LA INVERSIÓN PÚBLICA EN VIVIENDAS: EL CASO VENEZOLANO

RESUMEN.

En este artículo el objetivo se centra, en incursionar en la inversión publica, para el subsector vivienda en Venezuela, a los efectos de identificar el proceso inversionista y las políticas públicas que regulan la construcción de vivienda en el país y sus consecuencias. En tal sentido, los aspectos teóricos de la investigación estarán representados en los tópicos referidos en la inversión social en viviendas del enfoque tradicional y sus transformaciones, por las políticas y gestión publica. Los resultados de la investigación permitirán concluir que la inversión social en Venezuela se ha venido transformando, del enfoque tradicional de construcción de soluciones habitacionales de bajo costos, con la aplicación del modelo de “número de unidades terminadas”, sin profundizar en las diferentes condiciones en que se lograba satisfacer la demanda habitacional. Para asumir un enfoque hacia la construcción de soluciones habitacionales en función a las necesidad del bienestar social – económico y calidad de vida el venezolano, con la participación de los pobladores o comunidades como sujetos protagónicos del problema. Por ello las interpretaciones del problema de condiciones precarias del hábitat han variado, ante la visión cuantitativa de la vivienda como un producto terminado, al ser ejecutado por el Estado para cubrir el déficit de la construcción de viviendas. Basada en la revisión de fuentes bibliográficas impresas y digitalizadas, acerca de las actuaciones en materia de la inversión publica en viviendas, sus antecedentes, consecuencias y particularidades sobre la situación actual en Venezuela.
Palabras clave: Viviendas – sector construcción – calidad de vida – inversión pública – políticas publicas – demandas habitacionales – aspectos sociales y económicos.

ABSTRACT:
In this article the focus is, in entering public investment to the housing subsector in Venezuela, for the purpose of identifying the investment process and public policies regulating housing construction in the country and its consequences. In this sense, the theoretical aspects of the research will be represented on the topics referred to in the social housing investment from the traditional approach and its transformations, by political and public management. The research results allow to conclude that social investment in Venezuela has been transformed , the traditional approach of building low- cost housing solutions , the application of the model “number of completed units ” without delving into the different conditions in that could meet the housing demand . To take an approach to the construction of housing solutions according to the need of social welfare – economic and quality of life Venezuela , with the participation of local people and communities as leading subject of the problem. Thus interpretations of the problem of poor habitat conditions have changed, to the quantitative view of housing as a finished product, when executed by the state to cover the shortfall in housing construction. Based on the review of printed and digitized bibliographic sources on performances on public investment in housing, its antecedents, consequences and characteristics of the current situation in Venezuela.
Keywords: Housing – construction sector – quality of life – public investment – public policy, housing demands- social and economic aspects.

JEL Codes: E2, I3, R2, R5 / UNESCO: 530401

El desarrollo de las fuerzas productivas condiciona los cambios en la tecnología, que impactan sobre los procesos productivos, en todas sus dimensiones. A ello se agrega las particularidades de cada país, región, sector y estructura territorial.  Todo eso permite adelantar que  los problemas, las condiciones y las soluciones que se insertan en él son parte de un patrón generalizado y que responden a las características específicas de cada nación.

En tal sentido en América Latina, la inversión social en viviendas se ha venido   enfocando  hacia la construcción de “soluciones habitacionales de bajo costo”[1], con la aplicación del modelo de “número de unidades terminadas”, aunque al considerar la necesidad de bienestar habitacional, calidad de vida y participación de los pobladores o comunidades como sujetos protagónicos del problema, no se profundizó  en las diferentes condiciones en que se lograba satisfacer la demanda habitacional[2].  Por ello las interpretaciones del problema de condiciones precarias del hábitat han variado, ante la visión cuantitativa de la vivienda como un producto terminado, al ser ejecutado por el Estado para cubrir el déficit. Por estas razones, se incursiona en la inversión publica, para el subsector vivienda en Venezuela, el proceso inversionista y las políticas públicas que regulan la construcción de vivienda en el país.

1. ANTECEDENTES DE LA INVERSIÓN PUBLICA EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.

La oferta gubernamental venezolana ha resultado siempre insuficiente respecto a la demanda real de viviendas que satisfagan no sólo las necesidades básicas del ser humano, sino también de su bienestar integral en comunidad. Por ello, lo que realmente se ha asignado ha contribuido a distorsionar las insuficiencias de viviendas dignas, al dejar de atender no solo a los más necesitados dentro de la estratificación del nivel de ingresos familiares, sino también al resto de la población. A ello se puede agregar  que el proceso de construcción de viviendas se ha visto forzado por la dinámica y fragmentación  de la economía. Lo que ha conllevado que  los procesos de urbanización tengan lugar de forma más vertiginosa, pero sin planificación, con el modelo de producción tradicional y sin considerar el crecimiento de la población. 

Desde otra perspectiva, al analizar esos aspectos se puede considerar que la velocidad del dinamismo de la construcción de viviendas como parte de la solución al problema habitacional, no ha tenido presente los componentes que necesariamente aseguran, de manera complementaria, la calidad de vida de la población en tanto elementos de la infraestructura, como son los servicios de electricidad, agua y en general, comunales, que deben estar presentes en un diseño integrador, para que realmente impacte de manera positiva el esfuerzo por satisfacer las necesidades de las comunidades. Lo señalado con anterioridad  representa las principales causas del deterioro de la vivienda y  de las condiciones de vida, ante la ausencia de desarrollos habitacionales planificados, que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias.

Como parte de ese problema, es necesario hacer referencia al carácter de la propiedad sobre los medios que actúan en el proceso constructivo, en este caso, de viviendas.  La propiedad sobre los elementos y materias primas necesarias, al no proceder directamente del Estado, para asegurar los procesos constructivos habitacionales, puede generar distorsiones en el cumplimiento no solamente de los plazos sino de las condiciones habitacionales y de su entorno.  Es decir, al quedar el Estado en manos de contratistas privados para lograr su objetivo social, se abre la posibilidad de una contradicción lógica, entre el interés de la sociedad y el interés del sector privado que opera en este ámbito[3]. Eso requiere de identificar los mecanismos, instrumentos y formas que permitan asegurar el éxito del objetivo social que pretende el Estado, sin lacerar la utilidad que para los empresarios privados tiene este proceso. En otras palabras, es importante tener presente que existen elementos de la cadena productiva, que quedan fuera el dominio estadal y, por tanto abre espacio a comprometerse el objetivo primario de la construcción de viviendas por el Estado.

Evaluar la evolución de ese proceso abre un espacio para identificar la situación actual en el desarrollo de la solución de viviendas para el pueblo venezolano. En Venezuela durante 1928, con la influencia socialdemócrata europea, se crea el Banco Obrero como instrumento de un Estado benefactor que distribuyó viviendas baratas para los pobres, situación que se mantuvo y tuvo su auge con el boom petrolero de los años 70 del siglo XX. Sin embargo, entre 1950 y 1990 la población habitando barrios precarios en el área metropolitana de Caracas pasó del 16 al 40%, debido al crecimiento de la población, al desplazamiento del sector campesino e indígena hacia las ciudades, obligando de esta forma a gran parte de la población venezolana a crear barrios de ranchos,  o viviendas sin planificación alguna, y en zonas riesgosas, como es el caso de los cerros de  Caracas, y para 1994 las familias en situación de pobreza extrema eran más de la mitad de la población (Cilento, 1999).

En consecuencia, en 1989 entra en vigencia la Ley de Política Habitacional (LPH), específica para el sector vivienda, con el objetivo fundamental de normar el financiamiento para la construcción y adquisición de viviendas; lo que no detuvo el deterioro de la situación habitacional, en virtud de que la regulación sobre los  rangos de costos de las viviendas ante una situación económica inflacionaria, generó una reducción de la capacidad de producción; así como también la disminución del área y la calidad de construcción de las unidades residenciales. Y debido a que el avance en la solución  del problema habitacional era  medida por el modelo de unidades producidas, que representa el número de casas construidas en un periodo determinado y no por el modelo de atención habitacional de las familias, en tanto la vivienda constituye un factor determinante en el desarrollo social y económico en la medida que posibilite la disminución de la pobreza y de la miseria, la reactivación de la economía y la generación de empleo.

Esa situación que diez años más tarde, generó la  sustitución de la LPH por la Ley del Subsistema de Vivienda y Política Habitacional (LSVPH 1999), con la que se amplió un poco más la visión de la vivienda de  simples edificaciones a producir, al  incorporar el urbanismo con sus servicios de infraestructura y equipamientos como parte de la misma.

