CONTROL DE VALIDEZ CONSTITUCIONAL COMO MECANISMO DE DEFENSA DE LA LEX FUNDAMENTALIS CUBANA

Resumen: El presente trabajo titulado: “Control de validez constitucional como mecanismo de defensa de la Lex Fundamentalis cubana” aborda, en términos generales, la doctrina que sobre la noción de constitución se ha suscitado, a saber: origen, aproximación a su definición, lugar que ocupa en el Ordenamiento Jurídico, sus funciones, sus contenidos básicos y principios que tutela. Además, se trata los mecanismos de defensa que ella posee en aras de alcanzar su realización y legitimarse dentro del sistema político; se analiza críticamente el control de constitucionalidad vigente para determinar sus ventajas y desventajas y, con ello, pronunciarse en torno a su perfeccionamiento. Por consiguiente, este trabajo tiene una base meramente teórico-doctrinal y su objetivo principal es fundamentar propuesta para Cuba de control de validez constitucional de las leyes y demás disposiciones normativas y, de ese modo, propiciar la realización de los postulados, preceptos, axiomas y valores jurídicos consagrados en ella, producto de la lucha por la independencia y la soberanía. Defender la Constitución es, ahora, defender el legado histórico y las conquistas de la Patria, por tanto, deviene tarea de los operadores del Derecho garantizar su preservación, cuidado e interpretación conforme los fundamentos políticos, sociales y económicos del régimen imperante.
Palabras clave: mecanismos de defensa, Constitución, control de constitucionalidad, perfeccionamiento

  1. 1.    Introducción

En la actualidad, resulta tarea harto difícil, entre las múltiples influencias y estudios doctrinales, realizar el análisis de un fenómeno social tan complejo y pluridimensional como la Constitución y, que permita abordarlo en su integridad con la intención de reflejar hasta qué punto se ha dado o puede darse su defensa y, con ello, su realización socio-jurídica.

El tema, “Control de validez constitucional como mecanismo de defensa de la Lex Fundamentalis cubana”, es complejo y polémico,[1] no exento de pocos escollos y disquisiciones doctrinales e, inclusive, filosóficas y, aunque denso su tratamiento no deja de ser necesario su estudio por lo que representa ya sea para la realización de los postulados, preceptos, valores y axiomas sociopolíticos, ya sea para la conservación y observancia del principio de supremacía constitucional y del principio de legalidad, erigidos en todo Ordenamiento Jurídico.

Esta investigación reviste especial relevancia dada por el hecho de que las Constituciones, en la práctica jurisdiccional de hoy, son franqueadas por las interpretaciones judiciales arbitrarias que incluso asumen pretensiones doctrinales o son olvidadas, por los políticos, cuando asumen un proyecto normativo que su base y justificación socio-jurídica debe estar contenida en ella, lo que imposibilita la realización de sus postulados e impone la necesidad de implementar un control de validez constitucional efectivo. Además, los mecanismos de control se desnaturalizan o se suprimen francamente; el alzamiento de los poderes constituidos contra la Constitución tiene todo género de matices: va desde el olvido candoroso del texto magno, pasando por la anomia de espacios sociales y políticos sobre los cuales la Constitución determinó principios y dejó su detalle a las “leyes complementarias”, pasando también por la insuficiencia o supresión de los mecanismos de control, hasta llegar a las acciones extremas, bien conocidas, v. gr., las demasiado frecuentes situaciones de estados de excepción o de emergencia, donde generalmente suele perder sus últimos atributos el texto magno.

A partir de estas premisas, se plantea como problema científico: ¿Cómo potenciar la defensa de la Constitución dentro del Ordenamiento Jurídico cubano?

Luego, se traza como hipótesis: La defensa de la Constitución dentro del Ordenamiento Jurídico cubano solo es posible con el perfeccionamiento del control de validez constitucional de las leyes y demás disposiciones normativas.

Objetivo general: Fundamentar propuesta de control de validez constitucional de las leyes y demás disposiciones normativas para Cuba.

Objetivos específicos:

ü  Valorar doctrinalmente la noción de Constitución y su importancia dentro del Ordenamiento Jurídico cubano.

ü  Analizar doctrinalmente el control de validez constitucional y cómo este potencia la defensa de la Constitución dentro del Ordenamiento Jurídico.

ü  Caracterizar el proceso de control de validez constitucional vigente en Cuba con la finalidad de fundamentar propuestas tendentes a su perfeccionamiento.

De ahí que se utilicen los métodos teóricos que se nombran a continuación:

ü  Jurídico-Doctrinal: se acudirá a la doctrina en busca de las concepciones que resulten novedosas e importantes sobre la Constitución y sus funciones, el control de constitucionalidad.

ü  Histórico-Jurídico: su fin es valorar el origen y la evolución de la noción de Constitución.

