de cada sancionados a participar activamente, como protagonista, el búsqueda de su propio empleo, incluyendo  las actividades del sector no estatal  sin dejar preferentemente que lo sea la plaza que se le otorgue de conformidad con las necesidades y prioridades territoriales, recibiendo en el marco de la comparecencia la aprobación del Tribunal.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y su sistema se ha asignado la función de proponer, dirigir y controlar la política aprobada por el Estado y el gobierno en cuanto a la Prevención, Asistencia y Trabajo Social, incluyendo las personas sancionadas como objeto de atención.

Referente a estas precisiones antes realizadas considero oportuno que obligación del sancionado o beneficiado de autogestionarse  el empleo no siempre funcione de la forma deseada  en correspondencia con la capacidad de ubicación laboral de los diferentes territorios, y los lugares donde residen estos, controlados siendo contradictoria la misma, toda vez  que en muchos casos si el sancionado no logra presentarse en el acto de la comparecencia ya con su ubicación  laboral concebida tiene que  acogerse a la que le destine el funcionario del Ministerio de  Trabajo y Seguridad Social por lo que en consecuencia ejemplificamos tomando como muestra a nuestro municipio (Jobabo), que por lo general la ubicación  laboral predominante es en la elaboración de carbón de Marabú para su comercio exterior y si la brigada  donde fue destinado radica en Sabalo y el controlado reside en Las Tablas, este debe trasladarse hasta dicho lugar  y a modo de supervivencia y sin condiciones laborales  tratar de cumplir con las exigencias de dicha actividad laboral y las formalidades exigidas por el Tribunal, por lo que en consecuencia muchos terminan siendo nuevamente internados, ya sea porque fueron revocados por el Tribunal Sancionador o por la comisión de un nuevo delito.

Es por lo antes abordado que se hace necesario evidenciar con la veracidad necesaria la realidad que se manifiesta y continuar limando los diferentes sistemas de trabajo en este sentido, para lograr mancomunadamente que se cumplan con los objetivos trazados a las instancias correspondientes y contribuir sanamente a que el controlado vea en el trabajo una condición propia y natural del ser humano, necesaria para sufragar sus necesidades económicas familiares y no un nuevo castigo como en dichos casos se transforma.

Es por ello que la ubicación laboral si no es concertada y llevada a la realidad objetiva de nuestras condiciones socio-económicas  actuales esto conlleva a una amplia repercusión negativa y connotada en las personas que resultan sancionadas a Privación de Libertad con sanciones subsidiarias, o los que reciben beneficios de excarcelación y vienen a cumplir lo que les resta por cumplir de la sanción principal, originalmente impuesta en libertad en el medio social.

Desde un enfoque positivista podemos mencionar que:

  • Se consigue que los jueces y funcionarios judiciales se vinculen más a las comunidades y centros laborales, conociendo  mejor las características socioeconómicas del territorio donde ejercen su jurisdicción.
  • Se consigue disminuir la reincidencia delictiva.
  • Se gana que la sociedad en general participe en el proceso de reincorporación social de los controlados, asumiéndolo como una responsabilidad que no es solo de los funcionarios del sistema penal y que con ello aumente su cultura jurídica y sensibilidad frente el fenómeno delictivo.
  • Se logra una mejor individualización de la pena, ya que los tribunales juzgadores tienen más confianza en la efectividad de las sanciones o medidas alternativas a la Privación de Libertad y consecuentemente van ampliando su arbitrio judicial.
  • Se fortalece el prestigio y la autoridad del sistema penal en la sociedad, aumentando su reconocimiento social.

CONCLUSIONES

Concluido el trabajo de investigación, luego de haber cumplido los objetivos propuestos sobre la base del problema científico presentado, arribamos a las siguientes conclusiones:

A través de los distintos trabajos elaborados lograr con la celeridad requerida y de la forma más viable contribuir a la implementación de nuevos métodos de trabajo, en los cuales se evidencien  soluciones objetivas, a los problemas existentes en cuanto a la referida ubicación de laboral los sancionados o egresados de los Centros Penitenciarios.

En cuanto a los avances obtenidos podemos significar que es evidente, que existe un mayor control en el cumplimiento efectivo de las sanciones subsidiarias y medidas de seguridad  pre-delictiva, no privativas de libertad y de los beneficios de la excarcelación.

Se ha propiciado la reinserción social de la mayoría los ciudadanos objeto de control por los diferentes delitos, lo que ha permitido disminuir sustancialmente el costo económico, social y político del proceso, logrando mayor participación por parte de las Direcciones Municipales de Trabajo para dar ubicación a los sancionados.

Los sancionados, beneficiados y asegurados no se ha determinado la aplicación de determinado tipo de contrato de trabajo, sino que se utiliza en cada entidad el que corresponde a la actividad laboral de que se trata según los requisitos establecidos en la legislación.

Contribuir a promover la formación y capacitación del personal vinculado a estas actividades a fin de dotarlos de conocimientos necesarios para el desempeño de su labor, apegándose a las realidades de cada controlado en los diferentes  territorios donde estos residen.

BIBLIOGRAFÍA.

La Instrucción No. 163 – BIS del 2001 y su complementaria.

Orden No. 3, del siete marzo del 1997 Viceministro Primero del Interior.

Resolución Conjunta No. 1 del 2004, del MININT, MTSS-TSP, de fecha 25 de octubre del 2004.

Las Sanciones subsidiarias de la privación de libertad en la legislación cubana.

Arnel Medina Cuenca. Revista cubana de Derecho. (La Habana) Enero -                                 Abril, 1990

Instrucción 201 de 9 de octubre del año 2010 dictada por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.

Instrucción 201 de 9 de octubre del año 2010 actualizada por el acuerdo No. 307 por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.

Tesis de My. Damián  Olano Paz y Cap. Leider  Olano Paz.

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Machado Quintana, Yanelis y Rojas Ramírez, Gerardo: "La ubicación laboral de los sancionados y egresados de los centros penitenciarios" en Revista Caribeña de Ciencias Sociales, noviembre 2014, en http://caribeña.eumed.net/ubicacion-laboral/

Revista Caribeña de Ciencias Sociales es una revista académica, editada y mantenida por el Grupo eumednet de la Universidad de Málaga.