A pesar de seguir siendo aquella, una ley de contenido predominantemente financiero, propuso una estructura de programas que buscaban atacar distintas situaciones del problema, como son: la atención los ciudadanos de la calle, como ancianos, niños, mendigos, entre otros; la inclusión de un programa específico para atender a la población indígena, así como los dirigidos a mejorar el hábitat existente, tanto de las urbanizaciones populares construidas por el Estado, como la habilitación física de  barrios ya existentes. En la práctica, se impuso una visión técnica que en gran medida mediatizaba la acción comunitaria, al intermediar el financiamiento con gastos desproporcionados en estudios y proyectos de pre-inversión, de poco impacto real en la calidad de vida de los pobladores, así como establecer relaciones de dependencia que generan desequilibrio organizativo autónomo en este sector de la construcción de viviendas.

Poe ello el proceso de conformación del hábitat venezolano ha conducido a una situación en la cual la mayoría de la población habita en barrios urbanos auto-producidos sin financiamiento ni apoyo técnico externo, presentando dificultades de habitabilidad, situación de riesgo y deficiencias de accesibilidad y servicios, pero manteniendo relaciones de convivencia solidaria que resisten dentro de una cultura de supervivencia. Las interpretaciones de este problema habitacional, han variado, desde una comprensión cuantitativa de la vivienda como un producto terminado ejecutado por el Estado para cubrir el déficit, hasta una perspectiva de proceso de creación y transformación de las condiciones para su mejoramiento integral con la participación comunitaria. De estas necesidades y experiencias de mejoramiento de barrios, representados por sectores carentes de las condiciones mínimas y básicas para la calidad de vida de los ciudadanos, como vialidad, luz, agua, canalización de las aguas negras (cloacas), colegios entre otros.  Por ello surgió la propuesta de “Transformación Integral” por parte del movimiento de Comités de Tierra Urbana (CTU, Octubre 2004), en la que se planteó la participación protagónica y directa de las comunidades de base en la planificación y transformación de su hábitat, buscando el mejoramiento integral de su calidad de vida.

De igual forma, los CTU propusieron los “Campamentos de Pioneros” para la creación de  nuevas comunidades. Constituidos por las familias con mayor prioridad en la necesidad de vivienda (en riesgo, hacinadas, arrimadas, alquiladas, nuevas parejas, etc.), organizadas desde cada barrio, con el objetivo de encargarse de la custodia de los terrenos baldíos para el desarrollo autogestionario de proyectos de vida comunitarios, en corresponsabilidad con el Estado y sus Planes de Desarrollo e Inversión Social. Estas acciones pretendían garantizar desde un comienzo la seguridad de la tenencia y el apoyo financiero para la adquisición del terreno, la preinversión y la construcción de viviendas y servicios. Estas iniciativas a nivel popular no contaron  con mucho interés y receptividad institucional, debido que no existía una clara y sostenible política de vivienda, considerando lo que el gobierno pudo hacer para atender las necesidades habitacionales  existentes, frente a la necesidad de participación activa de la comunidad en vías de coadyuvar a mejoras las condiciones  y oportunidades para obtener o construir viviendas dignas.

Sin embargo, desde la propia Constitución (CRBV,1999), hasta la nueva Ley de Vivienda y Hábitat (LRPVH,2005) refuerzan el espíritu del derecho internacional respecto a la vivienda digna y adecuada, en la medida que el ciudadano pueda participar en la construcción de una estructura social incluyente, en un nuevo modelo social, productivo, humanista y endógeno, que permita que todos vivan en condiciones similares, rumbo a lo que decía nuestro Libertador Simón Bolívar “Suprema Felicidad Social” (líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la nación 2007-2013),  y que dan paso  hacia la definición de una política más integral y participativa para este sector (PROVEA, 2005).

De esta forma con la LRPVH se busca “…la satisfacción progresiva del derecho humano a la vivienda, que privilegie el acceso y seguridad de la tenencia de la tierra, adquisición, construcción, autoconstrucción, liberación de hipoteca, sustitución, restitución, reparación, remodelación y ampliación de la vivienda, servicios básicos esenciales, urbanismo, habitabilidad, y los medios que permitan la propiedad de una vivienda digna para la población, dando prioridad a las familias de escasos recursos, en correspondencia con la cultura de las comunidades” (Art.2). Igualmente, “garantiza la participación activa, protagónica, deliberante y autogestionaria de los ciudadanos y, en especial, de las comunidades organizadas con la finalidad de asegurar medios que les permitan cumplir con el deber constitucional de contribuir en forma corresponsable con el Estado, en la satisfacción progresiva del derecho a la vivienda y hábitat dignos” (Art.9, LRPVH, 2005).

No obstante más del 60% de las obras en América latina las realizaba la propia población, a los efectos de enfrentar el problema de vivienda (Julián Salas, 1992). En Venezuela las viviendas que se construyeron entre 1990 y 2001, alrededor del 70% fueron auto-producidas por los pobladores, 20% construidas por el Estado y 10% por el sector privado (PROVEA 2005). Según cifras del Viceministerio de Planificación de la  Producción Anual de Viviendas en el Sector Público, (MVH), el promedio anual de viviendas construidas por el sector público en los años de 1999 al 2005 ha sido de 23.388 unidades.

En este sentido a pesar de que el Estado  disminuyó la capacidad de producción de unidades residenciales, con la crisis económica generada por el paro patronal y petrolero del 2002  que afectó significativamente la ejecución, la calidad de las mismas en cuanto a materiales y áreas ha mejorado sustancialmente.  Mientras que entre los años 1999 y 2001 el promedio anual de producción superaba las 30.000 viviendas, entre el 2002 y el 2004 el promedio llegó a descender a 10.000 unidades, alcanzando a recuperarse en el 2005 con la construcción de más de 40.000 (MVH, 1989-2005). Esta situación de limitada capacidad de ejecución y descoordinación institucional comienza a superarse con la creación del Ministerio de Vivienda y Habitat (MVH)[4] y la liquidación de los organismos nacionales heredados, según las disposiciones de la LRPVH (2005).

Una vivienda digna (Cilento, 1999)  significa mucho más que un techo sobre la cabeza; también significa adecuada seguridad, incluyendo seguridad de tenencia; estabilidad y durabilidad estructural; adecuada iluminación, calefacción y ventilación; adecuada infraestructura básica, como suministro de agua, facilidades sanitarias y de manejo de desperdicios y ubicación adecuada y accesible en relación al trabajo y a las facilidades básicos.  Esto no es solamente un aspecto del avance social individual, sino que articula de manera insoslayable con la capacidad del país para contribuir a la preservación del medio ambiente. Es bien conocido que la gran mayoría de los materiales de construcción tradicionales se obtienen de recursos no renovables y que estos a su vez generan importantes efectos nocivos sobre el ambiente en los sucesivos pasos del ciclo productivo, vale decir, sobre la calidad del aire, del suelo y el agua. Los procesos constructivos que se ejecutan actualmente impactan directa y nocivamente en el medio ambiente y sobre el hombre, y como se ha mencionado no permiten, por sus costos, desarrollar viviendas dignas.

En consecuencia  y según los datos del Sistema de Indicadores Sociales de Venezuela (SISOV 2010), durante los años de administración de Hugo Chávez, el período de 2005 y 2006 fue en el que se erogaron más fondos a vivienda y ese dinero representó en la inversión social 17,1% y 17,4%, respectivamente. En 2007 y 2008, pese a que fueron años de “boom” de ingresos petroleros, la inversión para el sector habitacional bajó y en 2009 la merma de recursos petroleros limitó los desembolsos para los planes de vivienda. Y si bien en 2010 se recuperaron los aportes por la vía petrolera y tributaria, los recursos desembolsados al sector registraron una reducción. En términos del PIB, los fondos erogados por los entes públicos para vivienda llegaron a representar 0,3% en 2010, mientras que en el año 1991 fue 2,1%. En los 12 años de gestión de este Gobierno, el 2006 fue el ejercicio en el que dicha inversión representó 1,6%.