ü  Jurídico: determinar el significado de las normas jurídicas relativas al control de validez constitucional, la intención, el sentido y alcance que el legislador ha querido darles sobre la base de la existencia social del Derecho, así como la realización de su contenido y los valores jurídicos consagrados en ellas.

Las técnicas investigativas empleadas, dentro del método empírico, fueron:

ü  Revisión de documentos: se empleó para buscar, analizar y sintetizar la información que aporte los elementos necesarios para desarrollar el tema de la defensa de la Constitución cubana y el control de validez constitucional.

ü  Interpretación Jurídica: fue utilizada para valorar el sentido y alcance de las normas jurídicas referentes al control de validez constitucional en el magno texto y otras leyes complementarias, su grado de cumplimiento y sus perspectivas de perfeccionamiento.

  1. 2.    El principio de supremacía constitucional y la defensa de la Constitución

García Belaunde refiere que el primer problema que se tiene al hablar de supremacía y defensa constitucional es, sin lugar a dudas, desentrañar la esencia de la noción de Constitución.[2] Así, Aristóteles hablaba de Constitución como el principio según el cual está ordenada la autoridad política. Montesquieu se refiere a la Constitución como la complexión tradicional, histórica de la Nación. Para Jellinek, la Constitución es el principio de ordenación conforme al cual el Estado se constituye y desarrolla su actividad. Hegel la considera como un Código supralegal que ordena coercitivamente la organización del Estado y el progreso de su vida. Para Marx, la Constitución es la organización del Estado como un modo de existencia y actividad de las cualidades sociales de los hombres. Oyarte, por su parte, califica a la Constitución como el “texto solemne a través del cual: es organizado el poder del Estado por medio de sus instituciones políticas y se establece un régimen de garantías a los Derechos Fundamentales”.[3] Según Nino, la Constitución es la “carta de navegación del país”.[4] Naranjo Mesa sostiene que en la concepción moderna de Constitución, ella constituye la “ley fundamental del Estado”.[5]

Kelsen configura la noción de Constitución, identificándola como la norma que regula la creación de las demás normas jurídicas, que determina los órganos que legislan y los procedimientos para hacerlo y que, además, establece las relaciones básicas entre los gobernantes y los gobernados, las formas de aplicación del Derecho; ve en ella la norma fundamental o hipótesis básica, que no es creada conforme a un procedimiento jurídico, por lo que no constituye una norma positiva, ya que nadie la ha regulado ni es producto de una estructura jurídica. A partir de esta norma o hipótesis básica, se forma el orden jurídico, cuyo contenido está subordinado a la norma fundamental, sobre la cual radica la validez de todas las normas que edifican el sistema.[6]

Es así que en la Constitución reside el fundamento de validez de toda regla jurídica y, por ende, esta se erige como norma máxima de todo Ordenamiento. A partir de esta concepción, surge el dogma de la supremacía o primacía constitucional, pues no puede entenderse un Ordenamiento Jurídico en el que las disposiciones normativas o los actos administrativos, contraríen su fundamento de validez formal y material, es decir, la Constitución. Dermizaky señala que: “La supremacía de la Constitución establece claramente la diferencia entre poder constituyente y poderes constituidos. Puesto que la Constitución expresa la voluntad del primero, los segundos se someten a ella de manera indiscutible”.[7] En palabras de Pérez Royo, citado por López, la Constitución debe prevalecer sobre el resto de las normas, pues la voluntad del pueblo debe prevalecer sobre la voluntad de sus regentes.[8]

De acuerdo con el principio de supremacía o primacía constitucional, toda norma debe ser creada, interpretada, aplicada, modificada o derogada, tomando a la Constitución como condición de validez (toda norma debe fundamentar su validez en una norma superior) y unidad del ordenamiento jurídico (la pluralidad de normas encuentra su unidad en una sola norma: la Constitución). Así, en aplicación de este postulado, la Carta Magna es fuente primaria y final del poder público, pues se encarga de establecer la organización, la estructura y la forma de ejercicio del poder del Estado, a través de las distintas instituciones políticas que lo conforman; consagra los valores fundamentales fraguados en la lucha por alcanzar el poder y los principios sobre los cuales se basará la nueva sociedad; recoge los derechos fundamentales y las garantías de que gozan los administrados/gobernados ante posibles arbitrariedades estatales.