También, los datos del SISOV señalan que de la inversión social prevista en 2010, 8,9% fue lo que se destinó al área de vivienda y para el  2011 el Presidente Hugo Chávez señaló que era necesario acelerar la construcción de soluciones habitacionales para lo cual lanzó la Misión Vivienda Venezuela, a pesar que desde 2010 el primer mandatario nacional ya había manifestado que era prioridad avanzar en los proyectos habitacionales. Pese a que en los últimos meses del ejercicio 2010 se anunció que los entes oficiales darían más recursos al sector construcción de viviendas, la información del SISOV, revela que la inversión pública en vivienda en el 2010 fue la más baja en 19 años. En este sentido se evidencia que de los recursos asignados por el Gobierno el año 2010 a inversión social, el 8,9% fue lo destinado a vivienda, mientras que para el año 1991 fueron de 23,5%, esas cifras indican, además, que el año 1991 fue el período de mayor inyección de recursos a esta actividad; mientras que para el año 2010 la inversión en viviendas fue la menor.[5]

En cuanto a la calidad de las viviendas del país, los datos disponibles del Censo 2001 permiten presentar la situación relativa a las instalaciones de servicios domiciliarios, así como a algunos aspectos de la calidad ambiental (materiales de construcción, hacinamiento). Si bien el 18% de las unidades residenciales no tiene un baño con ducha, el 70% de éstas lo constituyen las clasificadas como ranchos. El 95% cuenta con cocina a gas o minoritariamente eléctrica y más del 65% posee un espacio exclusivo para su funcionamiento. Los materiales de construcción se encuentran en su mayoría considerados como adecuados según su utilización en pisos (94%), en paredes (80%) y en techos (92%) (CONAVI-INE,  2005. Censo 2001). De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), para el 2004 existían cerca de 16% de hogares con hacinamiento crítico, lo que implica una insuficiencia de área de estas viviendas en espacios para dormir hasta tres personas.

Con las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la Nación (2001-2007), se buscaba el equilibrio social, con la inversión publica, como parte de la responsabilidad social, garantizando el disfrute de los derechos sociales, entre los cuales se considera la vivienda, el ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. Se planteaba desarrollar la vivienda y el hábitat, lo que  incluía los servicios respectivos, con criterios de participación de la comunidad. En la búsqueda de la inclusión social se propone promover organizaciones de base y redes sociales para la contraloría y corresponsabilidad ciudadana. Igualmente, el fomento de la economía social y la democratización de la propiedad de la tierra. Se concibe el equilibrio territorial desconcentrando la población al generar actividades que mejoren la infraestructura de los servicios públicos y las condiciones ambientales, tanto en centros poblados como en desarrollos rurales integrales.

Posteriormente como se ha mencionado, con el inicio de una nueva etapa de la Revolución Bolivariana se formulan, en el año 2004, objetivos estratégicos para fortalecer la transformación nacional  (Mac Donald J., 1998). Entre ellos, se propone avanzar en la conformación de la nueva estructura social,  que incluye específicamente dar acceso a la vivienda y a los servicios urbanos mediante un plan nacional de urbanización y vivienda. De igual manera, se plantea la implementación de las mesas técnicas de trabajos[6] como medio de ejercicio del gobierno participativo. También, se formula como objetivo la aplicación  de la nueva estructura territorial, desconcentración de la actividad productiva, procura del desarrollo rural integrado, elaborándose un plan de recuperación de ejidos baldíos mediante una política de catastro y ordenación territorial. A lo anterior  se agregó el incremento de la superficie nacional ocupada, mejoría  de la infraestructura física y social, y garantizar efectivamente los servicios en red, activa así como  el plan ferroviario[7] nacional, entre otros. Otro objetivo propuesto consiste en la construcción de un nuevo modelo de participación popular, facilitando los mecanismos, tales como diagnósticos, presupuestos participativos y contraloría social, así como transferir la administración de bienes y servicios a las comunidades.

Asimismo, con la  entrada en vigencia de la Ley de los Consejos Comunales, (2006),  se persiguió concretar la vinculación de las distintas organizaciones de base en una instancia que permitiera la participación popular en la gestión integral de planes de desarrollo y proyectos comunitarios, en corresponsabilidad con el Estado. Esto tomó como punto de partida las distintas visiones del problema habitacional, que limita el desarrollo económico y social, de la población, así como de la orientación cuantitativa de la producción de viviendas en unidades residenciales terminadas. También, su ampliación, que incorpora el entorno inmediato de urbanismo con servicios, continúa predominando en la práctica institucional, así como en el sector privado de la construcción. Este enfoque integral del hábitat como proceso de transformación de la calidad de vida y la participación de las comunidades como sujeto protagónico, continúa siendo una visión emergente.

De igual forma y en la búsqueda de la transformación del proceso de soluciones habitacionales que se ha venido desarrollando en Venezuela y que se ha visto afectado  por la caída en la inversión del gobierno central se reflejó en las unidades terminadas, ya que para el pasado año, de acuerdo a las cifras de los entes adscritos al Ministerio de la Vivienda, se terminaron 16.000 soluciones habitacionales, registrando un descenso de 47%, respecto a 2009 cuando se hicieron 30.000 casas. Los organismos ejecutores de vivienda realizaron la mayor cantidad de edificaciones en el año 2006, en ese período se culminaron en total 58.000 soluciones habitacionales. Y entre 1999 y 2010 el sector público efectuó 284.000 unidades, a pesar de que se contemplaron dos misiones.[8]

La situación anterior que generó para los años 2011-2012, la instalación del Concejo Patriótico del Hábitat y Viviendas en las ciudades y regiones del país, con la participación de  las organizaciones  del Movimiento de Pobladores y Pobladoras, tales como: comité de tierras urbanas, salas de batalla, asociaciones proviviendas, organizaciones comunitarias de la vivienda, campamentos de pioneros redes de inquilinos, trabajadores residenciales y frentes por el buen vivir. Este concejo tiene el objetivo  de evaluar lo que se está haciendo por  el Gobierno Nacional, las políticas públicas  en materia de vivienda que se están implementando, a los efectos de construir una plataforma de lucha con acciones concretas, que garanticen el derecho a la tierra urbana, viviendas dignas, que combatan la especulación inmobiliaria que ha hecho de la tierra una mercancía.[9]

2. REFERENCIAS DE LA INVERSIÓN SOCIAL EN EL SUBSECTOR DE VIVIENDAS EN VENEZUELA.

Las condiciones bajo las cuales tuvieron lugar las profundas transformaciones económicas y demográficas que experimentó Venezuela durante el siglo XX  generaron la acumulación de un déficit habitacional que ha alcanzado, según estimaciones oficiales, los 2 millones y medio de unidades. El esfuerzo para cubrir esa demanda insatisfecha requerirá de más de una década de construcción intensiva. Y para el siglo XXI Venezuela venia arrastrando, como se ha enfatizado antes, un grave problema: la falta de viviendas dignas para un grueso sector de la población según estimaciones oficiales, basadas en el censo de vivienda de 2001, para solucionar el problema habitacional se requerían de manera inmediata 1.500.000 viviendas nuevas. Y eso no sería todo, pues otro millón de inmuebles necesitaría mejoras de diversa naturaleza y complejidad para poder considerarse como viviendas dignas.

Esas cifras permiten comprender, a primera vista, que no se trata de un problema que pueda resolverse a corto plazo. Los especialistas indican que, si en Venezuela se construyeran 200 mil viviendas al año, el déficit comenzaría a resolverse en una década. Para comprender la dimensión del esfuerzo que ello implica, basta con precisar que 200.000 viviendas al año significan un promedio de 16.600 al mes y de 547 cada día. Una revisión de las estadísticas de las últimas tres décadas permite comprobar que en los mejores años, se llegó a construir poco más de 90.000 viviendas anuales, y que ha habido años de paralización, como 2003, cuando apenas se edificaron 8.811 unidades nuevas.

Por tratarse de bienes de alto costo, que requieren enormes inversiones, planificación, fuentes de financiamiento y obras públicas, la industria de la construcción de viviendas depende mucho de la situación económica del país, e incluso, del momento político. Los altibajos que ha tenido Venezuela en estos dos planos durante los últimos años se han reflejado en la conducta del mercado de viviendas. La política habitacional en gran medida ha sido definida por el Gobierno, debido a que la construcción depende de la inversión pública. En consecuencia, la construcción de viviendas responde a dos criterios de urbanísticos fundamentales, que están vinculados, tanto a la modernización de las ciudades como al crecimiento de la población, partiendo de dos hechos, a saber:

  1. De calidad, en cuanto a servicios básicos presentes y al espacio habitacional cantidad de las viviendas a construir.
  2. De cantidad, en cuanto a viviendas producidas, el déficit habitacional y la inversión realizada.

Actualmente,  la necesidad de viviendas dignas ha sido un tema sobresaliente en los medios de comunicación a nivel nacional, dando énfasis a la intervención del Estado Bolivariano de Venezuela, a través de la creación del Ministerio de Vivienda y Hábitat, con la misión de acelerar aún más, con métodos de participación popular, a la solución de este gran problema social. En tal sentido se realizara una inversión anual para construir complejos urbanísticos en diferentes localidades, dando prioridad a familias, y en especial a la de escasos recursos, garantizándoles medios para que estas puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas, con el reto fundamental de lograr para el año 2021 una vivienda digna para todos los venezolanos.

En consecuencia el tema de la vivienda fue y ha sido debate fundamental en el Gobierno Bolivariano de Venezuela, tras la dignificación y restitución de los derechos de los venezolanos en cumplimiento de la responsabilidad social del país, en materia de inversión publica  en viviendas de interés social. Y que durante el proceso constituyente se estableció como derecho en el artículo 82 de la Constitución[10] naciente en 1999. Allí se estableció que “Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias”.  “El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas, y, especialmente, las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas”.

Sin embargo, este tema es muy amplio y puede diferenciarse entre los sectores públicos y privados, urbanos y rurales, ocupados y desocupados, de ocupación ocasional, construcciones nuevas y en construcción; de los cuales no se dispone de datos, que detallen estos niveles en las distintas publicaciones de informes de informes estadísticos. Limitando de esa forma  el contar con indicadores que para  evaluar, si la inversión del Estado está directamente relacionada a la producción de viviendas orientadas en las políticas de construcción planificada o a factores coyunturales no vinculados con la planificación urbana y al progreso del sector construcción.

Se puede señalar  que la importancia de la inversión anual a realizarse en el sector de la construcción de viviendas, deberá corresponder al número de viviendas necesarias para  disminuir el incremento del déficit habitacional, en función a lo contemplado en la planificación anual del Estado. La inversión pública en viviendas representa un indicador en porcentaje de la  inversión  social, que corresponde a la inversión acordada en la Administración Central, Gobernaciones, Alcaldías (Ley de Presupuesto más modificaciones presupuestarias), Inversión Social de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA)[11] y aportes de Fondo de Desastres Naturales  (FONDEN)[12]. La cual  tiene como objetivo  central determinar la participación relativa de la inversión pública en vivienda, con respecto a la inversión social total en un periodo determinado. En este contexto la inversión pública  se puede definir desde varios puntos de vista a saber:

  1. El  punto de vista conceptual, que  expresa la prioridad que asigna el Estado Venezolano al sector Vivienda en cuanto al nivel relativo de los recursos monetarios del área social destinados a dicho sector.
  2. El punto de vista operativo, que se refiere a la producción en unidades terminadas de viviendas en el año, con respecto a la inversión social total y las metas que se pretenden alcanzar.
  3. El punto de vista económico, en el que se distinguen tres tipos de erogaciones que corresponden al desarrollo social, económico, y  de gobierno. Siendo el desarrollo social la gestión que realiza el Estado Venezolano para satisfacer las necesidades de las comunidades de manera oportuna, en cuanto a educación, salud, seguridad social, urbanización, vivienda, desarrollo regional, agua potable y alcantarillado, asistencia social, y superación de la pobreza.

De igual forma, la inversión pública tiene como objetivo fundamental colaborar con las autoridades políticas para la mejor selección de los proyectos a incorporar al presupuesto nacional. Dentro de sus funciones se incorporan: 

  1. Colaborar en el establecimiento de prioridades presupuestarias, realiza la prioridad técnica de los proyectos presentados por los organismos, interviene en la selección definitiva de los organismos una vez definidos los techos presupuestarios, consulta a las gobernaciones    sobre los proyectos a ejecutar en sus jurisdicciones y elabora el Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP) el cual se remite anualmente al Congreso de la Nación acompañando al Proyecto de Ley de Presupuesto.
  2. Como órgano  responsable establece y elabora las metodologías, precios de cuenta, indicadores pertinentes y criterios de decisión a utilizar en la formulación y evaluación de los programas y proyectos de inversión pública.
  3. Controlar la formulación y evaluación de los proyectos de inversión realizados en las jurisdicciones, en cuanto al cumplimiento de las metodologías, pautas y procedimientos establecidos. En la actualidad esta actividad se efectúa sobre los proyectos cuyo monto superan los 19 millones de pesos.
  4. Implementar un sistema de información (banco de proyectos de inversión pública) que proporciona información adecuada, oportuna y confiable sobre los proyectos de inversión pública y realiza mejoras permanentes sugeridas por los usuarios.
  5. Realizar a su vez, tareas de difusión y capacitación sobre el Sistema Nacional de Inversión Pública  (SNIP) en el sector público nacional, las  gobernaciones y el gobierno central.[13]
  6. Intervenir en el análisis de los programas y proyectos que solicitan financiamiento internacional. Realiza estudios sectoriales y de distribución geográfica de la inversión pública.
  7. Colaborar brindando capacitación, apoyo técnico y entrega de equipamiento para la implementación del sistema en los Estados y en el Gobierno de la Ciudad.

En consecuencia la inversión social en el sector construcción de viviendas, se puede considerar como un factor determinante para el desarrollo social, como solución a la problemática del déficit habitacional (vivienda y hábitat), ya que el hábitat constituye en el lugar cultural de soporte y significación para el desarrollo de los procesos sociales y las actividades humanas. La noción de hábitat integra los conceptos de casa, vivienda, ciudad, región y territorio. La vivienda como satisfactor de múltiples necesidades, trasciende la interioridad de la casa como refugio o morada familiar, integrándose a su entorno comunitario y representando un lugar de identidad, tanto individual como colectiva. Por ello, implica un proceso cultural donde los pobladores organizados deben tener un rol protagónico.

Sin embargo, la visión cuantitativa del Estado proveedor de casas completas de construcción instantánea (Cilento, A., 1999), ha predominado en el abordaje del problema. Reduce su complejidad a la necesidad del control de la producción de viviendas-mercancías a gran escala (Cilento A, 1999), y el fomento de la industria privada de la construcción, con el supuesto de impulsar el desarrollo económico y la generación de empleos que se revierte en la superación de la pobreza. En la práctica, esta orientación no ha dado respuesta, por el contrario, el problema se ha agravado con el deterioro del hábitat y la carencia de vivienda.

En virtud de que no se han tomado en cuenta otros aspectos decisivos como son: la planificación objetiva y física de las viviendas, el  bienestar general del ciudadano; como son el derecho al trabajo, a la educación y a un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias, con la construcción de infraestructuras dignas con los servicios básicos, entre otras. Y en segundo lugar hasta una perspectiva de proceso de creación y transformación de las condiciones para su mejoramiento integral con la participación comunitaria, logrando una vivienda y un hábitat sustentable que impliquen procesos habitacionales, que logren el bienestar habitacional en cuanto a:

  1. Las necesidades de los ciudadanos
  2. Las expectativas del ciudadano.
  3. Las relaciones sociales.
  4. La posibilidad de convivir
  5. Tener derecho a la ciudad.

Por ello, se puede decir que el diagnostico de la gestión publica  implica un cambio que puede ser definido no sólo por la adecuación de nuevos esquemas administrativos y de procesos, sino por el reconocimiento de que las estructuras administrativas han tenido un comportamiento inoperante, por muchas trabas burocráticas, tanto para la asignación de presupuesto para cumplir con la inversión publica en materia de viviendas, como para el tiempo de cumplimiento, en referencia a las normativas vigentes y  las políticas públicas establecidas al efecto para los distintos sectores demandantes de viviendas dignas, en solución del problema de déficit habitacional existente y creciente.

Partiendo de lo anterior es necesario para ello el análisis del aparato público y de su marco de actuación que es un factor  determinante, el cual  no se limita al proceso administrativo sino que incluye las transformaciones que ha venido aplicando el Estado Venezolano, como son la participación del poder popular, la autogestión, el desarrollo endógeno y sostenible de los procesos, entre otros. Por ello la revisión del perfil de la administración pública y de sus políticas, tanto en sus insumos como en sus procesos y en su resultado, es necesario considerar los límites de acción de la actividad pública y de la actividad privada, en la solución del problema habitacional.