En tal sentido, Sagüés sostiene que: “De poco vale el principio de supremacía constitucional (…) si no se planifica un aparato de control de esa supremacía. Esto es, una magistratura constitucional, que opere como órgano de control y, procesos constitucionales, mediante los cuales pueda efectivizarse realmente la superioridad de la Constitución cuando es infringida por normas, omisiones legislativas y actos de los poderes constituidos o de los particulares”.[9] Siguiendo la idea antes expuesta, señala acertadamente Oyarte que: “La supremacía de la Constitución se hace efectiva por medio del control de validez (constitucional), el mismo que conforma el sistema de protección jurídica de la Constitución”.[10] Efectivamente, de nada sirve consagrar la supremacía de la Constitución sin contar al propio tiempo, con procedimientos que aseguren su observancia y, que sirvan además para solucionar aquellos supuestos en los que se produzca una falta de correspondencia o una violación de los mismos. Por ello, y para que estos mecanismos de supervigilancia constitucional sean realmente efectivos, es necesario que los mismos sean establecidos por la propia norma suprema, es decir, por la Constitución. Así entonces, se puede afirmar que la supremacía constitucional, sin medios efectivos que la garanticen, queda como mero enunciado.

  1. 3.    Posiciones doctrinales en torno a la noción de control de validez constitucional

Para que la validez sea asegurada, sea efectiva y, devengan eficaces los postulados normativos contenidos en la Lex Fundamentalis, requiere de tutela jurídica a través de un procedimiento de control de validez constitucional. Como acertadamente afirmó Prieto Valdés: “(…) la función del control es asegurar la realización de lo dispuesto y comprobar el cumplimiento de los límites de la actuación de cada uno de los órganos del aparato estatal, de la Administración y del electo, así como también contribuye a la eficacia y validez de las disposiciones normativas; con lo que tributa a la legitimidad de las decisiones, del sistema y al aseguramiento de los derechos de los administrados y de todos en general”.[11]

Para E. Pallares,[12] el control de constitucionalidad es entendido como el sistema establecido por la ley, la mayoría de las veces por los legisladores constituyentes, para mantener incólume el orden constitucional con el respeto debido a la Lex Fundamentalis de un país, así como su exacto cumplimiento. En consonancia con lo anterior, Ekmekdjian[13] califica el control de constitucionalidad como una consecuencia necesaria de la afirmación de la supremacía constitucional: no existe esta si no hay un sistema de control. Según criterio de Aragón Reyes, el control constitucional consiste en una revisión de las normas jurídicas, actos administrativos y, en general, de todos los “(…) productos objetivados de la voluntad de los órganos u oficios públicos”[14] de un Estado para comprobar que su contenido guarde coherencia con lo establecido en la Constitución. Rivera plantea que el control de constitucionalidad consiste en aquella “acción política o jurisdiccional que tiene la finalidad de garantizar la primacía de la Constitución, la que debe ser acatada y cumplida por todos los órganos de poder público, los gobernantes y gobernados, así como aplicada con preferencia a las leyes, decretos o resoluciones”.[15] Prieto Valdés y Pérez Hernández expresan que el control de constitucionalidad “es un mecanismo cotidiano de defensa de la Constitución y de sus contenidos, que se instituye conforme a la propia estructura orgánica del Estado, a la noción de Constitución que prevalezca y, consecuentemente con ellos, a la definición de procederes jurídicos ante órganos estatales, judiciales o no, por medio de los cuales se defienden los postulados constitucionales, se salvaguarda la legalidad y se protegen los derechos ciudadanos de lesiones producidas por actos arbitrarios”.[16] Conforme criterio de García Ruiz,[17] el control de constitucionalidad alude al control de las leyes y, consiguientemente, a la anulación de aquellas que se opongan a la Constitución, efectuado con arreglo al método jurisdiccional, es decir, mediante un razonamiento de carácter jurídico respecto de la adecuación o no de aquellas a esta. No obstante, Pérez Paredes[18] considera que el control constitucional es un mecanismo de defensa y requerimiento necesario para velar por el respeto a la Constitución como norma suprema, con la cual deben estar acordes todas las demás normas que integran el ordenamiento jurídico. Por su parte, Huerta Ochoa define al control constitucional como el “conjunto de medios que garantizan las limitaciones establecidas al ejercicio del poder; la forma en que se asegura la vigencia de la libertad y de los derechos fundamentales del ser humano. (…) es, pues, un sistema de vigilancia que asegura la observancia del sistema jurídico”.[19] Bottoni y Navarro señalan que: “El control de constitucionalidad es la atribución conferida a un órgano del Estado para discernir si los actos de los restantes poderes públicos se ajustan al texto de la Carta Fundamental –que es el eje normativo en torno al cual debe desarrollarse la actividad de los distintos departamentos de gobierno- y, en su caso, ordenar su adecuación y resguardar la soberanía constitucional”.[20] Al respecto, también se ha pronunciado Biazovsky[21] para quien el control de constitucionalidad consiste en un procedimiento cuyo fin es mantener el imperio de la Constitución, es decir, su supremacía.

  1. 4.    Análisis del proceso de control de validez constitucional vigente en Cuba. Sus derroteros

 

“Si los ciudadanos no luchan constantemente por el derecho permanente de todos,

  • o lo pierden de vista por motivos coyunturales, la supremacía de la Constitución termina por naufragar en lo que Fromm llamó el miedo a la libertad”.