En este sentido, durante periodos de gobiernos anteriores al del Presidente Hugo Chávez, la población con necesidades de viviendas se vio forzada a la ocupación compulsiva de los espacios residuales con condiciones más desfavorables en las ciudades (quebradas, altas pendientes, periferia sin servicios). Resulta así, un hábitat popular que se va consolidando en el tiempo, pero mantiene precariedad en relación al déficit de servicios, incrementando la situación de riesgo. Y con ello surgió la  especulación inmobiliaria que ha sido otro factor determinante en la segregación de los sectores populares o más desprotegidos.

El Estado venezolano intentó superar el déficit habitacional existente y creciente, para el año 1989. Y sólo se logró atender a los sectores más desprotegidos en la estratificación de ingresos, desatendiendo el resto de la población, a pesar de que para ese año, Venezuela contaba con las condiciones esenciales para enfrentar exitosamente el problema de la vivienda: la disposición, por ley, del 5% del presupuesto ordinario del Estado para inversión en vivienda y la creación del ahorro obligatorio equivalente al 3% de los sueldos y salarios para el mismo fin. Sin embargo no se logro aprovechar estas condiciones, ni controlar el problema habitacional, que solo a partir de marzo de 1999 hasta enero de 2001 se inició exitosamente en Venezuela, no sin las dificultades propias de los procesos sociales de transformación, con una política de vivienda ajustada a las necesidades habitacionales del país, establecida por el organismo rector del Estado Concejo Nacional de la Vivienda[14](CONAVI) de esa época.

Por ello, en Venezuela se cuenta con las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la nación (2007-2013), se plantean, reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza, con la transformar las relaciones sociales de producción construyendo unas de tipo socialistas basadas en la propiedad social, fortalecer las capacidades básicas para el trabajo productivo, promover una ética, cultura y educación liberadoras y solidarias, y profundizar la solidaridad con los excluidos de América Latina y el Caribe. Con la implementación de estrategias de inversión social para garantizar el acceso a una vivienda digna, que comprenda:

  1. La tenencia de la tierra,  con la consolidación de los comités de tierra  y de la instrumentación de catastros urbanos.
  2. El acceso a los servicios básicos, con la  promoción de la organización popular para la conservación del hábitat y con el desarrollo de urbanizaciones populares dotadas de servicios básicos y de la infraestructura para servicios sociales.
  3. La mayor acceso al crédito habitacional, con la estructuración del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, y con el acceso al sistema financiero
  4. El apoyo a  la participación y el compromiso para la construcción de viviendas, con la autoconstrucción, mejora, ampliación, reposición y reubicación de viviendas, y contar con escuelas para el aprendizaje de auto construcción de viviendas.

Y con relación a estos lineamientos, se busca ir hacia un nuevo contrato social habitacional con la existencia de proposiciones técnicas adecuadas, para orientar la prestación de lo habitacional en Venezuela al menos desde comienzos de los sesenta. Las discusiones en torno a la política habitacional del país deben reorientarse, aceptando las prácticas que el marco regulatorio vigente promociona, las cuales son de uso común en el resto de Hispanoamérica. Debe hacerse énfasis en discutir y lograr consenso en aquellos puntos de desencuentros que son la consecuencia de las lecturas encontradas de lo que el Estado puede realmente ofrecer a los ciudadanos con el nivel de recursos disponible y la magnitud del déficit existente. Una lista reducida de esos puntos es la siguiente:

-El Estado ejecutor versus el Estado facilitador.

-El ámbito dentro del cual el sector privado prestará por su cuenta y riesgo la atención habitacional.

-El contenido y alcance de la atención especial que implica definición de estándares de viviendas dignas, de atención mínima, de características familiares para ser objeto de dicha atención.

-La rehabilitación de barrios versus la consolidación de la pobreza.

-La explicitación de los deberes y derechos de los beneficiarios de la atención habitacional.

Estos puntos deben ser resueltos, e incorporados los acuerdos correspondientes dentro del diseño de los programas habitacionales, y sobre todo ser respetados por el sector privado, los beneficiarios y los ejecutores públicos como manifestación del nuevo contrato habitacional.

Es por ello, que la inversión pública en viviendas se enfoca en ciudades socialistas[15], en virtud de que los planes de vivienda del Gobierno se concentran en dos objetivos: la transformación de los barrios y la construcción de ciudades comunales, y los marcos legales que se están redactando para definir el modelo socialista apuntan a la consolidación  de un  su modelo productivo socialista, cuyo manejo está a cargo de las comunidades y comunas. En detalle el Ejecutivo Nacional ha estado armando las ciudades socialistas, con un esbozo del rol de las comunas y la realización de más ciudades comunales,  además se reitera que las líneas estratégicas son: la transformación integral de los asentamientos humanos y el desarrollo de ciudades.

La Ley de Presupuesto de 2010 indica que cuando se estructure la comuna, la ciudad se encargará de garantizar el ejercicio pleno de autogobierno comunal socialista. Allí se plantea que más allá de las asignaciones que se realizan a los consejos comunales, las comunas tienen que crear los mecanismos para generar ingresos propios y construir la nueva economía productiva que logre sustituir al modelo económico rentista.  La Ley del Poder Popular expresa que las organizaciones socio-productivas comunitarias tendrán que ejecutar las actividades de producción, transformación, distribución e intercambio de bienes y servicios en beneficio de las comunidades, así como realizar planes dirigidos al desarrollo integral de la colectividad.
En este sentido las organizaciones se manifestarán bajo la forma de empresas de producción social, empresas de distribución social, empresas de autogestión, unidades productivas familiares, grupos de intercambio solidario y grupos de trueque. En  el 2007, el Ministerio de la Vivienda plasmaba las ciudades socialistas y por esta vía se elevaría el bienestar de la población con opciones sociales y económicas basadas en el disfrute equitativo de la ciudad. En las ciudades además se tenía que garantizar el pleno empleo de la población, asegurando puestos de trabajo diversificados a los grupos.

De esta forma el programa habitacional destacaba que las comunas en las ciudades estaban encargadas de fomentar el potencial endógeno y priorizar el sector de la economía social, de manera que se tenía que fomentar la pequeña y mediana empresa, la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación para el trabajo, el ahorro y el consumo bajo el régimen de propiedad colectiva. El manejo de los servicios esenciales se contemplaba en manos de las comunidades, hacia el desarrollo endógeno, camino a  la construcción del Socialismo del siglo XXI[16], con la lucha social contra la pobreza y la exclusión social, como un modelo alternativo que permita dar soluciones al problema  de la inversión en viviendas de carácter social.

2.1. La política constructiva  de viviendas en el sector de la construcción venezolana: Herramientas para su evaluación.

Las políticas de desarrollo pueden considerarse como el conjunto de lineamientos legales, normativas y procedimentales, que permiten a un país o región  establecer estructuras económicas y sociales, que brindan la capacidad de producir  y redistribuir  riquezas,  a fin de promover y mantener la prosperidad  o  bienestar económico y social de sus habitantes.[17] Este proceso supone ajustes legales e institucionales que son hechos para dar incentivos para fomentar innovaciones e inversiones con el propósito de crear un eficiente sistema de producción y un sistema de distribución para los bienes y los servicios, y que generalmente apuntan al crecimiento continuo y sostenido de la economía y la sociedad, de manera que ‘los países en vía de desarrollo’ se hagan ‘países desarrollados’.[18]

En los años 70  se implementó el  modelo desarrollista  que establecía  la necesidad de cambiar las estructuras económicas y sociales, para reducir la dependencia del petróleo y de las importaciones de bienes, así como para elevar el nivel de vida del conjunto de la población. Pera ello, se ejecutaron políticas dirigidas a la transformación estructural de la economía, que permitieran superar el rentismo petrolero mediante la industrialización. Aunque durante las décadas de los años 60 y 70  se dieron  avances en materia de servicios públicos, éstos no fueron suficientes y persistieron necesidades insatisfechas en amplios sectores de la población, especialmente en nutrición, salud, vivienda y educación. Persistieron además las deformaciones del aparato productivo, con la propiedad privada de los medios de producción. En consecuencia este modelo fracasó, en virtud de que: el fracaso del modelo desarrollista se constató en:

  1. No logró reducir la dependencia de la renta petrolera.
  2.  La industria nacional no sustituyó los bienes importados, ni competir en el mercado internacional.
  3. No se adecuó  a la economía social.
  4. No se crearon valores y actitudes que impulsaran el desarrollo social y económico.
  5. El desarrollo a las comunidades no contó con la suficiente autonomía, apoyo.
  6. La gestión social tuvo un carácter meramente asistencialista y paternalista, que buscaba solo el apoyo electoral.

Para los años  80 se modificaron las políticas sociales, que aunque seguía siendo asistencial, desplazó el desarrollo local implementando programas de ámbito nacional dirigidos a la población en general. Sin embargo con el  asistencialismo aunado al incremento de la burocracia  que imperaba en el ámbito estatal dirigidos a  satisfacer las demandas de las bases partidistas conllevó un aumento considerable del gasto público, sin que ello modificara las estructuras económicas y sociales obsoletas que  se pretendían superar; por lo que  el país siguió dependiente del rentismo petrolero y se afianzó una mentalidad partidaria a la corrupción, el paternalismo y el clientelismo.  De esta forma  para inicios de los 80 se evidenció el fracaso definitivo del modelo desarrollista, con lo que se trato se subsanar, tomándose medidas para incrementar el crecimiento económico para:

  • Detener el crecimiento del gasto público y dejarle algunas prerrogativas al libre juego mercado.
  • Liberar los precios y disminuyendo los subsidios y aranceles.

Aunque esto no se trató de medidas abiertamente neoliberales, el paternalismo impidió intencionalmente la participación popular activa en las decisiones que trascendieran más allá del ámbito estrictamente local, por lo cual las comunidades continuaron al margen en la conducción del desarrollo.  Sin embargo con la disminución presupuestaria determinó un mayor deterioro en la calidad de vida de la población de bajos recursos, por lo cual se ejecutaron programas sociales centrados únicamente  para atender la pobreza extrema, descartando el carácter universal de sus beneficiarios, desatendiendo al resto de la población, originando con ello el incremento desmesurado de los problemas de orden social y económicos del país;  con la  crisis de la deuda iniciada en 1982-83 (fuga de divisas del país, control de cambios, devaluación de la moneda) eliminando definitivamente el modelo desarrollista, que con el  puntofijismo[19] anunciaba  la búsqueda de alternativas  o políticas de acción para:

  • Reiniciar el crecimiento económico.
  • Acelerar el desarrollo social.
  • Crear una sociedad más libre.
  • Conformación de un Pacto Social para legitimar las reformas por la vía del consenso de las élites burocráticas, empresariales y sindicales.

Por todos los aspectos antes señalados, se puede considerar que el municipio Heres, del estado Bolívar, no ha estado ajeno a esos desenvolvimientos y ello conlleva de manera general que el financiamiento al sector de la construcción en el territorio  presenta significativas limitaciones que se expresan en una concentración de inversiones de parte del sector privado en una sola área de este sector (vivienda), una escasa atención a otras áreas y la poca atención de parte de los entes financieros del Estado a generar apoyo financieros tanto al área de vivienda, como de infraestructura e industria, que puedan ser acometidos por la empresa privada.

En primera instancia, se hace necesario retomar el concepto de política pública y acercarlo al sector de la construcción y, en particular, el conjunto de acciones y marco regulatorio en el proceso inversionista. Su particularidad en el contexto de la construcción de viviendas no puede ser subestimada. Así, el concepto de política pública del sector construcción de viviendas de interés social y de orden general, puede considerarse como el conjunto de lineamientos institucionales y funcionales que se relacionan entre si, vinculados al concepto de vivienda y a la normativa vigente en esta materia; en la cual se deben consideran a los actores principales del proceso de construcción como son: constructores o empresas, gobierno, propietarios o beneficiaros. Contemplando a la vivienda mas que un hábitat, con la necesidad de servicios públicos, urbanismos, sistemas de transporte masivos y el equipamiento necesario de parques, canchas entre otros espacios, como factores determinantes de la política pública en viviendas.

La política de vivienda existió en la obra y actuaciones de muchos antes de convertirse en política de Estado y, una vez fortalecida, continúa con los esfuerzos de muchas comunidades populares movilizadas hacia su empoderamiento. En la cumbre mundial de HABITAT II del 2006 , cuando a algunos de los que impulsaban la nueva política de vivienda les correspondió presentar la mejor práctica venezolana en materia de asentamientos humanos, seleccionada entre las 100 mejores de mundo en los 20 años anteriores, se resumió esa política en dos aspectos fundamentales: promover la autogestión de las comunidades populares y colocar los más avanzados y calificados recursos técnicos y profesionales disponibles por la sociedad al servicio de esas comunidades. En eso se creyó y así se actúo.

En este sentido la política pública se vincula al conjunto de normas, actores, responsabilidades y al nivel de intervención en la actividad del construcción de viviendas, como son: uno el nivel nacional a cargo del Estado (Nación) y otro el nivel local o estadal y municipal, donde los municipios deben intervenir como garantes de la inversión en construcción y mejoramiento de viviendas en la oferta para la solución habitacional, gracias a la consecución y dotación de suelos urbanizados, la construcción de redes viales y servicios públicos domiciliarios, la dotación de equipamientos de barrios, mejoramientos de barrios de altos riesgos y a que los desprovistos de los servicios básicos. Lo que sintetiza la política publica de vivienda en tres ejes centrales a saber:

  1. Mejoramientos de las comunidades o sectores carentes de servicios públicos y en situaciones de riesgo. Correspondientes a la política publica de vivienda inherente al déficit cualitativo de una vivienda digna.
  2. Apoyo a los programas y planes de  viviendas establecidos. Que tienen que ver con el déficit cuantitativo de vivienda.
  3. Reserva, adquisición y dotación de suelos urbanizables para los programas y planes de viviendas. Correspondiente a la dotación y al  derecho a la posesión de la tierra urbana.

En resumen, cabe señalar que la política pública de vivienda, es una política de responsabilidad social, cuya implementación y desarrollo esta condicionado por la articulación entre tres vertientes a saber, importantes en el proceso de inversión pública, en miras a dar solución al problema de vivienda y hábitat, que  caracterizan a cada región en particular, como son: el nacional (Nación o Estado), el estadal (Regiones o estados) y el local (Municipios). 

2.2 Perspectiva de la inversión de viviendas en el sector construcción.

Con las antiguas políticas de viviendas del Estado Venezolano que intentaron superar el déficit habitacional existente entre la población de escasos recursos económicos, no lograron su objetivo, debido a que todo el proceso de construcción estaba en manos del sector privado, que no cumplió con los plazos y metas establecidas. Sólo se lograron la atención de los sectores más desprotegidos en la estratificación de ingresos, mientras la mayoría de la población urbana se vio obligada a construir los barrios de ranchos en los que viven una parte significativa de la población de bajos recursos, poco más de la mitad de la población total del país. Durante gran parte del primer período de gobierno (1999-2006) la inversión pública en vivienda fue baja y sólo en 2006 los entes oficiales llegaron a manejar más recursos para terminar las viviendas, de hecho en ese lapso se realizaron 58.584 soluciones habitacionales. En ese período el gasto del Gobierno en general se disparó y se orientó hacia las obras de infraestructura, lo que incluyó las casas. 

En consecuencia, para el año 2006 ya se había lanzado la Misión Hábitat, y en el ejercicio siguiente (2007) se complementó con la Misión Villanueva. En este sentido las cifras del SISOV revelan que en parte del segundo período, que arrancó en 2007, la inyección de recursos al sector vivienda se redujo y en años como 2009 y 2010, cuando disminuyeron los ingresos petroleros, el gasto en el área habitacional bajó hasta 1,5% del PIB.  Tras la emergencia generada por las lluvias de diciembre de 2010 es que el Gobierno decidió acelerar la producción de viviendas.

Por ello en diversas alocuciones, Hugo Chávez, que indicó que la fabricación de unidades la asumía como un reto personal y que debía agilizarse, por tal motivo, en el segundo trimestre de 2011 y luego de dos misiones, lanzó la Gran Misión Vivienda Venezuela, cuya inversión quedó a cargo no solo del Gobierno central sino también de PDVSA y la banca. El ex presidente expresó que “esa una gran misión, mucho más allá de lo que hasta ahora hemos conocido como misiones quizás coyunturales y focalizadas en un problema, esto es una dimensión mucho mayor”.[20] Por ese programa la inyección de recursos se disparó y la información del SISOV indica que en 2011 la inversión fue 4,2% del PIB, por ello, las unidades culminadas ascendieron a 62.783. Las autoridades dijeron que en el transcurso de 2012 la inversión en la producción de casas siguió creciendo. Sube inversión por habitante.