Ricardo A. Guibourg

Si se parte de la idea de que la Constitución es la base, el documento o fenómeno político-jurídico fundamental del Estado, que establece los fundamentos organizativos, sociales y económicos del mismo y, apoyándose en las funciones que debe desarrollar en la sociedad para alcanzar su validez y eficacia social, esta ha sido diseñada para ser el centro de todo sistema jurídico, pues señala las pautas generales y nociones esenciales que constituyen el punto de partida para todas las ramas del Derecho, ordenándolas en un sistema único. De modo que es criterio incuestionado que la Constitución y su estricto cumplimiento representa un mecanismo garante del establecimiento y control de la legalidad en todo Estado de Derecho. Al respecto, Sagüés señala que: “(…) la primera garantía para los derechos constitucionales es contar con un adecuado control de constitucionalidad, ejercitado por órganos imparciales e idóneos (…)”.[22]

En consecuencia, el análisis del control de constitucionalidad en Cuba, como mecanismo de defensa de la Constitución, prima facie, goza de muchas aristas y variantes que a continuación serán esbozadas.

Según el texto magno de 1976 y, haciendo una interpretación indirecta, el patrón seguido por Cuba es el control difuso, que indica que el mismo se realiza por los Tribunales en su actuar cotidiano a la hora de solucionar un caso particular, prevaleciendo la Constitución por encima de cualquier otra norma o acto, pero si a ello se suma que los Tribunales rara vez mencionan la Constitución,[23] se puede concluir que el control constitucional es prácticamente nulo.

Sin embargo, el modelo cubano posee otros mecanismos de control de constitucionalidad, alejándose un poco de las directrices de cada sistema y, es que hace descansar la defensa, no solo de la Constitución, sino de toda la legalidad, en la Fiscalía General de la República. El artículo 127, párrafo primero, de la Lex Fundamentalis dispone que la Fiscalía es el órgano al que le corresponde como objetivo fundamental, el control y la preservación de la legalidad sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones por los organismos del Estado y la sociedad en general. La Ley 83 de 1997, puesta en vigor en 1998, Ley de la Fiscalía General de la República, establece en su artículo 7, entre otras finalidades, que la actividad de la Fiscalía tiene como objetivos, además de los que le asigna la Constitución, el procurar el restablecimiento de la legalidad cuando sea quebrantada por disposiciones o decisiones contrarias a la Constitución y las leyes o por aplicación indebida o incumplimiento de estas.

Por su parte, el artículo 8 de la misma norma, en franca correspondencia con el mencionado artículo 127 de la Constitución, refiriéndose a las funciones de la Fiscalía, implementa en su inciso a), que dicho órgano vela por el cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado, las entidades económicas y la sociedad en general. En su inciso b), entonces, la faculta para actuar ante violaciones de los derechos constitucionales y las garantías legales establecidas y, frente a las infracciones de la legalidad de los actos y disposiciones de organismos del Estado y sus dependencias, exigiendo su restablecimiento. No obstante, justo es añadir que este engranaje de control difuso es poco casual, poco enérgico y difícil, desprovisto de mecanismos eficaces de autoridad, casi tiene que rogarse en cada caso, incrementando la ya inaceptable burocracia administrativa.

Por último, y en clara concordancia con los mandatos constitucionales sobre las facultades de los órganos estatales, la Ley de la Fiscalía, en el inciso e) del propio artículo 8, establece que dicho órgano dictamina, a instancia de la Asamblea Nacional del Poder Popular o del Consejo de Estado, acerca de la constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes y demás disposiciones generales.

Además, ello encuentra su fundamento en el hecho de que el artículo 75 de la Ley de Leyes, en su inciso c), atribuye a la Asamblea Nacional del Poder Popular la facultad de decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes y el resto de la normativa en general. Así, la salvaguarda de la Constitución está en poder del único órgano con facultad constituyente y legislativa del país, lo que doctrinalmente se justifica por el criterio de que quien mejor puede defender la Constitución es el pueblo y, en su defecto, sus representantes directos que integran el órgano superior del poder estatal. No obstante, su eficacia es limitada, en tanto, carece de una normativa que regule el procedimiento y acciones a interponer para promover y declarar la inconstitucionalidad, ya sea de una disposición normativa general, ya sea de una disposición normativa especial.[24]

Resulta atractivo del sistema cubano que el mismo ante la ausencia de un control judicial de la constitucionalidad de las leyes, transforma en juez a quien es parte principal en el proceso legislativo, cuestión que en cualquier rama del Derecho sería inaceptable, pero si se toma en consideración el diseño y la concepción acerca del poder que se manifiesta en la sociedad cubana, no existe otro modelo de control de constitucionalidad posterior aplicable. Se parte de la noción de que la Asamblea, en tanto representante popular, actuará siempre conforme al pueblo, y por la definición de que es ella el único intérprete de la Constitución, sus disposiciones normativas nacen con legitimidad plena, sin denegar la posibilidad siempre presente de que la propia Asamblea, en sesión posterior, derogue sus leyes.

Planteado de esta manera, resalta la ausencia de un procedimiento para la presentación y la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones infraconstitucionales, que deja al engranaje de control prácticamente obsoleto e inaplicable.

En este instante, cabría decir que el mecanismo cubano, en su sui géneris proceso legislativo y de control de constitucionalidad, realiza un control a priori o preventivo de validez formal de las leyes, ya que las disposiciones normativas que de la Asamblea Nacional emanan, se aprueban a través de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, así como la Comisión parlamentaria de la esfera en la cual se propone el proyecto de ley. Dichas comisiones realizan su dictamen de constitucionalidad y legalidad y, de pertinencia en la materia, que luego es sometido a la revisión del Presidente de la Asamblea Nacional y, es tenido en cuenta para el debate plenario posterior y,[25] como consecuencia, la ley al nacer recibe un voto reforzado de constitucionalidad.

Similar proceso ocurre con los Decretos-Leyes aprobados por el Consejo de Estado que la Asamblea Nacional debe ratificar o no en el siguiente período de sesiones, con el fundamento de que el Consejo de Estado es el órgano permanente de la Asamblea Nacional y, a ella, debe rendirle cuentas. Este acto de ratificación o revocación puede suponer un control de constitucionalidad a posteriori del documento jurídico.[26] Entonces, el control no solo se realiza sobre las leyes, sino también sobre las disposiciones generales, lo que posibilita que la Asamblea pueda hacer efectiva su función de guardián de la Constitución.

Es evidente el hecho de que en el control de constitucionalidad pueden participar otros órganos estatales, del subsistema de órganos del Poder Popular o externos a él, lo que aun cuando pudiera parecer como una contradicción entre los postulados constitucionales[27] tiene como objetivo que tal labor sea una preocupación constante del aparato estatal y, que la Constitución pueda ser el centro de la actividad jurídica.

Lo antes expuesto, se concreta en que el Consejo de Estado tiene la facultad para suspender disposiciones del Consejo de Ministros, acuerdos y disposiciones de las Asambleas Locales, cuando estas no se ajusten a la Constitución, así como para revocar acuerdos y disposiciones de las Administraciones Locales que la contravengan. Con ello, se busca defender la supremacía de la Constitución por encima de otras disposiciones normativas infraconstitucionales, su contenido y valores, pero no los derechos individuales lesionados.

Por su parte, las Asambleas Municipales, como órganos representativos locales, tienen la facultad de revocar o modificar acuerdos y disposiciones de los órganos y autoridades subordinadas a ella que infrinjan la Constitución,[28] lo que debe entenderse como una manifestación de voluntad política de reforzar la autoridad municipal.

Finalmente, si la Constitución es la ley que forma parte de la mencionada legalidad, o más apropiado, la que rige y es rectora del sistema jurídico y la legalidad en general, entonces por qué los Tribunales no la aplican, que dicho sea de paso, también los instituye en sus artículos 120 y siguientes, como órganos estatales.

En ese mismo sentido, la Ley 82 de 1998, Ley de los Tribunales Populares, con carácter constitucional, en su artículo 1, apartado 1, establece que los Tribunales se rigen por los principios consagrados en la Constitución, que norman la organización y el funcionamiento de los órganos estatales, como el principio recogido en el citado artículo 10 que exige la aplicación constitucional. Pero, el irrespeto legal es aún mayor cuando, en el artículo 5 de la precitada disposición normativa, expresamente establece que los Tribunales están en la obligación de cumplir la Constitución y demás disposiciones legales.

Al parecer no ha sido el legislador quien ha querido la inaplicación de la Lex Fundamentalis, pues tal cual se ha advertido y, aunque se debe aceptar, vagamente, existen varios preceptos que disponen el empleo de la norma suprema. Ha sido la realidad y la misma práctica judicial quien ha excluido a la Constitución de su uso cotidiano y, muy particularmente, a la hora de impartir justicia. Pero, la realidad resulta más complicada aún, ya que para el conocimiento de un caso de constitucionalidad, el único proceso que por exclusión o eliminación quedaría para hacer valer la violación de un derecho constitucional, le cierra las puertas expresamente a dicha posibilidad.