El aumento en el presupuesto para el área habitacional también se reflejó en la inversión pública por habitante. Las cifras del Sistema indican que la inversión por habitante en 2006 tuvo un crecimiento de 44%, luego de ese ejercicio el comportamiento fue negativo hasta el año 2011.  Y en el marco de la Misión Vivienda la inversión de fondos públicos por habitante subió 193% en el indica la información oficial. Eso significa que la inyección de fondos por parte del sector público tuvo más efectos que las antiguas políticas de vivienda del Estado venezolano que no lograron sus objetivos. Sin embargo as cifras del SISOV señalan que la inversión (gasto público) en vivienda, ha tenido año el siguiente comportamiento:[21]

  • 2006, ascendió a Bs 15 millardos.
  • 2007, los datos revelan que la inyección de fondos bajó a Bs 14 millardos.
  • 2008, la inversión alcanzó los Bs 16 millardos.
  • 2009, el gasto en vivienda se redujo a Bs 12,3 millardos.
  • 2010, la inversión aumentó hasta Bs 15 millardos.
  • 2011, se asignaron al sector Bs 57 millardos.
  • 2012, la inversión ascendió a más de Bs 82 millardos.[22]
  • 2013, se presupuestaron Bs 5.920,60 millones.[23]

En este sentido la situación que muestra la inversión en viviendas, es una demanda que refleja la necesidad de una vivienda, y que en Venezuela es caracterizada hasta el momento como prioritaria dependiendo del nivel de riesgo en el que se encuentra cada hogar, para poder priorizar la necesidad de viviendas dignas y seguras, ya que pueden tomar la que está en riesgo potencial o inminente, considerando los periodos de lluvias.

En consecuencia se deben reorientar las políticas públicas en materia de viviendas, por los sectores involucrados, de manera que se pueda establecer una planificación para atender “de manera oportuna y no emergente. El objetivo es planificar estrategias para generar soluciones de la manera más eficiente. Para ello se requiere caracterizar la demanda de viviendas y de los sectores disponibles o solicitados, a fin de implementar una  cultura preventiva para disminuir las pérdidas de cualquier tipo: para lo cual es necesario que exista una cultura preventiva en la familia y la comunidad. Además que estén capacitados para atender situaciones de riesgo es un factor determinante. Por ello la propuesta de la legislación existente que es importante tomar en cuenta que la construcción de urbanismos y viviendas implican un tiempo, y que se debe de prever establecimientos y sitios seguros que permitan estar preparados a la hora de atender una contingencia.

Por ello, la inversión publica es un componente fundamental para asegurar  el plan para la construcción de viviendas y contribuir a que cada familia cuente con una vivienda digna y garantizar que la misma sea adecuada, segura, cómoda, higiénica y con los servicios básicos esenciales que incluyen un hábitat capaz de humanizar las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. Sin embargo, la posibilidad real de que dicha inversión asegure esos objetivos, depende de las acciones y medidas aplicadas por el gobierno bolivariano, para garantizar el financiamiento capaz de asegurar el proceso inversionista necesario en materia vivienda.

Y calificar lo que se obtiene a través del diagnóstico, que evidencia que el protagonista de la Gran Misión vivienda Venezuela en los municipios venezolanos,  lo ejerce el poder popular  representado por los voceros y voceras de lo consejos comunales organizados, conjuntamente con la gestión de cada gobernación, que tienen el compromiso social con las comunidades y sus necesidades y expectativas que en materia de viviendas tienen las familias más humiles de la localidad.[24] Evidenciándose con ello, que  los estados para el cumplimiento de la inversión publica en materia de viviendas y en cumplimiento de los planes de la nación establecidos al efecto,  requieren de evolución, revisión,  control y seguimiento  de factores determinantes en esta problemática del déficit habitacional, como son las políticas públicas, cumplimiento en tiempo y calidad de los proyectos de viviendas a desarrollar y en desarrollo,  en pro de la consolidación:

  1. Desarrollo en el componente social de los nuevos esquemas[25] de construcción de viviendas dignas,  en el comportamiento y compromiso de los ciudadanos.
  2. El crecimiento de la población, la demanda y déficit habitacional, de acuerdo a las características habitacionales de los municipios de casa estado.
  3. Considerar  las experiencias y características de las empresas del sector privado o contratistas, que  participan del proceso de construcción.
  4. Disponibilidad de la matera prima en la implementación de los nuevos esquemas de construcción.
  5. Divulgación de los programas y criterios  de financiamiento  y asignación de  viviendas, en  los distintos sectores sociales del país.
  6. Impulso y creación de planes atractivos para la motivación al constructor, desde la adquisición de materiales hasta el financiamiento de los mismos.
  7. Establecimientos de criterios o parámetros de factibilidad de los proyectos habitaciones y a las necesidades presentados por la comunidad en función a la demanda de cada estado.
  8. La consolidación de los barrios[26] y  de los distintos sectores del estado, a través de los concejos comunales organizados.
  9. Determinación de las zonas e riesgo como criterios de prioridades habitacionales, que no son tomadas en cuenta en cada estado.
  10. Factibilidad de los servicios en los desarrollos habitacionales, sin la afectación de los sectores ya existentes.
  11. Necesidad del uso de las ordenanzas y reglamentos municipales establecidos en materia de vivienda, por la existencia de organismos gubernamentales encargados de los desarrollos de viviendas, sin coordinación interinstitucional y sin cumplir con la normativa legal vigente al efecto.
  12. Estudios de impactos ambientales y de servicios básicos, en los desarrollos habitacionales.
  13. Reforzamiento en función del cumplimiento de la inversión social, con asignación presupuestaria eficiente y oportuna, necesaria para el cumplimiento de las metas establecidas en tiempo y calidad.

En adición a lo señalado anteriormente es posible concluir que las herramientas e instrumentos de evaluación de la política constructiva de viviendas en el sector de la construcción venezolana requieren de adecuarse a los cambios y transformaciones que objetivamente han de tener lugar para dar cumplimiento a la misión vivienda.

BIBLIOGRAFIA

  1. AVN, 2012. Agencia Venezolana de Noticias. Caracas, 24 Oct. Versión digital: www.avn.info.ve/…/venezuela-incrementa-27-inversión-social-para-2013.
  1. CHávez, H. Proyecto Bolivariano las tres raíces. Caracas: Ediciones de la Presidencia, 2001.

1      CLIENTO A., HERNANDEZ H., LÓPEZ A. (1996) “Vivienda y Construcción en el Siglo XXI”. Cuadernos de CENDES, 99-116.

2      CLIENTO, A. UCV Cambio de Paradigma dela Hábitat. Caracas: UCV/CDCHIDEC, 1999. 233P. Versión digital: http://w.w.w.fau.ucv.ve/idc/paginas/publicsarli.html.

3      CONAVI-INE,  2005. Censo 2001. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE).

4      Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Caracas. Gaceta Oficial Nº 5.453 de fecha 24 de marzo de 2000.

5      EL EXPRESO, prensa local. 14 de junio 2013. Versión digital: www.diarioelexpreso.com.ve/sucesos/8-seccion.

6      El socialismo del siglo XXI. Hugo Chávez Frías. Colección cuadernos para el debate. Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Caracas-Venezuela.www.minci.gob.ve / publicaciones@minci.gob.ve.

7      Francisco Piña. Manual Nuevo Estado Venezolano, p.20. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Año 2012, editorial Ministerio del Poder Popular para la Defensa. www.edugn.mil.ve.

8      LAS HERAS, J. MARÍA. Estado Eficiencia. Administración financiera gubernamental. Un enfoque sistemático. Osmar d. Buyatti, Librería Editorial. Año: 2004.

9      LAHERA, A. (2004). “La participación de los trabajadores en la democracia industrial”. Ed. Los libros de la catarata. Madrid, España.

10    LAHERA, E. (2007). “Política y Políticas Públicas”, serie Políticas Sociales LC/L.2176-P/E, serie Políticas Sociales Nº 95  División Social CEPAL, Chile.

11    LANDER, L. “Bases para una Política de Vivienda”. Publicaciones del Banco Obrero. Caracas, agosto 1961.

12    LEY DE LOS CONSEJOS COMUNALES/ Ministerio de Comunicación e Información. Colección Textos Legislativos. Abril, 2006. Depósito Legal: 1f8712006320777. Impreso en la República Bolivariana de Venezuela.

13    Ley de Política Habitacional publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.124 Extraordinario, de fecha 14 de Septiembre de 1989. A partir del 1° de Enero de 1999 tiene carácter de Instituto Autónomo, adscrito al Ministerio de Infraestructura. Creada por El Consejo Nacional de la Vivienda.