El proceso administrativo, regulado y establecido a partir del artículo 654 de la Ley No. 7 de 1977, Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico (LPCALE), categóricamente establece, en su artículo 657, que no corresponde a la jurisdicción administrativa las cuestiones que se susciten con relación a las disposiciones que emanen de una autoridad concerniente a: apartado 4) las materias constitucionales. Así, un elemental análisis expresaría la escasa aplicación de la Carta Magna –principalmente por parte de los Tribunales- en cuestiones de toda naturaleza jurídica, excepto constitucional, por no tener esta última viabilidad en algún proceso judicial, lo cual es erróneo, en tanto, el juez, por vía indirecta o incidental, puede determinar la inaplicación de la normativa infraconstitucional y, en su lugar, aplicar directamente la normativa suprema.

Si la Constitución no obtiene efectividad a través de conductas espontáneas de los agentes gubernamentales y de los particulares, su propia fuerza normativa tiene que conducir a movilizar un aparato instrumental garantista para instar a su defensa, a su acatamiento, a su efectividad o, en último caso, a la sanción o reparación de su transgresión, de ahí que el control de constitucionalidad deba dirigirse al cumplimiento de tal fin y sea una exigencia su perfeccionamiento.

  1. 5.    Consideraciones ad finem

ü  La Constitución, como fenómeno político-jurídico condicionado por circunstancias histórico-concretas, configura y ordena los poderes del Estado por ella construidos; establece los límites del ejercicio del poder y el ámbito de libertades y de derechos fundamentales, así como los objetivos positivos y las prestaciones que el poder debe cumplir en beneficio de la sociedad. En tales contenidos, la Constitución se presenta como un sistema preceptivo que emana del pueblo como titular de la soberanía, en su función constituyente, preceptos dirigidos tanto a los diversos órganos de poder creados como  a los ciudadanos (dimensión político-ideológica). Ella transforma el poder desnudo en legítimo poder jurídico y, por tanto, es la norma fundamental que da validez a todo el Ordenamiento Jurídico, de ahí que:

1-    La violación de la Constitución por la ley deviene en la inconstitucionalidad de esta.

2-    La Constitución, como auténtica norma jurídica, es directamente aplicable en materia de derechos y libertades.

3-    La interpretación de las disposiciones normativas ha de hacerse conforme los preceptos constitucionales.

4-    Como Lex Superior, vincula a los poderes públicos, dotándolos de funcionalidad.

5-    Produce la derogación ipso iure de aquellas normas jurídicas que sean contrarias a lo que ella postula y consagra, además de la inconstitucionalidad de aquellas promulgadas con anterioridad a su entrada en vigor.

6-    La Constitución no es solo norma suprema, sino también delimitadora del sistema de fuentes del Derecho.

7-    Es expresión de principios y valores que permiten su adaptación a las nuevas realidades del país: dimensión axiológica.

ü  El control de validez constitucional, en su función correctora-garantista, se refiere a los procedimientos, métodos, mecanismos, principios y reglas, órganos y organismos encargados de velar por la supremacía formal y material de la Constitución a fin de evitar antinomias, omisiones legislativas o arbitrariedades administrativas y preservar la unidad, plenitud y coherencia del Ordenamiento Jurídico, siempre sobre la base de la legalidad.

ü  Si se parte del análisis realizado sobre el proceso de control de validez constitucional en Cuba y cuya función es potenciar la supremacía y defensa de la Constitución, sería conveniente, desde el ámbito doctrinal y práctico, señalar las siguientes ventajas:

1-    Las declaraciones de inconstitucionalidad que puede emitir la Asamblea Nacional son de carácter principal, con efectos erga omnes y derogatorios de la disposición normativa transgresora.

2-    El control de constitucionalidad puede calificarse como político, orgánico interno o externo, concentrado en cuanto a la declaración, pero también ofrece una amplia gama de participantes y su promoción puede ser de oficio, por la acción de órganos estatales y por la ciudadanía en general.

3-    Propicia la unidad y armonización del poder y de las decisiones políticas, así como de sus expresiones normativas.

4-    La Fiscalía, órgano de control de la legalidad, puede intervenir no solo de oficio, sino también a instancia de parte, constituyendo este un control externo al que realiza la propia Administración y los órganos representativos respecto a sus decisiones.

Entre las principales desventajas, se tiene:

1-    Ausencia de control judicial de la constitucionalidad de las leyes y demás disposiciones normativas generales, lo que impide la agilidad en las decisiones sobre un caso concreto e imparcialidad.

2-    Transforma en juez a quien es parte única en el proceso legislativo.

3-    Como control político, si no funciona armónicamente de arriba hacia abajo para velar a los superiores por el cumplimiento de sus disposiciones, puede provocar, entre otros efectos, falta de seguridad jurídica.

4-    Dificultad del control externo que realiza la Fiscalía, en tanto, interviene en el control de constitucionalidad solo cuando se realiza reclamación de parte afectada por presuntas violaciones de derechos.

5-    Ausencia de un procedimiento para la presentación y declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones normativas infraconstitucionales.

6-    Prohibición expresa de acudir a los Tribunales en proceso administrativo, según el espíritu del artículo 656 de la LPCALE: La jurisdicción en materia administrativa conocerá de: 1) todas las pretensiones que se deduzcan contra las disposiciones de carácter general y resoluciones que emanen de la Administración y que, en uno u otro caso, vulneren derechos legalmente establecidos a favor del reclamante, salvo lo dispuesto en los artículos 657 y 673; (…). Más adelante, especifica que no corresponden a la jurisdicción administrativa las cuestiones que se susciten con relación a las disposiciones que emanen de una autoridad competente concernientes a las materias constitucionales (artículo 657, apartado 4, LPCALE).

ü  En virtud de las ventajas y desventajas esbozadas anteriormente y, como propuesta de solución a fin de perfeccionar el proceso de control de validez constitucional vigente en Cuba, se ofrece la siguiente: Primero: el control de la Constitución debe seguir siendo, amén de cualquier modificación, un problema de control de la Legalidad, así se mantienen los diversos órganos que realizan tal función. Segundo: el Procedimiento Administrativo, a falta de un recurso de amparo, sería el ideal para canalizar por la vía judicial, las violaciones de la Legalidad Constitucional y, en tal sentido, urge su modificación. Y tercero: la determinación de qué sería mejor, si un Tribunal Constitucional, ajeno a la concepción de unidad de poder o una Sala de lo Constitucional parte del Alto Foro o la presentación de recursos de inconstitucionalidad a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

ü  Mi voto por la presentación de recurso de inconstitucionalidad, recurso de amparo constitucional y controversias constitucionales ante la Sala de lo Constitucional adjunta al Tribunal Supremo Popular.

 

  1. 6.    Bibliografía

 

  1. I.              Fuentes doctrinales

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  1. II.            Fuentes legales

 

Constitución de la República de Cuba de 1976, reformada en 1992; Ley No. 7/1977, Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico (LPCALE); Ley No. 83/1997 de la Fiscalía General de la República; Ley No. 82/1998 de los Tribunales Populares; Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular de 1982, ya derogado; Reglamento de las Asambleas Municipales del Poder Popular, aprobado por acuerdo del Consejo de Estado de 13 de septiembre de 1995; Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular de 1996.



[1] Cfr. Fernández Bulté, J.: Los modelos de control constitucional y la perspectiva de Cuba hoy, Revista El Otro Derecho, Vol. 6, No. 2, ILSA, Bogotá, Colombia, 1994, pp. 13-27; Pérez Royo, J.: En defensa de la Constitución, en www.elperiodico.com, Versión Digital, 2005; Prieto Valdés, M.: La defensa de la Constitución y la reforma constitucional de 1992, en Temas de Derecho Constitucional Cubano, Ed. Félix Varela, La Habana, 2006, pp. 363-368; Requejo Pagés, J. L.: Defensa de la Constitución nacional y constitucionalización de Europa, en Fundamentos, Área de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, No. 4, 2006, pp. 443-453; Ochoa del Río, J. A.: El control constitucional. Caso Cuba, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, 2010, www.eumed.net/rev/cccss/07/jaor2.htm; Fernández Gutiérrez, M.: Control de constitucionalidad y principios de primacía en el Derecho Comunitario Europeo, Versión Digital, 2011; Asensi Sabater, J.: Constitucionalismo y Derecho Constitucional –materiales para una introducción-, en La Constitución y sus cambios, Tirant lo Blanch, España, pp. 201 y ss.; De Vega, P.: Jurisdicción constitucional y crisis de la Constitución, en Estudios político-constitucionales, Versión Digital, pp. 283-308.

[2] Cfr. García Belaunde, D.: Cómo estudiar Derecho Constitucional, Tercera Edición, Ed. Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Lima, 2000, p. 89.

[3] Cfr. Oyarte Martínez, R.: “La Supremacía Constitucional”, Derecho Constitucional para fortalecer la Democracia ecuatoriana, Tribunal Constitucional, Quito, 1999, p. 75.

[4] Cfr. Nino, C. S.: Fundamentos de Derecho Constitucional: análisis filosófico, jurídico y politológico de la práctica constitucional, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2000.

[5] Cfr. Naranjo Mesa, V.: Teoría Constitucional e instituciones políticas, Ed. Témis, Bogotá, 1990, p. 256.

[6] Cfr. Kelsen, H.: Teoría pura del derecho: introducción a la génesis del derecho, Tercera Edición, Ed. Universitaria, Buenos Aires, 1963.

[7] Cfr. Dermizaky Peredo, P.: Derecho Constitucional, Cuarta Edición, Editora J. V., Cochabamba, 1998, p. 56.

[8] Cfr. Pérez Royo, J.: “Control constitucional y organismos de control”, Experiencias constitucionales en el Ecuador y el mundo: Memorias del Seminario de Derecho Constitucional Comparado, Projusticia y Coriem, Quito, 1998, p. 62.