14    Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. (Gaceta Oficial N° 38.182 del 9 de mayo de 2005). ASAMBLEA NACIONAL. DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

15    Ley del Subsistema de Vivienda y Política Habitacional (LSVPH 1999).

16    Mac Donald, J., (1998). Dimensions and scope of urban informal life. Artículos académicos.

17    Mac Donald, J., (2006). Pobres en ciudades pobres. Una mirada desde América Latina. I Congreso Internacional de Desarrollo Humano, Ayuntamiento de Madrid, noviembre.

18    Mayela, H. (jueves 30 de junio de 2011) EL UNIVERSAL EN LINEA.

19    Mayela Armas H. (2009, 27 diciembre. El Universal)

20    MAYELA ARMAS H. | Inversión en el sector viviendas. El Universal, miércoles 13 de marzo de 2013.

21    MAYELA ARMAS H. | Las cifras del SISOV. Asignaciones. El Universal, miércoles 13 de marzo de 2013.

22    Misión Vivienda Venezuela: 2012. Fuente VTV. Abril, 4 de 2013. 

23    Pons, H. (2004); Diseño, análisis y evaluación de políticas públicas. Material docente. Impreso. Centro de Estudios de Economía y Planificación. Ministerios de Economía. La Habana. Cuba.

24    Política económica - Wikipedia, la enciclopedia libre, 2012, http://www. es.wikipedia.org/wiki/Política económica [Consulta: viernes, 25 de septiembre de 2012]

25    Prensa El Nacional, Economía, Pág. A-4. (Economía y Finanzas) 23/08/2013.

26    PROVEA, 2005. Informe anual El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos.

27    Roselys, S. (2012, 29 de abril). Diputada del CLEB. Prensa Regional: Correo del Caroní, p. B3.)

28    SISOV, 2010. Informe anual del Sistema Integrado de Indicadores Sociales de la República Bolivariana de Venezuela.


[1] Lógicamente, estas soluciones de bajo costo están determinadas por las capacidades financieras y objetivo social de cada gobierno en la región y, por tanto, dependerán estas soluciones no solo de las intenciones sino de encontrar recursos propios y apropiados para asegurar la satisfacción de las necesidades de la infraestructura habitacional.  A tal efecto vale la pena contrastar las experiencias de países como Ecuador, Bolivia, Uruguay, Argentina y Venezuela, con otros de la propia región latinoamericana.

[2] Esto esta determinado, en muchas ocasiones, porque lo que se persigue es analizar y evaluar solamente en términos cuantitativos lo que se ha logrado, de esta forma, se pierde el vínculo entre lo que se pretende materialmente y lo que se debe alcanzar cuantitativamente.  Es decir, entre la solución práctica de la vivienda y su relación con la elevación de la calidad de vida.

[3] Esta contradicción, no necesariamente ha de ser antagónica, su carácter estará en dependencia de la capacidad y habilidad de las instituciones de gobierno, para lograr mediante los instrumentos adecuados los objetivos claramente definidos.

[4] Es el órgano rector de las políticas habitacionales del Estado del Gobierno bolivariano, que buscar dotar a todo el pueblo de una vivienda digna. Y se crea con la misión de acelerar aun mas con métodos de participación popular del gran problema del déficit de viviendas existente en Venezuela,  con la visión que toda persona tenga acceso  a las políticas sociales, para que posea una  vivienda que sea adecuada, higiénica y con servicios básicos esenciales, y  que humanicen las relaciones  entre las familias y la comunidad donde se desarrollan.

[5] Mayela, H. (jueves 30 de junio de 2011) EL UNIVERSAL EN LINEA.

[6] Instancias creadas con la finalidad de que las organizaciones que intervienen en el proceso de construcción evalúen las políticas y acciones desarrolladas por el Gobierno Central de la mano con las comunidades y orientada a la solución de los problemas prácticos  y de manejo de políticas públicas en materia de viviendas.

[7] El plan ferroviario constituye una proyección necesaria para garantizar el perfeccionamiento de la infraestructura y, en particular, asegurar la movilidad y comunicación entre las comunidades.

[8] Mayela, H. (jueves 30 de junio de 2011) EL UNIVERSAL EN LINEA. 

[9](Roselys, S. (2012, 29 de abril). Diputada del CLEB. Prensa Regional: Correo del Caroní, p. B3.) 

[10] Publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.453 de la República Bolivariana de Venezuela. Caracas, viernes 24 de marzo de 2000.

[11] Es una empresa estatal venezolana que se dedica a la explotación, producción, refinación, mercado y transporte del petróleo venezolano.

[12] Una empresa para optimizar la inversión productiva y social. s una empresa constituida bajo la figura de sociedad anónima. La  Creación de este instrumento se inserta dentro de la nueva estrategia económica y financiera del Ejecutivo Nacional, que se fundamenta en dos líneas: Apalancar la recuperación económica (real y  productiva)  y incrementar la inversión social    

[13] Países con SNIPs en proceso de diseño (o rediseño): Argentina, Venezuela,  Ecuador, Perú, y México. Países con SNIPs recientemente implementados: El Salvador, Guatemala,  Nicaragua, Bolivia. Países en funcionamiento pero aún en etapa de desarrollo: Honduras, Panamá,  Costa Rica y República Dominicana  Países con experiencia más avanzada y una mayor consolidación: Colombia y Chile.

[14] El Consejo Nacional de la Vivienda fue creado por la Ley de Política Habitacional publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.124 Extraordinario, de fecha 14 de Septiembre de 1989. A partir del 1° de Enero de 1999 tiene carácter de Instituto Autónomo, adscrito al Ministerio de Infraestructura.

[15]Mayela Armas H. (2009, 27 diciembre. El Universal)

[16] Está concebido en construir una sociedad sin clases, lucha contra la pobreza y exclusión social. Para Hugo Chávez que expresó lo siguiente ”Hemos asumido el compromiso de dirigir la Revolución Bolivariana hacia el socialismo y contribuir a la senda del socialismo, un socialismo del siglo XXI que se basa en la solidaridad, en la fraternidad, en el amor, en la libertad y en la igualdad“ en un discurso a mediados de 2006. Además, este socialismo no está predefinido. Más bien, dijo Chávez ”debemos transformar el modo de capital y avanzar hacia un nuevo socialismo que se debe construir cada día”

[17]Política económica - Wikipedia, la enciclopedia libre, 2012, http://www. es.wikipedia.org/wiki/Política económica [Consulta: viernes, 25 de septiembre de 2012]

[18]Política económica - Wikipedia, la enciclopedia libre, 2012, http://www. es.wikipedia.org/wiki/Política económica [Consulta: viernes, 25 de septiembre de 2012] 

[19]  Fue un acuerdo entre los partidos políticos venezolanos Acción Democrática (AD), Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei) y Unión Republicana Democrática (URD), firmado el 31 de octubre de 1958, pocos meses después del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez y antes de las elecciones de diciembre de ese mismo año. Y cuando se instaló el nuevo Congreso luego de la elección a la presidencia de Hugo Chávez, llevando al fin al llamado sistema puntofijista.

[20] MAYELA ARMAS H. | Inversión en el sector viviendas. El Universal, miércoles 13 de marzo de 2013.  

[21] MAYELA ARMAS H. | Las cifras del SISOV. Asignaciones. El Universal, miércoles 13 de marzo de 2013. 

[22] Misión Vivienda Venezuela: 2012. Fuente VTV. Abril, 4 de 2013.

[23] Agencia Venezolana de Noticias. (AVN) Caracas, 24 Oct.

[24] EL EXPRESO, prensa local. 14 de junio 2013.

[25] Formas de construcción de autogestión, contraloría social, y de participación directa e indirecta de la comunidad organizada, representada por los concejos comunales, que conocen la necesidad de sus sectores.

[26]Proceso donde se garantiza que  cada barrio esta dotado de los servicios de agua, luz, teléfono, aseo urbano, seguridad, transporte y vías de acceso, comunicación, centros educacionales, centros medico asistencial, sin la afectación de los sectores existentes y en construcción.

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Maya Fuentes, Yurma Josefina: "La inversión pública en viviendas: el caso venezolano" en Revista Caribeña de Ciencias Sociales, junio 2014, en http://caribeña.eumed.net/viviendas-publicas/

Revista Caribeña de Ciencias Sociales es una revista académica, editada y mantenida por el Grupo eumednet de la Universidad de Málaga.