[9] Cfr. Sagüés, N. P.: Elementos de Derecho Constitucional, T. I, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1999, p. 169.

[10] Cfr. Oyarte Martínez, R.: ob. cit., p. 80.

[11] Cfr. Prieto Valdés, M.: El control como instrumento de aseguramiento de derechos y de la continuidad del diseño, Conferencia magistral en VIII Encuentro de la Sociedad de Derecho Constitucional y Administrativo, La Habana, 2008, p. 1.

[12] Cfr. Apud Arellano García, C.: El juicio de amparo, en Derecho Constitucional Mexicano, p. 270.

[13] Cfr. Ekmekdjian, M. A.: Tratado de Derecho Constitucional, T. I, pp. 283 y ss.

[14] Cfr. Aragón Reyes, M.: Constitución y control del poder. Introducción a una teoría constitucional del control, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1999, p. 72.

[15] Cfr. Rivera, J. A.: Jurisdicción Constitucional: Procesos Constitucionales en Bolivia, Cochabamba, Kipus, 2004, p. 22.

[16] Cfr. Prieto Valdés, M. y Pérez Hernández, L.: El control de la constitucionalidad de las leyes y otros actos. Sus formas en los Estados Unidos y en Cuba, en Temas de Derecho Constitucional Cubano, Ed. Félix Varela, La Habana, 2006, p. 370.

[17] Cfr. García Ruiz, J. L.: Introducción al Derecho Constitucional, Ed. Universidad de Cádiz, España, 2010, p. 31.

[18] Cfr. Pérez Paredes, M. G.: El control constitucional y los tratados internacionales en el Ecuador, Programa de Maestría Internacional en Derecho Constitucional, Universidad Andina Simón Bolívar, 2011, p. 26.

[19] Cfr. Huerta Ochoa, C.: Mecanismos Constitucionales para el Control del Poder Político, UNAM, México, pp. 36-37.

[20] Cfr. Bottoni, M. A. y Navarro, M. J.: El control de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la última década, Ponencia presentada en el II Congreso de Magistrados y Funcionarios de la República de Argentina, publicado en La Ley, 2011, p. 1.

[21] Cfr. Biazovsky, V. E.: Control de Constitucionalidad, http://www.alipso.com/monografias2/Control_de_constitucionalidad/, en Alipso.com, 2 de agosto de 2011.

[22] Cfr. Sagüés, N. P.: “Justicia Constitucional y control de la ley en América Latina”, La justicia constitucional en la actualidad, Corporación Editora Nacional, Quito, 2002, p. 170.

[23] Cfr. Ochoa del Río, J. A.: ob. cit.

[24] Cfr. Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular de 1982, ya derogado. Otorgaba la facultad de promover acción por cuestiones de constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes, decretos y demás disposiciones generales, a los diputados, al Consejo de Estado, al Consejo de Ministros, los Organismos de la Administración Central del Estado, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo Popular, así como las direcciones nacionales de las organizaciones sociales y de masas, dentro de las que, de forma expresa, señalaba al Comité Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba. El propio Reglamento facultaba para ejercitar la acción pública, pero de forma colectiva, a 25 ciudadanos cubanos que se hallaren en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos; fórmula, que constituye una forma de defensa de la Constitución promovida por la parte afectada.

[25] Cfr. Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular de 1996. Ver el procedimiento regulado en los artículos 69 y 70.

[26] Cfr. Constitución de la República de Cuba de 1976, reformada en 1992. El artículo 75, inciso ch), señala que “es facultad de la Asamblea Nacional del Poder Popular revocar en todo o en parte los Decretos-Leyes del Consejo de Estado y el Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular”.

[27] Ídem. Ver artículos 70 y 75, inciso c), en consonancia con el artículo 90, inciso ch).

[28] Cfr. Reglamento de las Asambleas Municipales del Poder Popular, aprobado por acuerdo del Consejo de Estado de 13 de septiembre de 1995. Según el artículo 7, incisos a) y g), son facultades de las Asambleas Municipales del Poder Popular cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones de carácter general adoptadas por los órganos superiores del Estado, además de revocar o modificar los acuerdos y disposiciones de los órganos o autoridades subordinadas a ella que infrinjan la Constitución, las leyes, los decretos-leyes, los decretos, resoluciones y otras disposiciones dictados por los órganos superiores del Estado o que afecten los intereses de la comunidad, de otros territorios, o los generales del país, o proponer su revocación al Consejo de Ministros, cuando hayan sido adoptados en función de facultades delegadas por los Organismos de la Administración Central del Estado.

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Franco Castellanos, Carlos: "Control de validez constitucional como mecanismo de defensa de la Lex Fundamentalis cubana" en Revista Caribeña de Ciencias Sociales, febrero 2015, en http://caribeña.eumed.net/validez-constitucional/

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